La subida del IVA amenaza el consumo

Autor: Miguel Ángel Sánchez

Fuente: La Opinión

El último incremento del impuesto en 2010 solo permitió recaudar la quinta parte de lo previsto por el Ejecutivo presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y provocó una caída del gasto del 9 %.

La subida del Impuesto sobre el Valor Añadido con la que el Gobierno intenta recuperarse de la fuerte caída de los ingresos tributarios entra en vigor el próximo sábado, día 1 de septiembre.

La medida, incluida en el plan de reducción del déficit público, pretende conseguir un aumento de fondos para el Estado. Pero el aumento momentáneo de la recaudación que se logre con esta medida también tiene sus consecuencias negativas a medio plazo, como la reducción del consumo privado, uno de los motores del crecimiento de la economía.

Septiembre no empezará con buen pie. Las precarias economías familiares deberán exprimirse un poco más a partir del próximo sábado, día 1, para asumir la subida del IVA aprobada por el Gobierno a instancias de la Comisión Europea. Una subida que provocó serias discrepancias entre los departamentos de Hacienda -Cristóbal Montoro- y Economía -Luis de Guindos-, con la que se pretende compensar la continua caída de los ingresos en las arcas públicas y recaudar alrededor de 7.500 millones de euros. Las cifras correspondientes al balance económico del primer semestre no pueden ser más clarificadoras. 

Los ingresos por el IVA hasta el pasado mes de junio habían descendido un 10 % dentro de una caída generalizada de la recaudación tributaria del 1,4 %. Un retroceso que se produjo a la vez que el gasto por la deuda se incrementaba un 32 % y el déficit del Estado alcanzaba un 4,04%, superando las previsiones del objetivo de déficit para todo el año.

Pero una subida del IVA no garantiza necesariamente una mayor recaudación impositiva. Aquí es donde surgen la mayor parte de las dudas, puesto que este incremento va a tener lugar en un marco macroeconómico muy negativo, de recesión y elevado paro. 

Antecedentes de la subida

La última Memoria de la Administración Tributaria ya señalaba que la anterior subida del IVA aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -pasó la tributación del tipo general del 16 al 18 % y la del reducido del 7 al 8 %- provocó un efecto de adelantamiento de sus compras sobre los consumidores al conocer la medida, pero después dejaron de comprar "violentamente". El informe cifra la caída del gasto posterior en un 9 %. De hecho, de los cerca de 5.000 millones adicionales que esperaba recaudar el Gobierno de Zapatero por cada punto de subida del IVA -unos 10.000 millones en total- se pasó a poco más de 2.000 millones, es decir, la quinta parte de lo esperado. Algunos modelos económicos estiman, de manera general, que por cada punto porcentual que se consigue aumentar la recaudación, la producción media se reduce en 0,52 puntos porcentuales y las horas trabajadas, en 0,75.

Las contradicciones del PP 

Algo que ya intuían en el PP cuando los socialistas aprobaron la subida del IVA hace dos años. Entonces, Zapatero y Salgado sufrieron una avalancha de críticas por parte de los dirigentes populares que ahora se han visto obligados a aprobar la misma medida. El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en 2010 era líder de la oposición, llegó a decir que la subida del IVA constituía "un sablazo de mal gobernante" y un "disparate". Es más, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entonces coordinador de Economía del PP, declaró: "Si usted quiere que la economía española duplique su caída, suba el IVA".

Sobre la subida del impuesto que entrará en vigor el próximo sábado ya han saltado dos testigos de alerta que indican que ni siquiera se ha producido el "efecto adelantamiento" de compras que tuvo lugar en 2010. Dos sectores que se verían muy afectados por el incremento impositivo, como son los del automóvil y el de la moda, no han sufrido cambios en su tendencia. Según los datos de la asociación nacional de vendedores de automóviles, Ganvam, las ventas durante la primera quincena de agosto fueron, incluso, un 19,5 % inferiores a las del mismo periodo del año anterior, y algo parecido ha ocurrido también con el sector de la moda.

Estas alertas sirven de advertencia de lo que lo que se viene encima a partir de septiembre, en un contexto problemático y de recesión. Hay que tener en cuenta que a la anunciada reducción de la capacidad de compra de los consumidores como consecuencia de la propia subida del IVA, hay que sumar la reducción de las rentas a causa del desempleo -que afecta ya a la cuarta parte de la población activa- y de las rebajas salariales tanto en la actividad privada como en la función pública -desaparición de la paga extra de Navidad-. Unos datos cuya importancia se puede calibrar pensando que el consumo privado aporta más del 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) por el lado de la demanda y es un motor que genera el crecimiento de la producción, del empleo y de la masa salarial. 

El coste para las familias

De momento, el último informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) cifra en un 2% la caída del consumo interno prevista para este año. Y lo que es peor, del 2,6 % para 2013. Unas cifras que todavía no reflejan el efecto que pueda tener el aumento del IVA. Un efecto que, por otra parte, será diferente según la comunidad autónoma en la que resida el consumidor. Los técnicos del ministerio de Hacienda de la asociación Gestha consideran que la subida de precios costará una media de 437 euros a cada familia.

Para una pareja sin hijos, el importe de más a pagar será de 280 euros anuales; si tienen un hijo menor de 14 años, el gasto extra será 360 y si tienen dos, de 475. Una cifra que oscila también según el territorio, al intervenir otros factores como la renta per cápita, el coste de la vida o las diferencias de tamaño medio entre las propias familias. 

