En el tocomocho, varios pillos estafan a un incauto haciéndole creer que va a hacer el negocio de su vida a costa de un tercero.
No sólo es necesario la figura del primo, la del "gancho" y, por supuesto, la de la víctima. También es imprescindible la presencia de cómplices que, orquestados por el corifeo de turno, jaleen a aquélla para concluir el ardid con la excusa de prisas inaplazables y plazos perentorios.
Lo sucedido ayer en el Congreso en la votación de la ratificación del RD-Ley Iceta y, sobre todo, las negociaciones llevadas a cabo por los grupos parlamentarios que dieron luz verde al texto legal, se asemejan a lo descrito.
Fundamentalmente, en la solución que se está vendiendo: los interinos de las Administraciones Públicas que lleven más de 10 años en una plaza no tendrán que opositar.
No sólo por la posible inconstitucionalidad de la medida; no sólo por la discriminación que produce entre el propio colectivo y entre éste y los aspirantes a ocupar una plaza en la Administración a través de los procedimientos ordinarios de oposición y concurso-oposición, sino también por el tenor literal del acuerdo alcanzado: se condiciona la adquisición de la plaza ocupada durante 10 años o más a que dicha plaza no haya sido nunca objeto de convocatoria pública.
Este último requisito, la falta de convocatoria pública de la plaza respectiva, de mano no sólo eliminará de un plumazo las expectativas vendidas a cientos de miles de empleados públicos temporales sino que, de ser aplicado, generará una litigiosidad permanente en el sector público.
La determinación e indagación de qué plazas concretas fueron, o no, objeto de una convocatoria de selección para determinar los beneficiaros de la piñata política va a ser un proceso objeto de sospechas, arduo y difícil. Por no decir imposible.
Todo muy español.
Como el tocomocho
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