El BOPA de hoy martes 16 de abril
publica el Decreto 27/2019, de 11 de abril, de Protección y Control Ambiental
Industrial en el Principado de Asturias, mediante el cual se atribuye a entidades
privadas, denominadas Organismos de control ambiental, funciones materiales de
inspección ambiental (artículos 11 y 18 del Decreto)
De este modo, el Gobierno del Principado asume las posibilidades de inspección privada que ofrece la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, promovida por el Gobierno
del Partido Popular con la oposición frontal del grupo parlamentario del PSOE.
El entonces portavoz del PSOE en el Congreso sobre medio
ambiente José Luis Ábalos, rechazó en marzo del 2013 la privatización de la
inspección ambiental que imponía el
Gobierno del Partido Popular en la modificación de la Ley de Contaminación que se estaba tramitando,
advirtiendo que “el proyecto de ley del PP permite sustituir los inspectores
ambientales, funcionarios independientes y especializados, sometidos a la Ley y
con obligación de velar su estricto cumplimiento, por una especie de
controladores de aparcamiento sin exigencia de formación que se deben a
empresas privadas".
Señalaba también el Sr. Ávalos
que "esas empresas terminan por cobrar un alto precio a las
Administraciones, así que finalmente resulta una pérdida de calidad y
fiabilidad del servicio con nulo ahorro para el presupuesto público".
El grupo parlamentario socialista en el Congreso
llegó a presentar una enmienda al Proyecto de Ley del Partido Popular, en la
que se suprimía la posibilidad de realización de actividades de control e
inspección por parte de entidades privadas.
En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el 23 de mayo de 2013
el portavoz del PSOE fue especialmente contundente sobre la
privatización de la inspección ambiental que propiciaba el Proyecto de
Ley:
"En segundo lugar se abre de modo conscientemente indefinido la posibilidad
de privatizar la inspección medioambiental. Esto también es una
característica de la obra legislativa del Partido Popular, abrir la
privatización allá por donde se pueda. Se quiere desmantelar la
Administración, privatizarlo todo, la sanidad, la educación, los montes,
el agua, las costas, la vigilancia penitenciaria, las tareas del Registro
Civil y aquí la inspección medioambiental. Habría que preguntarse si
también podemos privatizar la inspección de trabajo de la Seguridad
Social, si podemos privatizar la inspección tributaria... Si esto parece
que no, no sé por qué lo medioambiental tiene tan poca relevancia. El
Consejo de Estado se pregunta quién controlará a las empresas que
inspeccionan, quien inspeccionará a las empresas que a su vez
inspeccionan, y ha llegado a acuñar una frase que habla de huida del
derecho administrativo"
El Gobierno asturiano desoye ahora la posición de su
propio partido político y abre la puerta a la mercantilización de la inspección
ambiental.
Desde
el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
manifestamos el frontal rechazo a esta normativa, colada de rondón a
pocos días
de las elecciones autonómicas, porque el
control de los riesgos ambientales para la salud pública no puede ser
objeto
del negocio privado de unos pocos. La posibilidad de captura empresarial
de los inspectores privados y los riesgos de colusión de intereses son
tan elevados y
graves que se hace imprescindible una movilización pública inmediata
contra esta
normativa.
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