Por otra parte, los primeros efectos de la subida los empezarán a notar los bolsillos de los consumidores por adelantado. 

Recibos adelantados

La última directriz de la Agencia Tributaria señala que los servicios como la luz, el gas o el agua que se facturen a partir del 1 de septiembre, aunque correspondan a consumos realizados con anterioridad a esa fecha, ya tributarán al 21 %, es decir, tres puntos más. Una decisión polémica y que contradice al propio ministro de Industria, José Manuel Soria, que declaró que iba a vigilar para que las compañías suministradoras no intentaran aprovecharse de los nuevos tipos del IVA y cargarlos por servicios prestados con anterioridad al 1 de septiembre. Sólo en el recibo de la luz, esta subida representará 1,5 euros más mensuales.

Este coste extra no previsto coincidirá con uno de los peores meses del año para las ya precarias economías familiares, que se ven presionadas por el gasto añadido del inicio del curso escolar -matrículas, libros, uniformes,..-, que normalmente oscila entre los 300 y los 1.300 euros, al que habría que sumar también que a partir del día 1, en el caso del material escolar, el coste adicional que representa pasar a tributar en el tramo general -el 21 %-.

Adelantar las compras permite ahorrar unos euros 

Los ciudadanos aún están a tiempo de ahorrar unos euros si anticipan ciertos gastos antes de que el IVA se aplique el 1 de septiembre. 

Mientras que los alimentos básicos mantendrán el tipo superreducido, el ahorro sí será notorio si se adquieren ahora los artículos escolares (salvo los libros de texto), antes de que suban del 4% al 21%. También conviene adelantar la visita a la óptica y las reformas del hogar, pues el IVA se situará en el 10% en este tramo impositivo. Otro fuerte incremento (del 8% al 21%) se dará en el caso de los centros de estética, peluquerías o tratamientos cosméticos, por lo que adelantar estas inversiones redundará en un mayor alivio económico. 

La subida del 21% por ir al cine, al teatro o salir de copas también invita a aprovechar lo que queda de mes, algo que también deberían hacer los que planeen viajar, puesto que el transporte, la restauración y el alojamiento experimentarán un alza del IVA del 8% al 10%. 

TURISMO

La subida de los precios frenará la competitividad

Para uno de los motores principales de la economía española, el alza de hasta el 10% en hoteles y locales de restauración es un factor de incertidumbre de cara a la temporada de invierno. Luis Martí, presidente de la Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana, considera que la medida es un "error", pues conseguirá el efecto contrario al previsto. También comenta que esto provocará aún más pérdidas y despidos. "Este tipo de medidas no contribuyen a mejorar la economía productiva y tienen un efecto meramente recaudatorio de corto alcance. Se necesitan medidas que estimulen el crecimiento, no que lo frenen", afirma Martí.

DISTRIBUCIÓN

Las distribuidoras piden una compensación 

En el caso de las firmas de distribución, sólo los productos básicos seguirán gravados al tipo superreducido del 4%, mientras que el resto se verán afectados por el general del 21%. Pedro Reig, presidente de una de las asociaciones de supermercados autonómicas, advierte de que este incremento "es un factor más" que afectará al consumo, y pide que el Gobierno "compense a los centros con una reducción de las cuotas sociales". Según Reig, cada distribuidor "va a intentar absorber o amortiguar el IVA en todo lo posible para que el cliente no se resienta".

MODA Y TEXTIL

Los consumidores comprarán solo lo imprescindible

Las dificultades que generará el alza del IVA del 18% al 21% en el sector han puesto en alerta a las empresas, de las que sólo los grandes grupos podrán absorber el incremento y mantener las ventas. En la línea del resto de las patronales, empresarios textiles piensan que "el consumo nacional ya está bastante afectado como para cambiar el IVA otra vez", y que "hay cosas que no se pueden descontar o minimizar, como el encarecimiento del coste de vida de los ciudadanos, que adquirirán sólo lo necesario". 

AUTOMOCIÓN

Se prolongará una crisis que dura ya cinco años

El sector del automóvil calcula que el incremento del IVA al 21% encarecerá 650 euros de media a cada vehículo, lo que frenará la salida de una grave crisis que dura ya cinco años. "Si lo que quiere el Gobierno es castigar al automóvil, la medida es de lo más acertada. Si lo que quiere es recaudar más dinero, el efecto será nulo en lo que a la automoción se refiere", asevera Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto. También recuerda que la subida adicional del combustible "tendrá un efecto disuasorio sobre la adquisición y utilización de los vehículos".

VIVIENDA

Impacto escaso para un sector maltrecho

De entre todos los sectores afectados, el de la vivienda es el que menor capacidad de respuesta tiene ante la subida. El Gobierno, que ya ha suprimido la desgravación del IRPF, mantendrá el tipo superreducido del 4% hasta enero de 2013, momento en el que el IVA de las viviendas se situará en el 10%. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), reclama una moratoria y considera que "estas medidas tendrán un efecto negativo, pese a estar ya anunciadas". Frente a esto, José Manuel Galindo, presidente de la APCE, aboga por "buscar un factor positivo y estimular algunas ventas más" si el Ejecutivo anuncia un plazo antes de aplicarlas.

Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas

•   Se posibilitará deducir del alquiler las reformas y mejoras llevadas a cabo por el inquilino en el domicilio.

•  El inquilino podrá desistir del contrato de arrendamiento siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de un mes

• Se permitirá subir los alquileres por encima del IPC si así lo acuerdan las partes

• Los desalojos podrán iniciarse pasados diez días del primer impago

El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.

Aspectos relevantes de la norma:

Aumenta la posibilidad de que las partes puedan adoptar acuerdos y pactos sobre aspectos que, anteriormente, no se podía disponer. En consecuencia se refuerza el principio de autonomía de las partes en detrimento de la regulación jurídica de dichos aspectos. 

La libertad de pactos afecta al derecho de adquisición preferente, que se podrá renunciar (a falta de acuerdo, este derecho seguirá en vigor) o la actualización de la renta cuyo procedimiento se podrá pactar libremente (hasta ahora, las rentas debían actualizarse con base en el Índice de Precios al Consumo). 

La norma acoge la posibilidad de que las mejoras acordadas o pactadas a cargo del inquilino se apliquen al pago de la renta.

En cuanto al tiempo de duración del contrato, éste será el expresamente pactado por las partes sin perjuicio de que se reduce de cinco años a tres la prórroga obligatoria y de tres a un año la duración de la prórroga tácita.

El arrendador podrá recuperar su inmueble en cualquier momento, cuando se den las condiciones legalmente requeridas para ello, sin necesidad de que esta opción haya tenido que estar expresamente prevista a la firma del contrato, y siempre que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato. 

El inquilino podrá desistir del contrato de arrendamiento comunicándolo al arrendador con una antelación mínima de un mes. Hasta ahora, en los contratos por más de cinco años, el arrendatario podía desistir a partir del quinto año con un preaviso de dos meses. La nueva ley amplía la posibilidad de desistimiento a los contratos de más de tres años y reduce el preaviso a un mes. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, el arrendatario indemnice al propietario con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir.

Se prevé que el arrendamiento de viviendas pueda ser inscrito en el Registro de la Propiedad y ello garantice la posición del inquilino, cuyo contrato deberá ser respetado en todo caso si se produce la venta de la vivienda. La inscripción en el registro será voluntaria.

Proceso de desahucio por falta de pago

La norma reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil  a fin de que, cuando se presente una demanda de desahucio por falta de pago, se requiera al demandado para que en diez días proceda al pago o alegue las razones que justifiquen el impago. 

El juez dictará una sentencia terminando el proceso si el demandado no compareciese, no pagase o no justificase el impago. En la ejecución del desahucio será suficiente la presencia de un solo funcionario judicial.

¿Y si tomo un yogur caducado?. Tirar a la basura alimentos aptos para el consumo supone un despilfarro que cuesta cientos de euros a cada familia.

Comer alimentos pasados de fecha es un riesgo, pero unos son más peligrosos que otros

La crisis lleva a despilfarrar menos, aunque cada español tira 163 kilos al año

Fuente: El País

Autora: María R. Sahuquillo

Ahí, en el primer estante de la nevera, esperan solitarios dos yogures de macedonia. Vistazo rápido a la tapa y constatación: caducaron hace un par de días. En algunos hogares, el producto irá directo a la basura. Sin abrir y sin dudarlo. En otros, tras un pequeño sondeo visual —no tiene moho, no está blandurrio— y olfativo, es probable que el lácteo acabe en un estómago agradecido. ¿Ocurre algo por tomar un yogur pasado de fecha? ¿Y si se trata de otro tipo de producto? Es, sin duda, un riesgo. Pero lo que a algunos les resultará completamente inocuo, a otros les puede provocar una intoxicación. Y el tipo de alimento también cuenta. No es lo mismo un yogur —un producto ácido donde es difícil que proliferen microbios patógenos— que un poco de carne picada fresca.

La duración de los alimentos siempre ha sido un tema de debate doméstico. Incluso de disputa. Hay opiniones para todos los gustos. Desde los más estrictos a los temerarios. Sin embargo, en época de vacas flacas y con los presupuestos para la cesta de la compra cada vez más ajustados, todo se mira. Y se estira al máximo.

“Las personas racionalizan más el gasto. No solo en lo que comen, prestando más atención a la duración de los productos, sino también en lo que compran. Se afina más y se despilfarra menos”, afirma Ruben Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua. Las cifras del derroche, sin embargo, son alarmantes: España tira 7,7 millones de toneladas al año de alimentos perfectamente comestibles. Lo que equivale a 163 kilos por persona, según Eurostat; 178, de media por habitante de la UE. Desecho que tiene mucho que ver con la falta de planificación, pero también con la confusión que suscita en algunos la duración de los alimentos.

“El 18% de los europeos no conoce la diferencia entre fecha de caducidad y de consumo preferente”, indica Frédéric Vincent, portavoz de Salud y Política de Consumo de la Comisión Europea. Tampoco sus implicaciones. Ambos conceptos tienen que ver con la vida útil del producto. Pero no son equivalentes en ningún caso. Así, la fecha de caducidad indica hasta cuándo el alimento es seguro para el consumo. Un plazo que afecta a la comida perecedera —pescado, carne, lácteos, pastelería—, que suele aguantar de 2 a 30 días, según el tipo. Una vez superada la fecha límite, nadie —ni el fabricante ni las autoridades sanitarias— garantiza su estado. Sin embargo, no todos los productos caducan. “Quesos, encurtidos, helados, legumbres o congelados pueden durar, según el caso, hasta tres años”, explican desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).

