Procedimiento de contratación telefónica, electrónica y telemática para el suministro de gas natural

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el procedimiento marco de contratación telefónica, electrónica y telemática para el mercado de gas natural

RESUMEN

A través de esta resolución se regula el "procedimiento marco" de contratación telefónica, electrónica y telemática en el mercado del gas natural destinado a clientes de gas natural suministrados a una presión igual o inferior a 4 bares.

  

CONTRATACIÓN TELEFÓNICA

Se entiende por contratación telefónica el conjunto de actividades simultáneas llevadas a cabo para realizar y perfeccionar un contrato a distancia utilizando para ello medios de transmisión de voz.

Conformidad del cliente

En caso de contratación telefónica la prueba documental de la conformidad del cliente será la grabación de audio en la que el cliente expresa su autorización para altas, bajas o cambios de suministrador. Dicha prueba documental, ha de quedar claro, no significa que las condiciones generales de contratación puedan ser aplicables si el consumidor no manifestó expresamente su consentimiento sobre las mismas. Lo contrario sería desconocer el régimen legal aplicable a los consumidores en virtud de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación.

Así, cláusulas que fijen condiciones de permanencia, penalizaciones por baja en el contrato anticipada, que establezcan tarifas u otras condiciones que no se han sido tratadas en la conversación telefónica, sólo quedarían integradas en el contrato, vinculando al consumidor, si éste ha tenido la oportunidad de conocerlas fehacientemente (arts. 5 y 7 a) de la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación).

La empresa comercializadora ha de mantener un registro con dichas grabaciones de audio y los números asignados a las mismas, expone la Resolución. Sin embargo el plazo de mantenimiento de dicho registro –conservando las grabaciones y números- es un misterio, ya que no se establece ninguno.

Conformidad del cliente en el procedimiento de cambio de suministrador

La grabación de audio de la conformidad del cliente incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Se informa al cliente de que la conversación se está grabando y se le pregunta si está de acuerdo con que la conversación sea grabada. La respuesta ha de ser SÍ/NO.

2. Fecha (día, mes y año), hora (hh:mm en formato de 24h) en que tiene lugar la conversación y opcionalmente el número de teléfono desde el que se conecta el cliente.

3. Se solicita al cliente que aporte o confirme la siguiente información:

a) Nombre del titular del punto de suministro, del usuario con justo título o denominación de la entidad titular, nombre y DNI del apoderado.

b) Si es el titular del punto de suministro, el usuario con justo título o el apoderado de la empresa (la respuesta tiene que ser afirmativa).

c) Dirección de suministro.

d) CUPS (Código Universal de Punto de Suministro)

e) DNI/CIF del titular del punto de suministro o del usuario con justo título.

4. Se solicita la confirmación por parte del cliente para contratar con el comercializador [se debe indicar el nombre] el suministro de gas natural, según las condiciones de la oferta realizada, las condiciones establecidas en la legislación vigente, y autorización para que el comercializador [se debe indicar el nombre] realice a tal efecto las gestiones necesarias con la empresa distribuidora (o en su caso, transportista, cuando proceda) del cliente. La respuesta ha de ser SÍ/NO. En este punto, cabe estimar que la referencia a las condiciones de la oferta realizada implica que haya existido una previa oferta y si esta conllevase la aplicación de condiciones generales de contratación, habría también que considerar la aplicación de los arts 5.3  de la LCGC y 2 y 3 del RD 1906/1999 lo que conlleva la obligación de que se faciliten las condiciones generales de contratación con tres días de antelación a la contratación realizada y se envíe el justificante de la contratación en el plazo de siete días hábiles a contar desde la fecha de dicha contratación.

5. Se informa al cliente de que la presente contratación supondrá la resolución del contrato de suministro con su anterior empresa comercializadora.

6. Se informa al cliente de que recibirá la confirmación documental de esta contratación en su domicilio, y que dispondrá a partir de entonces de un periodo de 7 días hábiles para ejercer su derecho de resolución.

7. Se informa al cliente de que su solicitud ha sido registrada con el número [se debe indicar número] y que utilice dicha referencia para futuros contactos, reclamaciones o para una posible revocación.

Conformidad del cliente en el procedimiento de alta

En el procedimiento de alta la grabación de audio de la conformidad del cliente incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Se informa al cliente de que la conversación se está grabando y se le pregunta si está de acuerdo con que la conversación sea grabada. La respuesta ha de ser SI/NO.

2. Fecha (día, mes y año), hora (hh:mm en formato de 24h) en que tiene lugar la conversación y opcionalmente el número de teléfono desde el que se conecta el cliente.

3. Se solicita al cliente que aporte o confirme la siguiente información:

a) Nombre del titular del punto de suministro, del usuario con justo título o denominación de la entidad titular, nombre y DNI del apoderado.

b) Si es el titular del punto de suministro, usuario con justo título o el apoderado de la empresa (la respuesta tiene que ser afirmativa).

c) Dirección de suministro.

d) DNI / CIF del titular del punto de suministro o del usuario con justo título.

4. Se solicita la confirmación por parte del cliente para contratar con el comercializador [indicando su nombre] el suministro de gas natural, según las condiciones de la oferta realizada, las condiciones establecidas en la legislación vigente, y autorización para que el comercializador [indicando su nombre] realice a tal efecto las gestiones necesarias con la empresa distribuidora (o en su caso, transportista, cuando proceda) del cliente. La respuesta ha de ser SÍ/NO. Respecto a las condiciones de la oferta realizada caben hacerse las mismas consideraciones que en el punto 4 anterior ( la aplicación de los arts 5.3  de la LCGC y 2 y 3 del RD 1906/1999 lo que conllevaría la obligación de que se faciliten las condiciones generales de contratación con tres días de antelación a la contratación realizada y se envíe el justificante de la contratación en el plazo de siete días hábiles a contar desde la fecha de dicha contratación).

5. Se recuerda al cliente su obligación, establecida en la legislación vigente, de permitir la entrada de la empresa distribuidora en el local o vivienda a que afecta el servicio contratado y se requiere que aporte un teléfono de contacto para proporcionar a la empresa distribuidora.

6. Se informa al cliente de que recibirá la confirmación documental de esta contratación en su domicilio, y que dispondrá a partir de entonces de un periodo de 7 días hábiles para ejercer su derecho de resolución.

7. Se informa al cliente de que su solicitud ha sido registrada con el número [se ha indicar el número] y que utilice dicha referencia para futuros contactos, reclamaciones o para una posible revocación.

Conformidad del cliente en el procedimiento de baja

En el procedimiento de baja la grabación de audio de la conformidad del cliente incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Se informa al cliente de que la conversación se está grabando y se le pregunta si está de acuerdo con que la conversación sea grabada. Respuesta ha de ser SÍ/NO.

2. Fecha (día, mes y año), hora (hh:mm en formato de 24h) en que tiene lugar la conversación y opcionalmente el número de teléfono desde el que se conecta el cliente.

3. Se solicita al cliente que aporte o confirme la siguiente información:

a) Nombre del titular del punto de suministro, del usuario con justo título o denominación de la entidad titular, nombre y DNI del apoderado.

b) Si es el titular del punto de suministro, titular con justo título o el apoderado de la empresa (la respuesta tiene que ser afirmativa).

c) Dirección de suministro.

d) CUPS (Código Universal de Punto de Suministro).

e) DNI/CIF del titular del punto de suministro o del usuario con justo título.

4. Se solicita la confirmación por parte del cliente para causar baja, en el suministro de gas natural, entendida como cese definitivo del suministro, según las condiciones establecidas en la legislación vigente, y autorización para que el comercializador [indicar nombre] realice a tal efecto las gestiones necesarias con la empresa distribuidora (o en su caso, transportista, cuando proceda) del cliente. La respuesta ha de ser Sí/NO.

5. Se recuerda al cliente su obligación, establecida en la legislación vigente, de permitir la entrada de la empresa distribuidora en el local o vivienda a que afecta el servicio contratado y se requiere que aporte un teléfono de contacto para proporcionar a la empresa distribuidora.

6. Se informa al cliente de que recibirá comunicación de la fecha en la que la baja del suministro se ha realizado y que, en su caso, el restablecimiento del suministro de gas natural requerirá la realización de una nueva alta con el pago de los derechos correspondientes.

7. Se informa al cliente de que su solicitud ha sido registrada con el número [se ha de indicar el número] y que utilice dicha referencia para futuros contactos o reclamaciones.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA

Se entiende por contratación electrónica y/o telemática el conjunto de actividades llevadas a cabo para realizar y perfeccionar un contrato a distancia, utilizando para ello medios telemáticos.

Conformidad del cliente con firma digital avanzada

En caso de contratación electrónica con firma digital avanzada la prueba documental de la conformidad del cliente será responsabilidad del comercializador, y consistirá en un fichero electrónico firmado mediante la firma digital avanzada, que puede ser comprobada ante la entidad emisora del certificado.

Conformidad del cliente sin firma digital avanzada

En caso de contratación telemática sin firma digital avanzada la prueba documental de la conformidad del cliente será un registro electrónico de los datos introducidos por el cliente en el website del comercializador.

La empresa comercializadora asignará un número a cada registro y el cliente podrá descargar e imprimir la solicitud realizada.

Conformidad del cliente en el procedimiento de cambio de suministrador

En el procedimiento de cambio de suministrador, el registro electrónico de los datos introducidos por el cliente en el website del comercializador incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Información de que los datos que introduzca en los siguientes campos se registrarán en un fichero electrónico.

2. Fecha (día, mes y año) hora (hh:mm en formato de 24h) en que tiene lugar el registro de los datos por vía telemática y dirección IP desde la que accede el cliente.

3. Introducción detallada de la siguiente información:

a) Nombre del titular del punto de suministro, del usuario con justo título o denominación de la entidad titular, nombre y DNI del apoderado.

b) Si es el titular del punto de suministro, usuario con justo título o el apoderado de la empresa (la respuesta tiene que ser afirmativa).

c) Dirección de suministro.

d) CUPS.

e) DNI/CIF del titular del punto de suministro o del usuario con justo título.

f) Conformidad de que ha leído y está conforme con las condiciones de la contratación.

4. Confirmación para contratar con el comercializador [indicar nombre] el suministro del gas natural, según las condiciones de la oferta informada, y según las condiciones establecidas en la legislación vigente, y autorización para que el comercializador [indicar nombre] realice a tal efecto las gestiones necesarias con la empresa distribuidora (o en su caso, transportista) del cliente. La referencia a las condiciones de la oferta informada, nos hace pensar que dicha información, si la oferta implicase la aplicación de condiciones generales de contratación, ha de pasar por el cumplimiento de los arts. 5.3  de la LCGC y 2 y 3 del RD 1906/1999. Piénsese en que el website es únicamente controlable por la empresa y la información de las condiciones generales de contratación ofertadas implican que éstas han sido conocidas (o pudieron serlo) realmente por el consumidor a través de un medio susceptible de conservación y a través del cual éste pueda probar la existencia de dicha oferta en un momento anterior a la propia contratación.

5. Se informa al cliente de que la presente contratación supondrá la resolución del contrato de suministro con su anterior empresa comercializadora.

6. Se informa al cliente de que recibirá la confirmación documental de esta contratación en su domicilio, y que dispondrá a partir de entonces de un periodo de 7 días hábiles para ejercer su derecho de resolución.

7. Se informa al cliente que su solicitud ha sido registrada con el número [se ha de indicar el número], que puede descargar e imprimir la solicitud realizada y que utilice dicho número de referencia para futuros contactos, reclamaciones o para una posible revocación.

Conformidad del cliente en el procedimiento de alta

En el procedimiento de alta, el registro electrónico de los datos introducidos por el cliente en el website del comercializador incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Información de que los datos que introduzca en los siguientes campos se registrarán en un fichero electrónico.

2. Fecha (día, mes y año) hora (hh:mm en formato de 24h) en que tiene lugar el registro de los datos por vía telemática y dirección IP desde la que accede el cliente.

3. Introducción detallada de la siguiente información:

a) Nombre del titular del punto de suministro, del usuario con justo título o denominación de la entidad titular, nombre y DNI del apoderado.

b) Si es el titular del punto de suministro, usuario con justo título o el apoderado de la empresa (la respuesta tiene que ser afirmativa).

c) Dirección de suministro.

d) DNI / CIF del titular del punto de suministro o del usuario con justo título.

e) Conformidad de que ha leído y está conforme con las condiciones de la contratación.

4. Confirmación para contratar con el comercializador [indicar nombre] el suministro del gas natural, según las condiciones de la oferta informada, las condiciones establecidas en la legislación vigente, y autorización para que el comercializador [indicando nombre] realice a tal efecto las gestiones necesarias con la empresa distribuidora (o en su caso, transportista) del cliente. Caben hacer las mismas consideraciones, en este punto relativo a “las condiciones de la oferta realizada”,  que las referidas anteriormente en los puntos nº 4.

5. Se recuerda al cliente su obligación, establecida en la legislación vigente, de permitir la entrada de la empresa distribuidora en el local o vivienda a que afecta el servicio contratado y se requiere que aporte un teléfono de contacto para proporcionar a la empresa distribuidora.

6. Se informa al cliente de que recibirá la confirmación documental de esta contratación en su domicilio, y que dispondrá a partir de entonces de un periodo de 7 días hábiles para ejercer su derecho de resolución.

7. Se informa al cliente de que su solicitud ha sido registrada con el número [indicando  el número], que puede descargar e imprimir la solicitud realizada y que utilice dicho número de referencia para futuros contactos, reclamaciones o para una posible revocación.

Conformidad del cliente en el procedimiento de baja

En el procedimiento de baja, el registro electrónico de los datos introducidos por el cliente en el website del comercializador incluirá como mínimo la siguiente información:

1. Información de que los datos que introduzca en los siguientes campos se registrarán en un fichero electrónico.

2. Fecha (día, mes y año) hora (hh:mm en formato de 24h) en que tiene lugar el registro de los datos por vía telemática y dirección IP desde la que accede el cliente.

3. Introducción detallada de la siguiente información:

a) Nombre del titular del punto de suministro, del usuario con justo título o denominación de la entidad titular, nombre y DNI del apoderado.

b) Si es el titular del punto de suministro, titular con justo título o el apoderado de la empresa (la respuesta tiene que ser afirmativa).

c) Dirección de suministro.

d) CUPS.

e) DNI/CIF del titular del punto de suministro o del usuario con justo título.

4. Confirmación para causar baja, en el suministro de gas natural, entendida como cese definitivo del suministro, según las condiciones establecidas en la legislación vigente, y autorización para que el comercializador [indicar nombre] realice a tal efecto las gestiones necesarias con la empresa distribuidora (o en su caso, transportista, cuando proceda) del cliente.

5. Se recuerda al cliente su obligación, establecida en la legislación vigente, de permitir la entrada de la empresa distribuidora en el local o vivienda a que afecta el servicio contratado y se requiere que aporte un teléfono de contacto para proporcionar a la empresa distribuidora.

6. Se informa al cliente de que recibirá comunicación de la fecha en la que la baja del suministro se ha realizado y que, en su caso, el restablecimiento del suministro de gas natural requerirá la realización de una nueva alta con el pago de los derechos correspondientes.

