lunes, 1 de abril de 2013

Sobre la connivencia de los poderes públicos ante las prácticas abusivas bancarias: “Preferentes, deuda subordinada y dolo bancario”, artículo de Francisco J. Bastida






Preferentes, deuda subordinada y dolo bancario
Francisco J. Bastida 

La crisis financiera ha dejado al descubierto, entre otras muchas cosas, las prácticas abusivas de los bancos y la connivencia de los poderes públicos con el poder económico. Una pesadilla del peor liberalismo político y económico.

Los bancos han abusado de los suscriptores de hipotecas con cláusulas y prácticas contrarias a derecho, sin la oposición de ninguna autoridad económica, ni de notarios, registradores y jueces. Han tenido que ser las víctimas las que sacudiesen la conciencia jurídica de algunos jueces para que, al final, fuese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ordenase abrir los ojos a tanto ciego institucional.

Además de prestar dinero alegremente, pero exigiendo garantías exorbitantes, bancos y cajas se han dedicado a captar los ahorros de sus clientes, abusando de su confianza. Primero fisgando en sus cuentas, un atentado a su intimidad, para saber la cuantía de sus ahorros y después llamándoles para invertir en unos productos rentables y convertibles; en algunos casos con fecha de vencimiento como si fuese un depósito a plazo fijo. En la inmensa mayoría de los casos los inversores prestaron su consentimiento sin una correcta información, en la que se ocultaban datos esenciales; uno en especial, que la inversión no era segura y que, por tanto, no eran clientes adecuados para esos productos. Siendo benévolos, se podría pensar que bancos y cajas actuaban ocultando los riesgos que corrían estos clientes (a los que halagaba con el trato de "preferentes"), en la creencia de que el peor de los escenarios, el colapso de estos productos híbridos, era muy improbable. Pero aun así, bancos y cajas han actuado no sólo de manera temeraria, sino con lo que en derecho penal se denomina "dolo eventual", es decir, no con el ánimo deliberado de perjudicar a sus clientes, pero sí con la voluntad de no dejar de captar sus ahorros ocultando el riesgo que corrían, incluso en el caso de que ese escenario improbable se hiciese realidad. Y la realidad se hizo presente, poniendo en evidencia la actividad dolosa de bancos y cajas, dejando maniatados a los que creían tener sus ahorros a salvo de cualquier contingencia, porque en cada extracto mensual aparecía su inversión anotada como "renta fija".

¿Qué es lo que hace el Gobierno? Desconocer la realidad y tratar el problema al más puro estilo liberal, como si los clientes de preferentes y de deuda subordinada fueran inversores duchos en estos productos, y no víctimas en masa de un consentimiento prestado con deliberada falta de información y con abuso de la confianza depositada en la entidad bancaria.

Las medidas adoptadas benefician al delincuente y no a la víctima, dejando a un lado la responsabilidad de las entidades bancarias. Pero es que para el Estado no hay delincuentes ni víctimas, sino, todo lo más, inversores poco diligentes e incluso negligentes, a los que desde el gobierno se les echa una mano, buscándole con tales medidas una buena salida.

La salida consiste en que las participaciones en preferentes y en deuda subordinada se canjeen por acciones de la entidad que las emitió. El canje puede ser voluntario o forzoso; en ambos casos con una sustancial pérdida segura o muy previsible del valor de lo invertido. Como se quiere ignorar el engaño inicial, se sigue con la comedia liberal de que todo se ha hecho desde el principio con absoluta trasparencia y que se va a seguir haciendo. Así, se habla de canje "voluntario", cuando, en realidad, se pone la pistola al pecho del inversor y se le advierte de la posibilidad de un canje forzoso mucho más gravoso. Ante tal amenaza, el que opta por el canje voluntario se encuentra con que debe pasar un test de idoneidad para ser accionista, o sea, una prueba que demuestre que tiene conocimientos suficientes de lo que significa ser accionista y el riesgo económico que ello significa. Hecho el test, el resultado es que no es un cliente idóneo para tal operación, porque el 99 por 100 de aquellos suscriptores ya no eran idóneos para los productos que de manera engañosa o desinformada adquirieron.

