jueves, 9 de agosto de 2018

Consecuencias de la reforma laboral: Despedir a un trabajador es hoy un 64% más barato que hace seis años


El avance del empleo temporal, la congelación de los salarios y el recorte de las condiciones económicas de los ceses provocan una caída en picado de los resarcimientos a los trabajadores
Echar a la calle a un trabajador cuesta cada vez menos dinero en España: la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso con su mayoría absoluta en 2012 y la intensificación de la precariedad, pese a los niveles de récord de algunas variables macroeconómicas, han provocado un desplome del coste de las indemnizaciones por despido, que en solo seis años se han reducido a apenas una tercera parte de lo que suponían antes de esa medida.

La Encuesta de Coste Laboral del INE (Instituto Nacional de Estadística) revela cómo entre diciembre de 2011, dos meses antes de la reforma, y el mismo mes de 2017, el coste laboral de las indemnizaciones por despido cayó de una media de 530,37 euros por trabajador a 197,87, un 63,1% menos.

Cuando finaliza la relación laboral de un trabajador con una empresa, esta debe abonarle el finiquito, con los conceptos retributivos como salario no recibido, horas extra no cobradas, vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de las pagas extraordinarias y dietas y gastos pendientes de percibir, entre otros, y la indemnización por despido; salvo que se trate de una baja voluntaria, obviamente.

La indemnización, libre de impuestos, se calcula con base en tres factores: el salario (sueldo base, pluses y gratificaciones), la antigüedad en la plantilla, con independencia de que entrara como eventual o como indefinido, y el tipo de despido. Una vez determinado el salario diario, esa cifra se multiplica por los años que ha trabajado, incluyendo el sobrante de meses como decimal (seis = 0,5, ocho = 0,75), y por la cuantía que marca la normativa para cada tipo de cese.

El abaratamiento de la reforma 

La reforma laboral tuvo efectos determinantes sobre este último factor al reducir de 45 a 33 días de salario por año trabajado las indemnizaciones por despido improcedente y rebajar de 42 a 24 el máximo de mensualidades que podía recibir el despedido, al tiempo que ampliaba las causas en las que el empresario puede optar por el cese objetivo, que recorta el salario por año a 20 días y el tope de mensualidades a doce.

La primera de esas medidas abarataba la indemnización mínima por cese improcedente un 26,7%, mientras la segunda, caso de tramitarse como objetivo, lo hacía en un 57,6%. Su combinación desplomaba la máxima un 87,3%: de 1.890 jornadas de salario a 240.
No obstante, el Tribunal Supremo determinó hace dos años que al calcular el resarcimiento debía diferenciarse el tramo anterior al 12 de febrero de 2012, en el que se aplicaban las normas anteriores a la reforma, y el posterior.
En el abaratamiento del despido ha influido también la congelación ‘de facto’ de los salarios, que en esos seis años han subido menos de un 1% (de 22.775 a 22.806 euros anuales) según la misma Encuesta de Coste Laboral.
Cada vez más eventuales 

Ese desplome del coste de las indemnizaciones por despido coincide en el tiempo con otras dos tendencias que han alterado el mercado laboral.

Por una parte, la intensa destrucción de empleo, principal pero no exclusivamente mediante EREs, que en los primeros cinco años de aplicación de la reforma se llevaron por delante 235.914 contratos, además de suspender 733.747 y reducir la jornada de otros 228.085, y otros 20.813 el año pasado. Por otra, la paulatina sustitución de esos empleos por otros más precarios: prácticamente dos tercios de los puestos de trabajo asalariados creados en ese sexenio (495.300 de 772.100) son eventuales, sin indemnización por despido cuando finalizan.

La evolución del empleo asalariado desde el inicio de los llamados ‘brotes verdes’ deja patente, más si cabe, esa tendencia precarizadora. En esos seis años se crearon en España dos millones de puestos de trabajo asalariados (de 13,9 a 15,9 millones repartidos prácticamente a medias entre temporales e indefinidos, si bien con una pequeña ventaja de los segundos, que han pasado de suponer el 23,1% del total (3,22 millones de 13,92) al 26,7% (4,25 de 15,92) y cuyo ritmo de crecimiento prácticamente cuadruplica al de los indefinidos (35,9% por 9%).

Es decir, que las empresas imponen la tendencia a contratar personal sin derecho a indemnización por despido mientras mantienen, con una ligera tendencia al alza, la parte fija de sus plantillas, cuyas condiciones de salida se devaluaron hace seis años.

La industria de energías fósiles quintuplica las indemnizaciones 

Por sectores, los costes laborales por despido cayeron en esos seis años un 52% en la industria (de 612,57 a 294,33) y más de un 63% en la construcción (de 689,91 a 152,34) y en los servicios (de 497,19 a 180,72).

Los descensos han sido también considerables en los escasos sectores que mantienen elevadas indemnizaciones, caso de la banca, en pleno proceso de reconversión tras el rescate y por la transformación digital, cuyos 978,45 euros por trabajador son menos de un 37% de los 2.666 de 2011.

En la industria extractiva, que agrupa a las empresas que trabajan con combustibles fósiles (minería, gas y petróleo), la caída de más del 50% de los cuatro primeros años del periodo (de 737 a 309 euros por trabajador) se ha recuperado en los dos últimos, en los que este indicador se ha quintuplicado para alcanzar los 1.578.

miércoles, 8 de agosto de 2018

Alcohol y cáncer. Por qué incluso el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer

Por qué incluso el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer

Un creciente número de estudios epidemiológicos indican que el consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, es un factor de riesgo para el desarrollo de varios tipos de cáncer


Aunque el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo asociado al cáncer, se calcula que de las 8,8 millones de defunciones por cáncer en el mundo, aproximadamente 340.000 se deben al alcohol

Durante gran parte del siglo XX el tabaco no era considerado tóxico y costó décadas cambiar esa percepción social. Al igual que ocurre con el tabaco, existe sobre el alcohol una creciente información que lo relaciona con problemas de salud tales como, por ejemplo, el cáncer. “Desde principios del siglo XX conocemos la asociación entre el consumo de alcohol y el cáncer. Sabemos que ese consumo causa tumores de cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrecto y mama", señala la doctora Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. “Aunque el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo asociado al cáncer, se calcula que de las 8,8 millones de defunciones por cáncer en el mundo, aproximadamente 340.000 se deben al alcohol y que entre un 3% y un 3,5 % de los tumores en países desarrollados se deben al alcohol. Por ello, desde la SEOM, recomendamos, al igual que el resto de instituciones sanitarias, reducir o eliminar su consumo", añade.

No hay una cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo, y reducir el consumo, o evitarlo por completo, sí reduce el riesgo de cáncer

Sobre el consumo de bebidas alcohólicas existe la creencia popular de que hay un “nivel seguro” y muchas marcas recomiendan un “consumo moderado” de sus productos. La mayor parte de los estudios científicos definen como “consumo moderado” a ingerir menos de una bebida alcohólica al día, pero los expertos advierten de los riesgos para la salud que supone incluso un nivel moderado de consumo “Existe una asociación dosis-respuesta clara con respecto al consumo de alcohol; es decir, cuanto más consumo, mayor riesgo de cáncer. No hay una cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo, y reducir el consumo, o evitarlo por completo, sí reduce el riesgo de cáncer", explica la doctora Calvo. Pero si queremos datos más concretos sobre la relación entre el desarrollo tumoral y el consumo de bebidas alcohólicas, entonces es necesario analizar por separado las investigaciones realizadas sobre cada tipo de cáncer.

El cáncer colorrectal es el tercer tipo más frecuente y es la cuarta causa de mortalidad por cáncer, con aproximadamente 600.000 muertes anuales. En un artículo publicado en enero de 2018 por la revista Cancers se revisaron múltiples estudios epidemiológicos publicados sobre el consumo de alcohol. “Hemos visto que a nivel epidemiológico aumenta el riesgo de padecer cáncer colorrectal conforme se incrementa el consumo de alcohol. […] Y hasta donde llega el análisis de los datos epidemiológicos del cáncer colorrectal no existe oficialmente un nivel seguro de consumo alcohólico que no sea potencialmente carcinogénico", comenta el primer autor del artículo, Marco Rossi (Rush University Medical Center, Chicago), quien también explica que otros factores (como antecedentes familiares de cáncer colorrectal, ser varón o tener un índice de masa corporal superior a treinta) acentúan el efecto del alcohol sobre la incidencia de este tipo de tumores.

Pero los resultados que tenemos sobre el efecto del consumo de alcohol en los cánceres de hígado y páncreas son diferentes: en una revisión publicada en Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology se explica que la mayoría de los tumores hepáticos tienen un origen vírico (aunque en el resto de casos, el consumo de alcohol es un factor de riesgo relevante). Respecto al cáncer de páncreas, todavía son necesarios más estudios para concluir si el consumo de bebidas alcohólicas, y en qué medida, es o no un factor de riesgo.

Aparte de la necesidad de estudiar cada tipo de cáncer por separado, la diversidad en los resultados también se debe a la dificultad de analizar múltiples investigaciones realizadas con parámetros diferentes: en algunas el consumo alcohólico se mide en los gramos consumidos, pero este varía según las bebidas; y cuando el trabajo se centra en las bebidas en sí, estas se suelen registrar dentro de un margen (como por ejemplo, menos de siete a la semana) en vez de cantidades concretas. Además, cada bebida es distinta tanto en su contenido alcohólico como en el resto de elementos que la componen: esto por un lado ha permitido identificar al alcohol como el principal agente carcinogénico de las bebidas alcohólicas ya que es el único elemento común entre todas ellas, pero, por otro lado, dificulta la comparación de los estudios entre sí.

Cáncer de mama:el riesgo de padecer cáncer de mama parece especialmente sensible a alcohol. Con un consumo inferior o igual a una bebida alcohólica diaria el riesgo en mujeres de desarrollar un cáncer de mama se incrementa entre un 4% y un 15%.

Un caso interesante es el del cáncer de mama y los tipos de vino. Algunos componentes presentes en el vino tinto podrían tener propiedades preventivas, pero todos los estudios realizados encuentran que epidemiológicamente es la cantidad de contenido alcohólico, y no el tipo de bebida, el factor clave entre el cáncer de mama y el consumo de bebidas alcohólicas. Los tumores de mama son los segundos más frecuente con algo más de 1.600.000 casos registrados a nivel mundial en el 2012. En una revisión de los estudios sobre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer cáncer de mama publicada por la International Agency for Research on Cancer se vio que una mayoría abrumadora los trabajos encontraban un aumento de la incidencia del cáncer de mama ante el consumo de bebidas alcohólicas, incluso si el era moderado, y en ningún caso ese consumo prevenía el desarrollo tumoral. Tanto en esta como en otra revisión publicada por la University School of Medicine (St Louis, Estados Unidos) se enfatiza que el riesgo de padecer cáncer de mama parece especialmente sensible a alcohol: de hecho, se estima que incluso con un consumo inferior o igual a una bebida alcohólica diaria el riesgo en mujeres de desarrollar un cáncer de mama se incrementa entre un 4% y un 15%. Y ambas revisiones sitúan al consumo de bebidas alcohólicas como la causa de un porcentaje significativo de casos de tumores de mama (en torno al 5% en varios países europeos y del 4% al 10% de los casos en Estados Unidos).

Necesidad de cambio en el etiquetado de bebidas alcohólicas para informar sobre los riesgos para la salud

Ante todos estos estudios, quizás es el momento de plantear un cambio en el etiquetado de las bebidas alcohólicas en el cual se informe de sus riesgos para la salud del mismo modo que se hizo con el tabaco. “Datos de la Sociedad Americana de Oncología Médica apuntan a que tan solo un 30% de la población conoce que la obesidad o el alcohol son factores de riesgo para la aparición de tumores", explica Calvo. "En general la población sí responde a las recomendaciones, y poco a poco se logran cambiar hábitos de vida nocivos Las iniciativas de formación y la concienciación forman parte de la resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2010, que tenía como fin reducir el consumo de alcohol de forma global a escala internacional", añade.

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viernes, 3 de agosto de 2018

El precio de los divorcios en España. Un divorcio contencioso puede costar hasta 15.000 euros



Acaba el amor y empiezan los gastos: Un divorcio contencioso puede costar hasta 15.000 euros

Fuente: CONSUMISTAS (El Mundo)
Un divorcio puede llegar a costar hasta 15.000 euros. No obstante, hay alternativas mucho más económicas. 

Alrededor de siete de cada 10 parejas españolas rompen su matrimonio cada año. Y cuando acaba el amor, empiezan los gastos. Abogado, procurador, mediador, notario... Un divorcio puede llegar a costar hasta 15.000 euros. No obstante, hay alternativas mucho más económicas.

El coste de un divorcio dependerá de varios factores. Principalmente, de si hay hijos de por medio y de los bienes que se tengan en común. Teniendo en cuenta esto, la opción más cara es el divorcio contencioso.

