viernes, 1 de junio de 2018

Sánchez se compromete a fortalecer los organismos reguladores y de defensa de la competencia en beneficio de consumidores y usuarios




En España se ha asistido al desmantelamiento del sistema de protección de los consumidores. Casos como el empleo masivo de cláusulas suelo, que afectaron a centenares de miles de hipotecados, se han permitido sin la actuación eficaz de los poderes públicos que debían intervenir. Sobre las cláusulas suelo  tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien enmendase la plana al Tribunal Supremo español para que rectificase su bochornosa doctrina, que permitió limitar temporalmente la devolución de lo cobrado ilícitamente por el empleo de una cláusula que el propio tribunal reconocía nula.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, mamotreto administrativo en el que se integraron los extintos servicios del Instituto Nacional de Consumo ha sido casi un zombi cuyo papel en la defensa eficaz de los consumidores ha sido inexistente, careciendo de competencias sancionadoras, limitándose a publicar en su web las estadísticas sobre actuaciones inspectoras y sancionadoras llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas.

Es lamentable que en España no se posea un órgano de defensa de los consumidores con competencias en todo el territorio y que actúe de forma eficaz frente a conductas infractoras que notoriamente sobrepasan el ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas, ni tampoco una Fiscalía especializada en la materia ¿Qué visión del control eficaz del mercado se puede dar si se dejan en manos de las Comunidades Autónomas, fraudes cometidos a través de publicidad engañosa emitida en todo el territorio, cláusulas desleales o abusivas empleadas por grandes corporaciones financieras o conductas infractoras en el ámbito de consumo llevadas a cabo por compañías eléctricas o de telecomunicaciones?

La Defensa del Consumidor se ha dejado como la hermana pobre de toda acción pública. La visión corta de los gestores en este ámbito es poco ejemplificadora y,  además, errónea tanto desde un punto de vista económico como político.

Desde un punto de vista económico el menosprecio del consumidor llevado a cabo por la falta de voluntad política de instrumentalizar mecanismos eficaces de control del mercado conlleva a que se rompan las reglas de juego de la economía de libre mercado a favor de los pillos; esto es, las empresas incumplidoras se ven favorecidas en relación a las empresas que cumplan cabalmente la legislación. Con ello, se crea una enorme desconfianza que afecta a la globalidad de las empresas, del mercado y, en consecuencia, de la economía. Si de verdad se desea una economía competetitiva, donde los actores actúen con reglas de juego claras, eficaces y dentro de un marco legal, se debería exigir a rajatabla el respeto de los derechos de quienes son el principal motor del consumo: los propios consumidores.

No es cierto que la defensa del consumidor sea una rémora para la actividad económica. Todo lo contrario: el respeto de los derechos de los consumidores actúa como acicate de una economía más competitiva y más eficaz.

Pero, además, el desinterés político de defender a los consumidores es contraproducente para los propios políticos: si hay algún ámbito en el que todos los votantes estamos de acuerdo es en la defensa del consumidor. Es, además,  un potencial caladero de votos que puede impulsar una carrera política. Eso ya lo había entendido Kennedy quien el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de los Estados Unidos proclamó la celebre frase en la que universalizó el concepto de consumidor: “consumidores somos todos”, dijo.

Kennedy también recordó a los congresistas americanos en los lejanos años 60 lo que es un asunto de rabiosa actualidad en España: "El Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere   a   las necesidades   de los   consumidores y   de   hacer progresar sus intereses”.

Esperamos que nuestro nuevo Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, haga honor a su palabra y fortalezca los organismos reguladores y de defensa de la competencia en beneficio de consumidores y usuarios, tal y se comprometió y recogen estas dos noticias sobre su programa político publicadas en La Vanguardia y en eldiario.es.

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