Pese a ello y para curarse en salud, tras el test con resultado negativo, la entidad bancaria pone a la firma del "voluntario", que opta por el canje como mal menor, un papel humillante. Debe firmar que, pese a no ser un cliente idóneo para convertirse en accionista, desea canjear su anterior inversión tóxica por acciones del banco. Además, para que no haya dudas, al lado de su firma debe escribir de su puño u letra: "no conveniente". Todo un atentado a la dignidad de la persona, que se ve, bajo amenaza de un mal mayor, en la necesidad de firmar que no le conviene un producto, pero que lo va a tomar. A esto se le llama vulneración del derecho fundamental a la integridad moral de las personas. No se le permite salvar con su firma que acepta el canje para evitar daños mayores, ni que se reserva las acciones legales para reclamar ante tal atropello. Sólo puede firmar: me han dicho que soy una persona prudente y que seré un temerario si compro las acciones, pero deseo hacerlo. Firmado: soy un imprudente.

Esperemos que los jueces españoles o europeos pongan freno a tanto latrocinio bancario en nombre del liberalismo, y que sea antes de que la lucha por la dignidad y los ahorros arrebatados se libre en otros ámbitos. Entre tanto, el principal depósito con el que cuentan los bancos, la confianza de sus clientes, se diluye con celeridad. Sin él los demás depósitos vuelan y eso es lo que están haciendo los ahorradores, que cada vez se sienten más chipriotas.

P.D.: ¿Los miembros de consejos de administración de bancos y, sobre todo, de cajas de ahorro, han pasado algún test de idoneidad para el cargo o simplemente firman que cobrarán sueldos e indemnizaciones millonarias sin responsabilidad alguna?

Francisco J. Bastida

Estradense. Catedrático de Derecho Constitucional

Fuente: Faro de Vigo

lunes, 25 de marzo de 2013

Chipre: "El desgobierno europeo", de José Ignacio Torreblanca




El desgobierno europeo

La crisis en Chipre ha puesto de manifiesto los graves problemas de la Unión Europea

 


Lo ocurrido esta semana en relación con Chipre ha puesto de manifiesto con total brutalidad hasta qué punto la Unión Europea tiene un problema de desgobierno. 

Son cuatro las razones que explican por qué el sistema decisorio europeo está gripado.

1.- El sistema no resuelve los problemas. 

Primero, no es eficaz a la hora de atajar los problemas que pretende resolver. Más bien al contrario, tiende a agravarlos. Esto es cierto tanto en el nivel macro como en el nivel micro. En el primero, observamos cómo el crecimiento se estanca, el desempleo sigue subiendo y la deuda no sólo se reduce sino que crece. La combinación de un diagnóstico de la crisis erróneamente centrado en la deuda pública, seguido de unas prescripciones articuladas en torno a la austeridad a ultranza y unos líderes europeos pegados a la arena electoral de cada país nos han llevado a un sistema de crisis permanente.

A un diseño defectuoso de la zona euro y unas políticas erróneas se ha sumado una década de dejaciones que han convertido a la UE en un campo de minas: Grecia falseando las estadísticas, Italia negándose a reducir la deuda, Alemania inundando a sus socios de dinero barato, España cebando sin límite una burbuja inmobiliaria, Irlanda inflando su sector financiero y haciendo dumping fiscal a sus socios, Chipre montando un paraíso fiscal al servicio de Rusia, y así sucesivamente.

La acumulación de una serie desequilibrios tan tóxicos, junto con la falta de instrumentos efectivos para lidiar con la crisis, nos instala en una situación en la que todos los problemas acaban adquiriendo carácter sistémico. Que España o Italia lo fueran es comprensible, pero que Grecia y hasta el minúsculo Chipre puedan desestabilizar toda la eurozona nos da la verdadera idea de la fragilidad del sistema y su falta de mecanismos de seguridad.

