jueves, 30 de agosto de 2012

"El azúcar, enemigo público". Sobre la imposición de un impuesto especial que grave las bebidas azucaradas


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Fuente: El País
Por su alto contenido en azúcar, los refrescos empiezan a engrosar las listas negras de productos que las autoridades sanitarias quieren desincentivar. Y gravar: el Gobierno italiano de Mario Monti pretende seguir la estela de Francia e imponer un impuesto especial a las bebidas azucaradas “para fomentar los hábitos alimentarios”. La industria de bebidas emprende así una batalla como la que ya libraron las del tabaco o el alcohol.

Dentro de pocos días, los italianos podrían pagar más por una gaseosa, una coca-cola (también por una light) y hasta una botella de agua con gas. El Parlamento de Roma votará el viernes un decreto preparado por el titular de Sanidad, Renato Balduzzi, que prevé, entre otras medidas, un impuesto sobre las bebidas con azúcar, edulcorantes y burbujas. De aprobarse, el Estado cobrará siete céntimos por cada litro de líquido producido. Una lata de Pepsi, por ejemplo, costará tres céntimos más. El plan, que incluye otras subidas de impuestos, pretende inyectar en las destartaladas arcas públicas cerca de 250.000 millones por cada curso.

El impuesto sobre las “bebidas azucaradas” existe en Francia desde el año pasado, cuando el Gobierno conservador presidido por Nicolas Sarkozy aprobó una tasa de entre tres y seis céntimos de euro por litro. La decisión, que se calcula supone unos ingresos anuales de 120 millones de euros al Estado y fue sancionada por el Tribunal Constitucional en diciembre, se vivió como un episodio más de la vieja guerra cultural entre Francia y Estados Unidos.

La tasa fue justificada por las autoridades como una forma de combatir el sobrepeso, que según diversos estudios afecta a cerca de un tercio de la población, el doble que hace 15 años, aunque otras estadísticas aseguran que los franceses son, de media, el segundo pueblo más flaco de Europa.

Los refrescos preocupan de forma creciente a las autoridades sanitarias por sus efectos sobre la salud. El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Felipe Casanueva, explica que los estas bebidas forman parte de una serie de hábitos que producen sobrepeso, por lo que ve con buenos ojos que se apliquen medidas impositivas. “Gravar las bebidas azucaradas sí reduce el consumo. Lo hemos visto con el tabaco”. El endocrino defiende que las medidas fiscales para prevenir el consumo de refrescos y tabaco son equiparables porque no son productos fundamentales para las familias y no privan de la libertad de elección a los consumidores. “Por gravar unos céntimos no se priva a la gente del producto, pero sí se reduce bastante el consumo”.

Casanueva asegura que las bebidas azucaradas inducen a la obesidad, sobre todo entre adolescentes, porque se consumen en ambientes de socialización. “La subida moderada de impuestos debe sumarse a otras pequeñas medidas que, junto a la educación, nos ayudará a combatir la obesidad”, concluye. En España, el 19% de los niños padece obesidad y el 26% sobrepeso.

En Italia, como en todos los países occidentales, las personas pesan cada vez más. “En nuestra dieta los azúcares no tienen que superar el 60% de las calorías que ingerimos en el día. Por eso, entre los muchos factores que provocan obesidad, uno es el abuso de refrescos”, considera Pietro Antonio Migliaccio, presidente de la Sociedad italiana de Ciencias de la Alimentación. “El porcentaje de pacientes con exceso de peso se ha disparado en los últimos años. Hoy, más del 24% de los niños en edad de crecimiento pesa más de lo que debería y el 12% es obeso”, explica. “Me parece importantísimo preocuparse por el azúcar, cuyo exceso puede provocar hipertensión, diabetes, ataques de corazón, enfermedades en los huesos. Patologías que acaban disparando el gasto de la sanidad pública”, asegura Migliaccio.

El debate despierta tanto optimismo entre los sanitarios como preocupación en la patronal. Josep Puxeu, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (Anfabra), cree que subir los impuestos a las bebidas azucaradas son “palos de ciego” que dan los Gobierno de la Eurozona “para recaudar”. Y se queja amargamente de que “se especule con cuestiones de salud que no tienen una base científica”, pues, “si se gravan los refrescos por tener azúcar, ¿habría que gravar este ingrediente?”, ironiza. Califica la medida de “discriminación arbitraria”. Los fabricantes, además, defienden que las subidas de impuestos son “ineficaces” porque retraerán el consumo. Puxeu recuerda que las fábricas de bebidas azucaradas generan 60.000 empleos directos en España.

“Los refrescos aportan solo el 1% de las calorías que los italianos ingieren cada día”, insiste el presidente de la Asociación Italiana de Industriales de las Bebidas Analcohólicas (Assobibe). Una lata de Coca-Cola (330 mililitros) tiene 139 kilocalorías, el 7% de las que necesita un adulto que consuma 2.000 kilocalorías al día, como advierte el envase.

En Francia, la multinacional del refresco recibió como una ofensa la idea del Gabinete de François Fillon de gravar su producto, y se apresuró a declarar que la tasa lo estigmatizaba como si fuera tan poco saludable como el tabaco. Amenazó con no realizar una inversión de 17 millones de euros en su histórica fábrica de Pennes-Mirabeau, cerca de Marsella, que produce dos millones de litros de refrescos diarios y lleva funcionando 40 años. Al final, sin embargo, la compañía confirmó la millonaria inversión.

