martes, 1 de abril de 2014

Nuevos contadores "inteligentes": un chollo para las eléctricas




Jesús Iglesias, Senador por IU, alerta del nuevo "chollo" de las eléctricas con los nuevos contadores inteligentes

El senador presenta una batería de preguntas para garantizar los derechos de los usuarios y denuncia que el déficit tarifario sigue aumentando
La instalación de los denominados “contadores inteligentes” podrían suponer un nuevo varapalo para los consumidores en vez de un dispositivo para controlar, de forma más eficiente sus consumos. El senador de IU, Jesús Iglesias alertó de que el aparato, por el contrario, se está configurando como un nuevo “chollo para las eléctricas”, que podrán cortar el suministro con una simple instrucción informática, recopilar informaciones sobre la vida de sus clientes en tiempo real o que, los particulares que disponen de placas fotovoltaicas tengan que pagar por verter en la red los excedentes su producción.

Jesús Iglesias inscribió este nuevo riesgo para la ciudadanía en lo que denominó “timo de la luz”. Y es que, a pesar de que los abonados pagan sus recibos, el supuesto déficit tarifario sigue incrementándose, de tal forma que, en estos momentos, se imputara a cada ciudadano el monto total de esta deuda reconocida por el Estado, cada abonado tendría un saldo negativo y pendiente de 1.111 euros. “Acaba de publicarse el déficit provisional de 2013. Hay que recordar que el Ministro Soria dijo, primero, que no iba a haber y que ya se habían tomado las medidas que lo impedían. Segunda manifestación del Ministro, en septiembre, que sí, que iba a haber déficit y que supondría unos 3.000 millones de euros. Liquidación provisional: 4.098 millones más de déficit tarifario. Nadie sabe exactamente a cuánto asciende, por supuesto está por encima de los 30.000 millones de euros”.

Pero este déficit no es el único ya que ahora, denunció el senador, ha aparecido el gasístico que, por primera vez, en 2013, se calcula en 316 millones de euros. La situación responde, aseguró Iglesias, al fracaso de las políticas energéticas del Gobierno.  

En este contexto, los contadores inteligentes abren las puertas a nuevas agresiones a los usuarios. Su instalación –actualmente se calcula que ya están operando unos 13 millones de estos aparatos y que para 2020 el número se situará en los 27 millones- lejos de favorecer al cliente lo somete a mayores presiones de la compañía que dispone, en todo momento, información en tiempo real sobre sus consumos, algo que, sin embargo, no ofrece en igual cantidad al propio cliente.

Además, el alquiler del contador será más elevado que el actual sobre el que algunas voces alertan sobre posibles efectos nocivos para la salud. “Hay dudas sobre si estos contadores no son una fuente más de radiación perjudicial para la salud”.

Ante esta situación, IU ha presentado al gobierno una batería de preguntas para que informe si está previsto realizar algún estudio respecto posibles implicaciones para la salud, qué medidas piensan adoptarse para garantizar que el acopio de información sobre las costumbres de los usuarios no se utilice con fines espurios, así como medidas de control para garantizar la exactitud de las lecturas de consumo, más porque ya se han presentado reclamaciones por una divergencia de hasta el 400% entre lo facturado y lo realmente consumido.

jueves, 27 de febrero de 2014

Cláusulas suelo en contratos de prestamos hipotecarios: Asturias incoa expedientes sancionadores a 6 bancos por la inclusión de cláusulas suelo


El Gobierno asturiano ha abierto 17 expedientes por la comercialización de hipotecas con cláusulas suelo a seis entidades. Los bancos Liberbank, Popular, SabadellHerrero, Pastor y las cajas rurales de Gijón y Asturias se enfrentan de este modo a sanciones que oscilan entre los 3.600 y los 18.000 euros. El portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, quien apeló ayer a la Ley de Consumo de 2002 y al fallo del Supremo que considera estas cláusulas abusivas, defendió que «la actuación del Principado está perfectamente reglada» y especificó que los expedientes sancionadores aún no están concluidos.