El coste de un abogado en estos casos oscila entre los 800 y 1.600 euros, según un estudio elaborado por la app Fintonic. "Si además quieres otorgarle poder al procurador, el gasto sube entre 200 y 400 euros", asegura el documento. Estos precios son tal altos ya que existen cuestiones que son, en muchos casos, muy difíciles de acordar: custodia de los hijos, régimen de visitas, qué hacer en caso de tener empresas o muchos bienes en común, etc.

De este modo, es conveniente optar por el divorcio de mutuo acuerdo, cuyo coste puede llegar a costar tan sólo 1.000 euros. Al ser un procedimiento más simple -la pareja puede tener el mismo procurador y estar asesorado por el mismo abogado-, el coste del abogado es mucho menor, desde los 400 euros. Si en vez de otorgarle poder al procurador, lo haces a una notaría, el gasto será de media de unos 50 euros, según Fintonic. "Este es uno de los procedimientos más rápidos, sencillos y económicos", aseguran desde la app para organizar el dinero y ahorrar.

Para poder recurrir a esta alternativa, se necesita la presentación de la demanda y del convenio regulador firmado por ambos cónyuges y ratificado en el juzgado de familia.

Sin embargo, desde la reforma de 2005 hay una opción todavía más barata y rápida: El divorcio exprés. Con esta esta opción, "puedes divorciarte sin tener que separarte judicialmente. Tampoco es necesario justificar el porqué del divorcio", explican desde Fintonic.

El divorcio exprés se hará efectivo aproximadamente en dos meses. Para ello, es imprescindible que la boda haya sido, como mínimo, tres meses antes, y que los dos cónyuges estén de acuerdo con los términos. Un divorcio de este tipo, sin hijos ni bienes en común, podría costar tan solo 100. Un divorcio con hijos pero sin bienes o al revés se encuentra alrededor de los 110. Y si tienes hijos y bienes, el precio asciende a los 120 euros.

¿Qué pasos debes seguir para minimizar el coste?

En primer lugar se debe pedir el presupuesto de lo que va a costar el trabajo de los diferentes profesionales. La mediación familiar a veces se presta de forma gratuita. Si no es así, la tarifa es libre, según cuentan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El coste de este servicio dependerá de la complejidad del proceso y del número de reuniones necesarias para llegar a un acuerdo, entre otras variables.

Respecto al abogado, se debe "pedir una hoja de encargo o nota de encargo profesional en la que se detalle cuánto va a costar el servicio exactamente y qué comprende -en partidas claramente desglosadas-", recomiendan desde la organización.

El procurador cobrará unos costes fijos por cada uno de los trámites de los que se encargue. Por su parte, el notario cobrará un coste que dependerá de la cuantía del patrimonio resuelto. Es importante recordar que en el caso de un divorcio de mutuo acuerdo, algunos de estos gastos se comparten.

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La Plataforma contra la Contaminación "Asturies por un Aire Sano" solicita una entrevista a la Ministra de Transición Ecológica

La Plataforma contra la Contaminación "Asturies por un Aire Sano" solicita una entrevista a la Ministra de Transición Ecológica

Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica. -Imagen del Ministerio-
Desde la Plataforma "Asturies por un Aire Sano" se solicita a la Ministra  de Transición Energética una entrevista a la mayor brevedad posible para exponerle nuestro punto de vista sobre la transición energética en Asturias.

Somos conscientes que desde distintos ámbitos del mundo empresarial, sindical, político y mediático asturiano le llegan continuamente presiones para frenar los planes de transición energética. Pudiendo hacerle creer que esa es la opinión unánime del conjunto de la sociedad asturiana. Nada más lejos de la realidad. Desde la Plataforma “Asturias por un Aire Sano” apostamos por una transición energética socialmente justa, sin dejar a nadie por el camino, con despidos cero y con nuevos nichos de oportunidad y trabajo, pero sin dilaciones. La plataforma “Asturias por un Aire Sano” la formamos cerca de medio centenar de organizaciones de distinto tipo: la mayoría asociaciones vecinales, aunque también hay grupos ecologistas y otras entidades de la sociedad civil asturiana, que luchamos por la salud y por un aire sin contaminación para nuestra tierra.

- Fuente: Nota de la Plataforma Asturies por un Aire Sano.

miércoles, 1 de agosto de 2018

Sobre la ilegal prohibición de impedir la entrada con alimentos en los festivales Gijón Life, Holy Party y otros espectáculos


SOBRE LA ILEGAL PROHIBICIÓN DE IMPEDIR LA ENTRADA CON ALIMENTOS EN CONCIERTOS Y FESTIVALES (A PROPÓSITO DE GIJÓN LIFE, HOLY PARTY Y OTROS) 

El art. 29.4 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas dispone que en espectáculos públicos tales como cines, conciertos y festivales o espectáculos taurinos "se garantizará a los consumidores y usuarios el derecho a elegir los productos que deseen consumir y dónde adquirirlos, siempre y cuando durante el espectáculo se permita el consumo de los mismos". El art. 82.4 b) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera abusivas -en todo caso- las cláusulas que limiten los derechos de los consumidores y usuarios. En dicha norma se recoge expresamente como cláusula abusiva por limitar derechos básicos de los consumidores y usuarios (art. 86.7) "la imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario".

El carácter abusivo de dicha limitación ha sido confirmada respecto a los cines (la doctrina puede ser extrapolable también  a otros espectáculos públicos de los reseñados anteriormente y entre los que se encuentran los conciertos y festivales) por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cuya sentencia n° 82/2001 de 2 de octubre establece que mediante esta cláusula se limita el derecho del consumidor a elegir los productos que desea consumir y dónde adquirirlos, sin fundarse dicha limitación en circunstancias objetivas y "se  restringe arbitrariamente su libre capacidad de elección en el caso de que deseen acceder a ese tipo de bienes y servicios, únicamente respecto a aquellos que se expenden en el interior del local y se limita su decisión de acceder al servicio principal que se presta relativo a la exhibición de películas en función de prestaciones accesorias no solicitadas previamente."

Dicha limitación es más sangrante si en el recinto donde se prohibe la entrada con productos del exterior, se venden dichos productos a un precio ostensiblemente más caro, haciendo su "agosto" el organizador del evento a costa de limitar sin fundamento legal alguno (las razones de higiene serían alegables si se prohibiese todo consumo de alimentos no vendiéndose en el recinto ningún producto) los derechos de los usuarios.