La multinacional americana también tiene problemas en Estados Unidos. Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, anunció en mayo la prohibición de que las bebidas azucaradas se sirvan en envases de más medio litro, medida que llegó a comparar con la restricción de fumar en lugares públicos. La iniciativa no afecta a los refrescos light ni a los que tengan menos de 25 calorías por cada ocho onzas (unos 47 centilitros). El demócrata Gavin Newsom ya puso la mira en los refrescos en el año 2007, cuando era alcalde de San Francisco (California), y propuso gravar los refrescos para combatir la obesidad.

En Italia, sin embargo, no solo la oposición ha cuestionado la propuesta del Gobierno italiano. Las críticas han emergido incluso en el partido más representado en el Congreso, el Pueblo de la Libertad del exprimer ministro Silvio Berlusconi, que apoya el Ejecutivo de tecnócratas. "Ahora Mario Monti quiere tasar hasta la gaseosa de los chavales", ironizó Maurizio Gasparri, presidente del grupo parlamentario de este partido.

Con información de Miguel Mora (París).

lunes, 27 de agosto de 2012

Sobre las reclamaciones de telefonía e Internet y la falta de un control eficaz en la materia: “El laberinto de las reclamaciones”, de Raquel Vidales



Fuente: El País

  • Son necesarias más sanciones disuasorias contra las infracciones reiteradas, opinan las asociaciones de consumidores.

  • El problema no es solo el número de incidencias, sino la dificultad para resolverlas. Un proceso que muchos usuarios definen como “un calvario” por el deficiente funcionamiento de los servicios de atención al cliente (SAC).

  • El director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), Alfons Conesa, amenazó hace unas semanas públicamente a las compañías con llevarlas a los juzgados, porque su departamento “se está convirtiendo en su oficina de atención al cliente”.
  • La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SETSI ha informado de que en 2011 sólo impuso 30 multas por infracciones, pero sin aportar cifras ni motivos concretos.
  • El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), apunta que la mayoría de las operadoras ven compensado lo que pagan por multas o laudos desfavorables con lo que ganan con esa otra masa de usuarios que desiste de sus reclamaciones, por lo que no hacen el suficiente esfuerzo para mejorar el funcionamiento de sus servicios de atención al cliente.

    Mónica L. decidió cambiar su móvil por otro nuevo con acceso a Internet. En ese momento, sin que ella lo solicitara, su compañía telefónica le activó una tarifa plana de datos. Como el cargo no era excesivo (10 euros mensuales) y las facturas no le llegaban a casa —había cambiado de vivienda y comunicado su nuevo domicilio varias veces, pero le seguían enviando las cartas a su antigua dirección—, no se enteró hasta pasados cuatro meses. Tras muchas llamadas al número de atención al cliente para solicitar que le desactivaran el acceso a datos, dio con un empleado que le aseguró que su petición estaba tramitada. Su sorpresa llegó al recibir la siguiente factura: no le habían desactivado el acceso a datos, sino la tarifa plana, y además le cargaban conexiones que no había realizado. Vuelta a llamar y a pelearse con los teleoperadores. Al no conseguir solucionar nada, dejó de pagar las facturas y presentó una reclamación en una junta de arbitraje de consumo. Seis meses después, el laudo le dio la razón y consiguió recuperar los 70 euros que le habían cobrado de más. En total, casi un año para resolver un problema que podría haberse ventilado en una llamada.

    El caso de Mónica es uno de los miles de conflictos de telecomunicaciones resueltos el año pasado en las 72 juntas de arbitraje de consumo distribuidas por toda España. Desde la liberalización del sector, que culminó en 1998 y dio paso a una competencia feroz, las reclamaciones no han dejado de crecer. Las asociaciones de consumidores acusan a las autoridades de no actuar con firmeza para frenar la escalada. Exigen más normas para proteger los derechos de los clientes y, sobre todo, más sanciones disuasorias.

    “La legislación siempre debe estar en constante revisión, sobre todo en un sector tan complejo y que constantemente está innovando, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que la que hay no se aplica con contundencia. Son necesarias más sanciones disuasorias contra las infracciones reiteradas”, opina Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Un ejemplo que denuncia esta organización: desde el 1 de junio una nueva norma obliga a las operadoras a hacer efectivas las portabilidades de líneas móviles en un plazo de un día laborable, pero no fija indemnizaciones si se producen retrasos.

    En total, las juntas de arbitraje resolvieron 90.000 casos en 2011. La mayoría, en torno al 75%, correspondieron a quejas contra compañías de telefonía y acceso a Internet. Las juntas están tan atascadas por las reclamaciones de este sector, que en 2008 se decidió introducir la figura del árbitro único (normalmente hay tres) para controversias inferiores a 300 euros, lo que ha ayudado a desatascar un poco el sistema y reducir gastos. Desde 2005 funciona además la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT), dependiente del Ministerio de Industria, que también tramita denuncias. En concreto, el año pasado dirimió 45.040, el 72,9% a favor de los clientes, aparte de atender 181.410 consultas.

    Las compañías justifican estos datos. Redtel, la asociación de operadoras con red propia (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO), sostiene que sus servicios son de uso intensivo y permanente, además de ser considerados esenciales por los usuarios, por lo que es normal que se presenten más quejas que en otros sectores. Consideran, de hecho, que las cifras de incidencias son bajas si se tiene en cuenta el elevadísimo número de abonados con que cuentan: 19.314.897 líneas fijas, 58.176.953 líneas móviles y 11.233.109 líneas de banda ancha, según el último recuento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

    El problema no es solo el número de incidencias, que puede entenderse por el gran volumen de contratos, sino la dificultad para resolverlas. Un proceso que muchos usuarios definen como un calvario por el deficiente funcionamiento de los servicios de atención al cliente (SAC), popularmente conocidos como call center. Eternas esperas, descripción de los problemas a diferentes empleados, dificultad para conseguir una referencia, obstáculos para tramitar bajas o portabilidades, amenazas de inclusión en ficheros de morosos, descoordinación entre departamentos...