Que las políticas para salir de la crisis no están funcionando es evidente y que las instituciones europeas y sus líderes no están a la altura del trabajo también lo es, pero la UE sigue instalada en la autocomplacencia de los pequeños pasos y en la soberbia de pedir tiempo y paciencia. ¿Cuánta? 

2.- El sistema no rinde cuentas. 

La segunda razón por la que el sistema decisorio europeo está agotando su legitimidad tiene que ver con los procedimientos, la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí también, la evidencia se acumula, tanto en el nivel macro como en el micro.

Al parecer, todo el mundo sabía que Chipre era la lavandería de dinero negro ruso y un paraíso fiscal sobredimensionado. No hablamos de las Bahamas, sino del territorio de la UE, uno de los más regulados del mundo. ¿No hay nadie responsable de que hayamos llegado a esta situación?

La saga de las idas y venidas respecto a los depósitos bancarios ofrece también un ejemplo revelador de lo difícil que resulta entender quién toma las decisiones y responsabilizar a alguien por los errores. ¿Ha sido el gobierno chipriota, el Eurogrupo, la Comisión, Alemania, el BCE o todos ellos los responsables del desaguisado de los depósitos chipriotas? Ni lo sabemos ni lo sabremos por lo que no podremos exigir responsabilidades.

Aquí también, lo que es cierto respecto a las pequeñas decisiones también lo es respecto a las grandes. El Comisario Rehn, acosado por la evidencia empírica y los expertos, que cuestionan el mal funcionamiento de la política de austeridad a ultranza, se defiende enviando una carta a los Estados miembros en la que les pide calma y les asegura que estamos en el buen camino. Ese es el estado de la democracia en la UE; la sustitución del debate político en público por un intercambio de cartas y comunicados plagados de condescendencia. 

3.- La Comisión y el Parlamento están fuera de juego. 

Más grave aún resulta el lamentable estado de la Comisión Europea, que añade un cuarto factor al desgobierno. Su Presidente, Durao Barroso, está desaparecido bajo la sombra que proyecta la figura del presidente del Consejo, Van Rompuy. Poquito a poco, con mucha discreción y aprovechando su apariencia inofensiva, este habilidoso político belga ha logrado más poder de lo que jamás pudimos imaginar. Con ello, la Comisión Europea, guardiana de los Tratados y representante del interés general europeo, ha quedado convertida en una especie de ejército de Pancho Villa donde cada Comisario va por su cuenta e interpreta su misión de acuerdo con sus propias capacidades y limitaciones. Si todos los Comisarios fueran igual de competentes (recuerden, hay nada menos que 27), la falta de liderazgo ya sería un problema, pero la realidad es que la calidad de esta Comisión es tan asimétrica que su papel político está cortocircuitado.

Ante la debilidad de esta Comisión, casi toda la sustancia política queda en manos de los Estados miembros y del Consejo. Incluso suponiendo que todos los Estados fueran iguales, nos encontraríamos con un problema serio pues, como sabemos, los comités no tienden a ser los más adecuados a la hora de tomar decisiones. ¿Se imaginan que España estuviera gobernada por la Conferencia de Presidentes Autonómicos y que tuvieran que hacer los presupuestos del Estado por unanimidad? Seguramente visualizan la pesadilla que supondría. Pero es que, además, en el Consejo las diferencias de poder entre los Estados miembros son tan brutales y han sido tan acrecentadas por esta crisis que lo que allí acontece se asemeja más a la ley de la selva donde los más fuertes imponen su ley y los demás callan que a un órgano ejecutivo o legislativo (que las dos cosas es).