Estos son, por tanto, los que llevan la etiqueta “consumir preferentemente antes de...”, una leyenda que indica el momento a partir del cual el producto va perdiendo sus propiedades organolépticas: sabor, aroma y textura. Tiene menos cualidades, pero continúa siendo seguro.

A pesar de eso, en muchos hogares terminan en la basura. “Hay alimentos, como las conservas o los cereales de desayuno, que, si no se abriera el envase, nunca caducarían. Por eso, al rechazar un alimento porque ha pasado su fecha de consumo preferente, muchas veces estamos rechazando alimentos perfectamente sanos y nutritivos aunque quizás solo ligeramente menos atractivos a la vista o al olfato”, apunta Marco Antonio Delgado, director de I+D y desarrollo de nuevos productos de leche Pascual.

Las fechas de vida útil de los productos las decide el propio fabricante, que en algunos casos sigue pautas de las autoridades sanitarias. Un límite —sobre todo el de caducidad— que a algunos les resulta demasiado escaso. Es la opinión de la eurodiputada danesa Anna Rosbach, de los Conservadores y Reformistas, que cree que las normas sobre la fecha límite están “basadas en estrictos requisitos de calidad que obligan a desechar toneladas de alimentos aún aptos para el consumo”, dice en un informe presentado en el Parlamento Europeo. Argumento que también comparte Tristram Stuart, profesor de Historia Medioambiental en la Universidad de Sussex, que considera que esas fechas determinadas por el fabricante son “muy cautelosas”. “Las empresas sienten la necesidad de protegerse de los litigios y la pérdida de reputación, pero deberían analizar las consecuencias ambientales y sociales que tiene el incremento de los residuos de alimentos debidos a unas fechas de expiración excesivamente prudentes”, mantiene Stuart, conocido activista contra el despilfarro.

¿De verdad es excesivamente corto el plazo marcado? “Pudiera ser en algunos casos, pero a los productores de alimentos, dada la longitud de las cadenas de distribución les interesa, de manera general, alargar la vida útil de sus productos”, responde Carlos Arnaiz, subdirector de calidad del Instituto Nacional de Consumo, organismo que depende del Ministerio de Sanidad. “El fabricante decide esa fecha teniendo en cuenta cuál es el tiempo previsible durante el cual, en condiciones normales de mantenimiento, el alimento no sufrirá una modificación por actividad microbiológica que suponga un riesgo para la salud de las personas”, dice. Se analizan, por tanto, la calidad de las materias primas, la tecnología de procesado, el tipo de envase o cómo será la cadena de frío. Con estos datos, explica Marco Antonio Delgado, y durante la fase de desarrollo del producto, se fija el plazo de consumo “con los adecuados márgenes de seguridad”.

Las fechas se revisan periódicamente, aseguran desde la Fiab. Para ello, los fabricantes guardan muestras del alimento en su envase definitivo y en condiciones similares a las que va a sufrir en el mercado —o incluso bajo condiciones más duras de temperaturas, luz o humedad— en las que después se analizará la calidad sensorial, microbiológica y de composición. “Así hasta determinar la máxima duración posible antes de que comiencen a aparecer desviaciones de sabor, olor o microbiología”, dice Delgado.

Además, este examen se repite cuando cambia en algo la receta, el recipiente o los procesos de elaboración. “Un nuevo envasado puede hacer que un filete de pollo, por ejemplo, sea más o menos conservable. El tipo de tratamiento que ha sufrido ese alimento también influye. Puede diferir si ha sufrido un tratamiento de altas presiones (pasteurización en frío) o si se utilizan para almacenaje envases bioactivos que tienen sustancias antimicrobianas o cultivos bioprotectores, activos inocuos que impiden el desarrollo de patógenos”, explica Alfonso Carrascosa del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Cial-CSIC).

También se considera el lugar donde se va a comercializar el producto. “Es vital tener en cuenta las características de cada país a nivel climatológico, de procesos culinarios...”, observa Andrea d’Agostino, director de Calidad e I+D del grupo Gallina Blanca Star. Pone como ejemplo uno de sus productos: el Jumbo, el avecrem de África pero enriquecido con vitamina A, en el que consideran las condiciones climáticas del continente africano además de las de conservación y cocinado.

Pero más allá de estas reglas, existen unos márgenes de seguridad en los alimentos una vez traspasada la fecha límite, como explicaba Delgado. Por eso, la eurodiputada Rosbach propuso en el Parlamento de la UE que en el etiquetado de aquellos productos cuyas características lo permitieran se incluyese una leyenda en la que se indique el plazo máximo de consumo seguro. Su idea no prosperó. No importa solo ese límite, aludieron expertos y parlamentarios, es que este puede variar mucho en función de cómo se haya conservado el producto.

