El Gobierno del Principado abre la puerta a la privatización de la inspección ambiental
El BOPA de hoy martes 16 de abril
publica el Decreto 27/2019, de 11 de abril, de Protección y Control Ambiental
Industrial en el Principado de Asturias, mediante el cual se atribuye a entidades
privadas, denominadas Organismos de control ambiental, funciones materiales de
inspección ambiental (artículos 11 y 18 del Decreto)
El entonces portavozdel PSOE en el Congreso sobre medio
ambiente José Luis Ábalos, rechazó en marzo del 2013 la privatización de la
inspección ambiental que imponía el
Gobierno del Partido Popular en la modificación de la Ley de Contaminación que se estaba tramitando,
advirtiendo que “el proyecto de ley del PP permite sustituir los inspectores
ambientales, funcionarios independientes y especializados, sometidos a la Ley y
con obligación de velar su estricto cumplimiento, por una especie de
controladores de aparcamiento sin exigencia de formación que se deben a
empresas privadas".
Señalaba también el Sr. Ávalos
que "esas empresas terminan por cobrar un alto precio a las
Administraciones, así que finalmente resulta una pérdida de calidad y
fiabilidad del servicio con nulo ahorro para el presupuesto público".
El grupo parlamentario socialista en el Congreso
llegó a presentar una enmienda al Proyecto de Ley del Partido Popular, en la
que se suprimía la posibilidad de realización de actividades de control e
inspección por parte de entidades privadas.
En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el 23 de mayo de 2013
el portavoz del PSOE fue especialmente contundente sobre la
privatización de la inspección ambiental que propiciaba el Proyecto de
Ley:
"En segundo lugar se abre de modo conscientemente indefinido la posibilidad
de privatizar la inspección medioambiental. Esto también es una
característica de la obra legislativa del Partido Popular, abrir la
privatización allá por donde se pueda. Se quiere desmantelar la
Administración, privatizarlo todo, la sanidad, la educación, los montes,
el agua, las costas, la vigilancia penitenciaria, las tareas del Registro
Civil y aquí la inspección medioambiental. Habría que preguntarse si
también podemos privatizar la inspección de trabajo de la Seguridad
Social, si podemos privatizar la inspección tributaria... Si esto parece
que no, no sé por qué lo medioambiental tiene tan poca relevancia. El
Consejo de Estado se pregunta quién controlará a las empresas que
inspeccionan, quien inspeccionará a las empresas que a su vez
inspeccionan, y ha llegado a acuñar una frase que habla de huida del
derecho administrativo"
El Gobierno asturiano desoye ahora la posición de su
propio partido político y abre la puerta a la mercantilización de la inspección
ambiental.
Desde
el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
manifestamos el frontal rechazo a esta normativa, colada de rondón a
pocos días
de las elecciones autonómicas, porque el
control de los riesgos ambientales para la salud pública no puede ser
objeto
del negocio privado de unos pocos. La posibilidad de captura empresarial
de los inspectores privados y los riesgos de colusión de intereses son
tan elevados y
graves que se hace imprescindible una movilización pública inmediata
contra esta
normativa.
Entre los meses de
noviembre de 2018 y de marzo de 2019 se produjeron en la sede del
Ministerio de Sanidad de Madrid, cuatro reuniones para trabajar en la
línea de blindar la sanidad pública y estudiar mecanismos posibles de
desprivatización en la sanidad española.
Esta “ Comisiónde Desprivatización”
estuvo integrada por ocho ponentes que nominaron dos formaciones
políticas en el marco de una exploración que se inició antes de la
convocatoria de Elecciones Generales, al no prosperar la aprobación de
los Presupuestos Generales del Gobierno. Éramos por tanto, cuatro
personas por PSOE y otras cuatro por Unid@s Podemos, entre las que me incluí.
El clima resultó estimulante por la franqueza en las evaluaciones y el
rigor en las experiencias tratadas. Siempre desde posiciones de respeto,
sostenidas a título personal, y con la elemental privacidad y
discreción que recomienda el buen hacer.
En cualquier caso creo
que debo explicar a la ciudadanía y a quienes se interesan por la
apasionante y compleja coyuntura que atraviesa la sanidad pública en
todo el Estado, algunos elementos que sostengo como telón de fondo.
Naturalmente el escenario electoral supuso una pausa necesaria en esta
labor, en la perspectiva de regresar, o no, en función de los resultados
del 28 de abril.
Aquí mis reflexiones personales como un
somero apunte en la tarea para la avanzar hacia la DESPRIVATIZACIÓN de
Hospitales, Centros y Servicios de salud y la Sanidad en general
1.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VOLUNTADES
El Gobierno del país (y de las CC.AA. para la cantidad de materias
transferidas) debe manifestar de entrada la voluntad explícita y el
compromiso político, o no, de recuperar y reconstruir un verdadera
SISTEMA NACIONAL PÚBLICO DE SALUD.
Significa con una titularidad, gestión, provisión, control 100% públicos. Donde “los
recursos públicos, vía presupuestos generales del Estado, se inviertan
por principio y definición, en la financiación de los Servicios públicos
de salud y sanidad pública”. Deseable que de forma “exclusiva” algún día.
