sábado, 9 de marzo de 2013

El expolio de las cajas de ahorro. Caja Navarra pagó dietas de hasta 2.680 euros a miembros y exmiembros del Gobierno Foral por reuniones de una hora



Cuatro cargos de Unión del Pueblo Navarro cobraron dietas de entre 2.680 y 1.717 euros brutos por participar en reuniones de una hora en Caja Navarra. En algo más de un año, la Junta de Entidades Fundadoras de la caja convocó 16 reuniones, cada una de una hora y agrupadas de dos en dos en un mismo día para que fuera más cómodo para sus miembros. Eso supuso que el ex presidente navarro Miguel Sanz recibiese por reunirse dos horas en un solo día casi 5.700 euros brutos, por 3.434 euros que percibía por el mismo trabajo la actual presidenta de la comunidad foral, Yolanda Barcina.

La juez de Pamplona María Paz Benito, que instruye la causa contra el expresidente navarro Miguel Sanz y el ex director general de Caja Navarra (CAN) por su gestión de la entidad financiera, tuvo que enviar el pasado 1 de marzo a la Guardia Civil a la sede de CAN para recabar la documentación que había solicitado en repetidas ocasiones desde un mes antes.

Se trataba de las actas de la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, un ente creado tras la salida de los cargos públicos del consejo de administración de la caja y que revelan que tres miembros de UPN, Miguel Sanz, la actual presidenta navarra, Yolanda Barcina, y el ex consejero de economía, Álvaro Miranda, percibían dietas por unas reuniones de apenas una hora de duración. Celebraban dos reuniones en un día de convocatoria y las remuneraciones por cada una de ellas iban desde los 2.680 euros brutos que recibía Sanz como presidente de ese órgano a los 1.717 del resto. En las últimas 6 ocasiones acudió también el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (UPN).

Desde el 31 de agosto de 2010 al 26 de septiembre de 2011, este ente celebró 16 reuniones en 8 días diferentes, con una periodicidad aproximada de 6 semanas. Las actas de los encuentros, que han sido facilitadas por el colectivo Kontuz, autor de la denuncia contra Sanz y Goñi, desvelan que la única función que tenían era la lectura por parte del secretario general de Caja Navarra de un informe de los avatares financieros de la entidad, sin que ninguno de los asistentes formulase preguntas.

La existencia de este órgano ni siquiera la conocían, en un inicio, los otros 6 miembros de la junta ordinaria de fundadores, en la que había 7 cargos de UPN y 2 del PSN. De hecho, no es hasta un año después de su puesta en marcha cuando aparece en los estatutos de Caja Navarra, por lo que Kontuz considera que no tenía soporte legal.

Por otra parte, pese a dejar el cargo de presidente foral, Miguel Sanz siguió cobrando como presidente de esta comisión permanente durante 6 sesiones. En total, durante un año, Sanz recibió 42.880 euros y Barcina 27.472, a los que hay que sumar las dietas, de igual cuantía, por las reuniones de la comisión ordinaria, cuyas actas no ha logrado todavía la juez Benito y que tuvieron una periodicidad similar.

Barcina se atribuyo este jueves la eliminación de estas dietas, aunque lo hizo después de que las revelara el periódico local Diario de Noticias. Miguel Sanz, por su parte, tras dos semanas negándose a acudir al Parlamento de Navarra para explicar su papel en CAN registró este jueves una solicitud para acudir a la cámara. 

Barcina equipara sus 3.443 euros por hora con el sueldo de un albañil trabajando a destajo

Lejos de la autocrítica, Yolanda Barcina volvió a justificar ayer el cobro de dietas dobles y triples en Caja Navarra en una huida hacia delante cada vez más difícil de sostener. 

Ante las nuevas revelaciones sobre cómo funcionaba el abusivo cobro de dietas en Caja Navarra, la presidenta volvió a recurrir a argumentos expresados anteriormente, como que fue ella quien decidió suprimir el sistema de remuneraciones cuando llegó al Gobierno o que la responsabilidad final era del director de la entidad, Enrique Goñi. Barcina defendió así que las dietas de Caja Navarra no eran sino un complemento salarial de sus retribuciones como cargo público; que estaban relacionadas con "las responsabilidades" asumidas y no con la participación en las reuniones; e incluso que las cantidades percibidas, hasta 5.360 euros brutos por dos reuniones consecutivas de apenas media hora, "hace cinco años no sorprendían a nadie". 

Barcina llegó a defender las cantidades percibidas argumentando que durante su cobro "el que más dinero ganaba en una obra y llegaba con el mejor coche era precisamente el que hacía los alicatados". "Podía ganar un albañil 5.000 ó 6.000 euros y ahora resulta que está en paro. ¿Cómo no le van a sorprender estas cifras a una persona que está en paro? Yo lo entiendo perfectamente", afirmó ayer en RNE

Fuentes:

domingo, 3 de marzo de 2013

Agua: del derecho al negocio. Sobre la venta de la gestión municipal del suministro de agua a empresas privadas

La ONU declaró el agua como un derecho humano en 2010
La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación 

Reportaje de LUCÍA VILLA en Diario Público

Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.

Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.

"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas.

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.

En sus conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.

"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.

Su agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.

Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.

Un valor de mercado

El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.

Gistau defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.

Babiano asegura que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".

Comprobar con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.

Roque Gistau insiste en que se trata de un debate "artificial": "Creo que hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle frente", argumenta.

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.

domingo, 24 de febrero de 2013

FMI y Comisión Europea a la gresca: Una decena de expertos señala que Bruselas se equivoca al imponer sus recetas de austeridad porque provocan un sufrimiento innecesario




La polémica entre austeridad y crecimiento tomó nuevos bríos después de que el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, admitiera el pasado mes de enero en un informe que su institución había infravalorado las repercusiones negativas de la austeridad.

Sin embargo, el comisario europeo de Asuntos Económicos Olli Rehn restó credibilidad a este estudio quedando en entredicho por “su horizonte temporal limitado y por la posibilidad de que haya habido otros factores que impactaran en el crecimiento en comparación con lo previsto en 2010 y 2011”.

Lo cierto es que más que el estudio del FMI, lo que ha quedado en entredicho es el triste papel que hace la Comisión Europea limitándose a exigir cada vez mayores dosis de austeridad a los países miembros repitiendo a modo de mantra sus recetas de recortes en servicios públicos y gastos sociales básicos. 

“El FMI ha hecho un informe profesional liderado por uno de los expertos en macroeconomía más importantes del mundo. La refutación que llega de Bruselas, en cambio, avergonzaría a un estudiante de primer año de posgrado. No es que el informe de Blanchard demuestre que la Comisión y el señor Rehn están equivocados, es que eso ya lo ha hecho la evidencia, tanto teórica como empírica”, escribía hace unos días en su blog Jonathan Portes, director del británico Instituto de Investigación Económica y Social.

Las políticas dictadas por Bruselas y Berlín, y aplicadas por los Gobiernos de cada país han generado un malestar que, tan solo en los últimos días, ha llenado de manifestantes las calles de Grecia y Bélgica en los últimos días. Ya fuera de la zona euro, el descontento popular ha hecho caer esta semana al Gobierno búlgaro en bloque. Pero los países del Sur están obligados a perseverar en las políticas que generan malestar si quieren lograr el visto bueno de la Comisión y del BCE. “Este es un equilibrio inestable y por tanto no puede durar. La austeridad obligada solo asegura tasas de crecimiento negativas y una carga de la deuda cada vez mayor. Si los italianos o los españoles mostraran un rechazo claro a las políticas impuestas, forzarían importantes concesiones por parte de Bruselas y Fráncfort. Pero no soy optimista. Parece que el liderazgo de la Comisión funcione en una realidad alternativa”, asegura James Galbraith, profesor de la Universidad de Texas.

Dani Rodrik, profesor en Harvard y autor de La paradoja de la globalización, cree que el equipo comandado por Olli Rehn “ha estado engañándose a sí mismo con la ilusión de que las reformas estructurales que defienden pueden impulsar la economía en medio de una caída en picado de la actividad”. Son las mismas reformas que el viernes el comisario europeo volvió a exigir a España y a otros países como Francia a cambio de flexibilizar, una vez más, unos objetivos de déficit que hoy por hoy se muestran incapaces de cumplir.

A continuación, la opinión de varios economistas cuyas declaraciones nos han sorprendido no tanto en cuanto al fondo sino por la forma en la que se exponen y, sobre todo, por su procedencia. 

Por ello, hemos de aclarar que estas personas no son peligrosos activistas revolucionarios sino que proceden del mundo académico, donde ejercen de profesores en prestigiosas universidades.

Paul de Grauwe, profesor de la London School of Economics


“Nada de lo que está pasando me sorprende. Todo se podría haber predicho. Las autoridades comunitarias son los responsables de la recesión, ya que han empujado a todos los países al mismo tiempo a políticas de austeridad que refuerzan sus consecuencias negativas. La política macroeconómica de la Eurozona es un desastre”.

James Galbraith, profesor en la Escuela Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas

“No soy optimista. Parece que el liderazgo de la Comisión funcione en una realidad alternativa, totalmente dependiente de los intereses a corto plazo de los bancos, distante e indiferente de las consecuencias de sus políticas y con unos pronunciamientos públicos propios de análisis de la situación muy torpe”.