Por ello, resulta penoso ver como los derechos de los consumidores son pisoteados en conciertos y festivales, sin que las Administraciones Públicas competentes impidan los abusos de sus organizadores de estos eventos al prohibir la entrada con bebidas en envases no peligrosos o con bocadillos mientras que esas mismas bebidas o alimentos son consumidas libremente en el interior del recinto,  cuando se compran a precios astronómicos en los chiringuitos explotados por la organización que prohibe la entrada de los mismos productos comprados en el exterior.

Dos son las líneas de actuación que podría seguirse para evitar estos abusos.

La primera, didáctica y preventiva: en toda licencia o autorización para celebrar cualquier espectáculo público debería hacerse referencia expresa a la obligación de cumplir la legislación en materia de derechos de los consumidores y usuarios y, específicamente, al derecho a la entrada en el festival, concierto o espectáculo con alimentos y bebidas en envases que no puedan suponer un riesgo para la seguridad si en dicho lugar se venden alimentos o bebidas (el concierto no puede ser excusa para el "sablazo" y el asistente que le apetezca beber o comer debe ser libre para optar por pagar el producto que se venda dentro o traerlo de afuera).

La segunda, reactiva, sancionadora y obligatoria: cuando se están limitando estos derechos a los consumidores no se puede mirar hacia otro lado ya que se han cometido infracciones que, además han beneficiado económicamente a los infractores que han explotado el negocio de venta de bebidas y otros alimentos en exclusiva y a precios superiores al mercado. Estas conductas, se insite, son infracciones consumadas y las Administraciones están obligadas a actuar, imponiendo las merecidas sanciones  tras la apertura de los correspondientes expedientes.

Noticia relacionada: 
La Unión de Consumidores critica que se impida llevar a los conciertos comida y bebida

martes, 31 de julio de 2018

El Tribunal Supremo flexibiliza el criterio sobre requisitos de subrogación de alquileres de renta antigua por fallecimiento

                                                     


                                                      TRIBUNAL SUPREMO
                                                               SALA CIVIL
                                                      GABINETE TÉCNICO


Posibilidad de que arrendador de una vivienda pueda oponerse a la subrogación en el contrato cuando, pese a que no se le ha notificado por escrito, tiene conocimiento del fallecimiento de la arrendataria y de la voluntad del viudo de subrogarse. Matización de doctrina jurisprudencial.

Conforme a la DT 2ª LAU 1994, los contratos de arrendamiento de vivienda que se celebraron con anterioridad al 9 de mayo de 1985 y estuvieran subsistentes en el momento de la entrada en vigor de la LAU 1994, continuaron rigiéndose por las normas del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en la propia disposición transitoria; entre otras previsiones, la mencionada transitoria estableció que a la subrogación por causa de muerte a que se refería el art. 58 LAU 1964 sería de aplicación el procedimiento previsto en el art. 16.3 LAU 1994.

La sala primera venía entendiendo que, para que tenga lugar la subrogación, era imprescindible el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 16 LAU, que incluyen la comunicación por escrito del fallecimiento y de la identidad de la persona que tiene la voluntad de subrogarse.

Sin embargo, reunida nuevamente en pleno, la sala considera que la doctrina anterior resulta excesivamente rígida y que no puede ser mantenida de manera inflexible sin atender en cada caso a las exigencias que imponga la buena fe, principio general del derecho que informa nuestro ordenamiento jurídico (arts. 1.4 y 7 CC).

Por razón de la buena fe, el efecto extintivo del contrato puede ser un resultado injusto cuando, a pesar de no haberse llevado a cabo una notificación formal por escrito, el arrendador tiene un conocimiento efectivo de que se ha producido el fallecimiento del arrendatario y de la voluntad de subrogación de quien tiene derecho a ello, toda vez que el consentimiento del arrendador no es un requisito para que se produzca la subrogación y que la exigencia de notificación lo que pretende es que el arrendador tenga conocimiento en un plazo razonable del ejercicio de un derecho que le afecta. Invocar la falta de notificación para extinguir el contrato cuando el arrendador conoce la voluntad del ejercicio del derecho de subrogarse resulta, por tanto, contrario a la buena fe.

domingo, 29 de julio de 2018

Estudio sobre la salud pública. El tabaco roba más de un millón de años de vida a los españoles cada año


El mayor estudio sobre la salud pública en España revela que la mayor parte de las causas de muerte prematura y enfermedad se podrían prevenir fácilmente


La adicción al tabaco roba más de un millón de años de vida a los españoles cada año, lo que representa el 10% de toda la carga de enfermedad en el país, según el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la salud pública en España. El trabajo, elaborado por especialistas de 21 hospitales y centros de investigación, constata que la mayoría de las causas de muerte prematura y enfermedad en España se podrían prevenir fácilmente con mejores políticas sanitarias y cambios de comportamiento individuales. “El tabaquismo es una enfermedad social transmitida por nuestros familiares o amigos. Las autoridades tienen que reducir el acceso al tabaco, quitar las máquinas expendedoras de los bares, subir el precio de las cajetillas, prohibir fumar en espacios públicos abiertos”, exhorta el epidemiólogo David Rojas, del Instituto de Salud Global de Barcelona.

El llamado Estudio de la Carga Global de las Enfermedades, coordinado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, mide la salud en todo el mundo de forma anual. En algunos países, como EE UU, Brasil y México, han surgido iniciativas nacionales para desarrollar estos datos a nivel local. En España, este nuevo trabajo es el segundo que trata de hacer una foto en alta resolución de la salud pública en el país, tras un primer intento con datos de 2010. Los investigadores —coordinados por el médico Joan Soriano, de la Universidad Autónoma de Madrid— utilizan casi 1.600 fuentes de información, desde el Ministerio de Sanidad al Instituto Nacional de Estadística. “Es el chequeo más actualizado y exhaustivo realizado en la historia al paciente España”, afirma Soriano.



En 2016, en España se registraron unos 420.000 fallecimientos en una población total de 46,5 millones de personas. Las cinco principales causas específicas de muerte fueron la cardiopatía isquémica (causante de angina de pecho e infarto agudo de miocardio, con el 14,6% de todos los fallecimientos), el alzhéimer y otras demencias (13,6%), el accidente cerebrovascular (7,1%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (6,9%) y el cáncer de pulmón (5%). El 80% de los fallecidos tenían 70 años o más.