    El director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), Alfons Conesa, amenazó hace unas semanas públicamente a las compañías con llevarlas a los juzgados, porque su departamento “se está convirtiendo en su oficina de atención al cliente”. De hecho, la ACC está recopilando todas las quejas que recibe para comprobar si existen malas prácticas que se repiten de forma continuada, de manera que un juez pueda aplicar a las operadoras acciones de cesación.

    Por falta de tiempo o pura desesperación, muchos usuarios renuncian a formalizar sus reclamaciones. Otros persisten, pero entre ellos una gran cantidad no logra resolver su problema y termina recurriendo a las oficinas de consumo, las juntas de arbitraje o la OAUT, lo que acaba saturando estos sistemas, costeados íntegramente por las Administraciones públicas. Solo en pagos a árbitros gastaron 2.240.000 euros en 2010 y una cifra similar en 2011 (aún provisional), según datos del Instituto Nacional de Consumo. José Ramón Lozano, secretario general de la federación de consumidores UNAE y miembro de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, constata que “el atasco se debe en buena medida a las telefónicas”. Y cree que “las sanciones disuasorias podrían ayudar a resolver el problema”.

    Las juntas de arbitraje de consumo y la OAUT tienen competencia para exigir a las empresas que devuelvan importes facturados indebidamente, pero no para asignar multas. Son las comunidades autónomas y, sobre todo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) las que pueden hacerlo. Y lo hacen, pero en cantidades no disuasorias. “Por lo general son insuficientes. La SETSI, responsable de regular el sector, en buena manera también lo ampara y por eso no actúa con contundencia”, apunta Eugenio Ribón, responsable del servicio jurídico de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU). La lista de los abusos más comunes es bien conocida: altas en productos no solicitados, publicidad que induce a error, penalizaciones desproporcionadas por cláusulas de permanencia, fraudes en servicios de tarificación adicional y facturaciones indebidas.

    La SETSI reconoce la elevada conflictividad del sector, pero defiende su trabajo en favor de los consumidores. “Realizamos constantes inspecciones y vigilamos a las compañías de cerca. Además, estamos preparando una reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para adaptarla a los nuevos problemas”, asegura un portavoz. Este mismo portavoz informa de que en 2011 se impusieron 30 multas por infracciones, pero no aporta cifras ni motivos concretos. Respecto a las autonomías, un ejemplo: la Comunidad de Madrid tramitó el año pasado 15 expedientes sancionadores por un importe total de 1.436.554 euros. Cantidades que, a juicio de los defensores de los consumidores, son irrisorias porque las operadoras las pueden asumir sin problemas.

    La que sí hace públicas sus sanciones es la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), que según los expertos es la institución pública que está actuando con más contundencia. Con frecuencia, las compañías ceden datos de clientes a empresas de gestión de cobros sin demostrar antes la veracidad de una deuda, e incluso después de que un usuario haya presentado una reclamación de arbitraje, lo que es totalmente ilegal. Por este tipo de prácticas y por otras como registrar altas sin consentimiento, la AEDP inició 1.170 actuaciones de investigación y dictó 134 resoluciones sancionadoras contra las telefónicas en 2010 (la memoria de 2011 está aún en proceso). Las multas del sector sumaron un total de 9.185.877 euros, muy por encima de las acumuladas por el siguiente más penalizado, las entidades financieras, con un importe global de 3.772.072 euros.

    Las operadoras, en todo caso, cuentan de antemano con estas sanciones al hacer sus cálculos de beneficios. Y cuentan también con que muchos clientes no reclaman por no toparse con los SAC. En su último informe sobre el sector, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano de representación de las principales organizaciones de consumidores, apunta que la mayoría ve compensado un buen porcentaje de lo que paga por multas o laudos desfavorables con lo que gana con esa otra masa de usuarios que desiste, por lo que no hace el suficiente esfuerzo para mejorar el funcionamiento de sus servicios de atención al cliente.


    La presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, considera urgente la aprobación de una ley para regular los SAC y frenar esta tendencia. El anterior Gobierno preparó un proyecto cuya tramitación quedó interrumpida por las elecciones y ahora el texto ha quedado en manos del actual Ejecutivo, que ha prometido enviarlo al Parlamento en breve, no sin antes reformarlo. “La norma debería obligar a las compañías a contar con un punto físico para la presentación de reclamaciones. Y debería también limitar las acciones de telemarketing, excesivamente agresivas, confusas y cambiantes, hasta el punto de que muchos usuarios no saben lo que están contratando porque no se les informa bien”, señala Sauquillo.

    Redtel reconoce “la oportunidad de mejorar los SAC”, aunque considera que no es necesaria una nueva normativa, “porque todas las operadoras están poniendo en marcha medidas para ello”. Telefónica, por ejemplo, ha anunciado su intención de devolver gradualmente a España todos los call center que operan desde Latinoamérica, algo que ha sido motivo de reiteradas quejas en todas las compañías, porque “el cliente percibe que hay mejor servicio si le atiende personal que está cerca”. ONO también ha decidido tramitar los temas “más delicados”, entre ellos las bajas y las portabilidades, desde sus centros en España, aunque mantiene muchos en Latinoamérica.