7. Se informa al cliente de que su solicitud ha sido registrada con el número [indicar número], que puede descargar e imprimir la solicitud realizada y que utilice dicho número de referencia para futuros contactos o reclamaciones.

Confirmación documental de la contratación efectuada y derecho de resolución

La empresa comercializadora remitirá al usuario justificación documental relativa a la contratación donde deberán figurar todos los términos de dicha contratación, expone la resolución. Sin embargo, no se hace referencia al tipo de soporte a emplear que debe permitir, en todo caso, su inalterabilidad y conservación.

En el caso de las bajas la empresa comercializadora remitirá al usuario una comunicación de la fecha en la que la distribuidora ha realizado la baja del contrato de suministro solicitada por el usuario.

En los casos de altas y cambios de suministrador el cliente dispondrá de un plazo de 7 días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno.

En dichos casos, junto con la justificación de la contratación se informará al consumidor de su derecho de resolución del contrato y del plazo para ello. Asimismo, las empresas comercializadoras deberán proporcionar al cliente la posibilidad de ejercer su derecho de resolución al menos por el mismo medio mediante el que se realizó el contrato. En cualquier caso, las comercializadoras deberán entregarle un documento de resolución, identificado claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a quién debe enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.

Nuevos precios de venta de gases licuados del petroleo por canalización

Mediante la Resolución de 6 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, se publicaron los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

Dicha resolución establece que, a partir de hoy, los precios de venta de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo (GLP) según modalidad de suministro serán los siguientes:

Usuarios finales:

- Término fijo: 1,51 euros/mes.

- Término variable: 103,0195 cents./kg

Suministro a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización:

89,0333 cents./kg.

Estos precios, al ser antes de impuestos, no incluyen el Impuesto sobre Hidrocarburos y sobre el Valor Añadido, en el caso de la Península e Islas Baleares ni el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario, en el caso del Archipiélago Canario.

Consultar los precios anteriores de los gases licuados del petróleo:

• Marzo 2011
• Enero 2011
• Junio 2010

Videovigilancia que atenta contra los derechos a la intimidad y a la propia imagen. “Si las cámaras se ríen de tus derechos, denuncia”

 

Autora: Gemma Galdon Clavell

Fuente: Diario Público

Hace unos días, la Audiencia Nacional confirmó la multa impuesta a El Corte Inglés de Málaga por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por grabar con 8 cámaras ‘domo’ (360º de movilidad y función zoom, nada menos) a coches, personas y espacio público desde su fachada.  La prepotencia mostrada por el centro comercial en el primer recurso, llegando a negar la existencia de un fichero con datos personales y solicitando poder grabar la vía pública desde cada uno de sus centros en España, más el hecho de que lo que permitió la intervención de la AEPD fue la denuncia de un particular, me anima a escribir un post sobre cómo denunciar la existencia de cámaras que vulneren derechos.

 Algunos datos clave:

.- En nuestro país, sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden instalar y monitorizar cámaras de videovigilancia que capten imágenes del espacio público.

- En muchos casos, los edificios públicos cuentan con seguridad privada, con lo que sus cámaras no pueden enfocar más que la fachada y entradas, jamás la calle u otros edificios colindantes.

- Las cámaras privadas (aunque estén en edificios públicos) sólo pueden grabar imágenes de espacios privados, y si las imágenes se conservan (30 días como máximo) debe registrarse el fichero en la AEPD.

- En todos los casos deben existir carteles informativos y los ciudadanos y ciudadanas podemos pedir el acceso a las imágenes en las que aparezcamos, y su cancelación. Nuestra imagen nos pertenece.

 Las Agencias de Protección de Datos no acostumbran a actuar de oficio en cuestiones de videovigilancia, por lo que es clave la denuncia de un particular para que realicen la comprobación de que se respeta la legislación. En el formulario de denuncia basta con relatar brevemente los hechos, y se pueden aportar fotografías u otra documentación.

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La inexistencia de carteles, el enfoque de cámaras gestionadas por seguridad privada o particulares al espacio público (las cámaras como las de la fotografía, conocidas como domo, tienen visión 360º y zoom) o el no registro de la existencia de ficheros en la AEPD son pues hechos denunciables por ignorar la legislación y vulnerar derechos fundamentales. Y la denuncia es importante para poner coto a la tormenta perfecta que articulan empresas de seguridad que instalan y gestionan sistemas que no respetan la ley, propietarios de comercios que creen que la calle les pertenece, particulares que juegan a ser policías y una administración que hace caer en el ciudadano la responsabilidad de actuar para defender sus derechos.

Es David contra Goliat, vale, pero no está mal tener piedrecillas para ir poniendo en el tirachinas.

+ info: Guía de videovigilancia de la AEPD

Nota: Resulta de interés en la materia la Instrucción 1/2006, de 12 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras   cuyo art. 4 dispone lo siguiente:

1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras. 

2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.

Sobreendeudamiento y morosidad de los consumidores. "Siento que llevo en la frente el letrero 'Soy morosa", reportaje de Carmen Pérez-Lanzac

 

Fuente: El País

La mayoría de las personas con deudas viven con congoja su situación y el acoso de las empresas de recobro. Ante el hostigamiento buscan información y comparten experiencias en foros de Internet. Algunos denuncian los abusos que detectan

 

La crisis ha disparado la morosidad y 800 empresas han florecido al cobijo de las deudas ajenas. EL PAÍS dedica una serie de reportajes a un sector opaco cuya actividad no está regulada en España. 

De un plumazo, los ingresos de la familia Sanz se redujeron a la mitad: De una media de 2.600 euros mensuales a 1.400. De un día para otro. Sin piedad. Una cantidad insuficiente para hacer frente a hipoteca de 1.200 euros y a las cuotas de dos préstamos de 10.000 y 40.000 euros. Como miles de familias, los Sanz (que no quieren dar su auténtico apellido) se encontraron de pronto en un callejón sin salida.

"Nunca me había imaginado llegar a día 5 con 20 euros en el monedero", cuenta Alba (no es su nombre real), la angustiada madre de la familia Sanz, con dos niños pequeños. "Yo hasta ahora me había dedicado a cuidar de mis hijos, pero al ver cómo caían los ingresos de mi marido me he puesto a buscar trabajo como una loca, pero sólo hace que me sienta más inútil, porque no me sale nada. Me acuerdo de cuando nos ofrecieron el préstamo en el que podríamos meter el coche y los muebles y todo sería maravilloso. Pensamos que era excesivo, pero el del banco no paró hasta convencernos. Además, nos dio dos tarjetas Visa Oro "por si teníamos algún apuro". "Ahora las caras sonrientes de los del banco se han vuelto muy serias", continúa Alba. "Moralmente estamos hundidos, nos cuesta relacionarnos, no tenemos ánimos para nada. Una mami del cole de mis hijos trabaja en un banco y desde que estoy en un listado de morosos me es imposible hablar con ella a gusto, no paro de pensar que sabe el follón que en el estamos metidos, y me pasa lo mismo con mis vecinos... Siento como si llevara en la frente el letrero: 'Soy morosa".

Y el teléfono empezó a sonar

Cuando empezaron los problemas, los teléfonos de Alba y su marido empezaron a sonar: "Nos llaman sin parar para que paguemos. Les contamos la situación en la que estamos, pero hacen oídos sordos. Te hablan sin educación. Que si usted no quiere pagar, que si usted se comprometió... ¿Nadie se da cuenta de que dicen que estamos en crisis? ¿No ven que mis impagos son producto de la situación de un país? Todos los días llaman cuatro y cinco veces para decir lo mismo, lo que te crea una tensión y una impotencia descomunales. Llaman a las 7 de la mañana y a las 12 de la noche, como si fueras un trapo viejo o un delincuente. Han llamado a mis padres, a mi marido le dijeron que se presentarían en su empresa. A un vecino le dijeron que tenían una cosa urgente que decirme y le dieron un teléfono para mí, una forma de decir 'Estamos aquí, sabemos donde vives".