Los investigadores estudian los llamados Años de Vida Ajustados por Discapacidad: el número de años perdidos por culpa de una enfermedad, una discapacidad o una muerte prematura. Si un hombre fumador muere por un cáncer de pulmón galopante a los 51 años, se considerarían 30 años perdidos, porque la referencia es la longevidad máxima mundial de 81 años de los hombres japoneses (86 años en el caso de las mujeres). El tabaco es, de largo, “el factor de riesgo número uno” en España, según el estudio. El tabaquismo fue responsable de 1,15 millones de años de vida perdidos en 2016, principalmente debido a tumores malignos, patologías cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas.

El consumo de alcohol y drogas (culpable de 970.000 años perdidos), la presión arterial alta (960.000) y el índice de masa corporal elevado (913.000) fueron los siguientes factores de riesgo en importancia, según el estudio, publicado en la revista especializada Medicina Clínica. La dieta inadecuada —baja en fibra o elevada en grasas insaturadas, por ejemplo— fue por su parte responsable de 830.000 años perdidos. Y entre los principales factores de riesgo también figuran el azúcar en sangre (615.000 años perdidos), el colesterol alto (385.000), los riesgos ocupacionales (360.000), la insuficiencia renal (271.000), la contaminación del aire (188.000) y la baja actividad física (132.000). Los 17 factores de riesgo más importantes restaron 7,15 millones de años de vida con salud a los españoles en 2016.

“Hay grandes oportunidades para mejorar la salud pública en España”, sostiene David Rojas, coautor del trabajo. Su estudio destaca avances realizados en las últimas décadas. El porcentaje de fumadores diarios cayó entre 1980 y 2016, con una disminución más alta en los hombres (del 41% a 26%) que en las mujeres (del 21% a 17%). Sin embargo, los autores advierten de un fenómeno conocido. La tortilla se ha dado la vuelta y ahora son las mujeres las que empiezan a fumar más que los hombres. El 19% de las jóvenes fuma, frente al 18% de los varones. “Y lo más preocupante es que la prevalencia del tabaquismo en los niños de 10 a 14 años ya es más alta en las niñas (4,5%) que en los niños (2,6%)”, señalan los investigadores.

Los autores urgen a poner en marcha políticas de control del tabaco más ambiciosas, como una subida de impuestos y la imposición de un empaquetado neutro. La industria tabaquera, liderada en España por Philip Morris (Marlboro, Chesterfield, L&M), hace lobby para intentar frenar estas medidas. Los científicos también piden otras “intervenciones clave”, como establecer impuestos sobre la comida basura y las bebidas azucaradas y poner en marcha campañas para promover la actividad física.

 “Culpabilizar a las personas es un error. No vale que te digan que tienes que hacer ejercicio, cuando tu horario laboral no te lo permite. O que te digan que comas sano cuando la máquina expendedora de tu trabajo solo tiene comida basura”, subraya Rojas.

 El estudio también incluye otros motivos para el optimismo. Los accidentes de tráfico cayeron del puesto 8 al 32 en la lista de causas de muerte entre 1990 y 2016. Los científicos atribuyen este éxito a factores como la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad abrochado en zonas urbanas desde 1992, los incentivos fiscales para renovar los automóviles antiguos y las mejoras en la red de carreteras. También ha caído la mortalidad en niños menores de cinco años, a un ritmo del 3% anual desde 2006. La esperanza de vida en España en 2016 fue de 80,3 años en hombres y de 85,6 años en mujeres, la cuarta más elevada del mundo tras Japón, Francia y Corea del Sur, según destaca Soriano.

Otra de las sorpresas del estudio es que los dolores de espalda y cervical, provocados sobre todo por riesgos ergonómicos ocupacionales, se convirtieron en el principal causante de discapacidad en España en 2016, superando a la cardiopatía isquémica, mientras que el alzhéimer pasó del noveno puesto al tercero. Los patrones detectados son similares a los observados en otros países de Europa occidental, como Francia y Portugal.

La contaminación del aire es el único factor de riesgo ambiental dentro de los 10 principales factores. “También se necesitan urgentemente políticas y reglamentaciones para reducir las principales fuentes de emisión de contaminación”, detallan los autores, que reclaman, en concreto, reducir el espacio de estacionamiento público para automóviles, aumentar la disponibilidad y eficiencia del transporte público y promover el caminar y el ciclismo.

La barrera de las comunidades autónomas 

Los expertos en salud pública insisten desde hace años en que el código postal es más importante que el código genético. Las campañas de promoción de la actividad física pueden ser mucho más necesarias en comunidades como Galicia y Andalucía que en Baleares, una región con menos problemas de sobrepeso y obesidad. “El siguiente paso es hacer un zoom para ver cómo se distribuyen los factores de riesgo por cada comunidad autónoma, para priorizar las intervenciones, ya que los recursos son limitados”, explica el epidemiólogo David Rojas. Sin embargo, el sistema de salud descentralizado en España, dividido en 17 comunidades autónomas, dificulta la labor de los expertos en salud pública. “Lamentablemente, la información solo se proporciona a nivel nacional, una limitación que otros países han abordado y superado”, se quejan los autores. “Los datos existen, pero muchas veces no están disponibles”, deplora Rojas.

Además de las diferencias regionales, los científicos también destacan las diferencias por sexos. El tabaquismo provoca el 10% de toda la carga de enfermedad en España, pero el efecto es mucho mayor en hombres (16%) que en mujeres (4,5%). La situación se repite con el consumo de alcohol y drogas, responsable del 13% de la carga de enfermedad en hombres frente al 5% en las mujeres. A juicio de los autores, “este hallazgo evidencia la necesidad de un enfoque de género en cualquier política de salud pública sobre la carga de enfermedad y sus factores de riesgo”.



viernes, 27 de julio de 2018

La desprotección del consumidor, por Luis Jiménez Alonso


Luis Jiménez Alonso
Letrado de la Administración de Justicia

La desprotección del consumidor

El incremento de los mecanismos de protección al consumidor es una respuesta al incremento de los ataques a sus derechos que, cada día más sofisticados, buscan la supresión de hecho de la última de sus garantías: la vía judicial.

En España, aunque haya antecedentes, los primeros intentos serios para la defensa de los intereses de consumidores, pueden datarse en la publicación de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sin embargo dicha ley es la respuesta a una serie de conductas de los proveedores de bienes y servicios que ponían en indefensión a los consumidores.

Desde entonces algunos proveedores han buscado y encontrado diversos sistemas para eludir la efectividad de esos derechos. Siendo sinceros debemos reconocer que dicha ley fue un paso importante respecto la protección a que aspiraba, pero se han encontrado decenas de  recovecos o de formas que, de hecho, restringen esos derechos; incluso la garantía judicial, (ver el comentario que hicimos en este blog sobre "cláusulas bancarias abusivas") ante leyes que habían sido dictadas en protección del abuso de los acreedores sobre los consumidores y que tras la presión de estos, sus abogados y unos pocos jueces, solo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiguió la anulación e interpretación de algunas normas para que fuesen más conformes con sus principios.