    Vodafone, por su parte, informa de que ha implantado un sistema de soporte en tiendas con alrededor de 130 expertos en datos para asesorar personalmente a los clientes. También ha creado una oficina de atención telefónica especializada en datos y un foro en su página de Internet que permite a los usuarios consultar dudas a sus expertos. Los esfuerzos de Jazztel, en cambio, se centran en la creación de plataformas de atención propias, no subcontratadas, con las que asegura conseguir mayor eficiencia al no haber intermediarios.

    domingo, 26 de agosto de 2012

    La subida del IVA amenaza el consumo




    Autor: Miguel Ángel Sánchez

    Fuente: La Opinión

    El último incremento del impuesto en 2010 solo permitió recaudar la quinta parte de lo previsto por el Ejecutivo presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y provocó una caída del gasto del 9 %.

    La subida del Impuesto sobre el Valor Añadido con la que el Gobierno intenta recuperarse de la fuerte caída de los ingresos tributarios entra en vigor el próximo sábado, día 1 de septiembre.

    La medida, incluida en el plan de reducción del déficit público, pretende conseguir un aumento de fondos para el Estado. Pero el aumento momentáneo de la recaudación que se logre con esta medida también tiene sus consecuencias negativas a medio plazo, como la reducción del consumo privado, uno de los motores del crecimiento de la economía.


    Septiembre no empezará con buen pie. Las precarias economías familiares deberán exprimirse un poco más a partir del próximo sábado, día 1, para asumir la subida del IVA aprobada por el Gobierno a instancias de la Comisión Europea. Una subida que provocó serias discrepancias entre los departamentos de Hacienda -Cristóbal Montoro- y Economía -Luis de Guindos-, con la que se pretende compensar la continua caída de los ingresos en las arcas públicas y recaudar alrededor de 7.500 millones de euros. Las cifras correspondientes al balance económico del primer semestre no pueden ser más clarificadoras. 

    Los ingresos por el IVA hasta el pasado mes de junio habían descendido un 10 % dentro de una caída generalizada de la recaudación tributaria del 1,4 %. Un retroceso que se produjo a la vez que el gasto por la deuda se incrementaba un 32 % y el déficit del Estado alcanzaba un 4,04%, superando las previsiones del objetivo de déficit para todo el año.

    Pero una subida del IVA no garantiza necesariamente una mayor recaudación impositiva. Aquí es donde surgen la mayor parte de las dudas, puesto que este incremento va a tener lugar en un marco macroeconómico muy negativo, de recesión y elevado paro. 

    Antecedentes de la subida

    La última Memoria de la Administración Tributaria ya señalaba que la anterior subida del IVA aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -pasó la tributación del tipo general del 16 al 18 % y la del reducido del 7 al 8 %- provocó un efecto de adelantamiento de sus compras sobre los consumidores al conocer la medida, pero después dejaron de comprar "violentamente". El informe cifra la caída del gasto posterior en un 9 %. De hecho, de los cerca de 5.000 millones adicionales que esperaba recaudar el Gobierno de Zapatero por cada punto de subida del IVA -unos 10.000 millones en total- se pasó a poco más de 2.000 millones, es decir, la quinta parte de lo esperado. Algunos modelos económicos estiman, de manera general, que por cada punto porcentual que se consigue aumentar la recaudación, la producción media se reduce en 0,52 puntos porcentuales y las horas trabajadas, en 0,75.

    Las contradicciones del PP 

    Algo que ya intuían en el PP cuando los socialistas aprobaron la subida del IVA hace dos años. Entonces, Zapatero y Salgado sufrieron una avalancha de críticas por parte de los dirigentes populares que ahora se han visto obligados a aprobar la misma medida. El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en 2010 era líder de la oposición, llegó a decir que la subida del IVA constituía "un sablazo de mal gobernante" y un "disparate". Es más, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entonces coordinador de Economía del PP, declaró: "Si usted quiere que la economía española duplique su caída, suba el IVA".

    Sobre la subida del impuesto que entrará en vigor el próximo sábado ya han saltado dos testigos de alerta que indican que ni siquiera se ha producido el "efecto adelantamiento" de compras que tuvo lugar en 2010. Dos sectores que se verían muy afectados por el incremento impositivo, como son los del automóvil y el de la moda, no han sufrido cambios en su tendencia. Según los datos de la asociación nacional de vendedores de automóviles, Ganvam, las ventas durante la primera quincena de agosto fueron, incluso, un 19,5 % inferiores a las del mismo periodo del año anterior, y algo parecido ha ocurrido también con el sector de la moda.

    Estas alertas sirven de advertencia de lo que lo que se viene encima a partir de septiembre, en un contexto problemático y de recesión. Hay que tener en cuenta que a la anunciada reducción de la capacidad de compra de los consumidores como consecuencia de la propia subida del IVA, hay que sumar la reducción de las rentas a causa del desempleo -que afecta ya a la cuarta parte de la población activa- y de las rebajas salariales tanto en la actividad privada como en la función pública -desaparición de la paga extra de Navidad-. Unos datos cuya importancia se puede calibrar pensando que el consumo privado aporta más del 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) por el lado de la demanda y es un motor que genera el crecimiento de la producción, del empleo y de la masa salarial. 

    El coste para las familias

    De momento, el último informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) cifra en un 2% la caída del consumo interno prevista para este año. Y lo que es peor, del 2,6 % para 2013. Unas cifras que todavía no reflejan el efecto que pueda tener el aumento del IVA. Un efecto que, por otra parte, será diferente según la comunidad autónoma en la que resida el consumidor. Los técnicos del ministerio de Hacienda de la asociación Gestha consideran que la subida de precios costará una media de 437 euros a cada familia.