Un día, Alba y su marido recibieron del juzgado una notificación que les informaba del embargo de su coche y de su piso. La nómina de su marido ya tiene un embargo de 500 euros por parte de una de las entidades que en su día les concedió un préstamo, ¿era un segundo embargo posible? ". Te sientes muy mal y solo", dice Alba, que angustiada y desorientada, buscó información en Internet y expuso su problema en un foro de morosos.

Internet se ha convertido en un refugio donde los deudores buscan respuestas a los problemas que les quitan el sueño. Alba es habitual de uno de los foros de morosos más populares, que pertenece a la web del colectivo Crisis, que promueve el decrecimiento económico y que cuenta entre sus miembros y fundadores al activista Enric Durán. Este catalán de 35 años protagonizó en 2009 una "estafa antisistema": obtuvo 492.000 euros de 68 créditos (de 39 entidades bancarias). Su objetivo, era "denunciar el sistema bancario y demostrar su vulnerabilidad". Con el dinero, que nunca devolvió (pasó unas semanas en la cárcel), este Robin Hood de la banca (así le apodaron) pagó la impresión de 350.000 ejemplares de una publicación en la que explicaba su experiencia: "Es una demostración de cómo la banca promueve el endeudamiento de las familias por encima de cualquier control y de cualquier medida de prevención de riesgos y de sentido común", en palabras del propio Durán, que en estos momentos está entregado a la cooperativa antisistema a la que pertenece. Dice que todavía le llaman a veces para que pague, pero también para ofrecerle créditos.

"El lunes dejo de pagar, pero tengo miedo"

Entre las dudas que llegan a este foro, uno encuentra desvelos como los que siguen: "El lunes dejo de pagar la hipoteca, pero tengo miedo.... ¿podrá el banco meterme en la cárcel si dejo de pagar aun sabiendo que estoy cobrando el paro?". "¿Puede ser considerado un delito el estar en lista de morosos para opositar a policía nacional? Tengo 21 años y estoy muy agobiado". "Tengo deudas en España. ¿Me pueden embargar mi nómina en Argentina? Estoy desesperada".

Estas preguntas normalmente reciben los consejos de otros usuarios que o bien ya pasaron por el mal trago, o están mejor informados o necesitan un desahogo. Si el embargo es inevitable, también aportan consejos para "minimizar los daños". Laselai es el apodo de una de las mujeres más activas en este foro, que ella también descubrió cuando empezó a tener deudas: "Mis padres enfermaron y para cuidarles tuve que dejar mi trabajo y mudarme de ciudad, tuve que dejar de pagar", explica. Todas las tardes, Laselai echa un rato ante el ordenador: "La gente escribe desesperada, como la primera vez que yo lo hice, que acababa de recibir una citación del juzgado. Intento tranquilizarles, pero contándoles las cosas como son. Y lo primero que les digo es que nadie es un delincuente por deber un dinero".

Alba explica por escrito qué tipo consuelo ha encontrado ella en este foro: "Para mí es una salida, un sitio donde nos reímos de los que no paran de llamarnos por teléfono, y un lugar donde encontrar información de todo este mundo de embargos e intentar entender lo que me dice el juez en esos tacos de papeles, porque no me puedo permitir un abogado. También me ha ayudado a establecer unas prioridades de pago: primero, vivir dignamente (es decir, la luz, el agua y la comida) y lo otro, pues como pueda".

Una vez informados de las complicaciones de su nueva situación, muchos deudores -que no están de acuerdo con la cantidad que se le reclama, con los métodos usados por las empresas de recobro o por cómo se les ha localizado -se animan a reclamar. En la OCU han detectado un aumento en el número de consultas sobre los listados de morosos (1.700 el año pasado) y en la Agencia Española de Protección de Datos se han duplicado las denuncias relacionadas con el cobro de morosos.

Las comisiones por retrasos

Otro portal bastante activo es el foro Antiusura, creado hace un año y medio por un economista, dos funcionarias y un profesor. Este foro, que recibe unas 15.000 visitas únicas mensuales, se ha especializado en informar sobre las comisiones que entidades y financieras suelen cobrar cuando el cliente se retrasa en el pago de alguna cuota. Además, detallan qué pasos hay que seguir para recuperarlas en caso de que no se hayan aplicado de forma correcta. "Mucha gente cobra el paro el día 10, pero la hipoteca se la pasan el día 1 o el 5", explica la usuaria Ocnur (que prefiere no dar su nombre real), una de las creadoras del foro. "Por esos días de retraso, las entidades cobran cada mes una comisión de unos 30 euros. Unas veces se llama Comisión por reclamación de recibo vencido, otra Comisión por cuota impagada o Comisión por reclamación de deuda. Son legales, pero muchas veces están siendo mal aplicadas por parte de los bancos, que, según la normativa del Banco de España, antes de cobrarlas deben informar al titular de forma fehaciente".

El Banco de España fija unos requisitos para poder cobrar estas comisiones, cuyo objeto, según sus propios criterios, "es la recuperación de los costes que debe soportar la entidad a consecuencia de las gestiones necesarias para la recuperación de dichos saldos o cuotas". Para poder aplicarla, "deben figurar expresamente en el contrato de la correspondiente operación" y la entidad "debe acreditar que el devengo de la comisión está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor". Además, la entidad advierte de que la aplicación automática de esta comisión "no constituiría una buena práctica bancaria". En caso de que no se cumplan estos criterios, los usuarios tienen hasta 15 años para reclamar su devolución (en algunos casos, con compensación)."Mucha gente que lo está pasando fatal para llegar a fin de mes no tenía ni idea de esto y por poco que logren recuperar supone muchísimo para ellos", continúa Ocnur. "A veces incluso les ayuda a ponerse al día con los pagos pendientes".

Los casos de Benjamín y Bob

Así les ha sucedido Benjamín y Bob, dos usuarios de este foro (que no quieren dar su nombre completo). Benjamín se vio en apuros tras avalar varios créditos de sus padres, que en 2006 abrieron un negocio. "Cuando dejaron de poder pagar, sus acreedores se volvieron contra mí. Y mi salario da hasta donde da, así que un mes pagaba la hipoteca, al mes siguiente pagaba la letra del coche y así iba tirando hasta que no pude más. Era o pagar los préstamos o comer. Dejé de pagar y las llamadas se volvieron más insistentes", continúa Benjamín. "Cuando empezaron a buscarme en el trabajo, reaccioné, me puse a leer y di con el foro antiusura, donde me enteré de que cabía la posibilidad de que el banco tuviera que devolverme las comisiones que me había estado cobrando durante el tiempo en que me vi obligado a aplazar el pago de la hipoteca para devolver los créditos de mis padres. Puse las reclamaciones correspondientes y logré que me devolvieran 2.000 euros que me permitieron ponerme por fin al día con la hipoteca. Y tengo cuatro reclamaciones más admitidas a trámite".

En el caso de Bob los problemas se desencadenaron cuando le despidieron de la fábrica en la que llevaba años trabajando. "A partir de ese momento empezamos a pagar la hipoteca con el sueldo de mi mujer, pero como ella cobra más tarde, en lugar del día 1 pagábamos el 4 o el 5. El banco nos cobraba puntualmente comisiones por ese retraso, y nos metimos en una espiral: nunca lográbamos ponernos al día con los pagos, no levantábamos cabeza. Un día mandaron a alguien al trabajo de mi mujer y exploté. Me puse a buscar orientación en Internet y descubrí el tema de las comisiones. Logré que me devolvieran 1.500 euros".

