Puertas giratorias: manera gráfica de explicar la mercenaria contratación por empresas de políticos y altos funcionarios, una vez finalizados sus servicios en el sector público.
No se busca ni al más listo, ni al más competente (por supuesto, ni al más honesto). Simplemente, al que más contactos o capacidad de influencia tenga para actuar como lo que se conoce en el argot de "abrelatas": ayudando a promover - o, en su caso impedir- la aprobación de una norma reguladora que afecte a la actividad de la empresa que le remunera, influyendo en la aprobación de planes de actuación, líneas de subvenciones, realización de obras, suministros o servicios, etc.
De ello trata este reportaje de Marcos García Rey, en la que también se da cuenta de la fragilidad del sistema de protección de datos personales sensibles, como son los relativos a la salud de las personas. De poco sirve la legislación sobre protección de datos, si la práctica nos demuestra el tráfico masivo e ilegal de los mismos a favor de intereses particulares.
También se habla sobre la vulneración del sistema de contratación pública, fraccionado artificialmente contratos de suministros de material sanitario, para adjudicar los contratos "a dedo" utilizando la figura de los contratos menores, obviando así el procedimiento de concurrencia competitiva entre empresas que debía ser empleado con una sustancial reducción de costes a favor del erario público.
El reportaje de Marcos García denuncia la situación de las "Puertas Giratorias" en Sanidad.No es el único sector afectado.
Son muchos los ex altos cargos políticos y familiares fichados por los consejos de administración de grandes empresas. Más de la mitad prestan o prestaron sus servicios para empresas del sector energético. También el sector bancario y de intermediación financiera recluta a expolíticos para defender sus intereses y existen otros sectores y empresas que suelen operar de la misma manera: constructoras, consultorías o prestadoras de servicios.
Todas con dos notas en común: su gigantesca cuenta de resultados y su interés en influir en la actuación de las Administraciones Públicas.
El auge de la colaboración entre la
Sanidad pública y la industria es objeto de debate en España, pero lo
que más se pone en solfa son las estrechas relaciones entre actores de
ambos sectores
Autor: Marcos García Rey
El Confidencial
“Mi trabajo diario consistía en ejercer un labor de ‘lobby’ racional, ajustado a la ley, con los que toman decisiones en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), pero en los últimos tiempos los directivos de mi empresa me pedían que trabajara con datos y documentos de pacientes y funcionarios conseguidos ilícitamente”. Quien así se dirige a El Confidencial es Rafael F.,ex gerente regional de relaciones institucionales en Andalucía y Extremadura de la multinacional alemana Boehringer Ingelheim.
Rafael F., empleado durante 30 años en farmacéuticas, cuenta que recibían del SAS datos de prescripción de medicamentos a los pacientes, un hecho que viola diversas legislaciones europeas y españolas en cuanto a la protección de datos de salud, tales como el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal o el artículo 18 de la Constitución Española en lo relativo al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos”. Según Rafael F., ese tipo de filtraciones ayuda a la industria sanitaria a producir determinados productos y a ofertar con más tino en función de las necesidades de los pacientes.
El ‘lobby’ de la multinacional alemana en Andalucía llegó a presionar para que se crease una consulta de anticoagulantes en el hospital público de Almería, una producción en la que esa Boehringer Ingelheim es puntera. Rafael F., una vez jubilado, quiere tirar de la manta. El pasado viernes presentó un escrito ante la Fiscalía Provincial de Granada para denunciar estos hechos. Además, el pasado día 4 el delegado de Protección de Datos del SAS, Juan Díaz, prometió al informante que una vez analizados los hechos actuarían en consencuencia y le sugirió que iniciara actuaciones penales.
La tarea de ‘lobby’ en las administraciones públicas estatales y autonómicas que gestionan la Sanidad la llevan a cabo los llamados directores de relaciones institucionales de las empresas que fabrican productos farmacéuticos y sanitarios. Las respectivas consejerías de Salud los adquieren principalmente a través de los hospitales y de las llamadas oficinas de farmacia.
