viernes, 15 de abril de 2011

Sobreendeudamiento y morosidad de los consumidores. "Siento que llevo en la frente el letrero 'Soy morosa", reportaje de Carmen Pérez-Lanzac

 


Fuente: El País


La mayoría de las personas con deudas viven con congoja su situación y el acoso de las empresas de recobro. Ante el hostigamiento buscan información y comparten experiencias en foros de Internet. Algunos denuncian los abusos que detectan

 

La crisis ha disparado la morosidad y 800 empresas han florecido al cobijo de las deudas ajenas. EL PAÍS dedica una serie de reportajes a un sector opaco cuya actividad no está regulada en España. 

De un plumazo, los ingresos de la familia Sanz se redujeron a la mitad: De una media de 2.600 euros mensuales a 1.400. De un día para otro. Sin piedad. Una cantidad insuficiente para hacer frente a hipoteca de 1.200 euros y a las cuotas de dos préstamos de 10.000 y 40.000 euros. Como miles de familias, los Sanz (que no quieren dar su auténtico apellido) se encontraron de pronto en un callejón sin salida.
"Nunca me había imaginado llegar a día 5 con 20 euros en el monedero", cuenta Alba (no es su nombre real), la angustiada madre de la familia Sanz, con dos niños pequeños. "Yo hasta ahora me había dedicado a cuidar de mis hijos, pero al ver cómo caían los ingresos de mi marido me he puesto a buscar trabajo como una loca, pero sólo hace que me sienta más inútil, porque no me sale nada. Me acuerdo de cuando nos ofrecieron el préstamo en el que podríamos meter el coche y los muebles y todo sería maravilloso. Pensamos que era excesivo, pero el del banco no paró hasta convencernos. Además, nos dio dos tarjetas Visa Oro "por si teníamos algún apuro". "Ahora las caras sonrientes de los del banco se han vuelto muy serias", continúa Alba. "Moralmente estamos hundidos, nos cuesta relacionarnos, no tenemos ánimos para nada. Una mami del cole de mis hijos trabaja en un banco y desde que estoy en un listado de morosos me es imposible hablar con ella a gusto, no paro de pensar que sabe el follón que en el estamos metidos, y me pasa lo mismo con mis vecinos... Siento como si llevara en la frente el letrero: 'Soy morosa".

Y el teléfono empezó a sonar

Cuando empezaron los problemas, los teléfonos de Alba y su marido empezaron a sonar: "Nos llaman sin parar para que paguemos. Les contamos la situación en la que estamos, pero hacen oídos sordos. Te hablan sin educación. Que si usted no quiere pagar, que si usted se comprometió... ¿Nadie se da cuenta de que dicen que estamos en crisis? ¿No ven que mis impagos son producto de la situación de un país? Todos los días llaman cuatro y cinco veces para decir lo mismo, lo que te crea una tensión y una impotencia descomunales. Llaman a las 7 de la mañana y a las 12 de la noche, como si fueras un trapo viejo o un delincuente. Han llamado a mis padres, a mi marido le dijeron que se presentarían en su empresa. A un vecino le dijeron que tenían una cosa urgente que decirme y le dieron un teléfono para mí, una forma de decir 'Estamos aquí, sabemos donde vives".

Un día, Alba y su marido recibieron del juzgado una notificación que les informaba del embargo de su coche y de su piso. La nómina de su marido ya tiene un embargo de 500 euros por parte de una de las entidades que en su día les concedió un préstamo, ¿era un segundo embargo posible? ". Te sientes muy mal y solo", dice Alba, que angustiada y desorientada, buscó información en Internet y expuso su problema en un foro de morosos.

Internet se ha convertido en un refugio donde los deudores buscan respuestas a los problemas que les quitan el sueño. Alba es habitual de uno de los foros de morosos más populares, que pertenece a la web del colectivo Crisis, que promueve el decrecimiento económico y que cuenta entre sus miembros y fundadores al activista Enric Durán. Este catalán de 35 años protagonizó en 2009 una "estafa antisistema": obtuvo 492.000 euros de 68 créditos (de 39 entidades bancarias). Su objetivo, era "denunciar el sistema bancario y demostrar su vulnerabilidad". Con el dinero, que nunca devolvió (pasó unas semanas en la cárcel), este Robin Hood de la banca (así le apodaron) pagó la impresión de 350.000 ejemplares de una publicación en la que explicaba su experiencia: "Es una demostración de cómo la banca promueve el endeudamiento de las familias por encima de cualquier control y de cualquier medida de prevención de riesgos y de sentido común", en palabras del propio Durán, que en estos momentos está entregado a la cooperativa antisistema a la que pertenece. Dice que todavía le llaman a veces para que pague, pero también para ofrecerle créditos.

"El lunes dejo de pagar, pero tengo miedo"

Entre las dudas que llegan a este foro, uno encuentra desvelos como los que siguen: "El lunes dejo de pagar la hipoteca, pero tengo miedo.... ¿podrá el banco meterme en la cárcel si dejo de pagar aun sabiendo que estoy cobrando el paro?". "¿Puede ser considerado un delito el estar en lista de morosos para opositar a policía nacional? Tengo 21 años y estoy muy agobiado". "Tengo deudas en España. ¿Me pueden embargar mi nómina en Argentina? Estoy desesperada".

Estas preguntas normalmente reciben los consejos de otros usuarios que o bien ya pasaron por el mal trago, o están mejor informados o necesitan un desahogo. Si el embargo es inevitable, también aportan consejos para "minimizar los daños". Laselai es el apodo de una de las mujeres más activas en este foro, que ella también descubrió cuando empezó a tener deudas: "Mis padres enfermaron y para cuidarles tuve que dejar mi trabajo y mudarme de ciudad, tuve que dejar de pagar", explica. Todas las tardes, Laselai echa un rato ante el ordenador: "La gente escribe desesperada, como la primera vez que yo lo hice, que acababa de recibir una citación del juzgado. Intento tranquilizarles, pero contándoles las cosas como son. Y lo primero que les digo es que nadie es un delincuente por deber un dinero".

Alba explica por escrito qué tipo consuelo ha encontrado ella en este foro: "Para mí es una salida, un sitio donde nos reímos de los que no paran de llamarnos por teléfono, y un lugar donde encontrar información de todo este mundo de embargos e intentar entender lo que me dice el juez en esos tacos de papeles, porque no me puedo permitir un abogado. También me ha ayudado a establecer unas prioridades de pago: primero, vivir dignamente (es decir, la luz, el agua y la comida) y lo otro, pues como pueda".

Una vez informados de las complicaciones de su nueva situación, muchos deudores -que no están de acuerdo con la cantidad que se le reclama, con los métodos usados por las empresas de recobro o por cómo se les ha localizado -se animan a reclamar. En la OCU han detectado un aumento en el número de consultas sobre los listados de morosos (1.700 el año pasado) y en la Agencia Española de Protección de Datos se han duplicado las denuncias relacionadas con el cobro de morosos.

Las comisiones por retrasos

Otro portal bastante activo es el foro Antiusura, creado hace un año y medio por un economista, dos funcionarias y un profesor. Este foro, que recibe unas 15.000 visitas únicas mensuales, se ha especializado en informar sobre las comisiones que entidades y financieras suelen cobrar cuando el cliente se retrasa en el pago de alguna cuota. Además, detallan qué pasos hay que seguir para recuperarlas en caso de que no se hayan aplicado de forma correcta. "Mucha gente cobra el paro el día 10, pero la hipoteca se la pasan el día 1 o el 5", explica la usuaria Ocnur (que prefiere no dar su nombre real), una de las creadoras del foro. "Por esos días de retraso, las entidades cobran cada mes una comisión de unos 30 euros. Unas veces se llama Comisión por reclamación de recibo vencido, otra Comisión por cuota impagada o Comisión por reclamación de deuda. Son legales, pero muchas veces están siendo mal aplicadas por parte de los bancos, que, según la normativa del Banco de España, antes de cobrarlas deben informar al titular de forma fehaciente".

El Banco de España fija unos requisitos para poder cobrar estas comisiones, cuyo objeto, según sus propios criterios, "es la recuperación de los costes que debe soportar la entidad a consecuencia de las gestiones necesarias para la recuperación de dichos saldos o cuotas". Para poder aplicarla, "deben figurar expresamente en el contrato de la correspondiente operación" y la entidad "debe acreditar que el devengo de la comisión está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor". Además, la entidad advierte de que la aplicación automática de esta comisión "no constituiría una buena práctica bancaria". En caso de que no se cumplan estos criterios, los usuarios tienen hasta 15 años para reclamar su devolución (en algunos casos, con compensación)."Mucha gente que lo está pasando fatal para llegar a fin de mes no tenía ni idea de esto y por poco que logren recuperar supone muchísimo para ellos", continúa Ocnur. "A veces incluso les ayuda a ponerse al día con los pagos pendientes".

Los casos de Benjamín y Bob

Así les ha sucedido Benjamín y Bob, dos usuarios de este foro (que no quieren dar su nombre completo). Benjamín se vio en apuros tras avalar varios créditos de sus padres, que en 2006 abrieron un negocio. "Cuando dejaron de poder pagar, sus acreedores se volvieron contra mí. Y mi salario da hasta donde da, así que un mes pagaba la hipoteca, al mes siguiente pagaba la letra del coche y así iba tirando hasta que no pude más. Era o pagar los préstamos o comer. Dejé de pagar y las llamadas se volvieron más insistentes", continúa Benjamín. "Cuando empezaron a buscarme en el trabajo, reaccioné, me puse a leer y di con el foro antiusura, donde me enteré de que cabía la posibilidad de que el banco tuviera que devolverme las comisiones que me había estado cobrando durante el tiempo en que me vi obligado a aplazar el pago de la hipoteca para devolver los créditos de mis padres. Puse las reclamaciones correspondientes y logré que me devolvieran 2.000 euros que me permitieron ponerme por fin al día con la hipoteca. Y tengo cuatro reclamaciones más admitidas a trámite".

En el caso de Bob los problemas se desencadenaron cuando le despidieron de la fábrica en la que llevaba años trabajando. "A partir de ese momento empezamos a pagar la hipoteca con el sueldo de mi mujer, pero como ella cobra más tarde, en lugar del día 1 pagábamos el 4 o el 5. El banco nos cobraba puntualmente comisiones por ese retraso, y nos metimos en una espiral: nunca lográbamos ponernos al día con los pagos, no levantábamos cabeza. Un día mandaron a alguien al trabajo de mi mujer y exploté. Me puse a buscar orientación en Internet y descubrí el tema de las comisiones. Logré que me devolvieran 1.500 euros".

El foro lleva cada mes la suma del dinero que sus miembros logran que les sea devuelto. En marzo han recuperado más de 20.000 euros. Desde el Banco de España no disponen del dato desglosado, pero informan de que en los últimos dos años ha habido un "aumento significativo" de este tipo de reclamación.


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miércoles, 13 de abril de 2011

Los islandeses son unos irresponsables, por Isaac Rosa


 “Se eligió la peor opción. Debemos hacer todo para evitar un caos político y económico a consecuencia del resultado.” 
 Johanna Sigurdardottir, primera ministra de Islandia.
Vamos a tener que tomar medidas más drásticas para hacer entrar en razón a los islandeses, que han vuelto a rechazar comerse las deudas de los bancos. Por ahora les amenazan con llevarlos a los tribunales, cerrarles la puerta de Europa y que Moody’s les rebaje el rating. Si aún así se resisten, habrá que mandar a la OTAN, porque otra cosa ya no se me ocurre para que actúen como ciudadanos responsables.
Es lo que pasa por dejar que la gente decida. Los de a pie somos por naturaleza irresponsables, porque a diferencia de la clase política no tenemos sentido de Estado. Por eso es mejor dejar las decisiones importantes en manos de los expertos o los gobernantes, siempre más responsables.
Algo parecido ha pasado en Eslovenia: el parlamento aprobó una reforma laboral, y la presión popular logró un referéndum. ¿Y qué creen que ha pasado? Pues que un 82% la ha rechazado. Y pronto votarán también la de pensiones.
¿Se imaginan que a los españoles nos consultasen sobre la reforma laboral, de pensiones o de las cajas? Por suerte somos un país serio, con una clase política responsable y con sentido de Estado, y leyes que dificultan convocar referéndums a tontas y a locas, porque lo más probable sería que nos equivocásemos y votásemos en contra de lo que los mayores, perdón, los dirigentes, saben que es mejor para nosotros.
No sabemos si en Islandia habrá un tercer referéndum, o acabará decidiendo el parlamento. Ya pasó con la constitución europea: en cuanto la rechazaron en Francia y Holanda, se desechó la idea de ratificarla en referéndum, y el nuevo tratado lo aprobaron por vía parlamentaria todos los países salvo Irlanda, donde hubo que votar dos veces para que no se equivocasen los ciudadanos.
Quienes no tienen ya estos problemas son los portugueses. Ellos no votarán sus planes de ajuste, y aunque elijan a sus gobernantes, tampoco éstos decidirán la política económica, por si no son lo bastante responsables. Hoy reciben la visita del FMI, el BCE y la Comisión, gente seria donde las haya, y que les dirán qué es lo que más les conviene.