A estos podrían sumarse muchos más, ya que la Dirección General de Consumo ha recibido 363 denuncias, 300 de ellas desde la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias. Su presidente, Dacio Alonso, recordó ayer que las cláusulas suelo afectan a unas 30.000 familias en la región, que pagan cada mes entre 120 y 200 euros más -de 1.440 a 2.500 euros al año- de lo que les correspondería si pudiesen beneficiarse sin límites de la bajada del Euribor.
La intención de la Unión de Consumidores es que los afectados sepan que pueden reclamar el importe de sus cláusulas suelo sin ir a juicio, llevando a sus oficinas una fotocopia de la escritura de la hipoteca y el último recibo pagado o presentando la denuncia, directamente, en la Dirección General de Consumo. Los objetivos de la campaña están más que claros: que esta práctica «les cueste dinero a los bancos, que les cueste reputación ante la mala fe de su actuación y que les cueste, también, clientes, por el engaño al que les sometió».

Por otra parte, Alonso incidió en que actuar contra estos abusos es competencia de las comunidades autónomas y no del Banco de España -tal y como informó su jefe de servicio, Fernando Tejada-, por lo que espera que otros gobiernos regionales sigan pronto el ejemplo del asturiano y cumplan con «su obligación legal». Ya hay otras comunidades que han puesto en marcha medidas parecidas, pero casi siempre a través de procesos colectivos y no individuales como en el caso del Principado. «El problema es que los bancos estaban acostumbrados a que las sanciones les saliesen muy rentables. Pero en este caso, al abrirse un expediente sancionador por cada contrato, les va a costar mucho dinero y tendrán que estudiar si quieren pagar 18.000 euros a cada cliente o retirarle la cláusula, devolverle el dinero pagado desde la suscripción del contrato y pagar la sanción mínima de 3.601 euros».

De no atender al expediente abierto por la Dirección General de Consumo, advirtió Alonso, estas entidades incurrirían en una falta de calificación 'muy grave', que contempla multas de hasta 400.000 euros. «Si ayer ya estaban preocupados porque habíamos comenzado a desgranar este abuso, hoy lo están mucho más», aseveró. Aún así, la intención de la UCE no es que todas las entidades con cláusulas suelo lleguen a pagar estas multas, sino que «las eliminen cuanto antes y devuelvan el dinero». En este sentido, informó de que varias entidades ya se habían puesto en contacto con la asociación para alcanzar un acuerdo.

Fue el Tribunal Supremo quien el 9 de mayo abrió la puerta a este tipo de actuaciones con una sentencia que condenaba a BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia a eliminar de sus contratos hipotecarios las cláusulas suelo -que afectan a 4 millones de familias en España- por falta de transparencia en su comercialización. Alonso criticó ayer al Ministerio de Economía y al Banco de España por no obligar entonces al resto de entidades a seguir el mismo camino. «Obligaron a los bancos a revisar y evaluar el impacto de estas cláusulas, pero nunca más se supo», lamentó.

Fuente: El Comercio

viernes, 7 de febrero de 2014

La nueva tribu urbana que arrasa: los incongruentes de estatus







Sí, tú, el mismo. Ahora lo que se lleva es ser un incongruente de estatus, muy por delante de ser hipster o cualquier otra modernidad. Formas parte de esos millones de abstencionistas (un 56% = abstención+no sabe no contesta+blanco+voto nulo), según destaca Belén Barreiro, exdirectora del CIS, del último barómetro, que ya no creen ni en partidos grandes, ni en nacionalistas, ni en radicales. Ahora a lo que te sientes más cercano es la reinterpretación de las dos Españas de Machado a las que nos han abocado los decretazos y demás políticas de desigualdad, una de ricos y otra de pobres, con una antigua clase media que ha perdido su lugar en el mundo. Es ahí donde surge una nueva masa de gente que se caracteriza por su descoloque, finamente llamado incongruencia de estatus. Así es como política y sociológicamente te definen los estudiosos si eres una persona que pertenecía a la clase media allá por el 2007 y ahora eres un desclasado. Pero no te resignas a haber perdido tu situación y tienes desconcertados a los sabios para los que eres objeto de estudio. Bienvenido a la cada día más nutrida tribu de los incongruentes.


