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viernes, 15 de marzo de 2019

OCU. Índice de solvencia familiar en España: 3 de cada 4 familias tienen dificultades para llegar a fin de mes

 indice solvencia ocu

Tres de cada cuatro familias españolas tienen problemas para llegar regularmente a fin de mes

  • OCU ha realizado un estudio en el que estima que el índice de solvencia familiar medio en España se sitúa en 46.2, una cifra que resume la capacidad para afrontar los diferentes gastos del hogar
  • Según el análisis, las familias baleares (42.4), andaluzas (43.2) y canarias (43.3) son las que más problemas tienen para afrontar los gastos cotidianos, mientras que las navarras (56.6), extremeñas (52.5) y cántabras (52.2) son las que están en una mejor situación económica
  • Al 46% de hogares españoles le resulta muy difícil o imposible salir de vacaciones, al 30% afrontar los gastos de salud dental y al 9% le resulta imposible o muy difícil comprar carnes o pescados
  • Según el estudio, el 9% de familias españolas vive en una situación de pobreza, pues tienen muy difícil o imposible hacer frente a cualquier tipo de gasto cotidiano
  • Solo el 6% de los encuestados reconoce que puede ahorrar sin esfuerzo mientras que al 79% les resulta difícil, muy difícil o imposible
Con motivo del Día Mundial del Consumidor, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica el primer índice de solvencia familiar, un valor que resume en una única cifra la capacidad que tienen las familias españolas para afrontar económicamente sus necesidades y actividades cotidianas en el ámbito del hogar, la salud, la educación la movilidad, la alimentación y el ocio.
  
Para calcular este índice, así como los umbrales de confort o de pobreza en los que se sitúan las familias en nuestro país, OCU ha realizado una encuesta a 2.151 personas entre 25 y 79 años, en la que también han valorado la relevancia que cada uno de estos gastos tiene sobre el global de la economía familiar, así como su influencia sobre la calidad de vida.

Según el análisis, el valor medio del índice se sitúa en una puntuación más cercana al confort que a la pobreza (46,2). Sin embargo, uno de cada diez hogares estaría en situación de pobreza (índice menor de 33,6). Es decir, les re­sulta muy difícil afrontar la mayoría de los gastos cotidianos, algo que la Organización considera preocupante.

Según el tipo de hogar, los datos del Índice de solvencia familiar de OCU revelan que las familias con un mayor riesgo de pobreza son aquellas formadas por un adulto con hijos a su cargo (índice 33,7), así como las parejas jóvenes sin hijos en las que uno de los miembros está en situación de desempleo.

Por el contrario, los hogares que viven una situación económica más desahogada son, en general, los formados por mayores de 50 años, especialmente si están jubilados y no tienen hijos viviendo con ellos (índice 55,1). 

Baleares y andaluces, los que más dificultades tienen

Los resultados del índice OCU de solvencia familiar por comunidades autónomas muestran importantes diferencias entre ellas: Baleares (42.4), Andalucía (43.2) y Canarias (43.3) cuentan con el índice más bajo de España, mientras que Navarra (56.6), Extremadura (52.5) y Cantabria (52.2) se sitúan a la cabeza del ranking.

El análisis por comunidades revela además datos curiosos: mientras que Andalucía y Extremadura comparten el Producto Interior Bruto por habitante más bajo de España, los encues­tados de esta última región están entre los que menos dificultades tienen (índice 52,50) para afrontar los distintos gastos planteados, especialmente los relacionados con el tiem­po libre, la salud y la vivienda; solo son superados en solvencia por los navarros.

Qué aspectos influyen en la calidad de vida

El gas, la electricidad y el agua son los aspectos a los que los españoles damos más importancia (son las últimas necesidades a las que estamos dispuestos a renunciar) seguidos por los relacionados con la salud o la alimentación.

Los gastos educativos también se encuentran entre los gastos más necesarios, especialmente aquellos que se refieren a la educación superior o universitaria (muy importante para un 59% de hogares). Por su parte, los aspectos relacionados con la movilidad influyen algo menos en la calidad de vida familiar, aunque en el caso del coche y el transporte público siguen siendo importantes para más del 40% de los encuestados.