    Para una pareja sin hijos, el importe de más a pagar será de 280 euros anuales; si tienen un hijo menor de 14 años, el gasto extra será 360 y si tienen dos, de 475. Una cifra que oscila también según el territorio, al intervenir otros factores como la renta per cápita, el coste de la vida o las diferencias de tamaño medio entre las propias familias. 

    Por otra parte, los primeros efectos de la subida los empezarán a notar los bolsillos de los consumidores por adelantado. 

    Recibos adelantados

    La última directriz de la Agencia Tributaria señala que los servicios como la luz, el gas o el agua que se facturen a partir del 1 de septiembre, aunque correspondan a consumos realizados con anterioridad a esa fecha, ya tributarán al 21 %, es decir, tres puntos más. Una decisión polémica y que contradice al propio ministro de Industria, José Manuel Soria, que declaró que iba a vigilar para que las compañías suministradoras no intentaran aprovecharse de los nuevos tipos del IVA y cargarlos por servicios prestados con anterioridad al 1 de septiembre. Sólo en el recibo de la luz, esta subida representará 1,5 euros más mensuales.

    Este coste extra no previsto coincidirá con uno de los peores meses del año para las ya precarias economías familiares, que se ven presionadas por el gasto añadido del inicio del curso escolar -matrículas, libros, uniformes,..-, que normalmente oscila entre los 300 y los 1.300 euros, al que habría que sumar también que a partir del día 1, en el caso del material escolar, el coste adicional que representa pasar a tributar en el tramo general -el 21 %-.

    Adelantar las compras permite ahorrar unos euros 

    Los ciudadanos aún están a tiempo de ahorrar unos euros si anticipan ciertos gastos antes de que el IVA se aplique el 1 de septiembre. 

    Mientras que los alimentos básicos mantendrán el tipo superreducido, el ahorro sí será notorio si se adquieren ahora los artículos escolares (salvo los libros de texto), antes de que suban del 4% al 21%. También conviene adelantar la visita a la óptica y las reformas del hogar, pues el IVA se situará en el 10% en este tramo impositivo. Otro fuerte incremento (del 8% al 21%) se dará en el caso de los centros de estética, peluquerías o tratamientos cosméticos, por lo que adelantar estas inversiones redundará en un mayor alivio económico. 

    La subida del 21% por ir al cine, al teatro o salir de copas también invita a aprovechar lo que queda de mes, algo que también deberían hacer los que planeen viajar, puesto que el transporte, la restauración y el alojamiento experimentarán un alza del IVA del 8% al 10%. 

    TURISMO

    La subida de los precios frenará la competitividad

    Para uno de los motores principales de la economía española, el alza de hasta el 10% en hoteles y locales de restauración es un factor de incertidumbre de cara a la temporada de invierno. Luis Martí, presidente de la Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana, considera que la medida es un "error", pues conseguirá el efecto contrario al previsto. También comenta que esto provocará aún más pérdidas y despidos. "Este tipo de medidas no contribuyen a mejorar la economía productiva y tienen un efecto meramente recaudatorio de corto alcance. Se necesitan medidas que estimulen el crecimiento, no que lo frenen", afirma Martí.

    DISTRIBUCIÓN

    Las distribuidoras piden una compensación 

    En el caso de las firmas de distribución, sólo los productos básicos seguirán gravados al tipo superreducido del 4%, mientras que el resto se verán afectados por el general del 21%. Pedro Reig, presidente de una de las asociaciones de supermercados autonómicas, advierte de que este incremento "es un factor más" que afectará al consumo, y pide que el Gobierno "compense a los centros con una reducción de las cuotas sociales". Según Reig, cada distribuidor "va a intentar absorber o amortiguar el IVA en todo lo posible para que el cliente no se resienta".

    MODA Y TEXTIL

    Los consumidores comprarán solo lo imprescindible

    Las dificultades que generará el alza del IVA del 18% al 21% en el sector han puesto en alerta a las empresas, de las que sólo los grandes grupos podrán absorber el incremento y mantener las ventas. En la línea del resto de las patronales, empresarios textiles piensan que "el consumo nacional ya está bastante afectado como para cambiar el IVA otra vez", y que "hay cosas que no se pueden descontar o minimizar, como el encarecimiento del coste de vida de los ciudadanos, que adquirirán sólo lo necesario". 

    AUTOMOCIÓN

    Se prolongará una crisis que dura ya cinco años

    El sector del automóvil calcula que el incremento del IVA al 21% encarecerá 650 euros de media a cada vehículo, lo que frenará la salida de una grave crisis que dura ya cinco años. "Si lo que quiere el Gobierno es castigar al automóvil, la medida es de lo más acertada. Si lo que quiere es recaudar más dinero, el efecto será nulo en lo que a la automoción se refiere", asevera Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto. También recuerda que la subida adicional del combustible "tendrá un efecto disuasorio sobre la adquisición y utilización de los vehículos".

    VIVIENDA

    Impacto escaso para un sector maltrecho

    De entre todos los sectores afectados, el de la vivienda es el que menor capacidad de respuesta tiene ante la subida. El Gobierno, que ya ha suprimido la desgravación del IRPF, mantendrá el tipo superreducido del 4% hasta enero de 2013, momento en el que el IVA de las viviendas se situará en el 10%. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), reclama una moratoria y considera que "estas medidas tendrán un efecto negativo, pese a estar ya anunciadas". Frente a esto, José Manuel Galindo, presidente de la APCE, aboga por "buscar un factor positivo y estimular algunas ventas más" si el Ejecutivo anuncia un plazo antes de aplicarlas.

    sábado, 25 de agosto de 2012

    Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas



    •   Se posibilitará deducir del alquiler las reformas y mejoras llevadas a cabo por el inquilino en el domicilio.