El foro lleva cada mes la suma del dinero que sus miembros logran que les sea devuelto. En marzo han recuperado más de 20.000 euros. Desde el Banco de España no disponen del dato desglosado, pero informan de que en los últimos dos años ha habido un "aumento significativo" de este tipo de reclamación.

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Los islandeses son unos irresponsables, por Isaac Rosa

Fuente: Diario Público

 “Se eligió la peor opción. Debemos hacer todo para evitar un caos político y económico a consecuencia del resultado.” 
 Johanna Sigurdardottir, primera ministra de Islandia.

Vamos a tener que tomar medidas más drásticas para hacer entrar en razón a los islandeses, que han vuelto a rechazar comerse las deudas de los bancos. Por ahora les amenazan con llevarlos a los tribunales, cerrarles la puerta de Europa y que Moody’s les rebaje el rating. Si aún así se resisten, habrá que mandar a la OTAN, porque otra cosa ya no se me ocurre para que actúen como ciudadanos responsables.

Es lo que pasa por dejar que la gente decida. Los de a pie somos por naturaleza irresponsables, porque a diferencia de la clase política no tenemos sentido de Estado. Por eso es mejor dejar las decisiones importantes en manos de los expertos o los gobernantes, siempre más responsables.

Algo parecido ha pasado en Eslovenia: el parlamento aprobó una reforma laboral, y la presión popular logró un referéndum. ¿Y qué creen que ha pasado? Pues que un 82% la ha rechazado. Y pronto votarán también la de pensiones.

¿Se imaginan que a los españoles nos consultasen sobre la reforma laboral, de pensiones o de las cajas? Por suerte somos un país serio, con una clase política responsable y con sentido de Estado, y leyes que dificultan convocar referéndums a tontas y a locas, porque lo más probable sería que nos equivocásemos y votásemos en contra de lo que los mayores, perdón, los dirigentes, saben que es mejor para nosotros.

No sabemos si en Islandia habrá un tercer referéndum, o acabará decidiendo el parlamento. Ya pasó con la constitución europea: en cuanto la rechazaron en Francia y Holanda, se desechó la idea de ratificarla en referéndum, y el nuevo tratado lo aprobaron por vía parlamentaria todos los países salvo Irlanda, donde hubo que votar dos veces para que no se equivocasen los ciudadanos.

Quienes no tienen ya estos problemas son los portugueses. Ellos no votarán sus planes de ajuste, y aunque elijan a sus gobernantes, tampoco éstos decidirán la política económica, por si no son lo bastante responsables. Hoy reciben la visita del FMI, el BCE y la Comisión, gente seria donde las haya, y que les dirán qué es lo que más les conviene.

Una lección de democracia, por Juan Carlos Escudier

Fuente: Diario Público

Islandia ha vuelto a decir en referéndum que pague Rita los platos rotos de sus banqueros, y su obstinación ha colmado la paciencia del Reino Unido y Holanda, que adelantaron compensaciones por 4.000 millones de euros a sus nacionales afectados por la bancarrota y ahora no ven la forma de cobrarse la factura. Los irreductibles islandeses no dejan de transmitirnos enseñanzas: dejaron quebrar a sus bancos, probablemente porque no había en el mundo salmones suficientes para cubrir la pella, metieron en la cárcel a los banqueros, derribaron al Gobierno y modificaron la Constitución para constituir un órgano ciudadano de control al poder ejecutivo.

Lo más interesante de la revolución islandesa es el retorno a la democracia directa, lo que implica que decisiones como asumir una deuda que obligaría a cada contribuyente a apoquinar 100 euros al mes durante 37 años deban someterse al escrutinio popular. Esta vuelta a los orígenes no implica resucitar a Pericles, pero se antoja la única manera de resolver el divorcio entre la sociedad y sus representantes, que cada vez con más frecuencia entienden que ganar unas elecciones les permite hacer de su capa un sayo y de su programa un tratado de papiroflexia para principiantes.

No se entiende que en un momento en el que la tecnología hace posible especular en Bolsa dándole a un tecla o presentar por Internet la declaración de la renta haya quien siga manteniendo que la democracia directa es lenta y cara, y se oponga a que los ciudadanos se pronuncien en tiempo real sobre decisiones capitales que afectarán a sus vidas. Sin banalizar el instrumento preguntando por el color del traje regional o sobre si las mezquitas han de tener minaretes como hacen los suizos, se recuperaría el interés por los asuntos públicos y los espectadores serían por fin protagonistas de su obra.

Se evitaría así esa práctica tan extendida de gobernar democráticamente contra el criterio de los gobernados. Sería el fin de los lobbies y los poderes fácticos, y nos ahorraríamos más de una guerra y muchas “decisiones difíciles”. Es lógico que no despierte entusiasmo.

Ni Verdes, ni Liberales, ni Conservadores, ni Socialdemócratas han podido con el pueblo: Islandia dice otra vez NO al suicidio financiero al que le conminaba la Unión Europea

Autor:  Michael Hudson 

Fuente: Sinpermiso

"…para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías."

"Votando NO en el referéndum del 9 de abril lo que la población islandesa dice a los negociadores financieros de Europa es: '¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros'."

Ayer, 9 de abril de 2011, el pueblo islandés ha vuelto a decir "No" en un referédum de la mayor importancia, no sólo para los destinos de la economía y aun de la nación septentrional, sino para el futuro de la democracia y de la economía del continente europeo. El pueblo islandés tenía que votar sobre el frívolo y poco meditado acuerdo al que el gobierno verde y socialdemócrata había llegado con la UE para hacerse cargo de las enormes deudas contraídas con clientes privados británicos y holandeses por el banco privado Icesave. Asombra el espectáculo, común a toda Europa, de unos Parlamentos más y más divorciados de la opinión pública y el creciente descrédito de lo que ha dado en llamarse la "clase política". En este artículo, escrito con su lucidez y perspicacia habituales dos días antes de que se celebrara el referéndum y a propósito del mismo, Michael Hudson analiza lo que anda en juego en la economía y en la política europeas de nuestros días.

Un combate epocal se desarrolla este fin de semana en Islandia. El sábado, 9 de abril, los islandeses votan en referéndum si someten o no a su econonomía a décadas de miseria, bancarrota y emigración forzosa de su fuerza laboral. Al menos, ese es el programa defendido por la actual coalición gobernante de Verdes y Socialdemócratas, que urgen a votar Sí al rescate del banco Icesave. Su política de rendición financiera se traga el cabildeo del Banco Central Europeo a favor de una desregulación neoliberal que llevó a la burbuja inmobiliaria y al endeudamiento apalancado, presentándola como si de una historia de éxitos se tratara, y no, como es el caso, de un proceso que ha terminado por llevar a Islandia a la servidumbre por deuda. La verdad es que se trató de un gigantesco fraude bancario, de una orgía de ventajistas que jugaban con información interna privilegiada: los ejecutivos bancarios se prestaban el dinero a sí mismos, dejando una cáscara vacía: así, decían, funcionan los "mercados libres". Se recomendaba el endeudamiento como vía para hacerse rico. El precio que pagó Islandia fue un desplome del 70% del valor de sus viviendas (en un país en el que [como en España] los deudores hipotecarios son personalmente responsables de su deuda, cualquiera que llegue a ser el valor de la vivienda), un PIB en caída libre, un creciente desempleo, quiebras y desahucios. 

Para poner el voto del sábado 9 en perspectiva, vale la pena ver qué cosas parecidas han ido pasando en el último año en toda Europa. Para no iniciados, durante ese año se ha popularizado un nuevo acrónimo, PIIGS, para referirse a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Grecia

La erupción comenzó en Grecia. Una de las herencias del régimen de los coroneles fue la evasión fiscal de los ricos. Eso llevó a déficits presupuestarios, y los bancos de Wall Street ayudaron al gobierno [conservador griego] a esconder su deuda pública en una contabilidad basura de "libre empresa". Luego, los acreedores alemanes y franceses hicieron una fortuna elevando las tasas de interés que Grecia tenía que pagar por su acrecido riesgo crediticio.