Una lección de democracia, por Juan Carlos Escudier

Islandia ha vuelto a decir en referéndum que pague Rita los platos rotos de sus banqueros, y su obstinación ha colmado la paciencia del Reino Unido y Holanda, que adelantaron compensaciones por 4.000 millones de euros a sus nacionales afectados por la bancarrota y ahora no ven la forma de cobrarse la factura. Los irreductibles islandeses no dejan de transmitirnos enseñanzas: dejaron quebrar a sus bancos, probablemente porque no había en el mundo salmones suficientes para cubrir la pella, metieron en la cárcel a los banqueros, derribaron al Gobierno y modificaron la Constitución para constituir un órgano ciudadano de control al poder ejecutivo.
Lo más interesante de la revolución islandesa es el retorno a la democracia directa, lo que implica que decisiones como asumir una deuda que obligaría a cada contribuyente a apoquinar 100 euros al mes durante 37 años deban someterse al escrutinio popular. Esta vuelta a los orígenes no implica resucitar a Pericles, pero se antoja la única manera de resolver el divorcio entre la sociedad y sus representantes, que cada vez con más frecuencia entienden que ganar unas elecciones les permite hacer de su capa un sayo y de su programa un tratado de papiroflexia para principiantes.
No se entiende que en un momento en el que la tecnología hace posible especular en Bolsa dándole a un tecla o presentar por Internet la declaración de la renta haya quien siga manteniendo que la democracia directa es lenta y cara, y se oponga a que los ciudadanos se pronuncien en tiempo real sobre decisiones capitales que afectarán a sus vidas. Sin banalizar el instrumento preguntando por el color del traje regional o sobre si las mezquitas han de tener minaretes como hacen los suizos, se recuperaría el interés por los asuntos públicos y los espectadores serían por fin protagonistas de su obra.
Se evitaría así esa práctica tan extendida de gobernar democráticamente contra el criterio de los gobernados. Sería el fin de los lobbies y los poderes fácticos, y nos ahorraríamos más de una guerra y muchas “decisiones difíciles”. Es lógico que no despierte entusiasmo.

Ni Verdes, ni Liberales, ni Conservadores, ni Socialdemócratas han podido con el pueblo: Islandia dice otra vez NO al suicidio financiero al que le conminaba la Unión Europea

Autor:  Michael Hudson 
Fuente: Sinpermiso

"…para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías."

"Votando NO en el referéndum del 9 de abril lo que la población islandesa dice a los negociadores financieros de Europa es: '¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros'."

Ayer, 9 de abril de 2011, el pueblo islandés ha vuelto a decir "No" en un referédum de la mayor importancia, no sólo para los destinos de la economía y aun de la nación septentrional, sino para el futuro de la democracia y de la economía del continente europeo. El pueblo islandés tenía que votar sobre el frívolo y poco meditado acuerdo al que el gobierno verde y socialdemócrata había llegado con la UE para hacerse cargo de las enormes deudas contraídas con clientes privados británicos y holandeses por el banco privado Icesave. Asombra el espectáculo, común a toda Europa, de unos Parlamentos más y más divorciados de la opinión pública y el creciente descrédito de lo que ha dado en llamarse la "clase política". En este artículo, escrito con su lucidez y perspicacia habituales dos días antes de que se celebrara el referéndum y a propósito del mismo, Michael Hudson analiza lo que anda en juego en la economía y en la política europeas de nuestros días.

Un combate epocal se desarrolla este fin de semana en Islandia. El sábado, 9 de abril, los islandeses votan en referéndum si someten o no a su econonomía a décadas de miseria, bancarrota y emigración forzosa de su fuerza laboral. Al menos, ese es el programa defendido por la actual coalición gobernante de Verdes y Socialdemócratas, que urgen a votar Sí al rescate del banco Icesave. Su política de rendición financiera se traga el cabildeo del Banco Central Europeo a favor de una desregulación neoliberal que llevó a la burbuja inmobiliaria y al endeudamiento apalancado, presentándola como si de una historia de éxitos se tratara, y no, como es el caso, de un proceso que ha terminado por llevar a Islandia a la servidumbre por deuda. La verdad es que se trató de un gigantesco fraude bancario, de una orgía de ventajistas que jugaban con información interna privilegiada: los ejecutivos bancarios se prestaban el dinero a sí mismos, dejando una cáscara vacía: así, decían, funcionan los "mercados libres". Se recomendaba el endeudamiento como vía para hacerse rico. El precio que pagó Islandia fue un desplome del 70% del valor de sus viviendas (en un país en el que [como en España] los deudores hipotecarios son personalmente responsables de su deuda, cualquiera que llegue a ser el valor de la vivienda), un PIB en caída libre, un creciente desempleo, quiebras y desahucios. 

Para poner el voto del sábado 9 en perspectiva, vale la pena ver qué cosas parecidas han ido pasando en el último año en toda Europa. Para no iniciados, durante ese año se ha popularizado un nuevo acrónimo, PIIGS, para referirse a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Grecia

La erupción comenzó en Grecia. Una de las herencias del régimen de los coroneles fue la evasión fiscal de los ricos. Eso llevó a déficits presupuestarios, y los bancos de Wall Street ayudaron al gobierno [conservador griego] a esconder su deuda pública en una contabilidad basura de "libre empresa". Luego, los acreedores alemanes y franceses hicieron una fortuna elevando las tasas de interés que Grecia tenía que pagar por su acrecido riesgo crediticio.

Se le dijo a Grecia que tenía que levantar los ingresos fiscales con impuestos a los trabajadores y haciendo pagar más por los servicios públicos. Eso aumenta el coste de la vida y el coste de hacer negocios, quitando competitividad a la economía. La respuesta de manual neoliberal es ésta: hay que convertir a la economía toda en una enorme colección de puestos de peaje. La idea es atacar el empleo público rebajando los salarios de los funcionarios, a fin de presionar a la baja los salarios del sector privado, al tiempo que se recortan servicios sociales básicos y se eleva el coste de la vida introduciendo cargos de peaje en las autiovías y en otras infraestructuras básicas. 