La recuperación económica avanza, a paso de tortuga y endémica, pero avanza. "Las cifras del paro que acabamos de conocer no son malas, los cotizantes a la seguridad social y el empleo no son buenos, pero las series desestacionalizadas (que es lo que cuenta a efectos de PIB) demuestran que en los últimos cinco meses ha habido crecimiento del empleo y que puede haber crecimiento neto de empleo a finales de este año, e incluso que la economía va a crecer por encima del 1%. Ahora bien, el empleo de baja calidad que se está creando, más las condiciones económicas y sociales que arrastramos por estos cinco años de crisis, hacen que las perspectivas a medio plazo sean malas o muy malas", apunta el economista Jonás Fernández, director del servicio de estudios de Solchaga Recio&Asociados.

Lo que se deja detrás de un lusto es una situación social tan brutal como apasionante, repleta de incógnitas. Ejemplo, pareja de profesionales cuyos ingresos han descendido mucho más del 10% que señalan los estudios: han tenido que vender su casa en la sierra, su segundo coche, han refinanciado la hipoteca de su vivienda y están tan cabreados... con la recuperación endémica de Rajoy que les ha dejado fuera, que ya no saben contra quien cargar. "En la encuesta de presupuestos familiares, un 40% de familias asegura poder llegar a fin de mes, esos han sufrido una recesión y están saliendo de ella. El resto han padecido una crisis, y para muchos de estos lo peor aun no ha llegado", apunta el economista y exministro Jordi Sevilla que abunda en los riesgos de "una sociedad que se está dualizando". Puede que el índice de acojono que tenía paralizado el consumo se esté recuperando, aunque no para todos.

Ahora en España hay una clase media (esos profesionales que han vendido lo que han podido) que ha aguantado la crisis tirando de la hucha de sus ahorros, de cuando eran clase media alta. Se les ha acabado esa hucha y ya no tienen de dónde sacar. Han liquidado lo que tenían pero no logran integrarse en la parte alta que era antes su sitio. Son los que han mantenido su puesto pese a los recortes salariales frente a los antiguos compañeros despedidos que han pasado a ser lumpen y a cobrar dos duros por su trabajo. Por poner un ejemplo cercano, lo que ha pasado en la mayoría de empresas periodísticas.

Mantiene Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma, que la gran incógnita es "hacia dónde se dirige esa gente que ya no recuperará posiciones, porque tampoco se van a ir a votar con los del 15-M, pues no son antisistema y aunque con el corazón les pueda gustar el discurso de IU, piensan que no tiene fórmulas realistas para sacarles de esa situación. Por otra parte, están formados y saben que la salvación dentro de un sólo país no existe, que no pueden salirse del euro. Existe un vacío ideológico para ellos y caminan hacia el nihilismo político. La experiencia demuestra que estos incongruentes de estado son los que más se movilizan, frente a los obreros o pobres, que están más acostumbrados a bregar con situaciones paupérrimas. Son los abstencionistas que a principios del XX se inclinaron por el nacionalismo o el bolchevismo en un afán de no desclasarse de la alta burguesía que había sido su lugar. No es lo mismo, pero sí parecido".

¿Qué va a hacer esa mitad de la España que tanto ha perdido con la crisis y que no tiene dónde elegir? Nadie les ofrece voz y han optado por una descalificación generalizada propiciada por una corrupción política que no solo no cesa, sino que consideran que no está castigada. Así que la abstención se convierte en el aglutinador, tal y como se podrá comprobar en las europeas, las municipales y también las generales.

"Ellos preferirían ir a votar a un partido de orden, PP o PSOE, pero no creen en ellos naturalmente, porque han sido los que les han conducido a esta situación, algunos miran a UPyD, pero no basta. ¿Quién los representa? Ese es un desafío para los estudiosos, porque no sabemos por quién se van a inclinar los incongruentes de estatus, que es como les definimos. Ya que no tienen ese partido de orden que buscarían, a no ser que aparezca alguien que demuestre eficacia para romper con el estatu quo que les ha dejado tirados. Debería ser un partido de izquierda, socialdemócrata y fuerte, pero no está. Paradójicamente, eso sí que ha sucedido en Alemania con la alianza de Merkel y la socialdemocracia, pero eso aquí es impensable", sigue analizando Vallespín.