La gran mayoría de esos contratos se adjudican directamente sin concurso ni publicidad. Así lo afirma Vicente Losada, portavoz de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), una plataforma ciudadana apolítica que analiza todos los datos de salud de la Comunidad de Madrid. Según las estadísticas elaboradas por Audita Sanidad y revisadas por este diario, en 2017 el 60% de los importes adjudicados por el Gobierno regional madrileño (387 millones de euros) se hicieron mediante contratos menores. “Hemos identificado hospitales que compran catéteres con contratos menores varias veces a lo largo de un año, lo que es ilegal, supone despilfarro del dinero público y tienen una clara incidencia negativa en el bolsillo de los contribuyentes”, asegura Losada.
En ese sentido, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña, en un informe publicado en 2019 relativo a la gestión de servicios sanitarios del ejercicio de 2016, los “expedientes tramitados por procedimiento negociado sin publicidad no incluían los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación, en contra de lo establecido en el artículo 176” de la Ley de Contratos del Sector Público. Añade que en los expedientes de esas contrataciones tampoco había constancia del proceso de negociación con los licitadores para obtener la mejor oferta.
“Mi trabajo diario consistía en ejercer un labor de ‘lobby’ racional, ajustado a la ley, con los que toman decisiones en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), pero en los últimos tiempos los directivos de mi empresa me pedían que trabajara con datos y documentos de pacientes y funcionarios conseguidos ilícitamente”. Quien así se dirige a El Confidencial es Rafael F.,ex gerente regional de relaciones institucionales en Andalucía y Extremadura de la multinacional alemana Boehringer Ingelheim.
Rafael F., empleado durante 30 años en farmacéuticas, cuenta que recibían del SAS datos de prescripción de medicamentos a los pacientes, un hecho que viola diversas legislaciones europeas y españolas en cuanto a la protección de datos de salud, tales como el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal o el artículo 18 de la Constitución Española en lo relativo al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos”. Según Rafael F., ese tipo de filtraciones ayuda a la industria sanitaria a producir determinados productos y a ofertar con más tino en función de las necesidades de los pacientes.
El ‘lobby’ de la multinacional alemana en Andalucía llegó a presionar para que se crease una consulta de anticoagulantes en el hospital público de Almería, una producción en la que esa Boehringer Ingelheim es puntera. Rafael F., una vez jubilado, quiere tirar de la manta. El pasado viernes presentó un escrito ante la Fiscalía Provincial de Granada para denunciar estos hechos. Además, el pasado día 4 el delegado de Protección de Datos del SAS, Juan Díaz, prometió al informante que una vez analizados los hechos actuarían en consencuencia y le sugirió que iniciara actuaciones penales.
La tarea de ‘lobby’ en las administraciones públicas estatales y autonómicas que gestionan la Sanidad la llevan a cabo los llamados directores de relaciones institucionales de las empresas que fabrican productos farmacéuticos y sanitarios. Las respectivas consejerías de Salud los adquieren principalmente a través de los hospitales y de las llamadas oficinas de farmacia.
La gran mayoría de esos contratos se adjudican directamente sin concurso ni publicidad. Así lo afirma Vicente Losada, portavoz de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), una plataforma ciudadana apolítica que analiza todos los datos de salud de la Comunidad de Madrid. Según las estadísticas elaboradas por Audita Sanidad y revisadas por este diario, en 2017 el 60% de los importes adjudicados por el Gobierno regional madrileño (387 millones de euros) se hicieron mediante contratos menores. “Hemos identificado hospitales que compran catéteres con contratos menores varias veces a lo largo de un año, lo que es ilegal, supone despilfarro del dinero público y tienen una clara incidencia negativa en el bolsillo de los contribuyentes”, asegura Losada.
En ese sentido, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña, en un informe publicado en 2019 relativo a la gestión de servicios sanitarios del ejercicio de 2016, los “expedientes tramitados por procedimiento negociado sin publicidad no incluían los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación, en contra de lo establecido en el artículo 176” de la Ley de Contratos del Sector Público. Añade que en los expedientes de esas contrataciones tampoco había constancia del proceso de negociación con los licitadores para obtener la mejor oferta.
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