Desde entonces son múltiples las normas dictadas en tal sentido,  mencionaremos solo la Ley Orgánica 15/1999, Protección de Datos de Carácter Personal (última modificación en 2011). Sobre ella hemos de decir lo mismo: que surge como reacción a actividades de intromisión abusivas, aunque no ilegales en la medida en que no estaban reguladas. Asimismo hay que señalar que la publicación de la ley, sus reglamentos y modificaciones, y el todavía reciente Reglamento Europeo 2016/679, no han impedido que distintos tipos de empresas se hayan aprovechado de sus ambigüedades o carencias.

Podemos hablar de muchos métodos concretos usados para, de una u otra forma, evitar de hecho los efectos de las leyes dictadas a favor de los consumidores, que se han visto incrementados con la presencia de internet en nuestras vidas.

Así tenemos las empresas fantasma, que solo existen en internet (antiguamente un apartado postal, que la cosa no es nueva), pero a las que no se puede reclamar porque no existe una dirección, un teléfono fijo, a veces ni uno móvil, ni e-mail pues lo que encontramos son formularios de contacto en que el e-mail del vendedor no es visible para el que reclama. Algunos de estos "comercios" son simplemente una estafa, aunque hay comercios reales que siguen esta técnica y carecen de garantías legales. Es difícil decir que empresas reales y serias funcionan con este sistema pues es uno de los primeros elementos a tener en cuenta al comprar algo.

No faltan empresas que con mecanismos reales de contacto, sin embargo no solucionan de hecho los problemas de sus consumidores porque se limitan a dar largas, respuestas evasivas o imponer sobrecostes que hacen inasumible para el cliente la reparación en relación al precio del producto o servicio adquirido. ¿Quién no ha comprado por 50 céntimos una mariposa solar que aletea en una maceta? Luego resulta que viene desde Hong Kong, los gastos de envío son 3 euros y la calidad del producto no alcanza su mínimo precio y se deshace con un tibio rayo de sol. El vendedor dice que se compromete a darnos un producto en condiciones pero ... nosotros hemos de pagar los gastos de envío. Y no digo que no falten los vendedores responsables que devuelven el dinero y renuncian al producto, a mí me ha ocurrido en ocasiones.

En internet también es usual que, una empresa tenga una página web en un dominio <.es> y sin embargo tenga la sede en Bulgaria pero que el producto se envíe desde China. Aunque exista la empresa y tenga solvencia, a ver quién es el guapo que, ante el incumplimiento del proveedor le pone un pleito en Bulgaria por un equipo de música de 99 euros, por mucho que exista un  proceso europeo de escasa cuantía. La traducción de todo al búlgaro supone un coste mayor que el producto y aunque ganásemos el proceso tendríamos por delante una dudosa ejecución, dejando aparte el conocer las peculiaridades de su sistema judicial.

No hace falta irnos a estafas ni a intercambios internacionales pues los problemas también son usuales con bancos, aseguradoras, compañías de telecomunicaciones o grandes almacenes. Ni siquiera tenemos que adquirir un producto concreto para tener problemas, pues estas entidades pueden certificar unilateralmente que uno les debe algo y con ese certificado acuden a sus compañías vinculadas, o a listados de morosos, y exigen un pago con amenazas de gastos adicionales, suspensiones de servicio, listas negras, acoso telefónico ...

Como ha señalado la OCU, la inclusión en un fichero de morosos es una práctica habitual en estos tiempos como medida de presión para reclamar una deuda. Ciertamente la LOPD prevé y permite esos ficheros a los que no podemos negar su utilidad, y según el art. 38 del RPD (Real Decreto 1720/2007) la inclusión de datos personales en estos tipos de archivos sólo se podrá efectuar cuando exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada y después de que el acreedor haya requerido el pago de la deuda. Dicho precepto exceptuaba el supuesto en que hubiese una reclamación (judicial, arbitral o administrativa), pero ese inciso fue declarado nulo a instancias de ASNEF (STS, Sala 3ª de 15-7-2010). Así, ahora basta con el requerimiento de pago, y es irrelevante la oposición del supuesto deudor. Y en cuanto a lo "cierto" de la deuda, ni siquiera el hecho de que esté en contienda judicial impide la inclusión en el fichero, ni existe una definición legal de "deuda cierta".

Así las cosas, un acreedor puede reclamar judicialmente si lo desea pero solo entonces el cliente podría oponerse a la deuda. Porque éste no puede ir a un juez para que declare si debe o no pues en nuestra legislación no existe una "acción negatoria de deuda". El problema es que el acreedor no acude al juzgado porque no quiere discutir, sino cobrar y para ello utilizará todos los mecanismos a su disposición, siendo más rápido y barato incluir al cliente en el fichero de morosos y esperar el pago. A estas empresas les basta con decir que la deuda es cierta, es irrelevante que uno diga que no está de acuerdo con la factura, pues con su certificado unilateral pueden esperar meses o años coaccionando a sus clientes. En realidad creo firmemente que a la empresa (salvo las que simplemente compran los créditos para su ejecución) no le importa tanto el dinero como el que se sigan sus criterios. Así me lo ha mostrado mi experiencia cientos de veces, cuando son de poca cuantía, los grandes almacenes que denuncian hurtos luego no cobran los "cheques" por el valor de lo hurtado o dañado que les entrega el juzgado. El coste de cobrarlo supera al valor que pueden obtener y gran cantidad de esas indemnizaciones finalmente se entregan al Tesoro.

Pero si, para no entrar en el fichero, el cliente paga voluntariamente ¿cómo va luego a ir al juzgado a reclamar lo que voluntariamente ha pagado? sería ir contra sus propios actos y por esta vía difícilmente podría recuperar lo pagado. Solo tendría la vía de pedir la declaración de nulidad de la cláusula (por  abusiva, por ejemplo) en que el acreedor se basa para exigir digamos 30 euros, pero este camino tiene sus propios inconvenientes y no pequeños: estas cláusulas están insertas en contratos de adhesión y forman parte de las condiciones generales de contratación de la empresa por lo que su declaración de nulidad deberá tramitarse por los cauces del juicio ordinario lo que supone una cuantía de 18.000 euros, nada más ni nada menos. El coste del pleito supera el perjuicio del pago y resulta anti-económico para el supuesto deudor.