Los Tigres Bálticos fueron pioneros en eso, y deberían ser una advertencia para el resto de Europa. Letonia batió todas las marcas en 2008-09 cuando, plegándose a los dictados del Comisario europeo de economía y moneda, Joaquín Almunia, destruyó un 25% de su PIB y recortó los salarios públicos en un 30%. Letonia no recuperará los niveles precrisis de PIB que tenía en 2007 hasta por lo menos 2016: toda una década perdida, despilfarrada en una penitencia financiera resultante de haber creído en las fantasías neoliberales de que su burbuja inmobiliaria era una proceso prometedor de rebosante éxitos.

En otoño de 2009, el primer ministro socialista George Papandreu prometió en una cumbre de la UE que Grecia no quebraría por causa de un volumen de deuda de 298 mil millones de euros, pero advirtió: "Nosotros no hemos llegado al poder para desmantelar el Estado social. No serán los trabajadores asalariados quienes paguen por esta situación: ni congelaremos salarios ni, mucho menos, los recortaremos". Sin embargo, para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías.

El programa de la UE y del FMI inspira la versión actual de los desórdenes inducidos por el FMI" en América Latina en los 70 y 80 del siglo pasado. Almunia, el verdugo de la economía letona, exigió unas "reformas" que pasaban por recortes en la asistencia sanitaria, en las pensiones y en el empleo público, "reformas" acompañadas de una proliferación de impuestos, gravámenes y peajes de carretera y en otras infraestructuras básicas. 

La palabra "reforma" se ha convertido en un eufemismo para hablar de la jibarización del sector público y de la privatización de activos públicos, liquidados a precio de ganga en beneficio de los acreedores. Esa política inspiró en Grecia una rebelión de desobediencia civil –"yo no pago"— que terminó por convertirse en "un movimiento antiausteridad de alcance nacional. Los partidarios de ese movimiento se niegan a pagar los peajes de las autopistas; en Atenas, se suben sin billete al metro y a los autobuses para protestar contra un 'injusto' aumento del 40% en los viajes". (Kerin Hope, "Greeks adopt 'won't pay' attitude," Financial Times, 10 marzo 2011.) Ni que decir tiene, los policías simpatizan lo bastante con el movimiento, como para abstenerse de poner multas.  

Un artículo aparecido en [el rotatiivo parisino] Le Monde acusó al plan de la UE y el FMI de "cabalgar por encima de las más elementales reglas de la democracia. De ponerse por obra ese plan, resultaría en un colpaso de la economía y de los ingresos de la gente sin precedentes en Europa desde los años 30. Salta igualmente a la vista la colusión entre los mercados, los bancos centrales y los gobiernos para hacer pagar a los pueblos la factura del capricho arbitrario del sistema".

Irlanda

Irlanda es la economía más golpeada de la Eurozona. El partido inveteradamente gobernante, el liberal Fianna Fail [en coalición con Los Verdes] aceptó en su día incorporar las pérdidas bancarias a la contabilidad pública, imponiendo lo que tiene el aspecto de convertirse en décadas de austeridad (y en la mayor emigración forzosa desde la Hambruna de la Patata, a mediados del siglo XIX). Los votantes respondieron echando del gobierno al partido liberal –que perdió dos tercios de sus escaños en el Parlamento— y haciendo desaparecer del panorama político al Partido Verde, mientras el principal partido opositor, el democristiano Fine Gael, prometía a finales del pasado noviembre renegociar un préstamo de rescate de la UE y el FMI por un montante de 115 mil millones de dólares y el correspondiente programa de austeridad. 

Un editorial del Financial Times se refirió al paquete de rescate –un eufemismo para la destrucción financiera— como la degradación de una nación a la condición de "esclavitud escriturada". Los euroburócratas "pretenden que el contribuyente irlandés eche más dinero en los agujeros abiertos por los bancos privados. Como parte del rescate, Dublín tendrá que ir consumiendo un fondo de pensiones creado en los días en que Berlín y París estaban violando las reglas de Mastricht (…) mientras se sacraliza a los tenedores de bonos y las apresuradas liquidaciones de activos aumentan el riesgo de que pérdidas aún mayores sean cargadas sobre las espaldas del contribuyente". Lo único que auguran las promesas de la UE de renegociar el acuerdo son concesiones engañosas que no lograrán rescatar a los trabajadores y a la industria irlandeses de tener que pagar la factura de los préstamos temerariamente concedidos por la banca privada nacional. Las opciones de Irlanda, así pues, se reducen o a rechazar o a aceptar las exigencias de la Comisión Europea de "salvar la integridad de los banqueros" a expensas del trabajo y de la industria. La cosa recuerda la célebre sentencia de William Nassau Senior –el que sucedió a Malthus en la cátedra del East India College— cuando, informado de que en la Hambruna de la Patata habían muerto en Irlanda un millón de personas, repuso impertérrito: "No son suficientes". Ya se ve que la teoría económica basura de los neoliberales goza de un largo pedigrí.

Se ha alterado radicalmente la idea de la soberanía nacional, y aun el supuesto básico subyacente a toda la teoría política: la premisa de que los gobiernos actúan conforme al interés nacional.

Se calcula que los intereses servidos por el gobierno irlandés –por un monto de 10 mil millones de euros— absorverán el 80% de los ingresos fiscales recaudados por el gobierno en 2010. Eso está más allá de la capacidad de supervivencia de cualquier Estado o de cualquier economía. Significa que todo el crecimiento va a ir a parar, como tributo, a la UE por haber rescatado a temerarios banqueros alemanes, y de otros países, que ni siquiera se percataron del hecho aparantemente palmario de que las deudas que no se pueden pagar, nunca se pagan. El problema es que, mientras van percatándose de eso, las economíaas serán destruidas, los activos, aventados, el capital, esquilmado, y el trabajo, obligado a emigrar. Letonia es el emblema de todo eso, con un tercio de su población entre 20 y 40 años que ya ha emigrado o planea hacerlo en los próximos años. 

La argentinización de Europa

La pesadilla de la UE es que los votantes puedan despertar como terminaron despertando los argentinos cuando se les anunció oficialmente que los consejos neoliberales que les habían venido dando los asesores estadounidenses y del FMI habían destruido la economíaa argentina. El pago de la deuda era imposible. Y llegados a ese punto, no tuvo Argentina demasuiadas dificultades para depreciar en un 70% el valor de la deuda contraida con acreedores extranjeros. Su economía está ahora en auge, precisamente porque, emancipada de sus cuervos financieros, vuelve a ser digna de crédito. 

