miércoles, 28 de agosto de 2019

Desaprovechados. Sobre el precariado

Desaprovechados

Urgen nuevas políticas activas de empleo, bien diseñadas y dotadas, con la complicidad de Administraciones, agentes económicos y sectores sociales


Trabajadores de Deliveroo y Glovo en la plaza de Alonso Martínez, en Madrid.
Trabajadores de Deliveroo y Glovo en la plaza de Alonso Martínez, en Madrid.
Además de los parados, los precarios, los pobres de solemnidad, los trabajadores pobres y los dependientes no agotan la nómina de sectores vulnerables, enquistados en una sociedad que va recuperando sus niveles económicos. Peor aún: son capas deslocalizadas hacia sus bordes o sus cunetas. Son la herencia incontrovertible e irresuelta de la Gran Recesión de hace un decenio. A todas ellas se les suma la categoría de los desaprovechados o infrautilizados, de los que la sociedad podría obtener mejores rendimientos, que ellos desearían ofrecer. A saber, el conjunto de trabajadores en desempleo, los temporales forzosos (con un horario demediado que querrían completo) y los desanimados que tras un paro de larga duración han sucumbido al desaliento por lo infructuoso de su búsqueda.

Son 5,2 millones de personas, como cuantifican las agencias de colocación y empresas de trabajo temporal. Y aunque esa cifra supone el mejor registro desde que se desató la crisis (22,2% de la fuerza laboral), no alcanza el anterior a la recesión (19,7%). La lentísima y desigual recuperación subraya la tendencia al enquistamiento, e incluso a la ampliación de las brechas internas del grupo: las mujeres, los jóvenes y los ciudadanos de las regiones sureñas han consolidado, para mal, su desventaja.

Conviene subrayar este fenómeno no para contribuir al desánimo social, sino para hacerle frente. Sobre todo ante un nuevo y decisivo curso político, como un aviso. La desaceleración mundial, los atisbos de recesión en Alemania y las guerras comerciales (que parecen, tras el último G7, atisbar al menos una pausa) no pueden constituirse en coartadas para desatender a estos sectores. Urgen nuevas políticas activas de empleo, bien diseñadas y dotadas, con la complicidad de todas las administraciones, agentes económicos y sectores sociales.

Y no solo porque España atraviese por el momento una mejor coyuntura que sus pares. Sino porque incluso si esta empeorase, se trata de asignaturas pendientes de urgente aprobación. Sea mayor o menor, el crecimiento futuro debe ser inclusivo —y por tanto, prerredistributivo; o al menos, simultáneamente redistributivo—, para acortar o cerrar esas brechas sociales, antes que nada.

Sería un desatino confiar en que cualquier programa económico que pase por ampliarlas en vez de reducirlas obtendría algún respaldo social. Ni pueden repetirse los recortes sociales al Estado de bienestar, ni practicarse una nueva devaluación salarial, ni sacrificarse ninguna infraestructura básica. Porque sería injusto. Y desleal con quienes más contribuyeron. Porque sería estúpido al atizar reacciones antisistema de quienes creyeron en el sistema pese a llevar la peor parte. Y por escandaloso, cuando ya otros sectores sociales han recuperado y mejorado sus cuotas de bienestar.

domingo, 25 de agosto de 2019

Contratos públicos

Contratos públicos

La regulación, supervisión y control de las obras que contratan las Administraciones no están a la altura de su peso en la estructura económica

Oficina de una Administración pública.





La contratación pública —es decir, las tareas de las Administraciones que estas no ejecutan directamente, sino a través de otros agentes económicos— constituye un sector económico de enorme y creciente importancia. En España supone un 13% del PIB, equiparable al potencial de una actividad como la turística.

Y, sin embargo, su regulación, supervisión y control no están a la altura de su peso en la estructura económica. Ni a la de las asechanzas de los grupos de presión, los favoritismos y la corrupción.  Casos como la Gürtel, la red Púnica o la extorsión del 3% en las obras públicas en Cataluña—o los infinitos contratos legales pero adjudicados a dedo por las distintas Administraciones— podrían evitarse. O al menos, limitarse.

Eso ocurriría si la minúscula Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, creada hace un año, fuese algo más que una patrulla bienintencionada de seis personas enfrentada a una tarea ingente, para la que estaba prevista la dotación de una treintena de puestos. Pero ni la oficina es independiente, contra lo que indica su título, pues resulta ser una mera dependencia de Hacienda, ni está dotada de un verdadero presupuesto propio, ni sus competencias regulatorias se acompañan de potestad sancionadora alguna, siquiera limitada. Es, casi, una caja vacía.

Por eso la Comisión Europea, a cuya insistencia se debe su creación, persiste ahora en reforzar el organismo. En realidad, solo la lucha contra la corrupción justificaría ese refuerzo, pues resulta de toda evidencia que los poderes de persecución de la Fiscalía serían mucho más eficaces si se asentasen sobre una prevención previa.

Pero el significado de un organismo de este tipo no se agota en dar fluidez y sanear los circuitos por los que tan frecuentemente circulan los protagonistas de sobornos y cohechos. Baste recordar la endémica endogamia que atenaza al mundo de la contratación pública. Un estudio de un organismo independiente certificó que el 54,3% de los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid se cierran con grupos de presión y que se adjudican a dedo el 99,7% de sus contratos menores.

El interés de una supervisión de esos contratos es múltiple: por el papel creciente de la contratación externa de las Administraciones, la necesidad de abrirla a la competencia económica para hacerla más eficaz y barata, el renovado interés con que este sector se aborda en los tratados comerciales internacionales de nueva generación. Y por supuesto, la necesidad de contar con datos, comparaciones y análisis de cómo se realiza el gasto público. Y sobre cómo coordinarlo y mejorarlo.