Tómese el caso del huevo, por ejemplo, uno de los alimentos cuyo límite está regulado. La normativa marca que su fecha de consumo preferente es, como máximo, de 28 días tras la puesta. “Lo cierto es que podrían durar mucho más”, informa Juan Gigante, director general de Dagu, empresa productora de huevos y ovoproductos —huevo líquido, concentrado, desecado, cristalizado...—. “Esa fecha se establece teniendo en cuenta condiciones muy adversas de conservación, pero si el huevo se mantiene dentro de la cadena de frío, a menos de 24 grados, puede estar en perfectas condiciones hasta bastante después de ese límite”, sigue. De hecho, está en marcha una directiva europea para modificar la regulación y dar libertad a los fabricantes para que decidan su fecha de consumo preferente. Para fijarla se harán estudios, explica Gigante, aunque ese plazo estará muy vinculado a la cadena de suministro.

Solventada la duda de los huevos —y más allá del remedio casero de revisar que clara y yema no se desparraman al cascar el huevo para comprobar su frescura—, ¿son tan flexibles otros alimentos? Sobre la mesa, de nuevo, la típica incógnita del yogur, un alimento cuyo límite, explica Guy Tweedie, director I+D Europa del Sur de Danone España, también está regulado. “La ley establece 28 días a partir de su fecha de fabricación. Durante ese periodo debe garantizarse la viabilidad de los fermentos de estos alimentos, así como su composición nutricional y características sensoriales”, sigue. ¿Ocurre algo entonces si se come un yogur caducado? “Para obtener todos los beneficios de los productos”, responde Tweedie, “es recomendable consumirlos dentro de la fecha de consumo establecida por ley”.

“Comerse un alimento caducado es un riesgo. Una lotería, porque a partir de la fecha marcada pueden proliferar en el producto agentes infecciosos que en el momento del envasado estaban en una concentración inferior a la dosis mínima”, dice el experto Carrascosa, del Cial-CSIC. Sin embargo, más allá de la fecha de caducidad, hay productos más perecederos que otros desde un punto de vista científico. “Es el caso de alimentos ácidos, como las leches fermentadas o los yogures, que tienen menos posibilidades de verse invadidos por elementos patógenos. Productos en los que es importantísimo la conservación y el estado del envase”, apunta. Carrascosa explica que los alimentos más sensibles son aquellos con mayor contenido acuoso, lo que puede generar el desarrollo microbiano. “La miel —cuya concentración de azúcares hace que la actividad de agua sea muy baja—, el jamón serrano o el vino son alimentos que no caducan”, dice el experto. Otra cosa es que se pongan rancios.

Estos son los estándares —alimentos de bajo contenido acuoso— que ha utilizado MRE, la mayor fabricante de comida preparada para las Fuerzas Armadas Estadounidenses, para fabricar un sándwich que no caduca. Se trata de un bocadillo de pollo a la barbacoa que puede llegar a durar en perfecto estado al menos tres años. Pero anécdotas aparte, lo que debe imperar para el consumidor es el sentido común. Porque diga lo que diga la fecha de caducidad no es recomendable, por ejemplo, consumir productos tres días después de su apertura. Tampoco dejarlos al aire o someterlos a calor. “La seguridad alimentaria se refiere a mucho más que una mera fecha. También es clave cómo se almacenan y preparan los alimentos. Comer productos caducados es un riesgo, aunque muchos alimentos, si se mantienen suficientemente en frío y luego se cocinan de manera correcta, están perfectamente bien después de su fecha”, sostiene Tristram Stuart.

Este experto insiste en la falta de claridad en el etiquetado que informe al consumidor de la diferencia entre caducidad y consumo preferente. Y habla directamente de engaño de la industria. Ruben Sánchez no es tan crítico, pero también cree que hay demasiada oscuridad en el etiquetado. Y sobre todo una inmensa falta de datos para el consumidor.

Para las autoridades europeas no les falta razón. Por eso, para hacer más comprensible la información para el ciudadano, la Comisión Europea estudia que los fabricantes incluyan en sus etiquetas dos fechas: la de límite de venta y la de consumo preferente. Se trata de hacer un consumo responsable, de ahorrar y también de generar menos residuos. Los más de 179 kilos de productos alimenticios en perfecto estado que cada habitante de la UE tira, de media, a la basura, no son ninguna tontería. Y los más derrochadores son los hogares, que generan el 42% de todo ese despilfarro.

No son las únicas iniciativas. También proponen que los comercios bajen el precio de los alimentos cuyo límite está próximo. Algo que ya se hace en algunos países como Reino Unido y en ciertos establecimientos españoles. Este sistema serviría para evitar otro despilfarro, ya que el 78,8% de los distribuidores retira productos por las fechas de caducidad, según un estudio del Ministerio de Agricultura conocido esta semana. Y solo el 20,5% de los comercios dona esa comida retirada a bancos de alimentos. Comida que nada tiene aún que ver con desperdicios que terminan en la basura. Un despilfarro intolerable.

Pintalabios y cremas

Los cosméticos, en general, no caducan. Otra cosa es que con el paso del tiempo sigan cumpliendo las funciones para las que se idearon. Por ello, algunos llevan marcada una fecha límite —obligatoria solo para los que duran menos de 30 meses—. Tras ese tiempo probablemente no laven, hidraten o exfolien igual. Sin embargo, más importante que ese plazo, y obligatorio para todos los productos, es el denominado periodo después de apertura (PAO). “La duración durante la cual un cosmético, una vez abierto, se puede seguir usando sin riesgo para el usuario”, explica Cristina Biurrun, directora científico-técnica reglamentaria de L’Oréal España. Ese plazo se indica con el símbolo de un tarro abierto, con la fecha en su interior (en meses).