Algo muy parecido ocurrió en América Latina y otros países del Tercer Mundo luego de que México anunciara que no podría pagar su deuda exterior en 1982. Se produjo una oleada de quiebras, lo que generó negociaciones para la depreciación de la deuda, culminando con los bonos Brady. Los EEUU y otros acreedores calcularon con realismo lo que los deudores estaban en condiciones de pagar. Y substituyeron los viejos créditos bancarios, irresponsablemente concedidos, por nuevos bonos. Los EEUU y otros miembros del FMI consideraron todo un éxito esas depreciaciones.

Pero a Irlanda, Grecia e Islandia se les cuentan ahora historias terroríficas sobre lo que podría ocurrir, si sus gobiernos se negaran a cometer suicidio financiero. Se teme, claro, la rebelión de los deudores, lo que llevaría a la Eurozona a desmembrarse por la resistencia a que las economías financiarizadas entreguen durante años y años todo su excedente a los acreedores, sometiéndose a las exigencias bancarias de sacrificar toda una generación a la austeridad, el encogimiento y la emigración. 

El referedum islandés y la pesadilla de la Comisión europea: la rebelión de los deudores

Y ese es el asunto que se dirime este sábado [9 de abril de 2011] en el referéndum islandés. Es la cuestión a la que se enfrenta el conjunto de los votantes europeos: ¿tienen las economías de nuestros días que sujetarse a los bancos y rescatarlos con recursos públicos de préstamos temerariamente concedidos? ¿O hay que purgar al sistema financiero para que, al revés, sirva a la economía y contribuya a elevar los niveles de vida, en vez de imponer austeridad?.

Parece una ironía que los partidos socialistas (España, Grecia), el Partido Laborista británico y varios partidos socialdemócratas se hayan desplazado hacia el extremo probanquero derechista del espectro político, comprometiéndose a imponer una austeridad hostil al mundo del trabajo, no sólo en Europa, sino también en Nueva Zelanda (el emblema de las privatizaciones thatcheritas en los 90) y aun Australia. La política de reducción de los servicios sociales públicos y de apostar por las privatizaciones es diametralmente opuesta a sus posiciones de hace un siglo. ¿Cómo llegaron a divorciarse a tal punto de los trabajadores, sus originarios votantes? Diríase que su función actual es la de imponer cualesquiera políticas derechistas que los partidos conservadores no se avilantan a desarrollar: un poco como Obama, neutralizador de posibles alternativas del Partido Demócrata al cabiledeo Republicano a favor de políticas económicas à la Rubin [el célebre alto ejecutivo del banco privado Goldman Sachs que, como secreterio del Tesoro norteamericano, determinó toda la política económica de los gobiernos de Bill Clinton; T.].

¿Incauta credulidad? Puede que ése haya sido el caso en Rusia, cuyos dirigentes parecían tener poca idea de cómo defenderse de los destructivos consejos de los chicos de Harvard y de Jeffery Sachs. Pero hay algo menos incauto y más intencional en la política del Partido Laborista británico de pasar a Thatcher por la derecha en punto a privatización de ferrocarriles y otras infraestructuras económicas clave a través de su "Sociedad Público-Privado". Es la actitud que llevó a a Gordon Brown a esgrimir la amenaza de bloquear la entrada de Islandia en la UE, si los votantes islandeses se oponían a rescatar lo que no era sino el fracaso de la neoliberal agencia británica aseguradora de bancos a la hora de prevenir que los báncsters saquearan Icesave. El pasado fin de semana, medio millón de ciudadanos británicos marcharon por las calles de Londres protestando contra los anunciados recortes de servicios sociales, educación y transporte, así como contra los aumentos de impuestos destinados a pagar los rescates de Gordon Brown de bancos privados como el Northern Rock y el Royal Bank of Scottland. La carga la soportarán los trabajadores y la industria, no la clase financiera británica. El Daily Express, un diario de tirada nacional siempre dispuesto a lanzar campañas, está ahora desarrollando una ruidosa campaña para que el Reino Unido abandone la UE aduciendo sobre poco más o menos las mismas razones por las que hasta ahora se ha abstenido el país de entrar en la Eurozona monetaria. 

¿Qué podrían razonablemente esperar Islandia y otros países deudores de pagar su deuda, especialmente en los tiempos que corren? El acuerdo propuesto daría a Gran Bretaña y a Holanda más de lo que les darían las directrices de la UE. Islandia tiene robustos argumentos jurídicos para plantarse. Las advertencias de los socialdemócratas y los verdes islandeses sobre la UE son tan exageradas, que le llevan a uno a maliciar si los diputados del Althing [el parlamento islandés] no estarán simplemente buscando evitar una investigación sobre lo que realmente ocurrió con los depósitos del Landbanki Icesave. La Oficina de Fraude británica se ha puesto últimamente más seria en la investigación de lo que ocurrió con el dinero, y ha empezado a detener a exdirectores. Vivimos tiempos realmente extraños, con un gobierno islandés [¡socialdemócrata y verde!] resignado a cargar la mala deuda de bancos privados en la contabilidad pública islandesa. 

El problema es que, cuanto más encoja la economía de Islandia, tanto más imposible le resultará pagar la deuda externa. El gobierno islandés mendiga con desesperación la entrada en la UE, sin preguntarse siquiera qué coste tiene eso. El coste: se desplomaría la tasa de cambio de la corona islandesa, encogería la economíaa islandesa y los trabajadores jóvenes islandeses se verían forzados a emigrar en busca de puestos de trabajo y para evitar las quiebras y los desahucios resultantes de la sujeción a políticas de austeridad.

Nadie conoce realmente la profundidad del agujero. El gobierno islandés ni siquiera ha intentado realizar un análsis serio de riesgos. Lo que está claro es que la UE y el FMI han sido irresponsablemente optimistas. Cada informe estadístico nuevo resulta "sorprendente" e "inesperado". Sobre la base de las hipótesis de trabajo del FMI acerca de la evolución de la tasa de cambio de la corona islandesa hasta finales de 2009, por ejemplo, el personal del FMI hizo proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB. Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcazar el 249% del PIB, un nivel que consideraba "claramente insostenible". Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda de Icesave que el gobierno quiere asumir.

Los acreedores nada pierden impartiendo los consejos de la teoría económica basura. Se han mostrado muy dispuestos a alentar a las economías a destruirse a sí propias en el proceso de tratar de pagar: algo así como aplaudir a los trabajadores de las plantas nucleares por ir a apagar un incendio en medio de radiaciones. En el caso de Irlanda, la UE conminó a su gobierno [verdi-liberal] a responsabilizarse de préstamos bancarios privados que, al final, resultaron valer sólo un 30% (sí, un 30%: no es un erratum mecanográfico) del precio de mercado estimado. Dijo que eso podía hacerse ·fácilmente". El gobierno verdi-liberal aceptó. Consecuencia: la práctica desaparición del Partido Verde irlandés y, lo que es mucho más importante, la condena de la economía irlandesa a por lo menos dos décadas de miseria, emigración y bancarrota. 