Los factores vinculados con el tiempo libre tienen un menor peso entre los encuestados: comprar un libro, salir al cine o comer en un restaurante solo son considerados muy importantes por una minoría. 
 datos solvencia
Uno de cada tres hogares no puede pagar el dentista 

OCU pone de manifiesto que muchos de los aspectos que las familias consideran prioritarios para su calidad de vida contrastan con la capacidad económica que tienen para poder afrontarlos.

En este sentido, la Organización alerta de que al 17% de hogares españoles les resulta muy difícil o imposible afrontar las facturas del gas, la luz y el agua, un reflejo de la llamada “pobreza energética” que, según la Organización, podría estar afectando a más hogares de los que se cree. 

Por otro lado, a pesar de que el 67% de hogares otorga especial importancia al dentista, a un 30% de ellos les resulta muy difícil o imposible afrontar los gastos relacionados con la salud dental. Lo mismo ocurre con las gafas y lentillas y con la audiometría (audífonos), servicios igualmente básicos a los que muchos encuestados no pueden hacer frente. 

Por último, OCU destaca las enormes dificultades económi­cas para acceder a la educación superior o para sufragar un curso o un máster entre las familias con menos recursos, así como para poder pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda en la que residen.

Según el estudio de OCU, las familias españolas que tienen problemas para llegar a fin de mes renuncian en primer lugar a los desembolsos que consideran menos vitales, como restaurantes, cines, libros o excursiones... De hecho, a pesar de vivir en un país de turismo, al 46% de familias españolas les resulta muy difícil o imposible salir de vacaciones. 

El ahorro, misión imposible 

El resultado de la encuesta pone de manifiesto que, a pesar de que un 25% de hogares españoles están en una situación de confort económico, apenas el 6% reconoce que puede ahorrar sin esfuerzo. En cambio, a un 79% les resulta difícil, muy difícil o imposible. Además, los encuestados creen que esta situación tenderá incluso a empeorar durante 2019. 

Más información y datos por comunidades en este enlace

lunes, 18 de febrero de 2019

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cerca a Iberdrola por inflar el precio de la luz con el cierre de embalses

La UCO cerca a Iberdrola por inflar el precio de la luz con el cierre de embalses
  • Dos informes remitidos a la Audiencia Nacional prueban que el mercado esperaba precios muy inferiores a los que se alcanzaron en 2013 por las prácticas bajo sospecha de Iberdrola 
Autor: José María del Olmo
Fuente: El Confidencial

Foto:

La investigación penal contra Iberdrola por haber manipulado presuntamente el mercado eléctrico en 2013 para provocar un alza estratosférico del precio de la luz ha experimentado un enorme avance en las últimas semanas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado dos nuevos informes a petición judicial que refuerzan la acusación contra la eléctrica por un delito contra los consumidores por el supuesto cierre intencionado de sus embalses en el otoño de ese año (uno de los más lluviosos de las últimas dos décadas) para bloquear la producción de energía hidráulica, la más barata de todas, y generar así un incremento de las tarifas por la necesaria entrada en el 'pool' de otras fuentes más caras.

Según los informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que el nivel que alcanzaron los precios durante las tres semanas en las que se concentraron las presuntas prácticas irregulares de Iberdrola —entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013— carecía de la lógica más elemental. Los investigadores han comprobado que la mayoría del casi centenar de comercializadoras eléctricas con licencia para operar en España barajaba para esas fechas expectativas de precio muy inferiores, teniendo en cuenta los antecedentes del mercado y las condiciones ambientales que se registraron esos días. Es decir, que el sector considera casi unánimemente que no concurrieron elementos objetivos para que la tarifa se disparara. Solo una adulteración del sistema explicaría que la luz tocara máximos.