Vamos, apreciado lector, que solo tú tienes la respuesta que más incógnitas suscita y por la que muchos matarían. Los partidos políticos, sin ir más lejos, aunque también a la banca y a las grandes empresas les gustaría saber qué pueden esperar de ti.

"No es que vayamos hacia una sociedad divida en dos, sino en tres. Por un lado se quedarán los seis millones de parados y desempleados de larga duración que tardarán muchísimo en reabsorberse; por otro, los empleados a tiempo parcial o temporal, en precario, a los que la reforma laboral ha dejado sin negociación colectiva y con unos sindicatos de clase que ya no tienen fuerza para defenderlos por lo que no podrán luchar contra la precariedad; y luego están los de los contratos indefinidos, más estables. Lo que conforma una sociedad muy dividida", explica Jonás Fernández.

Las urnas, sin duda, desvelarán el misterio. Ten claro que la abstención no perjudica a los grandes partidos tanto como crees. Pueden perder votantes, pero seguir gobernando los mismos. En Estados Unidos la participación electoral ronda el 50%, es decir, que medio país se queda en casa en lugar de ir a votar.
 

Seguir a Pilar Portero y Ana Cañil en Twitter: www.twitter.com/pilarportero 
Fuente: http://www.huffingtonpost.es

martes, 4 de febrero de 2014

Un comportamiento ejemplar ante la "Ley Antitabaco". Presentamos un artista: El alcalde de Beoján fuma en el salón de plenos y, a la vez,ladra



La "castiza" escena tuvo lugar en Benaoján, un pueblo de Málaga. Una concejala increpa al alcalde por fumar en la sala de plenos del Ayuntamiento. 

Francisco Gómez, alcalde de un partido independiente, lejos de reconocer su error sigue fumando a la vez que de vez en cuando emite, con un cierto sentido artístico dada su medición de tiempos y ritmos, unos ladridos que lejos de intimidar, provocan perplejidad.

La escena ha sido grabada con un teléfono móvil.

Suponemos que ante otras imposiciones legales, no responderá de la misma manera....

jueves, 30 de enero de 2014

Informe de GETSA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) sobre la economía sumergida en España:"La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis"



El paro y la corrupción disparan la economía sumergida en 60.000 millones durante la crisis

La economía sumergida supone más de 253.000 millones de euros ocultos, un  24,6% del PIB 


La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis*, presentado hoy por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.

Según se desprende de este estudio, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.

Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.

Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.

Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.

Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).

En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.

 

El efecto capital y la brecha entre provincias

Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país. 

Asi, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.

De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales.

En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.


Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.

Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial. 

Conocer el problema y hacer un frente común de todas las AAPP

Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno. Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.

Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos.

Por último, el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, cree que la AEAT “debe tomar nota del tremendo éxito cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de las últimas décadas, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude”.

* Acerca del informe 

El informe “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis” se realizó en 2013 analizando las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el paro, la evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el PIB, el consumo eléctrico, entre otros. Los resultado del estudio se han centrado en el periodo que va de 2008 a 2012, aunque la muestra también hace una retrospectiva que llega hasta el año 2000 para observar el comportamiento del fraude antes de la crisis económica. De todos los métodos empleados tradicionalmente para realizar este tipo de informe, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà, ha empleado el MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples Causas) y también hace referencia a otros estudios recientes para mostrar un contraste aún más realista de las conclusiones del informe.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria, al agrupar a 8.000 profesionales. En la actualidad, los Técnicos realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB. Por ello, Gestha participa activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las reformas tributarias, la lucha contra el fraude, el control del gasto y otros temas de actualidad. 