Pero de entre todas las instituciones, el Eurogrupo y el BCE, convertidos en gobierno de excepción de la UE se llevan la palma en cuanto a opacidad y nula rendición de cuentas. El ultimátum lanzado a Chipre por el BCE para que se avenga a las condiciones del Eurogrupo o se marche de la zona euro es un caso claro de hasta qué punto el lenguaje de poder que caracterizó durante mucho tiempo las relaciones entre Estados europeos, y que la UE pretendía superar, está de vuelta. En una Europa que quiera por lo menos aparentar que es un estado de derecho mínimamente democrático, una decisión del calibre de enseñar la puerta de salida a un Estado miembro sólo la debería poder tomar el Consejo, de acuerdo con el Parlamento Europeo y a propuesta de la Comisión Europea, no el Presidente del Eurogrupo, el Presidente del BCE y, parecer, Angela Merkel. Estamos en 2013, no en 1914. 

4.- El predominio de las lógicas nacionales. 

La última razón que explica los problemas de desgobierno y de legitimidad tiene que ver con la fragmentación de la política a lo largo de sistemas nacionales con visiones de la crisis, identidades nacionales y ciclos electorales diferenciados. No tenemos una democracia europea porque no tenemos un gobierno europeo responsable ante los ciudadanos y tampoco tenemos un demos europeo que permita una solidaridad entre los ciudadanos. Desde su óptica, el parlamento alemán hace bien en defender que los ahorradores alemanes no paguen por los desmanes de griegos o chipriotas. Por la misma razón, el parlamento chipriota se niega a suicidarse aceptando un plan que no tendrá el apoyo de sus ciudadanos. Esa suma de decisiones racionales nos lleva al desastre colectivo puesto que genera un bloqueo entre legitimidades contradictorias. Ya vivimos esto en el proceso de ratificación parlamentaria del Tratado Constitucional. Ante la imposibilidad de reformar los Tratados por miedo al bloqueo, gran número de decisiones se toman ahora por vía intergubernamental y nos encontramos con que, a cada paso, se funde el fusible parlamentario en un país y hay que volver a empezar. 

Sí que hay opciones. 

En el sexto año desde que comenzara la crisis, la mayoría de los líderes sigue sin entender que no se puede gobernar la crisis del euro con 17 gobiernos, 17 parlamentos y un Banco Central que tiene una mano atada a la espalda. Sorprenderá a algunos, pero no tenemos un déficit de conocimiento. No estamos desconcertados ante un extraño virus cuyo mecanismo de transmisión no entendemos. Lo que le pasa a Europa es meridiano: si se quiere una moneda común, tendrá que tener una unión bancaria, lo que significa dotarse de mecanismos europeos de supervisión bancaria, garantía de depósitos y resolución de crisis. Y eso requiere, a su vez, tener unos impuestos comunes mínimos y unas políticas fiscales comunes que no se debiliten mutuamente. Lo que a su vez exige coordinar más estrechamente las políticas económicas y vigilar más los desequilibrios que se vayan acumulando, tanto por el lado de los acreedores como de los deudores. Por razones obvias, todas esas tareas sólo pueden ser acometidas por unas instituciones que se hayan legitimado democráticamente ante los ciudadanos, no sólo en el momento de su elección, sino en cada decisión que tomen, y que tendrán que ser controladas estrechamente. El euro necesita un poder ejecutivo y un poder legislativo y un equilibrio de poder entre ellos, no esta tecnocracia de comité que tenemos en la actualidad.

No es obligatorio dar todos estos pasos hacia una unión política más capaz y legítima. Quienes quieran pueden decir “no, gracias” y bajarse del tren. Pero seguir engañándonos y pretender que estamos en el buen camino es una estrategia suicida. Sin esa unión bancaria, fiscal y económica, y sin instrumentos de legitimación política, el euro nunca será estable y en lugar de beneficiar a sus ciudadanos, les traerá sufrimientos innecesarios. Todo lo demás es el melancólico lamento de Macbeth sobre el significado de la vida tras la muerte de esposa: “ruido y furia, cuento contado por un idiota que nada significa”.