Luis Garicano, catedrático en la London School of Economics

“Bruselas es mucho más dogmática que el FMI. Es incomprensible lo poco que ha cambiado su discurso. En parte se explica porque no se fía de algunos países, que solo reforman bajo presión. Y en parte por motivos políticos: al norte no ha llegado la crisis y no es consciente de que hay países que se están ahogando. La Comisión menosprecia la probabilidad de accidentes serios”.
José Manuel González-Páramo, exconsejero del BCE y profesor del IESE

No hay un único responsable de la recesión, y en cierta manera los somos todos: los fundadores del euro, las instituciones financieras, los Gobiernos, los reguladores, los supervisores, etc. La Comisión ha tratado, no siempre con fortuna, de buscar una visión europea; y desde 2011 busca un papel mucho más activo. Sus propuestas para reconstruir los pilares del euro son avanzadas, y dan una visión de largo plazo”.

Paul Krugman, profesor universitario y premio Nobel de Economía

“¿Cuál es la respuesta de Rehn a las desastrosas noticias que llegan de Europa? ¡Que tenemos que dejar de molestar con estos estudios económicos, porque están minando la confianza en la austeridad! Estos síntomas de desesperación son gratificantes. Por desgracia, esta gente ya ha hecho un daño tremendo y todavía tienen poder para seguir haciéndolo”, escribe en su blog.

Desmond Lachman, profesor de Georgetown

“Los datos de crecimiento confirman que la economía europea se contrae más rápido de lo esperado. El panorama en España e Italia es aún más deprimente. La Comisión es responsable por su insistencia en un ajuste fiscal demasiado rápido. Ha sido muy lenta en extraer la conclusión que sí supo ver el FMI: la austeridad excesiva con el euro como camisa de fuerza es contraproducente”

Jonathan Portes, director del Instituto de Investigación Económica y Social

Rehn lleva dos años prediciendo que gracias a las excelentes políticas de la Comisión y del BCE la recuperación es inminente. Ahora tiene una nueva táctica: atacar a los economistas que critican a la Comisión. La conclusión optimista es que admite que las justificaciones de la austeridad se están viniendo abajo. Y que los trabajos que demuestran esto quizás puedan impulsar políticas más sensatas. Esperemos que sea así”.

Dani Rodrik, profesor en Harvard de Política Económica Internacional
Photo of Dani Rodrik

La Comisión se ha estado engañando a sí misma con la ilusión de que las reformas estructurales que ha defendido pueden impulsar la economía en medio de una caída en picado de la actividad, que, por supuesto, se ha agravado por las medidas de austeridad que ha forzado. Los últimos datos publicados tan solo confirman esto. Europa necesita urgentemente una estrategia de crecimiento para reactivar la demanda”.

Guntram Wolff, director adjunto de Bruegel

“La Comisión ha estado sujeta a muchas restricciones. En Grecia, ha sido demasiado optimista, pero ha hecho un buen trabajo en Portugal. Se ha enfrentado a una situación económica y política muy difícil. Teniendo en cuenta todas las restricciones a las que está sometida, ha adoptado políticas adecuadas en general, tratando de encontrar un equilibrio entre consolidación fiscal y apoyo a la economía”.

Charles Wyplosz, profesor de Economía Internacional en el Graduate Institute de Ginebra

No entiendo cómo alguien puede sorprenderse de los datos que estamos viendo. La austeridad crea recesión. La Comisión no reconocerá que esta política impide acabar con la depresión. Por eso elaboran previsiones políticamente correctas, sabiendo perfectamente que luego tendrán que sorprenderse cuando no se cumplan. Y en esas estamos”.


Fuente: El País

jueves, 21 de febrero de 2013

«El mercado tiene su lógica y le importa tres pepinos la gente». Entrevista a Eduardo Fernández Psiquiatra y miembro del Foro Psicoanalítico



Médico psiquiatra y psicoanalista, pero con un discurso casi más propio de un experto en economía, en el que habla con total soltura tanto de la evolución del precio del petróleo y de los activos financieros como de los procesos de ansiedad que ha abierto en la sociedad la crisis financiera. Así se presenta Eduardo Fernández, coordinador del Foro Psicoanalítico de Asturias, entidad que mañana, viernes, a las 19 horas, celebra en la Biblioteca Jovellanos un debate que lleva por título 'Crisis sistémica y psicoanálisis: de lo universal a lo particular'. Junto a Eduardo Fernández estarán el psicólogo Francisco Estévez con su ponencia 'El trabajo os hará libre', y la psiquiatra Carmen Gallano Petit, que hablará sobre 'Impactos subjetivos del actual genocidio social'. 

-Su intervención se denomina 'La crisis mundial evitará que un colapso sistemático tenga lugar antes del 2052'. ¿Un título inquietante, sobre todo viniendo de un psiquiatra y no de un economista, no cree?

-Me interesa mucho la economía porque es la vida misma. Creer que el sistema puede crecer indefinidamente es un error garrafal. El mercado capitalista, de siempre, ha generado un exceso de producción y ahora ya no hay quien compre esa sobreproducción. Vamos hacia el colapso seguro. 