Lo que empeora el problema es que la deuda contraída en moneda extranjera no se paga a partir del PIB (cuyas transacciones se realizan en moneda nacional), sino a partir de los beneficios de la exportación más las ganancias resultantes de la liquidación de activos públicos comprados por inversores extranjeros. Para Islandia, la cuestión sería qué volumen de productos y servicios –y de recursos naturales y empresas— nacionales comprarían británicos y holandeses.

Se supone que es responsabilidad de los acreedores colaborar con los deudores y negociar los pagos en exportaciones. En vez de eso, los actuales acreedores se limitan a exigir a los gobiernos que vendan a precios de liquidación tierras, recursos minerales, infraestructuras básicas y monopolios naturales para pagar a los acreedores extranjeros. Esos activos resultan confiscados en lo que, en efecto, es un procedimiento pre-bancarrota. Los nuevos compradores, entonces, convierten la economía toda en una red de puestos de peaje, elevando las cargas de acceso al transporte, al servicio telefónico y a otros servicios privatizados.

Uno estaría tentado a pensar que la respuesta normal de un gobierno en estos casos de negociación de la deuda externa sería nombrar una comisión de expertos que evaluara la posición de la economía, a fin de ponderar la capacidad de pago de las deudas contraídas en el extranjero y de formular los términos de un acuerdo conforme a la propia capacidad de pago. Pero no ha habido tal cosa. El Althing [parlamento islandés] se ha limitado simplemente a aceptar las exigencias del Reino Unido y de Holanda sin la menor negociación. Ni siquiera ha levantado protesta por el hecho de que británicos y holandeses sigan adelantando las manijas del reloj de los intereses en las cargas que están exigiendo.

Votando NO en el referéndum del 9 de abril, lo que la población islandesa va a decir a los negociadores financieros de Europa es: "¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros".

El incalificable papel jugado por las agencias de calificación del riesgo

Las agencias de calificación crediticia han tratado de apoyar los esfuerzos del Althing por amedrentar a la población islandesa para que vote "Sí". El pasado 23 de febrero, Moody's amenazaba: "si se rechaza el acuerdo, lo más probable es que rebajemos la calificación de Islandia hasta Ba1, o menos". Si los votantes aprobaran el acuerdo, en cambio, "lo más probable es que cambiáramos la actual calificación del gobierno en Baa3, de negativa a estable", a la vista de un probable "recorte en los restantes 1.100 millones de dólares comprometidos por los otros países nórdicos y probablemente también de un aplazamiento del programa del FMI para Islandia".

Tal vez no muchos islandeses se percatan de que las agencias de calificación son, en la práctica, lobistas de sus clientes, el sector financiero. Uno pensaría que perdieron definitivamente su reputación de honradez –no digamos de competencia— cuando calificaron con una triple AAA las hipotecas basura que desencadenaron la actual catástrofe financiera global. La explicación es que lo hicieron todo por dinero. No son más honradas que Arthur Andersen, la desaparecida compañía auditora que aprobó, como se recordará, la contabilidad basura de Enron. 
   
La idea que yo me he forjado de las agencias de calificación la debo en no pequeña medida a la historia que me contó Dennis Kucinich de cuando era alcalde de Cleveland, Ohio. Los bancos y algunos de los principales clientes de éstos habían puesto los ojos en la privatización de la empresa pública de electricidad. Los privatizadores querían comprarla a crédito (con unos intereses fiscalmente deducibles, que privaban al gobierno de recaudar los correspondientes ingresos fiscales) y aumentar drásticamente los precios para poder pagar exorbitantes remuneraciones a sus ejecutivos, ultrajantes honorarios de suscripción del crédito a los bancos y unas bonitas compensaciones a las agencias de calificación. Los bancos le pidieron al alcalde Kucinich que les vendiera el banco municipal, prometiendo ayudarle a ser gobernador si traicionaba a su electorado. 

Kucinich dijo "No". Asi que los bancos recurrieron a sus perros de presa, las agencias de calificación. Amenazaron éstas con degradar la calificación de Cleveland para que no pudiera mantener el equilibrio en los empréstitos normales que tenía con los bancos. Llegaron a decirle: "Suéltenos su compañía energética o le arruinaremos las finanzas de la ciudad". 

Kuzinich volvió a negarse. Y los bancos cumplieron sus amenazas, pero el alcalde había salvado a la ciudad de ver esquilmados sus ingresos con cargas de privatización predatoria. A su debido tiempo, los votantes llevaron a Kucinich al Congreso, y terminó siendo un canditado a la presidencia.

Volviendo al problema de las agencias de calificación crediticia, ¿cómo puede llegar a creer nadie que aceptar pagar una deuda de monto impagable mejorará la calificación crediticia de Islandia? Los inversores han aprendido a depender de su propio sentido común al perder centenares de miles de millones de dólares por causa de las temerarias estimaciones de las agencias de calificación. Las agencias de calificación han conseguido eludir la persecución penal alegando que en la letra pequeña de sus contratos se dice que no hacen sino dar una "opinión", no un análisis realista en el que pudieran fundarse honradas responsabilidades profesionales.

La experiencia argentina debería servir aquí de modelo, al ilustrar cómo la significativa  depreciación de la deuda exterior puede contribuir a aumentar, no a disminuir, la credibilidad de una economía. Y en lo atinente a posibles pleitos judiciales, recuérdese que uno de los axiomas básicos del Derecho Internacional Público es que ningún país soberano puede ser obligado a cometer suicidio financiero con medidas de austeridad financiera que lo pongan al borde del abismo de la emigración forzosa de sus trabajadores y el retroceso demográfico. Las naciones son entidades soberanas.