Fuente: El País

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sábado, 23 de marzo de 2013

Cláusulas abusivas bancarias. El Tribunal Supremo declara nulas las cláusulas suelo "cuando haya falta de transparencia"



El Tribunal ha estimado parcialmente un recurso de casación declarando nulas las denominadas ‘cláusulas suelo’, "cuando haya falta de transparencia" en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable celebrados entre profesionales y consumidores.

Las cláusulas suelo son condiciones previstas en los préstamos hipotecarios a tipo variable que impiden que las cuotas bajen aunque el índice de referencia (en la inmensa mayoría de los casos, el euríbor) sí lo haga.

El Tribunal Supremo, por unanimidad ha estimado un recurso de casación contra una Sentencia  de la Audiencia Provincial de Sevilla que -en contra del criterio de otra sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla-  estimó adecuadas a derecho las cláusulas suelo previstas en diversos préstamos hipotecarios de BBVA, CAIXA GALICIA (actualmente, NCG BANCO) y CAJAMAR y así lo comunica en una escueta nota de prensa.

El letrado de Ausbanc, asociación que llevó el caso a las tribunales, insiste en que los bancos deberían devolver el dinero cobrado de más a los que firmaron contratos de este tipo. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su nota, dice lo contrario: “Se declara que este pronunciamiento no comporta devolución de las cantidades ya satisfechas”.

La decisión, la primera del alto tribunal al respecto, es firme. La nota no explica cuáles son los casos de falta de transparencia, ni quién decidirá qué cláusulas son nulas o no. La sentencia definitiva sobre el caso está pendiente de redactar por el magistrado ponente, Antonio Salas Carceller, quien deberá comunicarla a las partes. “Tenemos montones de dudas todavía”, indicó Rafael García Carrellán, letrado de Ausbanc. Se presentaron acciones contra tres contratos tipo de BBVA, la entonces Caixa Galicia (hoy NCG Banco) y Cajamar. Los contratos fijaban unas cláusulas suelo de entre el 2,5% y el 3,25% (el euríbor de febrero cerró al 0,594%) y unas cláusulas techo (límite máximo de los intereses) entre el 10% y el 15%. Estas son las condiciones que el Supremo han declarado nulas.

Los bancos argumentaron entonces que el perjuicio para los clientes que suponía la cláusula suelo se veía compensado por la protección ofrecida por la cláusula techo. El 14 de octubre de 2010, el juzgado número 2 de lo Mercantil de Sevilla indicó que “desde la creación del euríbor, no se escapa al sentido común que un préstamo a tal interés [el de las cláusulas techo], manteniendo las demás circunstancias ahora vigentes (...) sería materialmente imposible”.

El juzgado consideró entonces que un “desfase” tan amplio entre ambas cláusulas solo beneficiaba a los bancos, por lo que declaró nulas las condiciones y prohibía a las entidades seguir comercializando préstamos que las incluyeran. Los bancos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que les dio la razón. Ausbanc recurrió.

La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó en una nota de prensa que la decisión del Tribunal Supremo confirma la legalidad de las cláusulas suelo y señaló que la transparencia en los préstamos está “garantizada” por la “doble intervención de fedatario público: notario y registrador”.

Este pronunciamiento se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya dictaminado que el régimen procesal español sobre desahucios es contrario a las normativas europeas. Por otro lado, el pleno de la Sala de lo Civil, encabezado por el presidente Juan Antonio Xiol, cerrará hoy el debate sobre si declara abusivas las cláusulas “suelo” y “techo” de algunas hipotecas o si cabe responsabilizar a los bancos por inversiones de “alto riesgo” como las denominadas participaciones preferentes.

Además de este recurso, tiene sobre la mesa la petición de declarar la responsabilidad de los bancos por la gestión de capital ajeno en productos de inversión financiera de alto riesgo y la alegación de incumplimiento de los deberes de diligencia en información del riesgo en la adquisición de valores.