Más información y fuente: www.gestha.es



lunes, 20 de enero de 2014

Los consumidores denuncian casi 500 cláusulas abusivas de los bancos

La asociación Adicae señala que los abusos más habituales son el cobro irregular de comisiones, los intereses elevados o la compensación injustificada de saldos 

Edificio del Banco de España.La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha detectado cerca de medio millar de cláusulas abusivas (concretamente, 469) en prácticamente todas las entidades financieras de España correspondientes a todo tipo de productos y servicios financieros, cifra que la asociación considera "mareante, propia de un país absolutamente al margen del derecho y la defensa de los derechos de los usuarios".

Después de efectuar un análisis pormenorizado de 278 contratos de 52 entidades diferentes, Adicae "ha podido comprobar cómo las entidades bancarias, prevaliéndose de su posición contractual de fuerza frente a los consumidores, han venido incorporando en todo tipo de contratos alrededor de medio millar de cláusulas abusivas". Las más habituales en los contratos analizados son el cobro irregular de comisiones, muchas veces sobrevaloradas e incluso duplicadas, la compensación injustificada de saldos, el cobro de intereses abusivos (generalmente de demora) y su capitalización, y cláusulas en las que la entidad prevé que ha informado al consumidor.

"El objetivo es maximizar la ganancia a costa de lo que sea", denuncia Adicae
 
Según el estudio, en algunas de las cláusulas abusivas detectadas se obliga a los clientes a sufragar y mantener costes y gastos muy elevados "que en ocasiones no tienen la obligación de soportar". "El objetivo es maximizar la ganancia a costa de lo que sea", añade Adicae en un comunicado en el que indica que se han analizado desde contratos de tarjetas de crédito y débito y cuentas corrientes y de ahorro, hasta contratos de préstamo con garantía hipotecaria y contratos de inversión.

Adicae ha analizado las ofertas de 52 marcas bancarias; muchas de ellas integradas en otras entidades mayores debido al proceso de absorción y fusión que se viene desarrollando desde el inicio de la reestructuración bancaria, por lo que todas las grandes corporaciones bancarias resultantes del proceso están afectadas por el fenómeno de las cláusulas abusivas. Entre las 52 entidades analizadas se encuentra Bankia, Liberbank, Banco Sabadell, CaixaBanc, Ibercaja, Banco Santander, Banco Popular o la Kutxabank o NCG Banco.
Tras detectar y recopilar todas las denuncias en un informe, la asociación las ha remitido al Instituto Nacional de Consumo (INC), la Agencia Catalana de Consumo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. De estas comunicaciones, que se añaden a las quejas que los propios consumidores remiten a los servicios de reclamaciones de estos organismos, "se vienen derivando actuaciones de advertencia que, sin embargo, las entidades financieras ignoran permanentemente", señala la asociación, que considera "indispensable dotar de mayor autoridad y capacidad sancionadora a los supervisores bancarios".

Foto. Edificio del Banco de España. REUTERS

martes, 14 de enero de 2014

¿Cuánto vale un litro de aceite?, por Vidal Maté





Con los precios del aceite por los suelos en origen, entre 1,70 y 1,75 euros kilo para un tipo lampante de calidad media para refinar, los precios de venta en la mayor parte de la gran distribución se situaban en los últimos días en el entorno de los 2,70-2,99 euros litro,(*) una cifra casi igual que hace unos meses cuando los precios en origen llegaban a los 2,70 euros kilo. Y, en las mismas fechas, como suele suceder en la cuesta de enero, con los mismos precios baratos en origen, un gran grupo de distribución había iniciado ya la carrera de las ofertas con uno precio de 1,89 euros litro, línea que como ya casi es habitual, es presumible que sigan otros grandes grupos de la distribución. Un mismo aceite de oliva, en las mismas fechas, con una diferencia de precio de casi un euro al consumidor. ¿Es el mismo aceite?. ¿Tiene la misma calidad?. ¿Por qué si los precios en origen pagados al olivarero y los de cesión de la industria a la distribución han tenido una bajada tan importante, esa reducción no se ha reflejado ya en los precios finales de venta, lo que podría haber provocado el aumento de una demanda que no acaba de despegar en el meco interior?.¿Por qué si un grupo acomete esas bajadas de precios, otros no lo pueden hacer?. ¿Por qué, en un momento determinado, todos se ponen en oferta, en muchos casos con precios más baratos que los precios en origen?.