Se le dijo a Grecia que tenía que levantar los ingresos fiscales con impuestos a los trabajadores y haciendo pagar más por los servicios públicos. Eso aumenta el coste de la vida y el coste de hacer negocios, quitando competitividad a la economía. La respuesta de manual neoliberal es ésta: hay que convertir a la economía toda en una enorme colección de puestos de peaje. La idea es atacar el empleo público rebajando los salarios de los funcionarios, a fin de presionar a la baja los salarios del sector privado, al tiempo que se recortan servicios sociales básicos y se eleva el coste de la vida introduciendo cargos de peaje en las autiovías y en otras infraestructuras básicas. 

Los Tigres Bálticos fueron pioneros en eso, y deberían ser una advertencia para el resto de Europa. Letonia batió todas las marcas en 2008-09 cuando, plegándose a los dictados del Comisario europeo de economía y moneda, Joaquín Almunia, destruyó un 25% de su PIB y recortó los salarios públicos en un 30%. Letonia no recuperará los niveles precrisis de PIB que tenía en 2007 hasta por lo menos 2016: toda una década perdida, despilfarrada en una penitencia financiera resultante de haber creído en las fantasías neoliberales de que su burbuja inmobiliaria era una proceso prometedor de rebosante éxitos.

En otoño de 2009, el primer ministro socialista George Papandreu prometió en una cumbre de la UE que Grecia no quebraría por causa de un volumen de deuda de 298 mil millones de euros, pero advirtió: "Nosotros no hemos llegado al poder para desmantelar el Estado social. No serán los trabajadores asalariados quienes paguen por esta situación: ni congelaremos salarios ni, mucho menos, los recortaremos". Sin embargo, para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías.

El programa de la UE y del FMI inspira la versión actual de los desórdenes inducidos por el FMI" en América Latina en los 70 y 80 del siglo pasado. Almunia, el verdugo de la economía letona, exigió unas "reformas" que pasaban por recortes en la asistencia sanitaria, en las pensiones y en el empleo público, "reformas" acompañadas de una proliferación de impuestos, gravámenes y peajes de carretera y en otras infraestructuras básicas. 

La palabra "reforma" se ha convertido en un eufemismo para hablar de la jibarización del sector público y de la privatización de activos públicos, liquidados a precio de ganga en beneficio de los acreedores. Esa política inspiró en Grecia una rebelión de desobediencia civil –"yo no pago"— que terminó por convertirse en "un movimiento antiausteridad de alcance nacional. Los partidarios de ese movimiento se niegan a pagar los peajes de las autopistas; en Atenas, se suben sin billete al metro y a los autobuses para protestar contra un 'injusto' aumento del 40% en los viajes". (Kerin Hope, "Greeks adopt 'won't pay' attitude," Financial Times, 10 marzo 2011.) Ni que decir tiene, los policías simpatizan lo bastante con el movimiento, como para abstenerse de poner multas.  

Un artículo aparecido en [el rotatiivo parisino] Le Monde acusó al plan de la UE y el FMI de "cabalgar por encima de las más elementales reglas de la democracia. De ponerse por obra ese plan, resultaría en un colpaso de la economía y de los ingresos de la gente sin precedentes en Europa desde los años 30. Salta igualmente a la vista la colusión entre los mercados, los bancos centrales y los gobiernos para hacer pagar a los pueblos la factura del capricho arbitrario del sistema".

Irlanda

Irlanda es la economía más golpeada de la Eurozona. El partido inveteradamente gobernante, el liberal Fianna Fail [en coalición con Los Verdes] aceptó en su día incorporar las pérdidas bancarias a la contabilidad pública, imponiendo lo que tiene el aspecto de convertirse en décadas de austeridad (y en la mayor emigración forzosa desde la Hambruna de la Patata, a mediados del siglo XIX). Los votantes respondieron echando del gobierno al partido liberal –que perdió dos tercios de sus escaños en el Parlamento— y haciendo desaparecer del panorama político al Partido Verde, mientras el principal partido opositor, el democristiano Fine Gael, prometía a finales del pasado noviembre renegociar un préstamo de rescate de la UE y el FMI por un montante de 115 mil millones de dólares y el correspondiente programa de austeridad. 

Un editorial del Financial Times se refirió al paquete de rescate –un eufemismo para la destrucción financiera— como la degradación de una nación a la condición de "esclavitud escriturada". Los euroburócratas "pretenden que el contribuyente irlandés eche más dinero en los agujeros abiertos por los bancos privados. Como parte del rescate, Dublín tendrá que ir consumiendo un fondo de pensiones creado en los días en que Berlín y París estaban violando las reglas de Mastricht (…) mientras se sacraliza a los tenedores de bonos y las apresuradas liquidaciones de activos aumentan el riesgo de que pérdidas aún mayores sean cargadas sobre las espaldas del contribuyente". Lo único que auguran las promesas de la UE de renegociar el acuerdo son concesiones engañosas que no lograrán rescatar a los trabajadores y a la industria irlandeses de tener que pagar la factura de los préstamos temerariamente concedidos por la banca privada nacional. Las opciones de Irlanda, así pues, se reducen o a rechazar o a aceptar las exigencias de la Comisión Europea de "salvar la integridad de los banqueros" a expensas del trabajo y de la industria. La cosa recuerda la célebre sentencia de William Nassau Senior –el que sucedió a Malthus en la cátedra del East India College— cuando, informado de que en la Hambruna de la Patata habían muerto en Irlanda un millón de personas, repuso impertérrito: "No son suficientes". Ya se ve que la teoría económica basura de los neoliberales goza de un largo pedigrí.

Se ha alterado radicalmente la idea de la soberanía nacional, y aun el supuesto básico subyacente a toda la teoría política: la premisa de que los gobiernos actúan conforme al interés nacional.

Se calcula que los intereses servidos por el gobierno irlandés –por un monto de 10 mil millones de euros— absorverán el 80% de los ingresos fiscales recaudados por el gobierno en 2010. Eso está más allá de la capacidad de supervivencia de cualquier Estado o de cualquier economía. Significa que todo el crecimiento va a ir a parar, como tributo, a la UE por haber rescatado a temerarios banqueros alemanes, y de otros países, que ni siquiera se percataron del hecho aparantemente palmario de que las deudas que no se pueden pagar, nunca se pagan. El problema es que, mientras van percatándose de eso, las economíaas serán destruidas, los activos, aventados, el capital, esquilmado, y el trabajo, obligado a emigrar. Letonia es el emblema de todo eso, con un tercio de su población entre 20 y 40 años que ya ha emigrado o planea hacerlo en los próximos años. 

La argentinización de Europa

La pesadilla de la UE es que los votantes puedan despertar como terminaron despertando los argentinos cuando se les anunció oficialmente que los consejos neoliberales que les habían venido dando los asesores estadounidenses y del FMI habían destruido la economíaa argentina. El pago de la deuda era imposible. Y llegados a ese punto, no tuvo Argentina demasuiadas dificultades para depreciar en un 70% el valor de la deuda contraida con acreedores extranjeros. Su economía está ahora en auge, precisamente porque, emancipada de sus cuervos financieros, vuelve a ser digna de crédito. 

Algo muy parecido ocurrió en América Latina y otros países del Tercer Mundo luego de que México anunciara que no podría pagar su deuda exterior en 1982. Se produjo una oleada de quiebras, lo que generó negociaciones para la depreciación de la deuda, culminando con los bonos Brady. Los EEUU y otros acreedores calcularon con realismo lo que los deudores estaban en condiciones de pagar. Y substituyeron los viejos créditos bancarios, irresponsablemente concedidos, por nuevos bonos. Los EEUU y otros miembros del FMI consideraron todo un éxito esas depreciaciones.