Fuentes:
EL PAÍS
CGPJ

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domingo, 17 de marzo de 2013

Priorizar los objetivos económicos en la Sanidad: Reino Unido pudo evitar 20.000 muertes en hospitales

La investigación detecta que Reino Unido pudo evitar 20.000 muertes en hospitales 
 
El asesor del Gobierno que revisa lo ocurrido en el mayor escándalo sanitario del país denuncia que las autoridades hicieron caso omiso a las alertas

La muerte de más de 20.000 pacientes de hospitales británicos podría haberse evitado si los responsables de la sanidad pública y el poder político hubieran atendido a las alertas sobre la elevada tasa de defunciones en varios centros a lo largo de la última década. Así lo ha denunciado el profesor Brian Jarman, asesor del Gobierno y uno de los responsables de la investigación del escándalo sobre las extremas negligencias por parte del personal médico, administrativo y los propios gestores del sistema, con el resultado de tantas muertes innecesarias.

La dura crítica vertida esta mañana por sir Brian Jarman ante los micrófonos de la radio BBC4 se produce apenas un mes después de que el primer ministro británico, David Cameron, entonara una disculpa pública por las malas prácticas, “verdaderamente espantosas” según sus palabras, que definieron de forma sistemática el funcionamiento de al menos 14 hospitales del NHS (el sistema de salud pública, en sus siglas inglesas); con especial ahínco en los centros del condado de Stattfordshite (centro de Inglaterra), donde los pacientes incluso se vieron privados de agua y alimentos, y cuyos índices de mortalidad durante el periodo de 2005 a 2008 superaron las previsiones estadísticas entre 400 y 1.200 personas.

Esas cifras inusualmente elevadas en Stattfordshire y otros hospitales de la geografía británica llevan 12 años en el punto de mira del equipo de Jarman, director de la unidad de investigación del Imperial College de Londres que las registra en estadísticas con carácter mensual. El profesor se ha declarado frustrado por la nula reacción de los responsables del NHS ante sus advertencias sobre esas anomalías, que también asegura haber transmitido sin éxito en 2010 al entonces ministro de Sanidad, el laborista Andy Burnham.

Si bien resulta imposible establecer que miles de pacientes habrían sobrevivido con mejor atención y tratamiento, la última investigación lanzada por el actual gobierno conservador de Cameron (después de que otras seis anteriores se saldaran con una simple crítica) sí confirmó que cuanto menos fueron víctimas de una gestión que primaba la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio. “Esos hospitales que de forma persistente han venido revelando elevadísimas tasas de mortalidad a lo largo de al menos diez años deberían haber sido investigados antes, porque es más que probable que las hubiéramos atajado”, sostiene el profesor Jarman, expresidente de la Asociación Médica Británica.

Sus palabras cobran especial resonancia cuando los familiares de los pacientes afectados siguen reclamando una depuración de responsabilidades en el sistema público de salud, frente al mero catálogo de recomendaciones para mejorar los códigos de conducta que ha publicado el gobierno de Cameron tras divulgarse la tremebunda radiografía de las disfunciones del sistema sanitario. El anuncio de que sir David Nicholson, máximo responsable del NHS y anteriormente de la cuestionada red hospitalaria de Staffordshire, no pretende abandonar el cargo ha soliviantado a los allegados de unas víctimas cuya muerte quizá no fuera inevitable.

Fuente : El País

jueves, 14 de marzo de 2013

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013. La legislación española aplicable a los desahucios vulnera la normativa comunitaria.




El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estima,  mediante sentencia dictada hoy, que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria al no garantizar suficiente protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas.

La razón es que la  legislación española no permite a los tribunales paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, sino que esta cuestión debía ventilarse en otro juicio, una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

El Tribunal acoge las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, en el Asunto C-415/11,  sobre "Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona (España) el 8 de agosto de 2011- Mohamed Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)".