    •  El inquilino podrá desistir del contrato de arrendamiento siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de un mes

    • Se permitirá subir los alquileres por encima del IPC si así lo acuerdan las partes

    • Los desalojos podrán iniciarse pasados diez días del primer impago

    El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.

    Aspectos relevantes de la norma:

    Aumenta la posibilidad de que las partes puedan adoptar acuerdos y pactos sobre aspectos que, anteriormente, no se podía disponer. En consecuencia se refuerza el principio de autonomía de las partes en detrimento de la regulación jurídica de dichos aspectos. 

    La libertad de pactos afecta al derecho de adquisición preferente, que se podrá renunciar (a falta de acuerdo, este derecho seguirá en vigor) o la actualización de la renta cuyo procedimiento se podrá pactar libremente (hasta ahora, las rentas debían actualizarse con base en el Índice de Precios al Consumo). 

    La norma acoge la posibilidad de que las mejoras acordadas o pactadas a cargo del inquilino se apliquen al pago de la renta.

    En cuanto al tiempo de duración del contrato, éste será el expresamente pactado por las partes sin perjuicio de que se reduce de cinco años a tres la prórroga obligatoria y de tres a un año la duración de la prórroga tácita.

    El arrendador podrá recuperar su inmueble en cualquier momento, cuando se den las condiciones legalmente requeridas para ello, sin necesidad de que esta opción haya tenido que estar expresamente prevista a la firma del contrato, y siempre que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato. 

    El inquilino podrá desistir del contrato de arrendamiento comunicándolo al arrendador con una antelación mínima de un mes. Hasta ahora, en los contratos por más de cinco años, el arrendatario podía desistir a partir del quinto año con un preaviso de dos meses. La nueva ley amplía la posibilidad de desistimiento a los contratos de más de tres años y reduce el preaviso a un mes. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, el arrendatario indemnice al propietario con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir.

    Se prevé que el arrendamiento de viviendas pueda ser inscrito en el Registro de la Propiedad y ello garantice la posición del inquilino, cuyo contrato deberá ser respetado en todo caso si se produce la venta de la vivienda. La inscripción en el registro será voluntaria.

    Proceso de desahucio por falta de pago

    La norma reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil  a fin de que, cuando se presente una demanda de desahucio por falta de pago, se requiera al demandado para que en diez días proceda al pago o alegue las razones que justifiquen el impago. 

    El juez dictará una sentencia terminando el proceso si el demandado no compareciese, no pagase o no justificase el impago. En la ejecución del desahucio será suficiente la presencia de un solo funcionario judicial.


    martes, 21 de agosto de 2012

    ¿Y si tomo un yogur caducado?. Tirar a la basura alimentos aptos para el consumo supone un despilfarro que cuesta cientos de euros a cada familia.




    Comer alimentos pasados de fecha es un riesgo, pero unos son más peligrosos que otros

    La crisis lleva a despilfarrar menos, aunque cada español tira 163 kilos al año


    Fuente: El País
    Autora: María R. Sahuquillo

    Ahí, en el primer estante de la nevera, esperan solitarios dos yogures de macedonia. Vistazo rápido a la tapa y constatación: caducaron hace un par de días. En algunos hogares, el producto irá directo a la basura. Sin abrir y sin dudarlo. En otros, tras un pequeño sondeo visual —no tiene moho, no está blandurrio— y olfativo, es probable que el lácteo acabe en un estómago agradecido. ¿Ocurre algo por tomar un yogur pasado de fecha? ¿Y si se trata de otro tipo de producto? Es, sin duda, un riesgo. Pero lo que a algunos les resultará completamente inocuo, a otros les puede provocar una intoxicación. Y el tipo de alimento también cuenta. No es lo mismo un yogur —un producto ácido donde es difícil que proliferen microbios patógenos— que un poco de carne picada fresca.

    La duración de los alimentos siempre ha sido un tema de debate doméstico. Incluso de disputa. Hay opiniones para todos los gustos. Desde los más estrictos a los temerarios. Sin embargo, en época de vacas flacas y con los presupuestos para la cesta de la compra cada vez más ajustados, todo se mira. Y se estira al máximo.

    “Las personas racionalizan más el gasto. No solo en lo que comen, prestando más atención a la duración de los productos, sino también en lo que compran. Se afina más y se despilfarra menos”, afirma Ruben Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua. Las cifras del derroche, sin embargo, son alarmantes: España tira 7,7 millones de toneladas al año de alimentos perfectamente comestibles. Lo que equivale a 163 kilos por persona, según Eurostat; 178, de media por habitante de la UE. Desecho que tiene mucho que ver con la falta de planificación, pero también con la confusión que suscita en algunos la duración de los alimentos.

    “El 18% de los europeos no conoce la diferencia entre fecha de caducidad y de consumo preferente”, indica Frédéric Vincent, portavoz de Salud y Política de Consumo de la Comisión Europea. Tampoco sus implicaciones. Ambos conceptos tienen que ver con la vida útil del producto. Pero no son equivalentes en ningún caso. Así, la fecha de caducidad indica hasta cuándo el alimento es seguro para el consumo. Un plazo que afecta a la comida perecedera —pescado, carne, lácteos, pastelería—, que suele aguantar de 2 a 30 días, según el tipo. Una vez superada la fecha límite, nadie —ni el fabricante ni las autoridades sanitarias— garantiza su estado. Sin embargo, no todos los productos caducan. “Quesos, encurtidos, helados, legumbres o congelados pueden durar, según el caso, hasta tres años”, explican desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).