Islandia y Portugal, otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos

De modo que, tanto jurídica como moalmente, estaría mal que los ciudadanos islandeses tuvieran que emplear el resto de sus vidas en pagar unas deudas que, lejos de ser asunto suyo, deberían ser un asunto para dirimido entre la Oficina Británica del Fraude Financiero Grave y las agencias británicas de seguros bancarios. Lo que deciden los votos en el referédum islandés del 9 de abril es qué precio está dispuesta a pagar Islandia para entrar en la UE. En la práctica, y en la medida en que la Eurozona se enfrenta a una crisis generada por los deudores PIIGS, la cuestión es: ¿qué tipo de UE va a salir del actual conflicto entre acreedores y deudores? Hay miedo de que la Eurozona se desmembre en cualquier caso. Así que el actual gobierno socialdemócrata y verde islandés puede que esté buscando entrar  como miembro de una realidad ilusoria, una realidad en proceso de desmembración, al menos si se mantiene en su actual extremismo neoliberal. Precisamente ayer (jueves, 7 de abril), un editorial del Financial Times comentaba esto que sigue a propósito de la prematura rendición de Portugal a las exigencias de la UE:

"Otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos. A comienzos de esta semana, los bancos portugueses amenazaban con una ralentización de la compra de bonos, a menos que el gobierno custodio buscara ayudas financieras en otros países de la Unión Europea (…) Lisboa debería haberse mantenido firme en su posición (…) debería haberse resistido a las exigencias de los bancos: buscar un crédito-puente inmediato. (…) Al hacerlo tan fácil y prontamente, el gobierno se arriesga a aliernarse por entero a unos mercados alarmados. Y eso podria perjudicar el resultado de negociaciones persuasorias a más largo plazo".

"El gobierno custodio carece de la autoridad moral y de la autoridad política para determinar de esta forma el futuro de Portugal. No debería abandonar los mercados con tanta precipitación. Porque lo que eso podría significar en los meses venideros son intereses más altos en las emisiones de deuda pública, más altos, en cualquier caso, de lo que podría haber sido el caso si el gobierno no hubiera metido la mano tan pronto… El momento adecuado para optar a un rescate externo debería haber sido al final de un debate nacional."

Lo mismo debería valer para Islandia. Si observamos lo ocurrido durante el pasado año, diríase que la nación islandesa ha sido usada a modo de (cruel) experimento piscológico y político para ver cuánto está dispuesta a pagar una población, sin merecérselo, por lo que banqueros ventajistas han robado o se han prestado a sí mismos.

El actual gobierno socialdemócrata y verde islandés parece haberse desacoplado de lo que es bueno para los votantes y para la supervivencia misma de la economía de Islandia. Por eso desafía el axioma básico de toda ciencia social y de toda teoría económica, y es a saber: que las naciones actúan en su mejor interés propio. También es el axioma de la democracia: los electores se percatan de sus intereses y votan en consecuencia para elegir a representantes que apliquen políticas conformes a esos intereses. Para el politólogo, esto es toda una anomalía. ¿Cómo explicar que un parlamento nacional actúe en interés de acreedores británicos y holandeses, antes que en interés de su propio país, acusado de tener deudas que los votantes de otros países se han sacado de encima derribando precisamente a gobiernos dispuestos a hacerlas suyas?.


Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

martes, 12 de abril de 2011

De crisis, titulización y remuneraciones pagadas por las entidades financieras (a propósito de la Ley 6/2011)


Uno de los hechos más sangrantes en el contexto de la situación económica crítica que dicen experimentar las entidades financieras y que los ciudadanos contemplan estupefacción es la paradoja de primar a los grandes ejecutivos de estas entidades con millonarias remuneraciones -no entremos en la trampa de discutir su calificación formal: si son sueldos, “bonus”, incentivos, dietas por asistencias, mamandurrias o canonjías…al fin y al cabo de dinero hablamos- mientras que las entidades que les pagan “atraviesan una difícil situación” (¿cuántas veces oímos esta frase?) seguramente causada por su incompetencia y codicia.

¿Quiénes fueron los que diseñaron el proceso de titulización hipotecaria?. ¿Quiénes vendieron a otras entidades paquetes de títulos insolventes -caballos de Troya infectos- como productos financieros seguros?. ¿Quiénes incentivaron a sus empleados a colocar entre los clientes de las entidades financieras esos títulos?. Aún más. ¿Quiénes están contribuyendo a sostener la situación actual de crisis diseñando la estrategia de acaparar patrimonio inmobiliario pagando el 50 por 100 de valor de tasación -gracias a las generosas Leyes Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil españolas- con ocasión de las ejecuciones hipotecarias a familias a las que se les concedió préstamos superando el 80 por 100 del valor de tasación de sus viviendas?.

Lejos de imperar la ley del mercado y de sufrir sus dramáticas consecuencias, los responsables de la gigantesca pifia llamada crisis no sólo no se encuentran castigados, sino que mantienen sus millonarias retribuciones mientras que las entidades que les pagan van a pique no teniendo más remedio que fusionarse, acudir a la ayuda de los Estados o ambas cosas a la vez.

Los mismos personajes son los defensores a ultranza de una economía “libre” o "de mercado", en el que no intervenga el Estado -salvo para pagar los platos rotos quebrados por sus acciones, bajo el permanente chantaje del caos total-, no parando de proclamar con mayor intensidad y sin el menor atisbo de sonrojo la necesidad de ejecutar “medidas dolorosas, pero necesarias” (otra vez la manida frase) que restrinjan el gasto público sobre todo en los tres sectores claves en el denominado Estado de Bienestar y sin los cuales los ciudadanos carecerían de un sistema básico de igualdad de oportunidades: educación, sanidad y servicios sociales.

Precisamente de esta situación nos habla, claro está en otros términos, la Ley 6/2011, de 11 de abril, “por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas”, y en cuyo preámbulo podemos leer estas inofensivas y candorosas palabras:

“En el origen de la crisis financiera se encuentra la inversión en complejas estructuras de titulización, cuyo riesgo resultaba a menudo difícil de evaluar para los inversores.

La titulización es importante para el buen funcionamiento del sistema financiero ya que permite obtener importantes cantidades de financiación mediante el mecanismo de distribución del riesgo entre numerosos inversores.

No obstante, existe un problema de información asimétrica entre originador o patrocinador, más informado sobre las características de la estructura que pretende titulizar y, el inversor, mucho menos informado.

Ello generaría un perjuicio si los incentivos de ambos estuvieran alineados, pero, de hecho, no es así, ya que, mientras que el originador pretende transferir el riesgo al inversor, éste último pretende obtener la máxima rentabilidad posible con el mínimo riesgo. Con las modificaciones introducidas por la presente Ley a la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y a la Ley 24/1988, de 28 de julio, en el artículo primero.uno y segundo.uno, respectivamente, se pretende la alineación de ambos incentivos introduciendo la obligación a las entidades de cumplir con determinados requisitos que se desarrollarán mediante reglamento para permitir la exposición a posiciones de titulización y para iniciar una titulización”.

No menos candorosos son los preceptos de esta Ley dedicados a publicitar y supervisar las remuneraciones e incentivos pagados por las entidades financieras (entidades de crédito y empresas de servicios de inversión) a “aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo”.