En dicho asunto se estudia el caso de un consumidor que plantea la existencia de cláusulas abusivas en un contrato de préstamo con una entidad financiera -Caixa d’Estalvis de Catalunya- que ocasionó un desahucio de su vivienda por impagar las cuotas de dicho préstamo.

Las cláusulas del contrato de préstamo suscrito por el demandante disponían que el tomador del préstamo incurriría en mora automáticamente, sin necesidad de intimación o reclamación alguna, si dejase de pagar a su vencimiento, incluso por vencimiento anticipado, cualquier cantidad debida por intereses o amortización. Los intereses de demora serán liquidables día a día y se calcularon al tipo del 18,75 %.

Además, se estipulaba que la caja de ahorros podía dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo, entre otros motivos cuando venciese alguno de los plazos estipulados y el deudor no hubiese cumplido su obligación de pago de parte del capital o de los intereses del préstamo.

Se recogía también que las partes acordaban inscribir en el Registro de la Propiedad esta causa de vencimiento para, en su caso, poder reclamar judicialmente la totalidad de la deuda (capital más intereses) con arreglo a lo dispuesto en el artículo 693 de la LEC.

El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona suspendió el procedimiento, planteando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previstos en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.

2) Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden:

a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo –en este caso 33 años– por incumplimientos en un período muy limitado y concreto.

b) A la fijación de unos intereses de demora –en este caso superiores al 18 %– que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro, aun en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado.

c) A la fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables –tanto ordinarios como moratorios– realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.»

En la sentencia dictada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que "la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos".

En su fallo el Tribunal enfatiza que "el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la directiva".

"La directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo -es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una cláusula- adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final"

Ver la sentencia aquí

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martes, 12 de marzo de 2013

El Banco de España silenció ante el FROB la situación de Bankia





Esto es lo que nos cuenta hoy El País sobre el culebrón de Bankia, recogiendo las sabrosas declaraciones ante la Audiencia Nacional del Subgobernador del Banco de España -y presidente del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Ariztegui, quien llega a afirmar sobre la fusión de Bancaja y Caja Madrid que "el plan de integración de ambos era razonable, era viable y lo apoyamos”.

Leyendo lo que leemos, la situación es mucho más preocupante de lo que nos temíamos... ¿seguiremos confiando en la supervisión que (se supone que) hacen estos señores a las entidades financieras?

El Banco de España no dio al FROB la voz de alarma sobre Bankia

Javier Aríztegui, subgobernador y presidente del fondo de reestructuración, declaró al juez que no avisó de que se podía perder el dinero público invertido en la entidad

El exsubgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, era el responsable de llevar “el día a día de la supervisión”, según declaró Miguel Fernández Ordóñez, gobernador de esta institución en la Audiencia Nacional, que investiga el caso Bankia. Esta función le confiere a Aríztegui un papel clave para conocer el detalle de lo ocurrido en la crisis de Bankia, que está bajo la investigación del juez Fernando Andreu, tras haber exigido 22.424 millones de dinero público.

Además, Aríztegui, por su condición de subgobernador, ocupó otro puesto muy relevante: presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es la UVI de las entidades, y es responsable de inyectarles el dinero de los contribuyentes. A finales de diciembre de 2010, el FROB colocó 4.465 millones en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, para reforzar su capital. En septiembre de 2011, los inspectores del Banco de España analizaron la entidad y alertaron de que era muy difícil recuperar el dinero colocado. “A pesar del superávit de fondos propios existentes, se estima dudosa la devolución de fondos del FROB”, afirmaron en un informe de la inspección que vio la luz en diciembre de 2011, cinco meses después de que Bankia saliera a Bolsa.