Los informes también revelan que el presunto fraude de Iberdrola no solo ocasionó un agujero en el bolsillo de los consumidores, como ya había acreditado la UCO en informes anteriores incorporados a la causa. Las nuevas diligencias probarían ahora que el perjuicio afectó igualmente a las empresas comercializadoras. Sobre todo, a aquellas que no pudieron repercutir la subida a sus clientes porque, en base a sus previsiones, habían pactado con antelación un precio muy inferior al que finalmente marcó el mercado. No obstante, todas las que iban cortas en esas tres semanas (habían comprado menos electricidad de la que demandaron sus clientes) perdieron dinero o ganaron menos de lo que esperaban.

Según los cálculos que los intermediarios han trasladado a la UCO en los últimos meses, sus pérdidas como consecuencia de las supuestas maniobras de Iberdrola superaron los 31 millones de euros. La empresa más afectada sería el gigante suizo del 'trading' eléctrico Axpo Iberia, que cosechó un perjuicio de 28 millones de euros. Ocupa la segunda posición Nexus Energía, que ha denunciado pérdidas de 1,8 millones. Por debajo de esa cantidad se situarían ya casi medio centenar de operadores. Geotlander SL, por ejemplo, comunicó un impacto negativo de 902.000 euros. Y Enercoluz Energía perdió 370.000.

La investigación, supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y en la que está personada Facua como acusación popular, gira sobre el récord que alcanzó el precio de la luz el 18 de diciembre de 2013, justo el día antes de la subasta en la que se debía fijar la tarifa que pagarían los pequeños consumidores durante los siguientes tres meses. Esa jornada, el coste llegó a los 91,89 euros por megavatio hora (Mwh), una cifra desconocida hasta el momento que suponía una subida del 126% sobre los 40,65 euros por Mwh del 25 de noviembre previo, solo tres semanas antes. El escándalo alcanzó tal dimensión que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta e intervenir el precio. Dos años después, en noviembre de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó que Iberdrola había recortado intencionadamente la producción de energía hidráulica y que esa maniobra le había ocasionado un beneficio de 21,5 millones de euros. Por contra, los usuarios habían sufrido pérdidas por valor de 105 millones.
Sede de Iberdrola en Madrid. (Reuters)
Sede de Iberdrola en Madrid. (Reuters)
El expediente de la CNMC discurre por la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. El juez Ismael Moreno se centra en las posibles consecuencias penales en que habrían incurrido Iberdrola y sus directivos por ese supuesto cierre intencionado de los embalses. Cuatro altos cargos de la tercera compañía del Ibex 35 por capitalización tuvieron que acudir hace dos semanas a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigados, según han confirmado a este diario fuentes próximas al procedimiento. El caso apenas ha tenido trascendencia en los medios, pero sigue avanzando a paso firme, en gran medida, por la abundante información que encontró la UCO durante el registro de las oficinas de Iberdrola Generación en Madrid y Bilbao en mayo de 2017.

Como ya adelantó este diario, los agentes localizaron correos electrónicos, comunicaciones internas y archivos de Excel que demostraban que la compañía había planificado para diciembre de 2013 más producción de energía hidráulica que en el mes anterior. Sin embargo, sus embalses produjeron en diciembre mucha menos energía que en noviembre. Esa documentación interna demostró que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes, a pesar de que en 2013 sus cálculos internos y los factores ambientales arrojaban cifras muy superiores a las de otros ejercicios.

La UCO pidió a Iberdrola que aclarara estas incongruencias, que habrían sido suficientes para forzar la entrada en funcionamiento de sus centrales de ciclo combinado con la misión de suplir la escasez de energía hidráulica. Ante las preguntas de los agentes, los directivos de la eléctrica admitieron que las tarifas se fijaban utilizando un método tan rudimentario y poco transparente como el de las órdenes verbales. La Guardia Civil ni siquiera encontró las actas de las reuniones en las que supuestamente se habían fijado los precios. Asimismo, según los informes incorporados a la causa, Iberdrola tampoco disponía en ese momento de un protocolo interno que aclarara qué nivel jerárquico de su estructura debía participar exactamente en el proceso de formación de las tarifas, ni qué parámetros eran los que tenían en cuenta sus responsables para calcularlas. 