Veámoslos:

“Artículo primero. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

Uno. (…)

Dos (…)

Tres. El apartado 1 del artículo décimo bis (de la Ley 13/1985, de 25 de mayo de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros) queda redactado como sigue:

«1. Corresponderá al Banco de España, en su condición de autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos consolidables:

a) Revisar los sistemas, sean acuerdos, estrategias, procedimientos o mecanismos de cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de solvencia contenida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. Dicha revisión incluirá a las políticas y prácticas de remuneración a que se refiere el apartado 1 bis del artículo 30 bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.

b) Evaluar los riesgos a los cuales están o pueden estar expuestos.

c) A partir de la revisión y evaluación mencionadas en las letras precedentes, determinar si los sistemas mencionados en la letra a) y los fondos propios mantenidos garantizan una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos.

d) Exigir a cada entidad de crédito que posea normas de gobierno que incluyan políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva para dar cumplimiento a la normativa sobre políticas y prácticas de remuneración que reglamentariamente se establezca.

e) Elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considera adecuados para favorecer una adecuada evaluación de los riesgos a que están o puedan estar expuestos así como el mejor cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina de los sujetos supervisados. Dichas guías podrán incluir los criterios que el propio Banco de España seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.

f) Elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considera adecuados para garantizar que las prácticas de remuneración derivan en unos incentivos de asunción de riesgos compatibles con una adecuada gestión del riesgo. Dichas guías podrán incluir los criterios que el propio Banco de España seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.

g) Utilizar la información recopilada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en el apartado 1 del artículo 10 ter para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración. El Banco de España facilitará a la Autoridad Bancaria Europea dicha información.

h) Recopilar información sobre el número de personas, en cada entidad de crédito, con remuneraciones de al menos 1 millón de euros, incluido el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. Esta información se transmitirá a la Autoridad Bancaria Europea.

(…)”
 
“Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo décimo ter (se está refiriendo nuevamente a la Ley 13/1985, de 25 de mayo de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros) , que queda redactado como sigue:

«1. Los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no integradas en uno de estos grupos consolidables harán pública, tan pronto como sea viable, al menos con periodicidad anual y debidamente integrada en un solo documento denominado Información con relevancia prudencial, información concreta sobre aquellos datos de su situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener interés con el fin de evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación al objeto de dar cumplimiento a las exigencias mínimas de recursos propios previstas en esta Ley.

También se publicará la siguiente información relativa a las prácticas y políticas de remuneración de las entidades de crédito para aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo:

a) Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de remuneración.

b) Información sobre las características fundamentales del sistema de remuneración, en especial en relación con los componentes que tengan carácter variable o prevean la entrega de acciones o derechos sobre ellas;

c) Información respecto a la relación entre remuneración, funciones desarrolladas, su efectivo desempeño y los riesgos de la entidad;

d) Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por ámbito de actividad;

El Banco de España determinará la información mínima que deberá ser objeto de publicación con arreglo a los párrafos anteriores. En todo caso, las entidades podrán omitir las informaciones que no tengan importancia relativa y, con la oportuna advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales; también podrán determinar el medio, lugar y modo de divulgación del citado documento.

Se exceptúa de las obligaciones previstas en este artículo a los grupos o entidades de crédito individuales controlados por otras entidades de crédito o sociedades financieras de cartera autorizadas o constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando entre ellas se encuentre una entidad de crédito importante, sea de acuerdo con el criterio que la autoridad responsable de supervisión consolidada del grupo haya comunicado al Banco de España, sea en criterio de este último, en atención a su actividad en España o a su importancia relativa dentro del grupo.

A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptarán una política formal para el cumplimiento de dichos requisitos de divulgación, la verificación de la suficiencia y exactitud de los datos divulgados y de la frecuencia de su divulgación, y dispondrán de procedimientos que permitan evaluar la adecuación de dicha política. (…)”.

Parecidas previsiones se repiten respecto a las empresas de servicios de inversión objeto de supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así el artículo segundo, de la Ley 6/2011 establece:


“Artículo segundo. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

Uno. (…)

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 70 bis, que queda redactado como sigue:

«1. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos consolidables, deberán hacer pública, en cuanto sea posible y al menos con periodicidad anual, debidamente integrada en un solo documento denominado Información sobre solvencia, información concreta sobre aquellos datos de su situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener interés de cara a evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación en orden al cumplimiento de las exigencias mínimas de recursos propios previstas en esta Ley.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará la información mínima que deberá ser objeto de publicación con arreglo al párrafo anterior. En todo caso, las entidades podrán omitir las informaciones que no tengan importancia relativa y, con la oportuna advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales; también podrán determinar el medio, lugar y modo de divulgación del citado documento.

También se publicará la siguiente información relativa a las prácticas y políticas de remuneración de los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como de las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos consolidables, para aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo:

a) Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de remuneración;

b) Información sobre las características fundamentales del sistema de remuneración, en especial en relación con los componentes que tengan carácter variable o prevean la entrega de acciones o derechos sobre ellas;

c) Información de la relación entre remuneración, funciones desarrolladas, su efectivo desempeño y los riesgos de la entidad;

d) Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por ámbito de actividad.

A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptarán una política formal para el cumplimiento de dichos requisitos de divulgación y para la verificación de la suficiencia y exactitud de los datos divulgados y de la frecuencia de su divulgación, y dispondrán de procedimientos que les permitan evaluar la adecuación de dicha política.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, para dar cumplimiento a la normativa sobre políticas y prácticas de remuneración que reglamentariamente se establezca, podrá requerir a los grupos y entidades a los que se refiere este apartado que dispongan de políticas y prácticas remunerativas que sean compatibles con una gestión adecuada y eficaz del riesgo y la promuevan y que limiten las remuneraciones variables cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital.
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores utilizará la información recopilada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en esta Ley para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración. La Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará dicha información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores recopilará información sobre el número de personas, en cada empresa de servicios de inversión, con remuneraciones de al menos 1 millón de euros, incluido el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. Esta información se transmitirá a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.»


Una duda final: los miembros de los consejos de administración, consejos rectores y órganos similares ¿formarán parte de lo que la Ley denomina “categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo”?. Obsérvese que estos miembros pueden no ser empleados. La respuesta a la pregunta determinará el grado de ridiculez de una normativa ineficiente, mojigata y tardía ya que si la interpretación de los preceptos citados ocasionase la exclusión de aquéllos, estaríamos ante un monumento legal a la estupidez o, lo que es aún más grave, a la connivencia.