Obviamente, conforme aumenta el coste del problema dejan de tener sentido las objeciones a que nos hemos referido, tanto para la empresa como para el consumidor, pero ¿qué pasa con los problemas pequeños, o no tan pequeños?  Porque serán de poca cuantía, pero son cientos, miles, tal vez millones de pequeños problemas ¿qué puede entonces hacer el consumidor ante eso?

No podemos considerar aceptable que el supuesto deudor se quede sin acceso efectivo a la vía judicial, por lo que habría que limitar los efectos de la certificación unilateral de deuda con la que las empresas actúan a su antojo utilizándolo como coacción pero sin reclamar judicialmente.

Habría que introducir algún mecanismo sencillo como que la mera oposición del supuesto deudor ante el requerimiento hiciese necesaria la intervención de un juez o al menos de una figura neutral que fuera quien diese a esas certificaciones cierto valor jurídico, y que no lo tuviesen sin la intervención de ese tercero, o exigir para esos casos que el acreedor acuda a la vía judicial. O dar rango legal al anulado inciso del art. 38.1 del RPD. No podemos olvidar que los ficheros de morosos son privados y defienden a sus mejores clientes, importantes acreedores, mientras que el consumidor necesita protección frente a ellos y la actual  regulación de la LOPD en muchos casos es insuficiente.

La Audiencia Nacional asume la competencia para investigar las denuncias contra las clínicas iDental de juzgados procedentes de toda España


El juez José de la Mata asume la investigación por el volumen extraordinario de la causa, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que asume la investigación de la presunta defraudación masiva de las clínicas iDental, conocidas como “clínicas dentales low cost”, con decenas de miles de víctimas repartidas por todo el territorio nacional. El juez tipifica los hechos como administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. El magistrado asume la investigación por el volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria.

De la Mata explica en su escrito que esta investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de iDental de Andalucía y, desde entonces, al menos 11 juzgados distintos se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

La estructura iDental tiene por objeto la prestación de servicios odontológicos mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional. Paralelamente, iDental ha venido ofreciendo un sistema de financiación de tratamientos, a través de entidades colaboradoras como Evo Finance, Cetelem, Santander Consumer, etc.

El juez relata cómo a través de estas entidades de financiación, iDental percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios y una vez percibido este precio, según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos, con los consiguientes perjuicios para los pacientes. Los procesos y tratamientos finalmente quedaron interrumpidos, hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas”. En este momento procesal el juez tiene constancia del cierre de clínicas en al menos 11 ciudades, de distintas comunidades autónomas.
Un único juzgado para evitar el caos procesal, ante una compleja investigación con miles de afectados e ingente número de investigados en distintos territorios

Aunque los hechos en este momento están ”limitadamente perfilados”, de la Mata los tipifica inicialmente como delito de estafa continuada, a los que puedan unirse apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la Salud Pública.

El auto recuerda el artículo 65. 1º c, de la LOPJ que fija la competencia de la Audiencia Nacional en el caso de grandes defraudaciones “que puedan causar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

Aunque se desconoce el número total de perjudicados, según de la Mata existen referencias sólidas de que existirán miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas”.

Como muestra de la magnitud de lo que va a suponer la causa, De la Mata añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, que se constatan con la simple navegación por internet. De hecho, una de las sedes de iDental en las Palmas de Gran Canaria parece que ha sido desahuciada, habiéndose incautado los historiales de más de 15.000 afectados. 

Se requerirá la participación de Unidades Centrales de Investigación

Por el tamaño de la estructura organizativa, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa y el ingente número de investigados, hace presagiar, según el juez, una compleja investigación “que requiere, desde luego, la participación de Unidades Centrales de Investigación bajo una lógica y dirección únicas, resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas Unidades bajo la dirección de decenas de juzgados de instrucción”.

A partir de este momento todas las diligencias incoadas en torno a la estructura iDental quedan acumuladas, mediante Piezas documentales separadas, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El juez se pronunciará sobre las diligencias solicitadas en la denuncia inicial, una vez que sean acumuladas y ordenadas todas las diligencias previas incoadas por distintos juzgados.

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jueves, 26 de julio de 2018

Dudas sobre el régimen legal aplicable a la publicidad de los servicios sanitarios. El Tribunal Supremo estudiará la aplicación de la normativa reguladora de la publicidad sanitaria a los servicios de odontología



No debería existir duda sobre la naturaleza sanitaria de los servicios que deben ser prestados por médicos estomatólogos, actualmente  licenciados en odontología. Consecuentemente, tampoco debería existir duda alguna sobre la aplicabilidad de la normativa reguladora de la publicidad sanitaria a estas actividades.

Sin embargo, y al mismo tiempo que se desarrolla el mayor escándalo sanitario en España con miles de consumidores afectados por el caso IDENTAL que ha dejado daños morales, sicológicos y económicos a los  pacientes que acudieron a sus clínicas, surge un Auto del Tribunal Supremo en el que parece cuestionarse el régimen legal aplicable a las clínicas dentales, admitiéndose un recurso de casación interpuesto por DENTIX contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que estimó aplicable el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobrepublicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, a la publicidad utilizada por DENTIX en sus promociones, en las que aparecían personas famosas (ver foto).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló la sentencia núm. 242/2016, de 16 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pamplona  que, a su vez anulaba la resolución  del recurso de alzada en la que el Gobierno de Navarra ratificaba la resolución del Presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Navarra, por el que se deniegó la autorización administrativa previa para la difusión de publicidad sanitaria de DENTIX.

Argumento de la sentencia del Juzgado para considerar no aplicable a la publicidad sobre implantes de DENTIX el RD 1907/1996

El argumento que sustentó la anulación de la resolución del Gobierno de Navarra recurrida fue que los implantes dentales objeto de publicidad “pueden considerarse producto sanitario a la luz de la definición expuesta y ello con independencia de que precisen procedimiento médico para su colocación porque lo pretendido es el resultado final, es decir, la colocación del implante y no el servicio o tratamiento médico para su implantación”; sin embargo, “la publicidad  firmada por Dentix incide en factores empresariales y económicos pero no sanitarios y por tanto no incurre en recomendación prohibida alguna”. Este argumento, difícilmente entendible, considera que la publicidad sobre un producto sanitario -propiamente, el anuncio sobre implantes debería considerarse más que producto, un servicio sanitario- dirigida a captar clientes no tiene incidencia sanitaria alguna, sugiriendo una dicotomía o incompatibilidad entre fines económicos y sanitarios, cosa también incomprensible dado que en España, la sanidad privada es fundamentalmente un gran negocio.