“Desde la primera vez que abrimos un producto cosmético, este está expuesto a agentes externos que podrían deteriorarlo, a lo que puede unirse el efecto de microorganismos o una degradación físico-química”, apunta Biurrun. Explica que en esto influye desde el envase usado, la fórmula cosmética, la población a la que está destinado el producto, o la zona del cuerpo donde va a aplicarse. No es lo mismo, por ejemplo, un maquillaje —cuyo plazo es de 12 meses— que un pintalabios o una laca de uñas. Estos últimos, por su composición, no son susceptibles de contaminarse por microbios y suelen durar 24 meses. O las cremas de contorno de ojos y los productos para bebés, elementos más sensibles que suelen durar seis meses tras su apertura.

El gran fraude de los cosméticos

Fuente: http://www.principiamarsupia.com/2012/08/17/el-gran-fraude-de-los-cosmeticos/

El pasado martes, Mercadona retiró 11 productos cosméticos después de una evaluación realizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ayer, esa misma agencia publicó un comunicado explicando que el problema era de orden administrativo y no existía ningún peligro para la salud de los consumidores.

Me parece un buen momento para que hablemos del verdadero problema de fondo. La industria cosmética se sostiene sobre una mentira: hacer creer a sus clientes que la eficacia de sus productos tiene una base científica.

Permitidme comenzar con una anécdota. Cuando trabajaba en Cambridge, coincidí en una cena con un investigador que acababa de ser fichado por una conocida marca de cosméticos. El tipo estaba muy contento con su nuevo sueldo -varias veces superior al de un profesor universitario-, pero se sentía muy frustado por la escasa relevancia de su trabajo en el desarrollo de nuevos productos. Su empresa gastaba 250 veces más en marketing que en investigación. Lo único que preocupaba a sus jefes era contar con estrellas de Hollywood que anunciasen sus lociones.

Las bases científicas de los cosméticos son comprendidas desde hace décadas. La industria de la belleza se sustenta sobre un marketing muy sofisticado que esconde un burdo timo.

Tomemos como ejemplo las cremas: todas funcionan igual. Mantienen la piel suave porque reducen la evaporación en la epidermis. Una crema hidratante de 2 euros es tan eficaz como la “super-loción-de-París” que cuesta 100 euros.

Lo mismo ocurre con los tratamientos antiarrugas. Un antiarrugas es, simplemente, una crema hidratante a la que se le añaden proteinas vegetales. Esas proteinas son cadenas de aminoácidos muy largas y que se estiran mientras están rodeadas de crema. Cuando la crema se seca de la piel, las cadenas de aminoácidos se contraen y tensan la piel. Por eso reducen temporalmente las arrugas. Funciona igual el antiarrugas más caro y el más barato.

“¡No puede ser!”, me diréis. “La loción que yo uso incluye Micropartículas-con-Tecnología-Nutriplex-y-Estimulina-de-ADN”.

Aquí está el nudo del asunto. La eficiacia de estos “super-ingredientes” (a los que bautizan con términos que parecen muy técnicos) carece de toda base científica.

Las empresas cosméticas quieren hacernos creer que realizan investigación de vanguardia, pero sus estudios ni se publican en revistas científicas ni pasan los mínimos criterios que requiere el método científico. Para ser aprobados, los productos cosméticos sólo tienen que demostrar que no son perjudicales para la salud. En cambio, para que un medicamento sea aprobado, es necesario demostrar no sólo que no es perjudicial, sino que además funciona. El desarrollo de un medicamento requiere de años de ensayos clínicos. Las líneas de cosméticos se renuevan a cada temporada.

Entonces, ¿por qué las empresas cosméticas no son denunciadas por publicidad engañosa?

Porque la industria cosmética mueve miles de millones de euros y eso significa que puede pagarse excelentes abogados. Tener buenos abogados no sólo es útil cuando vas a juicio, sino también cuando redactas los anuncios de tus productos. Estas empresas se cuidan mucho de no decir mentiras, pero consiguien, a la vez, que el cliente entienda lo que a ellas les interesa.

No tengo nada contra quienes disfrutan comprando cosméticos caros. También hay gente que encuentra su felicidad comprando ropa de marca. Mejor para ellos. Lo que me indigna de la industria cosmética es que utiliza la confianza que la sociedad tiene en la Ciencia para enriquecerse con productos dignos de alquimistas medievales.

Nota: Si os interesa este tema, os recomiendo el libro “Bad Science”, escrito por Ben Goldacre, investigador médico en la Universidad de Oxford. En sus páginas podéis encontrar multitud de detalles sobre los fraudulentos ensayos clínicos de las empresas cosméticas y también los argucias legales para evitar denuncias por publicidad engañosa.

¿Bajar los salarios para salir de la crisis?. Un artículo de Vicenç Navarro

¿BAJAR LOS SALARIOS PARA SALIR DE LA CRISIS?

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 14 de agosto de 2012

Este artículo cuestiona la postura ampliamente extendida en los círculos financieros y económicos dominantes tanto en la Eurozona como en España, así como en los medios de mayor difusión, que aquellos círculos influencian, de que hay bajar los salarios a fin de aumentar la competitividad, potenciando al sector exportador, como medida de salir de la crisis. El artículo señala que tales políticas deprimirán todavía más la demanda doméstica, cuyas insuficiencias son la mayor causa de la crisis.