Pero a Irlanda, Grecia e Islandia se les cuentan ahora historias terroríficas sobre lo que podría ocurrir, si sus gobiernos se negaran a cometer suicidio financiero. Se teme, claro, la rebelión de los deudores, lo que llevaría a la Eurozona a desmembrarse por la resistencia a que las economías financiarizadas entreguen durante años y años todo su excedente a los acreedores, sometiéndose a las exigencias bancarias de sacrificar toda una generación a la austeridad, el encogimiento y la emigración. 

El referedum islandés y la pesadilla de la Comisión europea: la rebelión de los deudores

Y ese es el asunto que se dirime este sábado [9 de abril de 2011] en el referéndum islandés. Es la cuestión a la que se enfrenta el conjunto de los votantes europeos: ¿tienen las economías de nuestros días que sujetarse a los bancos y rescatarlos con recursos públicos de préstamos temerariamente concedidos? ¿O hay que purgar al sistema financiero para que, al revés, sirva a la economía y contribuya a elevar los niveles de vida, en vez de imponer austeridad?.

Parece una ironía que los partidos socialistas (España, Grecia), el Partido Laborista británico y varios partidos socialdemócratas se hayan desplazado hacia el extremo probanquero derechista del espectro político, comprometiéndose a imponer una austeridad hostil al mundo del trabajo, no sólo en Europa, sino también en Nueva Zelanda (el emblema de las privatizaciones thatcheritas en los 90) y aun Australia. La política de reducción de los servicios sociales públicos y de apostar por las privatizaciones es diametralmente opuesta a sus posiciones de hace un siglo. ¿Cómo llegaron a divorciarse a tal punto de los trabajadores, sus originarios votantes? Diríase que su función actual es la de imponer cualesquiera políticas derechistas que los partidos conservadores no se avilantan a desarrollar: un poco como Obama, neutralizador de posibles alternativas del Partido Demócrata al cabiledeo Republicano a favor de políticas económicas à la Rubin [el célebre alto ejecutivo del banco privado Goldman Sachs que, como secreterio del Tesoro norteamericano, determinó toda la política económica de los gobiernos de Bill Clinton; T.].

¿Incauta credulidad? Puede que ése haya sido el caso en Rusia, cuyos dirigentes parecían tener poca idea de cómo defenderse de los destructivos consejos de los chicos de Harvard y de Jeffery Sachs. Pero hay algo menos incauto y más intencional en la política del Partido Laborista británico de pasar a Thatcher por la derecha en punto a privatización de ferrocarriles y otras infraestructuras económicas clave a través de su "Sociedad Público-Privado". Es la actitud que llevó a a Gordon Brown a esgrimir la amenaza de bloquear la entrada de Islandia en la UE, si los votantes islandeses se oponían a rescatar lo que no era sino el fracaso de la neoliberal agencia británica aseguradora de bancos a la hora de prevenir que los báncsters saquearan Icesave. El pasado fin de semana, medio millón de ciudadanos británicos marcharon por las calles de Londres protestando contra los anunciados recortes de servicios sociales, educación y transporte, así como contra los aumentos de impuestos destinados a pagar los rescates de Gordon Brown de bancos privados como el Northern Rock y el Royal Bank of Scottland. La carga la soportarán los trabajadores y la industria, no la clase financiera británica. El Daily Express, un diario de tirada nacional siempre dispuesto a lanzar campañas, está ahora desarrollando una ruidosa campaña para que el Reino Unido abandone la UE aduciendo sobre poco más o menos las mismas razones por las que hasta ahora se ha abstenido el país de entrar en la Eurozona monetaria. 

¿Qué podrían razonablemente esperar Islandia y otros países deudores de pagar su deuda, especialmente en los tiempos que corren? El acuerdo propuesto daría a Gran Bretaña y a Holanda más de lo que les darían las directrices de la UE. Islandia tiene robustos argumentos jurídicos para plantarse. Las advertencias de los socialdemócratas y los verdes islandeses sobre la UE son tan exageradas, que le llevan a uno a maliciar si los diputados del Althing [el parlamento islandés] no estarán simplemente buscando evitar una investigación sobre lo que realmente ocurrió con los depósitos del Landbanki Icesave. La Oficina de Fraude británica se ha puesto últimamente más seria en la investigación de lo que ocurrió con el dinero, y ha empezado a detener a exdirectores. Vivimos tiempos realmente extraños, con un gobierno islandés [¡socialdemócrata y verde!] resignado a cargar la mala deuda de bancos privados en la contabilidad pública islandesa. 

El problema es que, cuanto más encoja la economía de Islandia, tanto más imposible le resultará pagar la deuda externa. El gobierno islandés mendiga con desesperación la entrada en la UE, sin preguntarse siquiera qué coste tiene eso. El coste: se desplomaría la tasa de cambio de la corona islandesa, encogería la economíaa islandesa y los trabajadores jóvenes islandeses se verían forzados a emigrar en busca de puestos de trabajo y para evitar las quiebras y los desahucios resultantes de la sujeción a políticas de austeridad.

Nadie conoce realmente la profundidad del agujero. El gobierno islandés ni siquiera ha intentado realizar un análsis serio de riesgos. Lo que está claro es que la UE y el FMI han sido irresponsablemente optimistas. Cada informe estadístico nuevo resulta "sorprendente" e "inesperado". Sobre la base de las hipótesis de trabajo del FMI acerca de la evolución de la tasa de cambio de la corona islandesa hasta finales de 2009, por ejemplo, el personal del FMI hizo proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB. Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcazar el 249% del PIB, un nivel que consideraba "claramente insostenible". Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda de Icesave que el gobierno quiere asumir.

Los acreedores nada pierden impartiendo los consejos de la teoría económica basura. Se han mostrado muy dispuestos a alentar a las economías a destruirse a sí propias en el proceso de tratar de pagar: algo así como aplaudir a los trabajadores de las plantas nucleares por ir a apagar un incendio en medio de radiaciones. En el caso de Irlanda, la UE conminó a su gobierno [verdi-liberal] a responsabilizarse de préstamos bancarios privados que, al final, resultaron valer sólo un 30% (sí, un 30%: no es un erratum mecanográfico) del precio de mercado estimado. Dijo que eso podía hacerse ·fácilmente". El gobierno verdi-liberal aceptó. Consecuencia: la práctica desaparición del Partido Verde irlandés y, lo que es mucho más importante, la condena de la economía irlandesa a por lo menos dos décadas de miseria, emigración y bancarrota. 

Lo que empeora el problema es que la deuda contraída en moneda extranjera no se paga a partir del PIB (cuyas transacciones se realizan en moneda nacional), sino a partir de los beneficios de la exportación más las ganancias resultantes de la liquidación de activos públicos comprados por inversores extranjeros. Para Islandia, la cuestión sería qué volumen de productos y servicios –y de recursos naturales y empresas— nacionales comprarían británicos y holandeses.

Se supone que es responsabilidad de los acreedores colaborar con los deudores y negociar los pagos en exportaciones. En vez de eso, los actuales acreedores se limitan a exigir a los gobiernos que vendan a precios de liquidación tierras, recursos minerales, infraestructuras básicas y monopolios naturales para pagar a los acreedores extranjeros. Esos activos resultan confiscados en lo que, en efecto, es un procedimiento pre-bancarrota. Los nuevos compradores, entonces, convierten la economía toda en una red de puestos de peaje, elevando las cargas de acceso al transporte, al servicio telefónico y a otros servicios privatizados.