Esos informes demostraron que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes 

Iberdrola ha restado valor a las pérdidas declaradas por los intermediarios. “En el proceso de instrucción, se ha solicitado información a las comercializadoras en posición compradora en las fechas objeto de investigación, pero de momento no hay ninguna personada ni hay nada que acredite que el posible perjuicio a las compañías comercializadoras se pueda atribuir a Iberdrola”, ha asegurado a este diario a través de una portavoz.

“Iberdrola ha mantenido siempre que en ningún momento realizó una manipulación fraudulenta de los precios en las ofertas de producción hidroeléctrica en este periodo. Iberdrola Generación no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado. Es decir, no solo no tenía capacidad para hacerlo, sino que además el incremento del precio del mercado le perjudicaba, como así fue”, sostiene la compañía. “El precio del mercado en aquellas fechas subió por la confluencia de circunstancias ajenas a la compañía, entre ellas, una alta demanda, una producción eólica baja, la indisponibilidad de centrales nucleares y los precios altos de gas en los mercados internacionales. Iberdrola Generación actuó como un gestor prudente, ofertando la totalidad de la producción y reflejando en sus ofertas de producción hidroeléctrica el incremento de valor que tenía el agua en ese escenario de escasez, como ha quedado probado por varios informes de expertos cualificados independientes”

miércoles, 7 de noviembre de 2018

El Tribunal Supremo vuelve a pegarse un tiro en el pie cambiando de nuevo su criterio sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados





El Tribunal Supremo vuelve a pegarse un tiro en el pie cambiando de nuevo su criterio. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre los préstamos hipotecarios lo pagarán los clientes y no los bancos

El Tribunal Supremo reculó de nuevo. En un giro inesperado de última hora cambió otra vez su criterio dictaminando, en una incomprensible decisión, que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava los préstamos hipotecarios ha de ser pagado por los clientes y no por los bancos.

Esa decisión  ha venido precedida por la entrada en pánico del Gobierno anunciando, pocas horas antes,  el peligro que supondría una decisión favorable a los consumidores ya que podría suponer la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).

Así, ayer por la mañana la  Ministra de Hacienda María Jesús Montero ,  interviniendo en  el 'Foro Cinco Días' cifraba en 5.000 millones el impacto de la devolución del impuesto hipotecario en el déficit público estimando que el impacto en las arcas públicas, en el caso que los afectados reclamen a las comunidades el impuesto y la Administración haga lo propio a la banca,  sería de en torno a "cuatro o cinco décimas" de PIB, afirmando que “el impacto de la devolución del impuesto hipotecario en el déficit podría poner en riesgo la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) en el que lleva inmersa desde 2009 y del que se prevé que salga este año al situar su déficit por debajo del 3% del PIB”.

Este nerviosismo gubernamental, ahora causado por la decisión chapucera del Tribunal Supremo que incluso va más allá de las aspiraciones de los bancos a fin de eludir la devolución del impuesto y del propio Gobierno a la hora de gestionar dicha hipotética devolución,  asumiendo parte de las perdidas ocasionadas (deudas tributarias prescritas que no hubieran podido repercutir a las entidades bancarias), se ha traducido en la urgente declaración de Pedro Sánchez quien, no dejando transcurrir ni 24 horas desde la pifia suprema, promete que mañana el Consejo de Ministros aprobará un Decreto-Ley para "que nunca más los españoles paguen este impuesto", queriendo hacer creer que estos costes no se repercutirán en el precio de las hipotecas.

El resultado final ha sido que ni se devuelve el impuesto cobrado ni se van a abaratar los préstamos hipotecarios, sino todo lo contrario.

Todo un timo a los consumidores.