Un dogma que se ha extendido en los establishments financieros, económicos, mediáticos, académicos y políticos de España es que para salir de la crisis hay que bajar los salarios. Tal creencia ha sido reforzada por el último informe sobre España del Banco Central Europeo dado a conocer el pasado jueves (09.08.12), el cual subraya la necesidad de que se bajen los salarios y el salario mínimo (así como otras medidas encaminadas a debilitar al mundo del trabajo, como la descentralización y debilitamiento del proceso de negociación colectiva) a fin de aumentar la competitividad de la economía española y con ello facilitar la recuperación económica de España. El argumento que se utiliza para justificar tales medidas es que, al no poder devaluar la moneda (posibilidad denegada a los países de la Eurozona al tener todos ellos la misma moneda) a fin de abaratar los productos y hacer al país más competitivo, la única solución que les queda a tales países que están en recesión es abaratar los productos a base de disminuir los salarios. De esta manera serán más y más competitivos y venderán más productos, exportando más y más, convirtiendo tales exportaciones en el motor de la economía, permitiendo así que salgan de la recesión.

Este argumento ha pasado a ser parte de la teología de tales establishments y se reproduce no solo por los equipos económicos de los partidos gobernantes, la mayoría conservadores y liberales (en realidad neoliberales), sino también entre economistas que gozan de gran visibilidad mediática y que han tenido responsabilidad gubernamental tanto a nivel central como autonómico (gobierno Zapatero y tripartito), ahora en la oposición. Podría citar muchas declaraciones recientes de economistas próximos al PSOE y al PSC que, añadiendo un “tono de realismo” (que siempre se utiliza para defender tesis neoliberales), concluyen que sí, que hay que descender los salarios como parte de lo que Paul Krugman y muchos otros han llamado la “devaluación doméstica”. 

Por cierto, incluso la Monarquía está promoviendo esta creencia (que ha alcanzado niveles dogmáticos) en sus proclamas. Así, el heredero del trono de España, el Príncipe Felipe, en su inauguración de unos de los campus del centro de reflexión y promoción neoliberal, el IESE, hizo referencia a que “nuestros precios y salarios están marcando el ritmo del retorno al sendero de la competitividad”, lo cual, decodificada la narrativa diplomática, quiere decir que las bajadas de salarios están preparando la salida de la crisis, mediante el supuesto aumento de la competitividad (discurso probablemente preparado por Javier Ayuso, periodista económico de persuasión neoliberal, exdirector de comunicaciones del BBVA, que hoy trabaja en temas de comunicación en la Casa Real).

Los supuestos de tal dogma

Tal dogma, como todos los dogmas, se basa en fe en lugar de evidencia científica. En primer lugar, incluso si aceptáramos por un momento la necesidad de devaluación doméstica, tal bajada de los costes de producción puede hacerse a base de reducir los beneficios empresariales, en lugar de los salarios, posibilidad que casi nunca se menciona. Y cuando, raramente se hace, es para descartar tal posibilidad pues -según ellos- ello desincentivaría la inversión. Mírese como se mire, se propone cargar el peso de la recuperación económica en las espaldas de los trabajadores y no sobre las de los empresarios, a los cuales hay que darles todas las facilidades y estímulos para que exporten, pues ahí es donde radica toda nuestra salvación. Pero los datos muestran el error de los supuestos sobre los que se basa tal dogma. Veámoslos.

El error de los supuestos que sustentan el dogma

Uno de los centros de investigación económica próximo al mundo empresarial de las grandes corporaciones estadounidenses (The Conference Board) acaba de publicar un detallado estudio de la evolución de los salarios en la Eurozona que muestra que éstos han descendido de una manera muy marcada en España, Irlanda, Grecia y Portugal (los famosos países PIGS en la terminología anglosajona). Como promedio los costes laborales han descendido un 15% desde 2009. Pero como bien señala el economista belga Ronald Janssen, este descenso de los salarios y aumento de los beneficios no ha ido, por lo general, acompañado de un aumento ni de las inversiones ni de las exportaciones (“Falling Wage Costs: Europe’s Light at the end of the tunnel?”). Janssen muestra gráfica y convincentemente en su artículo que en Grecia, por ejemplo, el muy marcado descenso de los salarios, incluidos en la manufactura, no ha ido acompañado de un aumento de las exportaciones. Antes al contrario, éstas han descendido también muy marcadamente. Grecia, por cierto, tenía un fuerte sector exportador antes de que se iniciara la crisis en el 2008. Los salarios pues han bajado (caído en picado) en Grecia pero ello no ha supuesto ni un crecimiento de las exportaciones ni de las inversiones. Lo único que ha subido han sido los beneficios empresariales que se han disparado alcanzando una cifra equivalente a un 12% del PIB griego. Mientras, la economía griega está yendo de mal a peor.

En España y en Portugal, sin embargo, las exportaciones sí que han crecido sobre todo a partir del 2009. Tal crecimiento sin embargo no ha sido suficiente para reavivar la economía de tales países. En ambos países, la gran destrucción de empleo (en parte responsable del aumento de la productividad), consecuencia de las políticas de austeridad y de la gran bajada de salarios, ha creado una recesión tal que el aumento de las exportaciones no ha sido suficiente para estimular de nuevo la economía. La bajada de salarios que en teoría está aumentando las exportaciones está a la vez deprimiendo la economía doméstica, venciendo esta última a la primera. Ello confirma lo que varios autores hemos estado señalando durante bastante tiempo: el gran error, mostrado muchas veces en Latinoamérica, de querer estimular la economía a base de colocar el sector exportador en el centro de la economía. No fue hasta que gobiernos de izquierdas y centroizquierdas potenciaron la demanda doméstica que aquellos países de América Latina salieron de su recesión.