    Estos son, por tanto, los que llevan la etiqueta “consumir preferentemente antes de...”, una leyenda que indica el momento a partir del cual el producto va perdiendo sus propiedades organolépticas: sabor, aroma y textura. Tiene menos cualidades, pero continúa siendo seguro.

    A pesar de eso, en muchos hogares terminan en la basura. “Hay alimentos, como las conservas o los cereales de desayuno, que, si no se abriera el envase, nunca caducarían. Por eso, al rechazar un alimento porque ha pasado su fecha de consumo preferente, muchas veces estamos rechazando alimentos perfectamente sanos y nutritivos aunque quizás solo ligeramente menos atractivos a la vista o al olfato”, apunta Marco Antonio Delgado, director de I+D y desarrollo de nuevos productos de leche Pascual.

    Las fechas de vida útil de los productos las decide el propio fabricante, que en algunos casos sigue pautas de las autoridades sanitarias. Un límite —sobre todo el de caducidad— que a algunos les resulta demasiado escaso. Es la opinión de la eurodiputada danesa Anna Rosbach, de los Conservadores y Reformistas, que cree que las normas sobre la fecha límite están “basadas en estrictos requisitos de calidad que obligan a desechar toneladas de alimentos aún aptos para el consumo”, dice en un informe presentado en el Parlamento Europeo. Argumento que también comparte Tristram Stuart, profesor de Historia Medioambiental en la Universidad de Sussex, que considera que esas fechas determinadas por el fabricante son “muy cautelosas”. “Las empresas sienten la necesidad de protegerse de los litigios y la pérdida de reputación, pero deberían analizar las consecuencias ambientales y sociales que tiene el incremento de los residuos de alimentos debidos a unas fechas de expiración excesivamente prudentes”, mantiene Stuart, conocido activista contra el despilfarro.

    ¿De verdad es excesivamente corto el plazo marcado? “Pudiera ser en algunos casos, pero a los productores de alimentos, dada la longitud de las cadenas de distribución les interesa, de manera general, alargar la vida útil de sus productos”, responde Carlos Arnaiz, subdirector de calidad del Instituto Nacional de Consumo, organismo que depende del Ministerio de Sanidad. “El fabricante decide esa fecha teniendo en cuenta cuál es el tiempo previsible durante el cual, en condiciones normales de mantenimiento, el alimento no sufrirá una modificación por actividad microbiológica que suponga un riesgo para la salud de las personas”, dice. Se analizan, por tanto, la calidad de las materias primas, la tecnología de procesado, el tipo de envase o cómo será la cadena de frío. Con estos datos, explica Marco Antonio Delgado, y durante la fase de desarrollo del producto, se fija el plazo de consumo “con los adecuados márgenes de seguridad”.

    Las fechas se revisan periódicamente, aseguran desde la Fiab. Para ello, los fabricantes guardan muestras del alimento en su envase definitivo y en condiciones similares a las que va a sufrir en el mercado —o incluso bajo condiciones más duras de temperaturas, luz o humedad— en las que después se analizará la calidad sensorial, microbiológica y de composición. “Así hasta determinar la máxima duración posible antes de que comiencen a aparecer desviaciones de sabor, olor o microbiología”, dice Delgado.

    Además, este examen se repite cuando cambia en algo la receta, el recipiente o los procesos de elaboración. “Un nuevo envasado puede hacer que un filete de pollo, por ejemplo, sea más o menos conservable. El tipo de tratamiento que ha sufrido ese alimento también influye. Puede diferir si ha sufrido un tratamiento de altas presiones (pasteurización en frío) o si se utilizan para almacenaje envases bioactivos que tienen sustancias antimicrobianas o cultivos bioprotectores, activos inocuos que impiden el desarrollo de patógenos”, explica Alfonso Carrascosa del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Cial-CSIC).

    También se considera el lugar donde se va a comercializar el producto. “Es vital tener en cuenta las características de cada país a nivel climatológico, de procesos culinarios...”, observa Andrea d’Agostino, director de Calidad e I+D del grupo Gallina Blanca Star. Pone como ejemplo uno de sus productos: el Jumbo, el avecrem de África pero enriquecido con vitamina A, en el que consideran las condiciones climáticas del continente africano además de las de conservación y cocinado.

    Pero más allá de estas reglas, existen unos márgenes de seguridad en los alimentos una vez traspasada la fecha límite, como explicaba Delgado. Por eso, la eurodiputada Rosbach propuso en el Parlamento de la UE que en el etiquetado de aquellos productos cuyas características lo permitieran se incluyese una leyenda en la que se indique el plazo máximo de consumo seguro. Su idea no prosperó. No importa solo ese límite, aludieron expertos y parlamentarios, es que este puede variar mucho en función de cómo se haya conservado el producto.

    Tómese el caso del huevo, por ejemplo, uno de los alimentos cuyo límite está regulado. La normativa marca que su fecha de consumo preferente es, como máximo, de 28 días tras la puesta. “Lo cierto es que podrían durar mucho más”, informa Juan Gigante, director general de Dagu, empresa productora de huevos y ovoproductos —huevo líquido, concentrado, desecado, cristalizado...—. “Esa fecha se establece teniendo en cuenta condiciones muy adversas de conservación, pero si el huevo se mantiene dentro de la cadena de frío, a menos de 24 grados, puede estar en perfectas condiciones hasta bastante después de ese límite”, sigue. De hecho, está en marcha una directiva europea para modificar la regulación y dar libertad a los fabricantes para que decidan su fecha de consumo preferente. Para fijarla se harán estudios, explica Gigante, aunque ese plazo estará muy vinculado a la cadena de suministro.