Para ello se precisa emprender un proceso que avanzará en la medida y
celeridad que permitan las correlaciones de fuerzas parlamentarias y del
Gobierno que así lo asuma. Para ese objetivo habrá que empezar por “blindar” lo público evitando nuevas concesiones ni externalizaciones y en paralelo ver como REVERTIR , recuperar, rescatar aquello privatizado por cualquiera de los mecanismos prodigados a ese fin en las últimas décadas.
Debo manifestar, por delante que “ No va a ser fácil desprivatizar
”. El marco legislativo general en España en su despliegue competencial
autonómico, y bajo el paraguas de las políticas neoliberales y del
tótem- mercado de la U.E., hacen de ese rescate un ejercicio complejo y
lleno de obstáculos.
Pero independientemente de las dificultades de todo tipo que se planteen, se debe también afirmar con claridad que “Desprivatizar, es posible” . Tenemos ejemplos diversos con los casos de los Hospitales de Alzira y Denia como paradigma.
Otra realidad constatada es que: El simple cumplimiento de Leyesy Reglamentos vigentes
supondría ya un avance substancial en la línea del control y las
opciones de reversión por incumplimientos de cláusulas del articulado.
2.- ESTUDIO COMPLETO DE LA REALIDAD ESTATAL: MAPA DE LA CONSORCIACIÓN Y LAS CONCESIONES SANITARIAS
Se puede, se debe, existen ya casos de Confección de un MAPA exhaustivo de todas las concesiones en el Estado. Las leyes de transparencia lo hacen viable.
Recopilando además fuentes diversas y cruzadas sobre la relación,
ubicación, carácter, titularidad, volumen, clausulas y fechas de
vigencia y caducidad de todas la formas de “consorciación”, concesiones o
gobernanza mixta de colaboración pública con el sector privado y de
economía social.
Esta documentación permitirá abordar
sistemática y cronológicamente cada situación reversible y poner en
marcha la estrategia adecuada en cada caso.
3.-METODOLOGÍA PARA DESPRIVATIZAR, al paso y ritmo que resulten seguros, claros y factibles:
- 1. Caducidad del concierto o concesión. Revisión y resolución o no
renovación sistemática. Demostradamente el mejor de los métodos
- 2. Revisión de cláusulas específicas de cumplimiento obligado y denuncia de los incumplimientos
- 3. Inspecciones sanitarias. Impulso y relanzamiento del cuerpo de inspección, con nuevas convocatorias al cuerpo.
- 4. Inspecciones administrativas, laborales y fiscales. Creación de un
Observatorio permanente de vigilancia de la Concertación.
- 5. Auditorias. Preceptivas por ley y Auditorias ciudadanas. Con colaboración de ciudadanía organizada
- 6. Cumplimiento estricto y desarrollo de Ley de incompatibilidades y Control y vigilancia de conflicto de intereses
- 8. Rendición de cuentas anual sobre parámetros de control de calidad,
eficiencia, listas de espera, subrogaciones, ratios y condiciones
laborales, etc. Edición de “buenas y malas prácticas”
- 9. Implicación en seguimiento del Defensor del Pueblo o equivalente en cada CC.AA.
- 10. Colaboración normada con los movimientos sociales y de ciudadanía
organizada que está reivindicando su participación activa.
4.- ASPECTOS LEGISLATIVOS
Aquí siguen algunas RECOMENDACIONES dirigidas a las Administraciones,
Parlamento, Grupos políticos y sociedad en general. Ejemplos:
- En relación con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, se requiere realizar una modificación
normativa para evitar las privatizaciones y, especialmente, los
contratos de gestión de servicios por concesión orientada a delimitar
los diferentes tipos de contratos (concesión, contrato mixto, etc.
- Ley General de Sanidad de 1986. Ley 14/1986 de 25 de abril o Ley Ernest Lluch.
Artículos 90 a 94 donde se especifica el articulado de condiciones para el caso en que “las
Administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de
servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. A tales efectos, las
distintas Administraciones públicas tendrán en cuenta, con carácter
previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”.
Este conjunto de cláusulas sine qua non quedó pendiente de la
posibilidad de desarrollo normativo y esa opción plantea hoy el interés
de redactar un Reglamento específico que pudiera ser tramitado como un
Decreto Ley, o la mejor fórmula en función del futuro marco
parlamentario y la correlación de fuerzas de la coyuntura.
- Seguimiento sistemático
por parte de la Administración competente, a través de la Comisión de
Seguimiento establecida en los contratos actuales y de las auditorias
pertinentes a través del cuerpo de inspectores sanitarios, del
cumplimiento de las obligaciones del contratista y de los gastos
exigibles establecidos en los contratos actuales, principalmente de los
contratos de gestión de servicios por concesión. En especial, este
seguimiento se centrará en evitar diferencias entre las condiciones
profesionales de personal laboral y personal estatutario.
Otras líneas de trabajo que creo relevante en el punto 10, de Ciudadanía y Participación
Un elemento que es necesario considerar en cualquier proceso de cambio,
de mejora o redefinición del Sistema Nacional de Salud de un país es la
forma en que la ciudadanía participa, de forma activa y determinante,
en las decisiones estratégicas, en la supervisión de la gestión y en el
control de su funcionamiento y financiación. Papel coprotagonista de la
ciudadanía constituye una auténtica “tercera pata” del Sistema de salud y
sanidad, junto con la del componente Administración/Titularidad y la de
profesionales /trabajadoras.