En este aspecto, es interesante ver la similitud de los argumentos neoliberales (presentados como argumentos de sentido común en las “ciencias económicas”) utilizados en América Latina y ahora aquí en España. Tales argumentos están siendo utilizados hoy en España no solo por las derechas sino también por economistas de partidos exgobernantes de centroizquierda, como el PSOE y el PSC, hoy en la oposición (resultado, por cierto, de la aplicación de tales políticas). Otro argumento que utilizan tales economistas, que asumen que la recuperación económica procederá del sector exportador (para lo cual exigen un descenso salarial), es que este tipo de recuperación deberá ser, por necesidad, muy lenta. En América Latina se insistió en ello, año tras año, durante toda una década de dominio liberal en las esferas de poder. La famosa luz al final del túnel, sin embargo, nunca se agrandó. En realidad, la famosa luz aparecía cada vez más lejos y más pequeña. Y está ocurriendo lo mismo ahora en España.

A donde está llevando este dogma

Todo este proceso era predecible. Es fácil de ver que tales políticas son erróneas. Solo se necesita mirar los datos y olvidarse de la teología neoliberal (presentada como conocimiento económico). Cuando tantos trabajadores están sin trabajo y cuando la mayoría de jóvenes están sin trabajo durante muchos años, significan una pérdida, muchas veces irreversible, de recursos productivos. Y esto es lo que está ocurriendo en España. Frente a un sector exportador vivo, existe una economía doméstica paralizada por una enorme falta de demanda, creada por la confluencia de bajada de salarios, destrucción de empleo, y reducción de gasto público. Esta fue la situación en Latino América en el periodo neoliberal y ésta es la situación en los países PIGS ahora (convertido en GIPSI, con la inclusión de Italia).

En realidad, la bajada de salarios está creando una enorme recesión no solo en los países periféricos de la Eurozona sino también en los países del centro. El nivel de demanda de la manufactura (PMI, purchasing manager index) está bajando también en Alemania y en Francia a niveles de Italia, habiendo alcanzado cuotas por debajo de lo que se considera el nivel aceptable y/o sostenible. Y ello era, de nuevo, predecible, pues gran parte de las exportaciones alemanas y francesas son importaciones italianas, españolas, portuguesas y griegas. Y la bajada de salarios y recortes de gasto público están reduciendo dramáticamente el consumo doméstico y exterior.

La respuesta del establishment alemán no es estimular la demanda en Alemania y en los otros países de la Eurozona sino al contrario. Sus políticas públicas están recortando los salarios de los trabajadores alemanas y (presionando a través del Bundesbank y, por lo tanto, del BCE) de los trabajadores de los países periféricos de la Eurozona, conduciendo al precipicio a toda la Eurozona. Se inicia así una competición para ver quién paga menos a sus trabajadores. Estos son los costes de continuar creyendo en el dogma neoliberal. Pero como bien ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, en su respuesta al informe del BCE, tal estrategia llevará a una depresión no solo europea sino mundial. Lo que está ocurriendo en la Eurozona es un ejemplo de las consecuencias de tales políticas. Su venidera recesión puede llevar a una gran depresión. En realidad, para miles de españoles y de europeos esta depresión ya ha llegado. Estos son los costes de continuar creyendo y aplicando el dogma.

Una última observación. La enorme fuerza e influencia del pensamiento neoliberal en España (resultado del gran poder que tiene la banca y la gran patronal en los fórums mediáticos y políticos) se refuerza con la enorme pasividad de las izquierdas. Y no me estoy refiriendo a los partidos políticos (a los que habría que reformar sustancialmente) y a los sindicatos sino a las personas que se consideran de izquierdas y que con su pasividad están permitiendo que tal pensamiento y las políticas que las sustentan (que están haciendo mucho daño) continúen. De ahí que me permito sugerirle al lector de este artículo que se movilice y que, si está de acuerdo con la tesis que expongo (enormemente minoritaria en España, debido a su marginación en los medios), envíe este artículo a todo tertuliano, a todo periodista, a todo canal informativo que reproduce tal dogma, a fin de mostrarles que lo que dicen y promueven no tiene ninguna base científica, denunciando con ello, su función propagandística en lugar de informativa. Permítame una observación personal. Mi blog recibe alrededor de 10.000 contactos al día. Si suponemos que al menos un 10% coinciden con mis tesis y éstos enviaran cartas o llamaran a los medios cada vez que tal propaganda ocurre, tales medios captarían el mensaje de que la población es consciente de su actitud propagandística, exigiéndoles mayor rigor y diversidad. La enorme pasividad de las personas de izquierda debería sustituirse por una agitación social e intelectual que mostrara las enormes falsedades de la sabiduría convencional que se reproduce a través de los medios de información de mayor difusión, transformándolos en medios de persuasión. Una de las grandes insuficiencias de la democracia española es precisamente la falta de diversidad de tales medios. La ciudadanía debería movilizarse para protestar y denunciar tal situación.

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Fuente: http://www.vnavarro.org/?lang=es