-Deduzco que no ve brotes verdes para 2014.

-Nos están mintiendo. No hay brotes verdes ni los habrá en los próximos 40 años. El mercado tiene su lógica y le importa tres pepinos la gente. Las cifras lo demuestran: el 20% de la población maneja el 80% de los ingresos y de los medios de producción. Hay que romper con la ilusión del crecimiento, porque no lo va a haber. En España quedarán las deudas y los desahucios y el dinero y el mercado se irán a China. 

-¿Nos quiere usted arruinar el día?

-No, lo que queremos desde el Foro Psicoanalítico de Asturias es generar otro flujo de información para minimizar los daños y fortalecer la capacidad de resistencia de la sociedad. Los mensajes que nos transmiten sólo buscan que no saltemos, que no actuemos.

-O sea, ¿que todavía no llegó lo peor de esta crisis?

-¡Que va! Vamos a caer muchísimo más. Por eso hay que despertar. La crisis de los países industrializados no se resuelve con crecimiento, entre otras cosas, porque no lo habrá. 

-¿Quién miente?

-Los gobiernos, porque están manejados por el mercado, por los bancos, las industrias, las empresas, los que quieren mantener el actual sistema basado en un sistema que promueve la destrucción masiva de los recursos naturales y la saturación del planeta para absorber los residuos y las emisiones. 

-Insisto, me cuesta creer que esté hablando con un psiquiatra. Parece más un economista.

-Esto no es economía, es la vida. O nos esforzamos por conocer los motivos reales de la crisis o habrá un colapso y seguiremos ofreciendo sacrificios humanos al mercado. 

-En su opinión, ¿cuál es la salida?

-Hay que eliminar esa sobreproducción. 

-¿Y eso, cómo se hace?

-Reabsorbiendo los excesos. Por ejemplo, hay que eliminar el exceso inmobiliario y también la sobreproducción industrial. El problema es que eso traerá más paro. 

-¿Por qué habla del año 2052?

-Es una advertencia que ya lanzó en 1970 el llamado Club de Roma, es difícil de condensar en una frase. 

-¿Pero, se puede salir de la crisis?

-Sí, si se hace con políticas de resistencia, de energías renovables y de corrección del cambio climático. La crisis debe tener una salida social, no de mercado. Resulta que tenemos la generación mejor formada de la historia, pero formada para algo que se está muriendo. Es un sinsentido, ¿no cree? 

-¿Hay más depresiones?

-Las situaciones de crisis generan angustia y miedo en la gente, eso es normal, pero en vez de deprimirse es mucho mejor salir a manifestarse o formar grupos como los de Stop Desahucios.

Fuente: El Comercio
Autora de la entrevista: Laura Fonseca

lunes, 18 de febrero de 2013

Politizar el consumo, recuperar la ciudadanía


Politizar el consumo, recuperar la ciudadanía

Rodrigo Fernández Miranda | Alba Sud

El avance del consumismo y las lógicas mercantiles, potenciado con la globalización económica, supone un retroceso en el ejercicio de la ciudadanía. Frente a esta dinámica, y en un contexto de crisis como el del Estado español, la lucha por politizar el consumo adquiere un rol clave.


El tiempo de la democracia se ve desbordado tanto por la brevedad de la urgencia y el arbitraje instantáneo impuesto por los mercados, como por el largo plazo de la ecología. Los espacios económicos, políticos, jurídicos y ecológicos están desvertebrados. Las juntas del Estado-nación crujen y las soberanías territoriales se hunden. El derecho de cada país cede a un extremo indeterminado, sin que aparezcan nuevos niveles de soberanía popular y nuevos procedimientos para tomar las decisiones democráticamente (Daniel Bensaid). 


El avance del consumismo y las lógicas mercantiles ha venido suponiendo un retroceso en el ejercicio de la ciudadanía; proceso que se ha potenciado con la expansión de la globalización económica. Las luchas por la politización del consumo llevan décadas de vigencia, aunque en el Estado español en los últimos años se han acelerado y propagado, incluyéndose en el seno de los discursos críticos y las prácticas transformadoras de los nuevos movimientos sociales como vía para la recuperación del ejercicio de la ciudadanía.


Aunque sus primeros antecedentes como modelo pueden observarse a principios del siglo XX con el fordismo [1], el verdadero despegue y consolidación del consumismo como pilar de la producción capitalista y símbolo de estatus social se promueve tras la finalización de la II Guerra Mundial y el inicio de los Treinta Gloriosos. La globalización económica operó como fuente de aceleración, extensión y aceptación de este modelo, y con ello, de profundización de sus consecuencias [2].

