"Papel mojado". Así describen desde el sindicato de enfermería SATSE la Ley de Salud Pública aprobada en el año 2011. El hecho de que la crisis sanitaria por la Covid-19 destapase las carencias del sistema de salud público español y la descoordinación que existe entre las instituciones del sector a nivel autonómico y nacional vuelve a poner aquella ley en el centro del debate. Raul Sánchez, miembro de SATSE, asegura a 'La Información' que ponerla en marcha antes habría "acabado con carencias y déficits importantes que sufre nuestro Sistema Nacional de Salud", y lamenta que ésta permanezca olvidada en un cajón.
"La Ley de Salud Pública supuso un compromiso por parte de las administraciones públicas españolas por mejorar la salud y calidad de vida de las personas que, lamentablemente, no se ha hecho realidad cerca de diez años después de su aprobación", sostienen desde el sindicato. La curva de la Covid-19 ya ha bajado, y ahora España se enfrenta a una nueva normalidad marcada por brotes esporádicos -hay 73 activos- que debe controlar. Hace unos días, el epidemiólogo español Usama Bilal explicaba a este diario que en las próximas semanas se verá si los esfuerzos para fortalecer la salud pública anunciados por las autoridades se han concretado en políticas eficientes capaces de frenar un rebrote grave. 
La vigilancia y el seguimiento de los casos será crucial en esta etapa. Las autonomías tuvieron que trabajar a contra reloj para levantar estas infraestructuras -unas con más éxito que otras-, pero ésto no hubiera sido necesario si lo estipulado en la ley de 2011 se hubiera materializado. La normativa establece en su artículo 13 que "con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia se creará la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día. La configuración y funcionamiento de la Red de Vigilancia en salud pública serán determinados reglamentariamente". 
Desde SATSE denuncian que dicha red "existe pero es indudable que no funciona como debería. Es incuestionable que el Gobierno debe reforzar, en coordinación con las comunidades autónomas, la Red de Vigilancia en Salud Pública, implementando con urgencia las mejoras que sean precisas para dotar a la vigilancia epidemiológica de instrumentos, profesionales y tecnologías que faciliten sistemas de alerta precoz y respuesta rápida. Una red en la que también estén incluido los servicios socio-sanitarios y sociales (residencia de mayores, centros de día…)".
Una de las carencias más grandes de esta red, según el sindicato, es la descoordinación entre autonomías. El mismo artículo de la ley desvela que "corresponde al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la Comisión de Salud Pública, asegurar la cohesión y calidad en la gestión de los sistemas de vigilancia en salud pública", pero la organización critica que "no existe la coordinación necesaria. Lamentablemente, existen aún muchos déficits en materia de coordinación entre los distintos ámbitos asistenciales" y pide que las enfermeras y enfermeros lideren la necesaria coordinación porque, según el grupo, son los profesionales que mejor podrían desarrollar esta función. 
Otro punto establecido en la ley es la coordinación entre los servicios asistenciales y los de salud pública, que en esta crisis han sido cruciales tanto para las labores iniciales de diagnóstico de enfermos, como para el monitoreo de cuadros y rastreo de contactos. El documento publicado en el BOE obliga al Ejecutivo a crear mecanismo para que las instituciones puedan intercambiar la información necesaria para la vigilancia en salud pública; realizar las tareas clínicas derivadas de la detección de riesgos para la salud pública y exámenes diagnósticos; ejecutar programas de prevención de acuerdo a las prioridades de cada Administración; desarrollar acciones preventivas en el entorno vital de las personas incluido el hogar; crear mecanismos para comunicar la sospecha de enfermedades... Todas son iniciativas que, de estar consolidadas en todas las localidades, hubieran permitido una acción más precoz contra la pandemia.
Uno de los colectivos más afectados por la crisis ha sido precisamente el sanitario, por trabajar en primera línea para acabarlo. Varios gremios sanitarios denunciaron durante el pico de la pandemia la falta de material de protección y la fatiga por el escaso personal en algunos centros. Esta ley también cuenta con una serie de acciones para velar por la salud laboral que tal vez hubieran podido ayudar a cuidar de los que cuidan. El documento aboga por la promoción de la salud integral de los trabajadores; la vigilancia de su estado para detectar precozmente los riesgos a los que están expuestos; el desarrollo de un sistema de información sanitaria en salud laboral que, integrado en el de información de salud pública; la implementación de un sistema de indicadores para el seguimiento del impacto sobre la salud de las políticas relacionadas con el trabajo; y la promoción de la formación en salud laboral de los profesionales sanitarios.
El colectivo SATSE también subraya que "una de las lecciones que deberían haber aprendido nuestro responsables públicos tras haber superado el estado de emergencia sanitaria es que Salud Pública es fundamental para evitar que cualquier pandemia sea mucho peor. No se ha contado con la infraestructura y profesionales necesarios para detectar, prevenir y abordar una crisis de salud pública tan grave como la del coronavirus. También creemos que hay que impulsar la formación de especialistas altamente cualificados en Salud Pública, así como la investigación en este campo". La lucha contra el nuevo coronavirus no ha acabado. La precaución durante el verano será clave para evitar un rebrote drástico en septiembre, pero los sanitarios temen que en el sector continúe esa precariedad que debió desaparecer en el 2011. 

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