Uno estaría tentado a pensar que la respuesta normal de un gobierno en estos casos de negociación de la deuda externa sería nombrar una comisión de expertos que evaluara la posición de la economía, a fin de ponderar la capacidad de pago de las deudas contraídas en el extranjero y de formular los términos de un acuerdo conforme a la propia capacidad de pago. Pero no ha habido tal cosa. El Althing [parlamento islandés] se ha limitado simplemente a aceptar las exigencias del Reino Unido y de Holanda sin la menor negociación. Ni siquiera ha levantado protesta por el hecho de que británicos y holandeses sigan adelantando las manijas del reloj de los intereses en las cargas que están exigiendo.

Votando NO en el referéndum del 9 de abril, lo que la población islandesa va a decir a los negociadores financieros de Europa es: "¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros".

El incalificable papel jugado por las agencias de calificación del riesgo

Las agencias de calificación crediticia han tratado de apoyar los esfuerzos del Althing por amedrentar a la población islandesa para que vote "Sí". El pasado 23 de febrero, Moody's amenazaba: "si se rechaza el acuerdo, lo más probable es que rebajemos la calificación de Islandia hasta Ba1, o menos". Si los votantes aprobaran el acuerdo, en cambio, "lo más probable es que cambiáramos la actual calificación del gobierno en Baa3, de negativa a estable", a la vista de un probable "recorte en los restantes 1.100 millones de dólares comprometidos por los otros países nórdicos y probablemente también de un aplazamiento del programa del FMI para Islandia".

Tal vez no muchos islandeses se percatan de que las agencias de calificación son, en la práctica, lobistas de sus clientes, el sector financiero. Uno pensaría que perdieron definitivamente su reputación de honradez –no digamos de competencia— cuando calificaron con una triple AAA las hipotecas basura que desencadenaron la actual catástrofe financiera global. La explicación es que lo hicieron todo por dinero. No son más honradas que Arthur Andersen, la desaparecida compañía auditora que aprobó, como se recordará, la contabilidad basura de Enron. 

   

La idea que yo me he forjado de las agencias de calificación la debo en no pequeña medida a la historia que me contó Dennis Kucinich de cuando era alcalde de Cleveland, Ohio. Los bancos y algunos de los principales clientes de éstos habían puesto los ojos en la privatización de la empresa pública de electricidad. Los privatizadores querían comprarla a crédito (con unos intereses fiscalmente deducibles, que privaban al gobierno de recaudar los correspondientes ingresos fiscales) y aumentar drásticamente los precios para poder pagar exorbitantes remuneraciones a sus ejecutivos, ultrajantes honorarios de suscripción del crédito a los bancos y unas bonitas compensaciones a las agencias de calificación. Los bancos le pidieron al alcalde Kucinich que les vendiera el banco municipal, prometiendo ayudarle a ser gobernador si traicionaba a su electorado. 

Kucinich dijo "No". Asi que los bancos recurrieron a sus perros de presa, las agencias de calificación. Amenazaron éstas con degradar la calificación de Cleveland para que no pudiera mantener el equilibrio en los empréstitos normales que tenía con los bancos. Llegaron a decirle: "Suéltenos su compañía energética o le arruinaremos las finanzas de la ciudad". 

Kuzinich volvió a negarse. Y los bancos cumplieron sus amenazas, pero el alcalde había salvado a la ciudad de ver esquilmados sus ingresos con cargas de privatización predatoria. A su debido tiempo, los votantes llevaron a Kucinich al Congreso, y terminó siendo un canditado a la presidencia.

Volviendo al problema de las agencias de calificación crediticia, ¿cómo puede llegar a creer nadie que aceptar pagar una deuda de monto impagable mejorará la calificación crediticia de Islandia? Los inversores han aprendido a depender de su propio sentido común al perder centenares de miles de millones de dólares por causa de las temerarias estimaciones de las agencias de calificación. Las agencias de calificación han conseguido eludir la persecución penal alegando que en la letra pequeña de sus contratos se dice que no hacen sino dar una "opinión", no un análisis realista en el que pudieran fundarse honradas responsabilidades profesionales.

La experiencia argentina debería servir aquí de modelo, al ilustrar cómo la significativa  depreciación de la deuda exterior puede contribuir a aumentar, no a disminuir, la credibilidad de una economía. Y en lo atinente a posibles pleitos judiciales, recuérdese que uno de los axiomas básicos del Derecho Internacional Público es que ningún país soberano puede ser obligado a cometer suicidio financiero con medidas de austeridad financiera que lo pongan al borde del abismo de la emigración forzosa de sus trabajadores y el retroceso demográfico. Las naciones son entidades soberanas.

Islandia y Portugal, otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos

De modo que, tanto jurídica como moalmente, estaría mal que los ciudadanos islandeses tuvieran que emplear el resto de sus vidas en pagar unas deudas que, lejos de ser asunto suyo, deberían ser un asunto para dirimido entre la Oficina Británica del Fraude Financiero Grave y las agencias británicas de seguros bancarios. Lo que deciden los votos en el referédum islandés del 9 de abril es qué precio está dispuesta a pagar Islandia para entrar en la UE. En la práctica, y en la medida en que la Eurozona se enfrenta a una crisis generada por los deudores PIIGS, la cuestión es: ¿qué tipo de UE va a salir del actual conflicto entre acreedores y deudores? Hay miedo de que la Eurozona se desmembre en cualquier caso. Así que el actual gobierno socialdemócrata y verde islandés puede que esté buscando entrar  como miembro de una realidad ilusoria, una realidad en proceso de desmembración, al menos si se mantiene en su actual extremismo neoliberal. Precisamente ayer (jueves, 7 de abril), un editorial del Financial Times comentaba esto que sigue a propósito de la prematura rendición de Portugal a las exigencias de la UE:

"Otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos. A comienzos de esta semana, los bancos portugueses amenazaban con una ralentización de la compra de bonos, a menos que el gobierno custodio buscara ayudas financieras en otros países de la Unión Europea (…) Lisboa debería haberse mantenido firme en su posición (…) debería haberse resistido a las exigencias de los bancos: buscar un crédito-puente inmediato. (…) Al hacerlo tan fácil y prontamente, el gobierno se arriesga a aliernarse por entero a unos mercados alarmados. Y eso podria perjudicar el resultado de negociaciones persuasorias a más largo plazo".

"El gobierno custodio carece de la autoridad moral y de la autoridad política para determinar de esta forma el futuro de Portugal. No debería abandonar los mercados con tanta precipitación. Porque lo que eso podría significar en los meses venideros son intereses más altos en las emisiones de deuda pública, más altos, en cualquier caso, de lo que podría haber sido el caso si el gobierno no hubiera metido la mano tan pronto… El momento adecuado para optar a un rescate externo debería haber sido al final de un debate nacional."

Lo mismo debería valer para Islandia. Si observamos lo ocurrido durante el pasado año, diríase que la nación islandesa ha sido usada a modo de (cruel) experimento piscológico y político para ver cuánto está dispuesta a pagar una población, sin merecérselo, por lo que banqueros ventajistas han robado o se han prestado a sí mismos.

El actual gobierno socialdemócrata y verde islandés parece haberse desacoplado de lo que es bueno para los votantes y para la supervivencia misma de la economía de Islandia. Por eso desafía el axioma básico de toda ciencia social y de toda teoría económica, y es a saber: que las naciones actúan en su mejor interés propio. También es el axioma de la democracia: los electores se percatan de sus intereses y votan en consecuencia para elegir a representantes que apliquen políticas conformes a esos intereses. Para el politólogo, esto es toda una anomalía. ¿Cómo explicar que un parlamento nacional actúe en interés de acreedores británicos y holandeses, antes que en interés de su propio país, acusado de tener deudas que los votantes de otros países se han sacado de encima derribando precisamente a gobiernos dispuestos a hacerlas suyas?.

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella