Fuente: El País
La justicia sigue siendo un servicio público, pero más caro
Las
nuevas tasas judiciales y la
anunciada reforma del Registro Civil, que en 2014 pasará de las manos de
los jueces a las de los registradores de la propiedad —lo que implicará pagar
por trámites que ahora son gratis—, han puesto la palabra sobre la mesa:
“privatización”. Algunos colectivos sostienen que este nuevo copago es el
primer paso para cambiar el modelo de servicio público de la justicia y
favorecer el negocio de privados, y auguran que dejará a muchos ciudadanos de
clase media sin posibilidad de defender sus derechos en los tribunales. El
ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón
replica: el ciudadano que hace uso de los juzgados ya paga a privados (los
abogados y procuradores), simplemente va a pagar más que ahora “y eso va en
beneficio del conjunto de la sociedad”, que es la que sostiene, con sus impuestos,
el grueso del Estado de bienestar.
Será, así, una justicia más cara, aunque siga
siendo un servicio público.
Tarifa al abogado... y al
Estado. Hay un detalle paradójico en la discusión sobre las
tasas judiciales: mientras la bronca crece, los pleitos que se están
interponiendo en
este momento no pagan ninguna tasa: ni las de antes —que eran mucho más
bajas y solo para ciertas empresas— ni las de ahora —que oscilan entre 100 y
1.200 euros mas otra tarifa variable, y que pagarán todos los ciudadanos—. Y
eso es así porque un error de coordinación entre Justicia y Hacienda ha
hecho que la anterior ley quede derogada y la nueva no pueda aplicarse, al no
estar regulado el mecanismo de cobro. En principio, debería estar resuelto este
mes o ya en enero.
Entonces se empezará a pagar en todas las
jurisdicciones menos en la penal (que supone el 70% de todos los pleitos), en
la primera instancia de lo social, en las reclamaciones por deudas inferiores a
2.000 euros y en ciertos asuntos civiles relacionados con derechos
fundamentales o de menores. Tampoco pagarán quienes tengan derecho a justicia
gratuita (familias que ingresan menos de 15.000 euros brutos al año).
El resto lo notará, y mucho: divorciarse (excepto
para las víctimas de violencia machista) tendrá una tasa de 300 euros más el
0,5% de los bienes que se reclamen; recurrir una multa de tráfico ante un juez
(sea cual sea la cuantía) supondrá, mínimo, 200 euros (podría llegar a 1.200 si
se sigue recurriendo hasta la última instancia); el recurso de un trabajador
contra una sentencia de despido, entre 200 y 300 euros. Y así con todos los
pleitos. Si gana, el recurrente recuperará el dinero, pero solo en el caso de
que haya condena en costas para la otra parte; si no, lo perderá.
Notarios y registradores se
hacen con el libro de familia. Las 8.700 oficinas del
Registro Civil las llevan ahora los jueces (o jueces de paz, no letrados), que
son quienes inscriben allí —gratis— nacimientos, defunciones, matrimonios,
divorcios, nacionalidades y otros muchos trámites administrativos (1,4 millones
al año). Justicia prepara una ley que —previsiblemente en 2014— pasará la
gestión de ese servicio a los registradores de la propiedad, porque estos “han
perdido mucho trabajo por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, alegan
fuentes del ministerio. Ya
en junio se les encomendó la gestión de solicitudes de nacionalidad.
Justicia asegura que los registradores —que son
“ejercientes privados con funciones públicas”, como los notarios— no recibirán
una remuneración por ese trabajo extra, y que tampoco cobrarán a los ciudadanos
por el 80% de los trámites: seguirá siendo gratuito inscribir nacimientos,
defunciones y resoluciones judiciales como las de adopción, tutela o
incapacidad. También será gratis pedir copias de certificados, “porque las
pedirá directamente la Administración”. El resto de trámites, probablemente,
pasará a ser de pago (el ministerio dice que eso está “en estudio”), con
tarifas —que fijará el Gobierno— de “entre 20 y 40 euros”, calculan fuentes
oficiales. Y habrá muchas menos oficinas.
Justicia subraya que la “desjudicialización” del
Registro Civil es algo que dejó aprobado el Gobierno anterior, del PSOE,
y recuerda que el ciudadano ya paga por otros trámites, como la renovación del
DNI o el pasaporte.
La misma reforma legal que cambiará el Registro
Civil introducirá otra medida anunciada hace meses: el matrimonio lo oficiarán
los notarios. Así que ahí habrá una doble tasa: por casar y por inscribir
después el matrimonio.
Algunas reformas pendientes:
- Nuevo Gobierno de los jueces. El Ministerio de Justicia está negociando con el PSOE una reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial para cambiar la elección de vocales del Gobierno de los jueces: la dejará en manos del Congreso, como hasta ahora (en contra del programa electoral del PP), pero intentando evitar que las asociaciones mayoritarias de jueces copen ese órgano. Esta ley se convertirá previsiblemente en otro foco de conflicto con los jueces; también la futura Ley de Planta, que reducirá el número de partidos judiciales y concentrará los juzgados.
- Registro Civil. Esta reforma está en fase de borrador; Justicia pretende aprobarla en el primer trimestre de 2013 y que entre en vigor en 2014. El Registro Civil —ahora dirigido por jueces— pasará a manos de los registradores de la propiedad, que cobrarán por algunos servicios hoy gratuitos.
- Fin a la ley de plazos del aborto. La polémica por este proyecto de ley provocó el primer bajón de popularidad del ministro Gallardón en muchas encuestas. El texto aún no ha visto la luz. Solo se sabe que acabará con el sistema de plazos actual.
- Enjuiciamiento Criminal. Uno de los objetivos de esta reforma, prometida por todos los ministros de los últimos 18 años, es que la instrucción pase de los jueces a los fiscales. Gallardón también reformará la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario