Malos vientos soplan para el derecho de los ciudadanos a que no se empleen sus datos personales sin su
consentimiento.
Así nos lo cuenta el DiarioPúblico
El Supremo mutila la protección de datos personales
Anula parte de un reglamento
español, más garantista que el europeo.
El director de la AEPD no teme que vaya a
mermar los derechos de los ciudadanos
MIGUEL ÁNGEL
CRIADO
Las empresas que se ganan la vida
enviando correos con el marketing online o con los ficheros de morosos han
ganado la partida a la
Administración. Dos sentencias del Tribunal Supremo anulan
parte de la normativa española de protección de datos, una de las más
garantistas de Europa, por ir más allá de lo que estipulaba la directiva
europea. Sin embargo, los expertos sostienen que no habrá "barra
libre" a partir de ahora con la información personal. Lo que sí se puede
producir es un aumento de abusos y denuncias contra quienes manejan los datos
de los españoles.
En 2008, tanto la entonces
Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo, ahora llamada Adigital,
como la Asociación
Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF), presentaron
sendos recursos ante el Tribunal Supremo contra el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Esta norma de 1999 transponía
una directiva europea redactada cuatro años antes para regular la protección de
los datos personales de los europeos, a la vez que apostaba por la libre
circulación de esos datos. Las dos asociaciones esperaron a la publicación del
reglamento, ya que no podían impugnar la ley.
Esa cadena de normas establece
que cualquier empresa u organismo que quiera tratar (lo que implica recabar,
usar, añadir a ficheros, ceder...) datos personales debe contar con el
consentimiento de su dueño, es decir, el ciudadano afectado. Entre las
excepciones a este principio que impide, por ejemplo, que alguien reciba un
correo comercial sin previa autorización o una llamada de una operadora con la
que no mantiene relación contractual alguna, está la existencia de un interés
legítimo por parte de quien trata los datos. Y siempre que no prevalezcan los
derechos y libertades fundamentales del interesado. Sin embargo, según el recurso
de Adigital y ASNEF, el reglamento español fue más allá al exigir además que
los datos objeto de tratamiento o de cesión figuraran en fuentes accesibles al
público. El BOE, los periódicos o los listines telefónicos son algunas de estas
fuentes.
Ahora, el Tribunal Supremo, en
dos sentencias separadas, ha dado la razón a Adigital y ASNEF, anulando el
punto concreto del reglamento que exigía que los datos obtenidos sin
consentimiento sólo podían proceder de una fuente accesible al público. En
realidad, el Supremo, que ya en 2010 había anulado otros artículos del mismo
reglamento, se limita a incorporar la sentencia que, en noviembre pasado, dictó
el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en la misma línea tras plantearle el tribunal
español una cuestión de prejudicialidad.
"Desde el principio, la
transposición de la directiva se hizo mal", dice el director de Adigital,
José Luis Zimmerman. "Las directivas dan flexibilidad, pero con límites
para no superar su alcance", añade. Para Zimmerman, estas sentencias dan
estabilidad al sector. "El uso del dato personal es lo que mueve el
mercado digital", explica. Sin esa información, no podrían funcionar ni
Google, ni Facebook "ni la Administración", sostiene. En su opinión, el
cambio da más seguridad a las empresas y "el usuario final no va a notar
nada". La necesidad de consentimiento sigue existiendo y, para cuando no
se pida, tendrá que haber un interés legítimo.
No habrá "barra libre"
Sin embargo, hay quienes piensan
que esto es una mala noticia. La
Asociación de Usuarios de la Comunicación se
personó en el caso. "Cuanto más se obligue a las empresas a recabar el
consentimiento informado y expreso de los ciudadanos, mejor", asegura su
presidente, Alejandro Perales. Para él, la directiva europea "penaliza a
las normativas más garantistas", como era la española. No tiene nada que
objetar a la sentencia desde un punto de vista del procedimiento, pero sigue
defendiendo que no baste con que las empresas aleguen que tienen un interés
legítimo para que puedan usar los datos personales.
Para el consultor jurídico
Gontzal Gallo, no va a haber "barra libre" en el tratamiento de los
datos. "Si quieren mandarme publicidad al correo, aún tienen que pedirme
mi consentimiento expreso", aclara. No sólo eso: la legislación española
también recoge que ese consentimiento debe ser informado, es decir, antes de
usar los datos, hay que informar al afectado. "La sentencia no se carga la
protección de datos, pero es que, en su día, cuando se reguló en España,
quisimos ser más papistas que el papa", sostiene.
Un aspecto sensible es el de los
ficheros de morosos, ahora bautizados como de solvencia patrimonial. Los
asociados de la ASNEF,
desde bancos a aseguradoras, dependen mucho de los datos personales para
decidir si conceden un préstamo. El punto ahora anulado por el Supremo limitaba
mucho su libertad de acción para recopilar esa información. "A partir de
ahora, determinados tratamientos de datos que requerían del consentimiento ya
no lo necesitarán", explica el responsable del gabinete jurídico de ASNEF,
Carlos Alonso. "El fraude financiero, por ejemplo, requería de ese
consentimiento", añade. Estesería, según él, un caso claro de interés
legítimo. Alonsorecuerda que así está funcionando en el resto del continente y
"Europa es respetuosacon la protección de datos".
Derechos fundamentales
El problema viene cuando ese
interés legítimo puede afectar a un derecho fundamental como es el de la
privacidad o el de la intimidad. Hasta ahora, la cosa era sencilla: en los
casos en que no había consentimiento, sólo se podían usar los datos obtenidos
de fuentes accesibles al público. Ahora, los que consideren que tienen un
interés legítimo podrán alegarlo para usar los datos que tienen de las
personas. "Las empresas que quieran tratar datos personales sin
consentimiento siempre se verán limitadas a demostrar que lo hacen con un
interés legítimo y sin vulnerar los derechos de los particulares",
explican desde Salir de Internet. "El problema es que parece difícil que
lo ponderen objetivamente las empresas. Al final, habrá reclamaciones y será la Justicia la que determine
cada caso", temen.
El director de la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez, advierte de que "la
mera invocación de un interés legítimo no es suficiente para el tratamiento de
datos sin consentimiento". En el futuro, a medida de que se den casos
conflictivos, la AEPD
tendrá que ir interpretando caso por caso. "A partir de ahora no hay
automatismo", explica. Insiste en que, a pesar de lo aparecido ayer en varias
publicaciones en internet, "los ciudadanos no van a ver mermadas sus
garantías de protección". Recuerda que sigue vigente la obligación de
informar de los derechos que se tienen, como el de oposición al tratamiento de
los datos, y que la legislación también acota las acciones de las empresas de
marketing y las de gestión de morosos. "No hay una sacudida radical del
régimen de tratamiento de datos y su clave de bóveda sigue siendo el
consentimiento", mantiene.
Cabe recordar que las
resoluciones del Tribunal Supremo tienen por fundamento la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la
Unión Europea de 24 de noviembre de 2011, dictada en
respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el TS, en la que se recoge
esta consideración.
“Habida cuenta de estas
consideraciones, procede responder a la primera cuestión que el artículo 7,
letra f), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de
que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de
datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido
por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se
comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del
interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de
éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo
así de forma categórica y generalizada todo tratamiento de datos que no figuren
en tales fuentes”.
Acceder a la Sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de febrero de 2012 aquí (fuente www.poderjudicial.es)
Acceder a la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la
Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 aquí (fuente: eur-lex.europa.eu)
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