La globalización viene determinando fuertes procesos de transformación en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. También supone la apertura de las fronteras de cada sociedad para incorporar bienes (materiales y simbólicos) de otras, productos y servicios generados por un sistema de muchos centros, y una tendencia a la unificación de patrones, preferencias y conductas relativas al consumo. Así, el modelo de consumo dominante [3]. se ha configurado como un eje de unificación y homogeneización de visiones, percepciones, motivaciones y comportamientos de las sociedades globales.

Además del exceso como rasgo distintivo de este modelo, otras características del consumismo son: su importante peso psicosocial y su papel cultural en la formación de identidades colectivas, que representa una vía para la distinción social y tiende a estructurar el estilo de vida en las sociedades de consumo, y que tiene un fuerte trasfondo ideológico. Por otra parte, los principales valores e ideas que sustentan y de los que se nutre el consumismo son los siguientes:
  • Competencia
  • Hiper-individualismo
  • Primacía de lo privado
  • Culto a la velocidad
  • Crecimiento como ideal
  • Desatención y desapego por el entorno próximo
  • Maximización del beneficio económico como objetivo
  • Culto por la novedad y la renovación (moda)
  • Primacía de las apariencias
  • Fetichismo - culto por los objetos
  • Moral hedonista
  • Neodarwinismo social
Las consecuencias socioambientales que el consumismo deja tras de sí ya se denunciaban en la Cumbre de la Tierra con la incipiente globalización a principios de los 90: “problemas [que] surgen de un orden económico mundial caracterizado por el consumo y la producción en constante expansión, lo que agota y contamina nuestros recursos naturales y crea y perpetúa enormes desigualdades entre los países y dentro de ellos (…) situación que nos ha llevado a sobrepasar los límites de la capacidad productiva de la Tierra y en la cual el 20% de la gente consume el 80% de los recursos mundiales”. Y se identificaba una línea de actuación colectiva: “concebir entonces nuevos valores culturales y éticos, transformar las estructuras económicas y reorientar nuestros estilos de vida” (Cumbre de la Tierra, 1992). Sin embargo, estos impactos se fueron agravando con el crecimiento exponencial del consumo de bienes y servicios producido durante las últimas décadas. 

De esta forma, el consumismo es un modelo que salta por encima de las necesidades de las personas y de las posibilidades del planeta, en la medida que no tiene conciencia de límites. La insostenibilidad es seguramente la consecuencia más destacada. Además, representa uno de los indicadores más evidentes de desigualdad e injusticia distributiva en la globalización económica.

Dentro de las lógicas de una sociedad de consumo todo tiende a convertirse en mercancía, todo es potencialmente vendible y comprable. Además de este totalitarismo mercantil, el consumismo hunde sus raíces en valores directamente vinculados con un (ultra) individualismo, y promueve el interés individual y el ámbito privado por encima del bien común, de lo público y del interés colectivo. En resumen, un escenario que puede describirse como “un culto consumista carente de la menor dinámica interna de responsabilidad moral respecto a los pobres o excluidos, incluyendo a las futuras generaciones” (Falk, 2002). 

Consumismo y ciudadanía 

La ciudadanía [4] es un concepto dinámico: como parte de un proceso histórico, siempre estará en construcción y reconstrucción constante. En el contexto de la globalización, este concepto adquiere una nueva dimensión: el lazo entre la ciudadanía y el Estado-nación tiende a debilitarse en la formación de una cultura global, “espacios desterritorializados logran constituirse en ejes de producción de ciudadanía posibilitando un carácter global de este constructo social” (Martínez, 2004).

Uno de los cambios socioculturales inducidos por la globalización es el paso de una ciudadanía como representación de una opinión pública, a una ciudadanía-consumidora comprometida con su disfrute de un cierto “nivel” de vida (García Canclini, 1995). La reducción del ciudadano a cliente, además de implicar la construcción de un conformismo social (Sánchez Noriega, 1998), supone un vaciamiento del contenido y una limitación en el ejercicio de la ciudadanía.

No obstante, una ciudadanía plena de todas las personas que conviven en una comunidad organizada es condición necesaria para el correcto funcionamiento de una democracia. El objetivo principal de la acción ciudadana es mejorar el bienestar público. En dirección contraria, el consumismo, y las ideas y valores de los que se nutre, operan como desvinculador social, ya que sólo buscan el beneficio individual.

Este modelo de consumo tiene directamente que ver con el comportamiento [5] y con la conciencia política, en la medida que influye en la visión política, la ideología y el tipo y nivel de participación social. Los ciudadanos y ciudadanas dejan de ser partícipes, para convertirse en espectadoras, legitimadoras o refrendadoras del ejercicio del poder. Así, en el marco de las sociedades de consumo, el espacio corporativo y mercantil va desplazando y sustituyendo al ámbito político-institucional. La pérdida de eficacia de las formas tradicionales de participación social y ejercicio ciudadano no es compensada por la incorporación de las masas como consumidoras y votantes.

En definitiva, el consumismo determina un modelo de “ciudadanía des-ciudadanizada”. En estos términos, los consumidores del siglo XXI pueden equipararse a los ciudadanos del siglo XIX. Más consumismo, menos ciudadanía; y la política cada vez más alejada de la soberanía popular.

Cuando los promotores de esta globalización apuntan a que los constructores de certezas, como las ideologías, se han caído y han perdido su sentido, el único constructo que parece salir fortalecido es el consumismo. Mientras tanto, se va estrechando el cerco sobre lo que se discute, sobre lo que se problematiza, sobre lo que se pretende transformar: una fuerte reducción de la brecha ideológica, que en su versión más radicalizada da lugar al “pensamiento único” y el “fin de la historia” [6] (Fukuyama, 1992). 

La politización del consumo 

Desde hace décadas, el movimiento por un consumo responsable [7] apunta a una restauración crítica de la conciencia colectiva sobre las dinámicas e impactos del consumismo. A partir de ello, apela a la construcción de poder de los consumidores y consumidoras, colocando a la esfera del consumo en un marco de valores y en una perspectiva de lucha por una transformación. Este movimiento intenta introducir una crítica del consumismo y hacer del consumo una herramienta colectiva para la transformación social y política [8].

Tradicionalmente, las reivindicaciones por un consumo responsable, a iniciativa principalmente de colectivos, organizaciones sociales y de consumidores de países centrales, se plantean como forma de reducir y denunciar el deterioro social y ambiental, y los abusos económicos derivados del modelo. Asimismo, se articula en torno a los siguientes ejes: 




Si el mercado es un ámbito de expresión ciudadana, la esfera corporativa y mercantil debe ser considerada necesariamente como un ámbito político. Como instrumento político, el consumo responsable debe evitar apelar a la iniciativa individual y depositar la responsabilidad en las personas en su rol de consumidoras. La respuesta, por el contrario, debe ser política y colectiva; no como consumidores, sino como ciudadanos. Este proceso supone una politización del consumo, que se centra en los siguientes ámbitos de intervención para promover colectivamente otro modelo (Álvarez Cantalapiedra, 2007). 

Factor riqueza:La intervención sobre los mecanismos distributivos y reglas de reparto del producto social son claves para el acceso al consumo de bienes esenciales de la mayoría de la población, en el contexto de una economía más justa y equitativa en la distribución. 
Factor espacio:La disponibilidad de espacios alternativos que favorezcan otra significación social del consumo. Esto supone la transformación del entorno estructural dispuesto para el consumo, lo que se traduciría en un cambio en conductas y hábitos. 
Factor tiempo:Desaceleración de los ritmos de vida, y reorganización y redistribución de los tiempos dedicados a las distintas actividades cotidianas y los estilos de vida mayoritarios. 
Factor información:La obtención de información fidedigna para tomar decisiones de consumo, para lo que es fundamental, además de la discusión colectiva, la creación y difusión de (contra) información sobre productos, procesos productivos, impactos, trazabilidad, entre otros.

La política es sin duda una herramienta de transformación. Para las mayorías sociales, que no gozan de capital ni de la posibilidad de hacer grandes negocios, seguramente la única herramienta de la que pueden disponer. El consumo es una de las pocas actividades de las que (casi) nadie queda exento. En conclusión, politizar el consumo es una forma de recuperar el ejercicio de la ciudadanía, una vía para reapropiarse de la política.
 

El consumo en la reflexión y las prácticas de los nuevos movimientos sociales 

En el Estado español, las consecuencias de la “crisis” y el avance del neoliberalismo [9] están alterando la cultura política [10] de una parte creciente de la sociedad. Una embrionaria cultura política que está incidiendo sobre la conflictividad del proceso de representación democrática y sobre el ejercicio de la ciudadanía de una fracción cada vez menos minoritaria de la población; que abre un nuevo ciclo de luchas, con la reconfiguración de la resistencia social y de la construcción política en el territorio.
Este proceso también viene incrementando la desafección hacia las instituciones políticas, lo que tiene un impacto directo sobre la participación. Por una parte, se está reduciendo la utilización de mecanismos convencionales de participación, al tiempo que aumenta la propensión a usar mecanismos alternativos de expresión de las demandas y preferencias políticas, promoviendo la creación de nuevos espacios y vías para la participación, más allá de lo institucional. Así, se está generando gradualmente una ciudadanía más activa, informada, crítica, movilizada y reivindicativa.

Esta confluencia de movimientos sociales nuevos y preexistentes se nutre de reivindicaciones históricas, e incorpora nuevos discursos críticos y prácticas transformadoras. Un proceso que alcanza al cuestionamiento de los pilares del estilo de vida dominante en las clases medias, la discusión y el intento de transformación de los atributos que caracterizan a las sociedades de consumo, y con ello, a la politización de las relaciones de una parte de la sociedad con las corporaciones empresariales.

De esta manera, la crítica al consumismo (y a las ideas y valores subyacentes) y la promoción de prácticas dirigidas hacia otro modelo de consumo posible y necesario se van integrando en los discursos y prácticas de los movimientos sociales. En un período relativamente corto de tiempo, han surgido o se han expandido en el territorio diversas iniciativas transformadoras relacionadas directamente con el modelo de consumo, una reorientación de las prácticas sociales con vistas hacia la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

La resignificación del consumo, fuera de las lógicas del mercado, del exceso, de la competencia y de la acumulación, junto con otras cuestiones directamente relacionadas (como el decrecimiento, la soberanía alimentaria, el comercio justo, la banca o las finanzas éticas, las redes solidarias, entre otras), van formando parte indisoluble de las luchas sociales en el territorio. Las iniciativas que surgen o se expanden (para una reapropiación del consumo como forma de reapropiarse del ejercicio de la ciudadanía) son muy diversas.
Las campañas de boicot y presión a empresas, la construcción de redes de intercambio y financiación o la creación de mercados sociales son algunas de las líneas de acción que se vienen adoptando en esta dirección. Asimismo, el denominado “consumo colaborativo” es otra de estas manifestaciones: relacionado con la ”economía de la colaboración”, prioriza el acceso sobre la propiedad, tiene un fuerte apoyo en las Nuevas Tecnologías y “se puede definir como la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar redefinida a través de la tecnología moderna y las comunidades” (www.consumocolaborativo.com). El consumo colaborativo, con un crecimiento notable en el Estado español durante 2012, se sustenta en sistemas basados en productos (pagar por el uso de un producto, no por su posesión), mercados de redistribución de bienes hacia lugares dónde son más necesarios, y estilos de vida colaborativos (compartir o intercambiar bienes principalmente intangibles).

Asimismo, numerosas iniciativas informales de prácticas colectivas autoorganizadas que desarrollan procesos críticos, persiguen el empoderamiento ciudadano y promueven la innovación social, han proliferado durante los últimos meses. Muchas de éstas operan en ámbitos directamente relacionados con el consumo, como el urbanismo y el espacio público, la movilidad y el transporte, la autoorganización para el consumo, la alimentación, el ocio, la educación y la cultura, la tecnología, los servicios varios o las finanzas [11].

Este escenario ilustra un incipiente proceso de reconfiguración de la conciencia colectiva, la organización y la participación social, con el objetivo de recuperar su soberanía en las decisiones de consumo y, en última instancia, en las decisiones políticas. En definitiva, una apuesta colectiva por la (re)vinculación entre los papeles de consumidores y de ciudadanos, entre el consumo y la ciudadanía.

Justamente, este cuestionamiento y transformación de las vías de participación de las mayorías en este engranaje a través del consumismo, es una de las aristas necesarias en las luchas contra el capitalismo; ya que se trata del vínculo directo y material por antonomasia entre el grueso de la sociedad y los poderes económicos. 

Otro modelo de consumo, otro proyecto de sociedad 

Más allá de la aceleración de la concentración de riqueza, la desposesión, la desigualdad social y la insostenibilidad ambiental, la globalización también ha supuesto una redefinición de los límites de las comunidades políticas dentro de las que las sociedades estaban organizadas hasta entonces [12]. Por otro lado, el estilo de vida centrado en la mercancía, y organizado por el mercado y el mercadeo, tiende a reducir la participación y la responsabilidad sobre lo colectivo y lo común, a nublar la visión a largo plazo, y a promover la apatía política y la desvinculación social. Por ende, es un modelo que conlleva directamente una forma de “des-ciudadanización”.

De esta manera, la reducción del ciudadano a su condición de cliente representa en primera instancia un vaciamiento del concepto y la praxis de la ciudadanía. Si se tiene en cuenta que el ejercicio de la ciudadanía es una de las condiciones sine qua non para el correcto funcionamiento de cualquier democracia, en este sentido, también se viene produciendo un deterioro de la calidad de las democracias representativas en el marco de la globalización (junto con el distanciamiento de la política institucional y el conjunto de la ciudadanía).

Por ello, la politización del consumo (o una proyección del rol de consumidor de forma política) supone la reversión de atributos y valores que han tenido consecuencias nefastas en la posibilidad de construir una sociedad más justa, sostenible e igualitaria, mermando también la posibilidad de erigir lazos de solidaridad que estructuren las relaciones sociales. De esta manera, se presenta como una vía para la cimentación de otro proyecto de sociedad.

A pesar de que la incipiente democracia participativa, la construcción de una conciencia crítica y la politización del consumo van sumando cada día más partidarios y van consolidando su armado político, sigue existiendo todavía un enorme diferencial de poder y de apoyo social a favor de la democracia representativa (que excluye la participación política fuera de los cauces institucionales) y el modelo de consumo dominante.

Sin embargo, este proceso de debate y contestación al orden consumista representa una de las vías imprescindibles para la construcción de alternativas desde las bases sociales al modelo económico y político que se encuentra en el centro de la crítica. La reapropiación de la política y del ejercicio de la ciudadanía también pasa por una reapropiación colectiva de las decisiones y acciones de consumo. Una carrera de fondo contra las consecuencias intrínsecas de la globalización económica y en pro del “rescate” de la soberanía popular.
 
Notas:
[1] Además de haber sido uno de los acontecimientos más relevantes en materia de desarrollo industrial, se puede considerar la puesta en marcha de la cadena de montaje Highland Park de Ford (1908) y la implementación de las teorías de “organización científica del trabajo” de Frederick Taylor uno de los hechos fundacionales de las sociedades de consumo.
[2] Para más información, ver: Contrapublicidad. Libros en Acción (ConsumeHastaMorir, 2009).
[3] Aunque se utilice aquí la idea de “modelo de consumo dominante”, cabe recordar que solamente menos del 20% de la población mundial forma parte de las denominadas sociedades de consumo, mientras que la gran mayoría restante queda excluida.
[4]Se entiende por ciudadana a la persona que por haber nacido o residir en un territorio es miembro de la comunidad organizada que le reconoce la cualidad para ser titular de derechos y deberes, de gozar de libertades y de igualdad ante la ley, y puede realizar actividades legalmente validadas. La ciudadanía tiene derecho y disposición de participar en dicha comunidad organizada “a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público”.
[5] El comportamiento político son “aquellos componentes de la percepción, la motivación y la actitud que elaboran las identificaciones políticas del hombre, sus exigencias, sus esperanzas y todos sus sistemas de creencias políticas, entidades y objetivos” (Eulau, 1965).
[6] La tesis que este autor postula es que, tras la finalización de la Guerra Fría, la Historia como lucha entre ideologías ha terminado y se ha impuesto la democracia liberal.
[7] En el caso del movimiento de organizaciones de consumidores y consumidoras su origen se sitúa en el siglo XIX, y las primeras experiencias de este tipo se realizaban a través de cooperativas con el objeto de resguardar los derechos y el poder de las personas consumidoras frente a productores y comerciantes.
[8] Teniendo en cuenta la amplitud y diversidad de ámbitos integrados en este modelo el consumo, puede comprenderse su potencial transformador.
[9] Para más información, ver: Articulación en la base: una necesidad política en la España neoliberal, Alba Sud (Fernández Miranda, R., 2012) y Democracia tutelada y reapropiación de la política, Alba Sud (Fernández Miranda, R., 2012).
[10] El concepto de cultura política contiene tres niveles: cognitivo, conductual y actitudinal.
[11] Algunos ejemplos de este tipo de iniciativas ciudadanas. Urbanismo y espacio público: fortalecimiento y la recuperación de la memoria del espacio público. Empoderamiento, participación y transformación de espacios públicos. Creación de entornos verdes de manera creativa y participativa. Reactivación de solares vacíos a través de su programación y ocupación. Mirada crítica de los espacios públicos. Movilidad y transporte: bicicleta urbana; carsharing (compartir coche); carpooling (compartir trayectos); iniciativas para la desaparición o reducción de la movilidad en vehículo privado motorizado. Alimentación: grupos de consumo. Producción de alimentos en huertos urbanos. Permacultura y agroecología. Banco y redes de semillas. Educación, organización y apoyo al cultivo comunal. Banco de alimentos. Educación y cultura: Bibliotecas colaborativas. Cultura libre. Microespacios culturales. Bookcrossing (compartir libros). Intercambio de conocimiento. Servicios varios: Bancos de tiempo. Compartir servicios profesionales, sociales. Finanzas: Banca ética y solidaria. Microfinanciación.
[12] Para más información, ver: Globalización neoliberal y democracia, Alba Sud (Estévez Araujo, J., 2011) y El poder de los sistemas financieros sobre los estados, Alba Sud (Estévez Araujo, J., 2011).
 
Bibliografía: 

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Eulau, H. (1965). La persuasión y el comportamiento en la política. Plus Ultra.
Falk, R. (2002). La globalización depredadora. Una crítica. Siglo XXI de España.
Estévez Araujo, J. (2011). El poder del sistema financiero sobre los estados. Alba Sud.
Estévez Araujo, J. (2011). Globalización neoliberal y democracia. Alba Sud.
Fernández Miranda, R. (2012). Democracia Tutelada y Reapropiación de la Política. Alba Sud.
Fernández Miranda, R. (2012). Articulación en la base: una necesidad política en la España neoliberal. Alba Sud.
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