Resumen de Prensa:

sábado, 13 de octubre de 2018

En España, poner una jarra de agua en la mesa es un problema para algunos hosteleros


Así es, mientras que en otros países ni siquiera se discute el derecho al consumo de agua del grifo a la hora de comer en un restaurante ("tap water" se oye frecuentemente en todos los restaurantes de Londres; en París, hasta en los buenos restaurantes existen jarras de agua a disposición de los comensales) , aquí algunos hosteleros sacan la "brocha gorda" a la hora de argumentar en contra de esta sensata medida que beneficiaría a los consumidores españoles (a los que todavía les da vergüenza pedir agua del grifo en restaurante) y al medio ambiente, al reducir considerablemente los envases utilizados para embotellar el agua.

Los argumentos esgrimidos son de variado pelaje: desde el reconocimiento de que poner agua "gratis" (se olvidan que el que se sienta en una mesa a comer paga inexorablemente lo consumido) les supone pérdidas hasta el grotesco razonamiento que asimila el derecho del comensal a elegir el agua que consume con la situación de ocupación de mesas por tribus de turistas que sólo exijan su vaso de agua del grifo sin que el hostelero pudiera negarse a esa exigencia. Otros argumentos más "finos" esgrimen que dar agua del grifo al cliente que lo pida....sería inconstitucional.Penoso.

Todavía me acuerdo de la cruzada contra la Ley anti-tabaco, que ha salvado miles de vidas, fundamentalmente en el sector de la hostelería en los que los trabajadores se veían constantemente expuestos al humo del tabaco,  y que  ha sido la Ley más importante en materia de Salud Pública en España.

Esta es la noticia. 
A tortas por el agua gratis: los hosteleros ven "insultante" que les obliguen a poner jarras 

Unidos Podemos registró días atrás una propuesta no de ley para que bares y restaurantes estén obligados a ofrecer agua del grifo. La patronal se rebela: "Es inconstitucional" 

Los hosteleros andan a la gresca con la OCU y Facua y sobre todo con Unidos Podemos por lanzar una proposición no de ley para que bares y restaurantes ofrezcan agua gratis a quien la pida. Aseguran que nunca se ha negado un vaso de agua a nadie y creen que convertir en obligacion lo que hoy es una cortesía solo puede perjudicar sus negocios. "No conozco ninguna iniciativa, jamás, que haya pedido a una actividad productiva que regale su trabajo. Se nos puede sugerir, casi todos los bares te la dan si la pides, pero que por ley nos obliguen a regalar nuestro trabajo, diría que es hasta inconstitucional", protesta José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR). Del otro lado responden: "Ya hay que tener poca visión comercial para no saber convertir el agua gratis en una forma de captar clientes", afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

La ley que obligaría al sector de la hostelería a ofrecer agua gratis es un asunto que colea desde hace más de un año, con diversos intentos a nivel autonómico que solo han cuajado en Navarra. Días atrás, Unidos Podemos dio un paso al frente y registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, es decir, instó al Gobierno a exigir a restaurantes y bares de toda España que ofrecezcan agua del grifo a quien la pida. La formación morada recoge así el guante de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que a finales de agosto lanzó la campaña #PideJarraDeAgua para concienciar a la población y recoger firmas.

Los hosteleros andan a la gresca con la OCU y Facua y sobre todo con Unidos Podemos por lanzar una proposición no de ley para que bares y restaurantes ofrezcan agua gratis a quien la pida. Aseguran que nunca se ha negado un vaso de agua a nadie y creen que convertir en obligacion lo que hoy es una cortesía solo puede perjudicar sus negocios. "No conozco ninguna iniciativa, jamás, que haya pedido a una actividad productiva que regale su trabajo. Se nos puede sugerir, casi todos los bares te la dan si la pides, pero que por ley nos obliguen a regalar nuestro trabajo, diría que es hasta inconstitucional", protesta José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR). Del otro lado responden: "Ya hay que tener poca visión comercial para no saber convertir el agua gratis en una forma de captar clientes", afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

La ley que obligaría al sector de la hostelería a ofrecer agua gratis es un asunto que colea desde hace más de un año, con diversos intentos a nivel autonómico que solo han cuajado en Navarra (ver art. 24 de la Ley Foral 14/2018 de Residuos) . Días atrás, Unidos Podemos dio un paso al frente y registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, es decir, instó al Gobierno a exigir a restaurantes y bares de toda España que ofrecezcan agua del grifo a quien la pida. La formación morada recoge así el guante de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que a finales de agosto lanzó la campaña #PideJarraDeAgua para concienciar a la población y recoger firmas.

Ver la noticia completa aquí

miércoles, 1 de agosto de 2018

Sobre la ilegal prohibición de impedir la entrada con alimentos en los festivales Gijón Life, Holy Party y otros espectáculos


SOBRE LA ILEGAL PROHIBICIÓN DE IMPEDIR LA ENTRADA CON ALIMENTOS EN CONCIERTOS Y FESTIVALES (A PROPÓSITO DE GIJÓN LIFE, HOLY PARTY Y OTROS) 

El art. 29.4 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas dispone que en espectáculos públicos tales como cines, conciertos y festivales o espectáculos taurinos "se garantizará a los consumidores y usuarios el derecho a elegir los productos que deseen consumir y dónde adquirirlos, siempre y cuando durante el espectáculo se permita el consumo de los mismos". El art. 82.4 b) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera abusivas -en todo caso- las cláusulas que limiten los derechos de los consumidores y usuarios. En dicha norma se recoge expresamente como cláusula abusiva por limitar derechos básicos de los consumidores y usuarios (art. 86.7) "la imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario".

El carácter abusivo de dicha limitación ha sido confirmada respecto a los cines (la doctrina puede ser extrapolable también  a otros espectáculos públicos de los reseñados anteriormente y entre los que se encuentran los conciertos y festivales) por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cuya sentencia n° 82/2001 de 2 de octubre establece que mediante esta cláusula se limita el derecho del consumidor a elegir los productos que desea consumir y dónde adquirirlos, sin fundarse dicha limitación en circunstancias objetivas y "se  restringe arbitrariamente su libre capacidad de elección en el caso de que deseen acceder a ese tipo de bienes y servicios, únicamente respecto a aquellos que se expenden en el interior del local y se limita su decisión de acceder al servicio principal que se presta relativo a la exhibición de películas en función de prestaciones accesorias no solicitadas previamente."

Dicha limitación es más sangrante si en el recinto donde se prohibe la entrada con productos del exterior, se venden dichos productos a un precio ostensiblemente más caro, haciendo su "agosto" el organizador del evento a costa de limitar sin fundamento legal alguno (las razones de higiene serían alegables si se prohibiese todo consumo de alimentos no vendiéndose en el recinto ningún producto) los derechos de los usuarios.

Por ello, resulta penoso ver como los derechos de los consumidores son pisoteados en conciertos y festivales, sin que las Administraciones Públicas competentes impidan los abusos de sus organizadores de estos eventos al prohibir la entrada con bebidas en envases no peligrosos o con bocadillos mientras que esas mismas bebidas o alimentos son consumidas libremente en el interior del recinto,  cuando se compran a precios astronómicos en los chiringuitos explotados por la organización que prohibe la entrada de los mismos productos comprados en el exterior.

Dos son las líneas de actuación que podría seguirse para evitar estos abusos.

La primera, didáctica y preventiva: en toda licencia o autorización para celebrar cualquier espectáculo público debería hacerse referencia expresa a la obligación de cumplir la legislación en materia de derechos de los consumidores y usuarios y, específicamente, al derecho a la entrada en el festival, concierto o espectáculo con alimentos y bebidas en envases que no puedan suponer un riesgo para la seguridad si en dicho lugar se venden alimentos o bebidas (el concierto no puede ser excusa para el "sablazo" y el asistente que le apetezca beber o comer debe ser libre para optar por pagar el producto que se venda dentro o traerlo de afuera).

La segunda, reactiva, sancionadora y obligatoria: cuando se están limitando estos derechos a los consumidores no se puede mirar hacia otro lado ya que se han cometido infracciones que, además han beneficiado económicamente a los infractores que han explotado el negocio de venta de bebidas y otros alimentos en exclusiva y a precios superiores al mercado. Estas conductas, se insite, son infracciones consumadas y las Administraciones están obligadas a actuar, imponiendo las merecidas sanciones  tras la apertura de los correspondientes expedientes.

Noticia relacionada: 
La Unión de Consumidores critica que se impida llevar a los conciertos comida y bebida

miércoles, 20 de junio de 2018

Ryanair investigada por el Parlamento de la UE por prácticas abusivas al separar menores de adultos en sus vuelos

 

El Parlamento Europeo (PE) ha admitido a trámite la denuncia presentada por Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) contra la aerolínea irlandesa Ryanair por asignar asientos separados a algunas familias, según se hizo público recientemente.

Ahora se investigará el asunto y en función del expediente la aerolínea podría sufrir alguna sanción.

Consubal denunció a la compañía ante la Eurocámara en marzo pasado “por presuntas prácticas contrarias a los derechos de los consumidores”, tras recibir “multitud” de quejas de usuarios al habérseles asignado asientos separados a menores “con la excusa” de que se hacía de manera aleatoria.

Sólo al abonar una cantidad de dinero se asignaban esos asientos contiguos.

Esta noticia se da a conocer cuando la próxima semana el Parlamento Europeo dará a conocer una serie de informes donde se analiza la protección del consumidor que nuestro país está ofreciendo en materia de participaciones preferentes, las hipotecas multidivisa, las cláusulas suelo y, en general, todo tipo de cláusulas abusivas en varias áreas del negocio financiero.

Informes que al, parecer, no dejan muy bien a nuestro legislador ni al Banco de España, incapaz de imponer multas a muchas entidades bancarias.

Desde la Comisión Europea se es consciente que el consumidor debe protegerse mejor. Hace unos días la comisaria de Justicia y Consumo, Vera Jourova presentaba una serie de medidas que bajo el nombre “Nuevo Pacto con el Consumidor”, pretende defender los derechos de los miles de consumidores europeos. Propuestas ahora que se negocian con el propio Consejo y el Parlamento Europeo.

En este caso concreto, el portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, expresaba su satisfacción por esta noticia y mostraba su confianza en la institución europea. Por su parte desde Ryanair se ha respondido desde un comunicado de prensa señalando que “Las acusaciones son falsas de prácticas abusivas”

“La política de asignación de asientos de Ryanair para familias es clara y requiere que las familias (con niños menores de 12 años) se sienten juntos y que un adulto reserve su asiento por tan solo 4 euros”, explican la compañía en una nota. 

Apoyo de europarlamentarios 

En esta admisión a trámite ha tenido importancia el testimonio de algunos europarlamentarios es el caso de la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo,  Marina Albiol quien mostró en su día su apoyo esta petición ante el Parlamento Europeo que impulsa la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) al denuncia prácticas abusivas de la aerolínea Ryanair, al cobrar al cobrar suplementos a las familias para que los menores se sienten junto a sus progenitores».

“Sin duda, la compañía retuerce la legalidad para cobrar por una cuestión que debe estar garantizada como un derecho básico ya que, con la fórmula que utiliza las familias han de pagar por algo a lo que la propia aerolínea obliga: que los menores se sienten junto a uno de sus progenitores”, ha expresado Albiol.

Según un comunicado, la portavoz ha explicado que los diferentes reglamentos y directrices europeos sobre los derechos de los pasajeros aéreos no especifican la obligatoriedad de que menores y sus padres viajen en asientos contiguos, “porque se entiende que los menores tienen derecho a sentarse junto a sus acompañantes adultos, una práctica lógica y conveniente”, ha declarado.

En este sentido, “lo que hace Ryanair es anunciar que la elección de asientos para los menores es gratis, pero no dicen que para ello al menos un adulto ha de elegir asiento, por lo cual la compañía cobra un sobrecoge”, ha añadido.

De este modo ha expresado que “se trata, pues, de una práctica claramente abusiva hacia los consumidores, como denuncia en su petición la asociación Consubal”.

Cronología de una denuncia

Hay que recordar que el pasado mes de marzo esta organización de consumidores hacía efectiva dicha denuncia al Parlamento Europeo una  denuncia contra Ryanair por prácticas abusivas que dañan los derechos de las personas usuarias.

Así lo indicaba  la asociación en una nota de prensa en la que ha indicado que la denuncia también fue trasladada al Grupo Parlamentario Europeo de Izquierda Unida.

Consubal ha constatado que desde hace algún tiempo se están incrementando las reclamaciones contra Ryanair por “prácticas encaminadas a que las personas usuarias de esta aerolínea tengan que pagar por cuestiones tan elementales y básicas como que un menor se siente junto a sus padres”.

En este sentido, la asociación ha recordado que la compañía, de forma sistemática, asigna asientos separados a familias con hijos o que viajan juntos “para, de esta manera, forzarles a tener que cambiar los asientos asignados aleatoriamente por otros elegidos por el usuario previo pago de cantidades que pueden oscilar entre los 40 y 15 euros por persona”. 

Además, Ryanair cobra por bulto de mano que los usuarios quieran llevar consigo en cabina, uno por pasajero; en caso de no abonar el precio estipulado, el equipaje de cabina es retirado en el momento del embarque y alojado en la bodega del avión, “por lo que los usuarios tendrán que esperar a la salida del equipaje con los consiguientes retrasos dependiendo del aeropuerto”.

Consubal considera estas prácticas “muy graves” y contrarias a la legislación en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, por lo que en este momento estudia la interposición de una demanda judicial.

domingo, 17 de junio de 2018

Ascienden a 200 los afectados por el cierre de la clínica iDental de Gijón

Dacio Alonso, presidente de la UCE, antes de comparecer. / ÁLEX PIÑA
La UCE insta a los usuarios a denunciar a la empresa y conservar toda la documentación para las reclamaciones 

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha cifrado en más de 200 las personas afectadas por el cierre de la clínica iDental en Gijón. La clínica cerró sus puertas el pasado martes sin ofrecer explicaciones a los usuarios ni alternativas para continuar con sus tratamientos.

Desde la UCE están tratando de organizarse para ofrecer a los usuarios la asistencia que en cada caso sea necesaria, ante las «situaciones dramáticas» que los afectados pueden estar viviendo por tener tratamientos a medias, por mala praxis de los trabajadores e, incluso, por la utilización de materiales que no en todas las ocasiones contaban con la «mínima calidad garantizada» ni los controles oportunos.

A ello se añade el hecho de que los usuarios a los que la clínica orientaba sus servicios eran personas con bajos recursos económicos, con lo que habitualmente acudían a la financiación que la clínica ofertaba para sufragar los gastos de sus tratamientos. Para dar solución al conjunto de la problemática, la Unión de Consumidores ha instado al Colegio de Odontólogos a manifestarse frente a la «negligencia profesional» ocurrida y ofrecer a los afectados peritajes para evaluar el estado de los pacientes. Por otro lado, instan a la Fiscalía a actuar frente a los posibles delitos de fraude y estafa que se hayan cometido, según ha indicado Alonso.

La UCE aconseja, asimismo, a los clientes de Idental denunciar a la empresa, poner sus casos en manos de las autoridades sanitarias y conservar toda la documentación para realizar las oportunas reclamaciones. Dacio Alonso ha recordado que la actual legislación ampara a los usuarios en el caso de haber financiado una actuación, permitiendo que se cancele el préstamo si no se ofrece el servicio. En total la UCE calcula que puede haber en torno a 60.000 afectados por el cierre de clínicas en toda España.

La Unión de Consumidores hace una distinción entre los clientes que hayan pagado el tratamiento completo y por adelantado, sin que este haya llegado a su término, y aquellos que hayan contratado a una financiera para su pago. En el primer caso las dificultades a la hora de recuperar lo invertido aumentan «si los responsables de la empresa han desaparecido o si no inician un procedimiento concursal», explican desde UCE. En el segundo caso, la solución es sencilla: solicitar la resolución del crédito a través de la financiera.

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