    Solventada la duda de los huevos —y más allá del remedio casero de revisar que clara y yema no se desparraman al cascar el huevo para comprobar su frescura—, ¿son tan flexibles otros alimentos? Sobre la mesa, de nuevo, la típica incógnita del yogur, un alimento cuyo límite, explica Guy Tweedie, director I+D Europa del Sur de Danone España, también está regulado. “La ley establece 28 días a partir de su fecha de fabricación. Durante ese periodo debe garantizarse la viabilidad de los fermentos de estos alimentos, así como su composición nutricional y características sensoriales”, sigue. ¿Ocurre algo entonces si se come un yogur caducado? “Para obtener todos los beneficios de los productos”, responde Tweedie, “es recomendable consumirlos dentro de la fecha de consumo establecida por ley”.

    “Comerse un alimento caducado es un riesgo. Una lotería, porque a partir de la fecha marcada pueden proliferar en el producto agentes infecciosos que en el momento del envasado estaban en una concentración inferior a la dosis mínima”, dice el experto Carrascosa, del Cial-CSIC. Sin embargo, más allá de la fecha de caducidad, hay productos más perecederos que otros desde un punto de vista científico. “Es el caso de alimentos ácidos, como las leches fermentadas o los yogures, que tienen menos posibilidades de verse invadidos por elementos patógenos. Productos en los que es importantísimo la conservación y el estado del envase”, apunta. Carrascosa explica que los alimentos más sensibles son aquellos con mayor contenido acuoso, lo que puede generar el desarrollo microbiano. “La miel —cuya concentración de azúcares hace que la actividad de agua sea muy baja—, el jamón serrano o el vino son alimentos que no caducan”, dice el experto. Otra cosa es que se pongan rancios.

    Estos son los estándares —alimentos de bajo contenido acuoso— que ha utilizado MRE, la mayor fabricante de comida preparada para las Fuerzas Armadas Estadounidenses, para fabricar un sándwich que no caduca. Se trata de un bocadillo de pollo a la barbacoa que puede llegar a durar en perfecto estado al menos tres años. Pero anécdotas aparte, lo que debe imperar para el consumidor es el sentido común. Porque diga lo que diga la fecha de caducidad no es recomendable, por ejemplo, consumir productos tres días después de su apertura. Tampoco dejarlos al aire o someterlos a calor. “La seguridad alimentaria se refiere a mucho más que una mera fecha. También es clave cómo se almacenan y preparan los alimentos. Comer productos caducados es un riesgo, aunque muchos alimentos, si se mantienen suficientemente en frío y luego se cocinan de manera correcta, están perfectamente bien después de su fecha”, sostiene Tristram Stuart.

    Este experto insiste en la falta de claridad en el etiquetado que informe al consumidor de la diferencia entre caducidad y consumo preferente. Y habla directamente de engaño de la industria. Ruben Sánchez no es tan crítico, pero también cree que hay demasiada oscuridad en el etiquetado. Y sobre todo una inmensa falta de datos para el consumidor.

    Para las autoridades europeas no les falta razón. Por eso, para hacer más comprensible la información para el ciudadano, la Comisión Europea estudia que los fabricantes incluyan en sus etiquetas dos fechas: la de límite de venta y la de consumo preferente. Se trata de hacer un consumo responsable, de ahorrar y también de generar menos residuos. Los más de 179 kilos de productos alimenticios en perfecto estado que cada habitante de la UE tira, de media, a la basura, no son ninguna tontería. Y los más derrochadores son los hogares, que generan el 42% de todo ese despilfarro.

    No son las únicas iniciativas. También proponen que los comercios bajen el precio de los alimentos cuyo límite está próximo. Algo que ya se hace en algunos países como Reino Unido y en ciertos establecimientos españoles. Este sistema serviría para evitar otro despilfarro, ya que el 78,8% de los distribuidores retira productos por las fechas de caducidad, según un estudio del Ministerio de Agricultura conocido esta semana. Y solo el 20,5% de los comercios dona esa comida retirada a bancos de alimentos. Comida que nada tiene aún que ver con desperdicios que terminan en la basura. Un despilfarro intolerable.

    Pintalabios y cremas

    Los cosméticos, en general, no caducan. Otra cosa es que con el paso del tiempo sigan cumpliendo las funciones para las que se idearon. Por ello, algunos llevan marcada una fecha límite —obligatoria solo para los que duran menos de 30 meses—. Tras ese tiempo probablemente no laven, hidraten o exfolien igual. Sin embargo, más importante que ese plazo, y obligatorio para todos los productos, es el denominado periodo después de apertura (PAO). “La duración durante la cual un cosmético, una vez abierto, se puede seguir usando sin riesgo para el usuario”, explica Cristina Biurrun, directora científico-técnica reglamentaria de L’Oréal España. Ese plazo se indica con el símbolo de un tarro abierto, con la fecha en su interior (en meses).
    “Desde la primera vez que abrimos un producto cosmético, este está expuesto a agentes externos que podrían deteriorarlo, a lo que puede unirse el efecto de microorganismos o una degradación físico-química”, apunta Biurrun. Explica que en esto influye desde el envase usado, la fórmula cosmética, la población a la que está destinado el producto, o la zona del cuerpo donde va a aplicarse. No es lo mismo, por ejemplo, un maquillaje —cuyo plazo es de 12 meses— que un pintalabios o una laca de uñas. Estos últimos, por su composición, no son susceptibles de contaminarse por microbios y suelen durar 24 meses. O las cremas de contorno de ojos y los productos para bebés, elementos más sensibles que suelen durar seis meses tras su apertura.