Es viejo que la gran distribución está utilizando el aceite de oliva como uno de esos productos reclamo donde, casi siempre, hay una marca propia o de fabricante en oferta para atraer a la cesta de la compra, en algunos casos con ventas a pérdidas sin que tanto Defensa de la Competencia como Comunidades Autónomas hayan dado los pasos mínimos para evitar este tipo de prácticas ilegales. Pero, desde hace unos meses, la gran distribución, además de tener al aceite como producto reclamo, habría decidido tener también al aceite como recurso para hacer negocio sin repercutir la bajada registrada en origen y en el precio de venta de las industrias. En el fondo, un juguete manejado según lo requiera la ocasión o los intereses del grupo.

Hace unas fechas entró en vigor la nueva Ley impulsada por Agricultura para la mejora de la Cadena Alimentaria por la que, en teoría, se busca clarificar todos esos procesos para acabar con la posición dominante de la gran distribución. Las dudas sobre su futura eficacia surgen cuando hoy ya hay normas suficientes para atajar este tipo de prácticas y tanto Economía como las Comunidades Autónomas miran para otra parte para perseguir las ventas a pérdidas que no se contemplan específicamente en esta Ley.

En línea con la búsqueda de una mayor transparencia en el sector, Agricultura, organizaciones agrarias, industrias y los grupos de la gran distribución, acaban de firmar además un convenio por el que todas las partes se comprometen a trabajar conjuntamente para mejorar la calidad del aceite de oliva y, sobre todo, para la promoción y la información sobre el mismo a los consumidores como un producto en el segmento alto de calidad. Era necesario ese convenio, un viejo empeño de Arias Cañete para tratar de implicar a la gran distribución en la problemática de la producción, y no será fácil ver resultados inmediatos, dados los vicios existentes. España es, con diferencia, el primer país productor de aceite de oliva del mundo, pero una gran parte de la población no sabe distinguir sus tipos y la riqueza de variedades con sus cualidades específicas, desde los suaves de arbequina catalanes u hojiblancas andaluces, a los fuertes como cornicabra en la zona centro, el picual en Jaén o los amargos extremeños. Se trata de un convenio similar al suscrito hace un año por las mismas partes para apoyar unos precios sostenibles que permitieran una rentabilidad de las explotaciones ganaderas, e ir eliminando la leche como ese producto reclamo barato y banalizado. En el caso del aceite, el convenio no cita textualmente ese objetivo, pero todo el mundo coincide que el reto es el mismo: no banalizar el precio del aceite cómo y cuando le interese a un grupo de distribución en sus guerras de sector y apoyar su demanda desde la información.

Con el permiso de la gran distribución y por la propia imagen de calidad y respeto al esfuerzo de los productores, la leche no puede valer menos que el agua, aunque ésta se venda en un continente de cristal de diseño, ni un aceite se debería vender a menos del precio en origen por su calidad y como alimento saludable. Es una imagen de calidad y producto diferenciado que se trata de ofrecer en el exterior para ganar mercados y a un mayor precio. Pero, en casa de herrero, cuchillo de palo….Y no se puede pedir que chinos, japoneses o norteamericanos lo paguen y lo encumbren en los altares de la gastronomía, cuando aquí lo tiramos por los suelos y ha sido el juguete en las batallas de la gran distribución en medio de la indiferencia oficial, algo que ahora trata de cambiar Agricultura.

Y, al final, ¿cuánto vale un litro de aceite de oliva? Una cifra ligada a sus costes de producción, a los mercados, o lo que fije en cada momento la gran distribución? ¿Nos engañan cuando lo venden muy barato, cuando lo venden caro, o en ambos casos? Sería bueno que funcionara ese convenio aunque, en el caso de la leche, el resultado no ha sido para tirar cohetes y que, por otra parte, con la Ley de la Cadena Alimentaria , ya en vigor, se lograra una mayor transparencia en la formación de los precios.

(*)Para eleborar un litro bastan 0,916 kilos de aceite