Aríztegui conocía esta situación por ser subgobernador, pero la cuestión es si advirtió al FROB del riesgo que asumía. “¿Tomó alguna medida usted en el FROB para evitar este riesgo ante la alerta temprana de los inspectores?”, le preguntó Andrés Herzog, abogado de UPyD, uno de los denunciantes de Bankia en este caso.

Aríztegui lo negó. Justificó su actitud porque “la labor del supervisor es absolutamente confidencial, como marca la ley”. Explicó que la supervisión que hace el Banco de España en Bankia no se lo dice a la CNMV ni ningún otro organismo “porque me lo prohíbe la ley. Puedo ser subgobernador del Banco de España pero en el FROB estoy como presidente de la comisión rectora; puedo conocer la situación de Bankia y de otras entidades pero el FROB como tal no conoce eso, lo conoce el Banco de España”. 

El número dos de Ordóñez restó validez a los “informes de seguimiento” de la inspección, pese a que la mayoría de los conocidos, han sido premonitorios. “Los equipos de trabajo, 15 o 20 personas, vuelcan sus opiniones en los documentos de trabajo, el informe de seguimiento, que son de ámbito interno del Banco de España. Los informes de seguimiento son borradores de trabajo, donde sus miembros de los equipos plasman sus opiniones. No es un documento que sirve para tomar decisiones a la comisión ejecutiva para pedir por requerimientos cambios ni medidas ejecutivas”.

Pero todo esto no puede salir de los muros de esta institución. “Si los supervisores dijeran a los mercados todo lo que conocemos de las entidades, en España y todo el mundo, no existirían los mercados ni la supervisión porque los supervisores conocen la realidad”, afirmó. Por eso justificó no se realizara ningún aviso a los mercados. 

El subgobernador comentó que, pese a los apuros que sufría BFA, el Banco de España no impidió que su filial Bankia anunciara que iba a repartir dividendos por el 50% de los beneficios. “El FROB le había dado el préstamo a BFA, no a Bankia”, aclaró. 

Los inspectores también dijeron en diciembre de 2011: “La matriz BFA no es una entidad viable, diagnóstico que es compartido por el presidente de BFA” [Rato ]. “A nivel individual, cabe señalar las dudas que genera las valoraciones de las acciones de Bankia en el activo de BFA, que es un muy relevante para la solvencia”. El letrado le preguntó si él FROB valoró ese riesgo. 

Aríztegui comentó que cuando con BFA sacó a Bolsa Bankia “se analizó si se deterioraba la calidad del FROB como acreedor. Entendimos que salir a Bolsa y venderlo era ponerlo en valor para obtener el precio más adecuado. Entendimos que no había un deterioro, que era legal”. Luego llegó el desastre.

Durante toda la declaración en la Audiencia, que duró casi cuatro horas, Aríztegui negó que el Banco de España aprobara el plan de recapitalización de Rato presentado el 4 de mayo de 2012, en las vísperas de su dimisión. “Nos entregaron un borrador para que empezáramos a mirarlo. Los mercados estaban nerviosos. Europa daba mucha guerra porque el euro podía caer y la pieza estratégica era España. Si no se convencían de que trabajábamos a fondo, probablemente hubiéramos arrastrado a la moneda, era un drama”. Entonces, el ministro de Economía, Luis de Guindos, “habla con el presidente de Bankia” y tomó los mandos en la crisis, comentó. “Cuando se tomaron estas decisiones [las reuniones con los grandes banqueros que terminaron con la salida de Rato] ni el gobernador ni yo estábamos en Madrid, sino en Basilea”. 

Otro de los temas del interrogatorio fue si forzaron la fusión de Caja Madrid con Bancaja.  “Nosotros nunca casamos a nadie, lo que hicimos fue presentar a dos amigos”, resumió. “El Banco de España ni conmina ni amenaza. Bancaja quería seguir en solitario y le dijimos que su plan era irreal”. "El plan de integración de ambos era razonable, era viable y lo apoyamos”. Luego llegó la realidad y los ciudadanos pagaron la factura. 

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