Argumento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia para considerar aplicable a la publicidad sobre implantes de DENTIX el RD 1907/1996

La sentencia núm. 132/2017, de 14 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por la que se estimó el recurso de apelación Comunidad Foral de Navarra contra la referida sentencia del Juzgado afirma que se ha producido un error en la valoración de la prueba y también una defectuosa interpretación de los preceptos aplicables “Y es que no solo la publicidad  de productos sanitarios, sino también la publicidad  de las técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos ligados a la utilización de productos sanitarios específicos debe respetar los criterios contemplados en la publicidad  de productos sanitarios. Materia ésta que se rige tanto por la normativa estatal básica como la normativa foral de desarrollo”, concluyendo que “se está utilizando la imagen de dos personas famosas para publicitar, no solo el método empleado por dicha empresa, sino también un producto sanitario; imagen que por sí sola ya constituye publicidad  a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Foral 203/1997”.

Argumentos de DENTIX en el escrito de preparación del recurso de casación

Los argumentos de la empresa recogidos en el escrito de preparación del recurso de casación, admitido a trámite son los siguientes:

a) Los servicios de odontología no pueden incluirse en la relación de prohibiciones que afectan a los productos sanitarios (artículos 2 y 38.8 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre , por el que se regulan los productos sanitarios), toda vez que las normas prohibitivas de derechos han de ser interpretados estrictamente. “Si las prohibiciones van referidas a la publicidad  de productos sanitarios, no se debe ampliar la prohibición a la publicidad  de servicios dentales de implantología, ortodoncia, etc., por lo que DENTIX sí podría llevar a cabo dicha publicidad”.

b) Considera no aplicable el  artículo 4.7 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto , sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad  sanitaria ya que cuando el Real Decreto hace referencia a esta “pretendida finalidad sanitaria”, está delimitando el ámbito de aplicación de la norma únicamente a supuestos de productos cuya finalidad  sanitaria  resulta dudosa y discutible, y que pueden inducir al error a los consumidores y suponer un fraude, refiriéndose a lo que la doctrina denomina "productos milagrosos o "productos frontera".

Cuestiones para las que existe interés casacional según el Auto del Tribunal Supremo

Las cuestiones en las que, para el Tribunal Supremo, existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son:

a) Si el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, artículo referido a las prohibiciones y limitaciones de la publicidad  con pretendida finalidad sanitaria  de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad  sanitaria , resulta extensible a los servicios de odontología, y

b) Si resulta relevante, a los efectos de ofrecer una respuesta sobre la cuestión anterior, el hecho de que la  publicidad  concreta relativa a los servicios de odontología incluya también la publicidad  de productos sanitarios, y si resulta irrelevante que dichos productos requieran de asistencia especializada para su implantación.

Opinión personal y regulación de la publicidad de productos y servicios sanitarios

Mi opinión es que el RD 1907/1996 es más bien una norma dirigida a atajar la publicidad de los “productos milagro” y servicios “seudomédicos”, prestados por personas que carecen de la acreditación profesional para ejercer una profesión sanitaria.

Tiene razón la empresa recurrente al alegar la exclusión de la regulación en el RD 1907/1996 de los productos sanitarios ya que su  art. 3.1 dispone que ”la publicidad de las especialidades farmacéuticas y de los productos sanitarios se rigen por su normativa especial”.

No obstante, dicho Real Decreto sí contempla expresamente la publicidad de los servicios sanitarios: su art. 6.1 dispone que “la publicidad y la información de los centros o establecimientos sanitarios y de los centros de belleza, adelgazamiento, tratamiento o desarrollo físico o estético, así como de los servicios y prestaciones que realizan deberá ajustarse al contenido de la autorización sanitaria de tales centros o establecimientos”.

Lo cierto es que esa regulación es muy parca y, además, carece de obligaciones y prohibiciones específicas y directas remitiéndose al contenido de la autorización sanitaria autonómica, por ello, resulta de interés citar la normativa reguladora de la publicidad sanitaria aplicable actualmente.

En cuanto a la regulación aplicable a la publicidad de productos y centros sanitarios , normativa enormemente fragmentada, cabe citar las siguientes normas:

1.- Normativa Estatal aplicable tanto a publicidad de productos como a publicidad sobre prestaciones y servicios sanitarios:

-Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
-Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de  16  de  noviembre,  por  el   que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa  de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
-Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
-Ley 24/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

2.- Normativa Estatal aplicable a publicidad de productos sanitarios

-Real  Decreto  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio,  por  el  que  se  aprueba el texto refundido de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional  de  los  medicamentos  y  productos  sanitarios.
-Real  Decreto  1416/1994,  de  25  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  publicidad  de  los   medicamentos de uso humano.
- Real  Decreto  1591/2009,  de  16  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  los  productos sanitarios..
- Real  Decreto  1616/2009,  de  26  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  los productos sanitarios implantables activos.
-Real  Decreto  1662/2000,  de  29  de  septiembre,  sobre  productos  sanitarios   para diagnóstico in vitro.


3.- Normativa Estatal aplicable a publicidad de prestaciones y servicios sanitarios

-Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de profesiones sanitarias.
-Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y  promoción  comercial  de  productos  sanitarios,  actividades  o  servicios  con  pretendida  finalidad  sanitaria.

4.- Normativa autonómica sobre publicidad sanitaria

-País Vasco: Decreto  550/1991  de  15  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la  publicidad  sanitaria.
-Navarra:  Decreto  foral  213/1993,  5  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  autorización  administrativa  previa  de  la   publicidad  sanitaria  y  Decreto  Foral  203/1997, de 28 de junio, por el que se regula el procedimiento de autorización administrativa previa de la publicidad de los productos sanitarios.  Orden Foral 63/2003, 15 de mayo, del Consejero de Salud, por la que se delega en el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra, la  facultad  de  autorización  previa  a  la  difusión  de  la  publicidad  sanitaria  de  sus  colegiados.
- Asturias: Decreto 66/2002, de 9 DE MAYO, por el que se regula la publicidad sanitaria de centros y actividades.
-  Murcia:  Decreto  41/2003,  de  2  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la  publicidad  sanitaria en la Región de Murcia. 
-  Aragón:  Decreto  240/2005,  de  22  de  noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón, por  el  que  se  regula  la  autorización  de  Publicidad  Sanitaria  de  la  Comunidad  Autónoma de Aragón.
- Galicia: Decreto 97/1998, de 20 de marzo, por el que se regula la publicidad sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.

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