sábado, 10 de diciembre de 2011

El tiro por la culata. El juez tumba la demanda de la construcción que pedía disolver la Unión de Consumidores



La patronal basó su denuncia en una supuesta irregularidad de los estatutos de la UCE, a la que acusa de «calumniar» en su campaña de las plusvalías

Los consumidores han ganado a los constructores la batalla judicial de la «guerra de las plusvalías». El juez ha tumbado el intento de la patronal asturiana de la construcción (CAC-Asprocon) de disolver la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) mediante una demanda judicial en la que solicitaba la «liquidación» de esta asociación y la nulidad de todos los acuerdos que haya tomado desde 2004, por una supuesta irregularidad en sus estatutos. Detrás de la denuncia subyace el interés de la patronal que preside Serafín Abilio Martínez por parar cuanto antes la campaña emprendida por el colectivo de consumidores para que, amparados en una reforma legal de 2006, todos los ciudadanos que compraron una vivienda en Asturias entre 1997 y 2007 reclamen a las promotoras y constructoras la devolución del impuesto de plusvalía.

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                                                      Fuente del vídeo: http://www.uceasturias.com

La UCE asegura que hay unos cien mil afectados en la región -30.000 de ellos en Oviedo- y que las empresas ingresaron «ilegalmente» unos cien millones de euros por este concepto. Dacio Alonso, presidente y portavoz de la asociación de consumidores, subrayó ayer que la Audiencia ya ha emitido medio millar de sentencias favorables a los compradores. De media, son entre 900 y 1.000 euros de devolución por cada demandante en Oviedo, de 800 a 900 euros en Gijón, y de 700 a 800 euros en Avilés.

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                                                        Fuente del vídeo: www.rtpa.es

La denuncia de los constructores contra la UCE ha sido sobreseída por el Juzgado de primera instancia número dos de Oviedo en un auto dado a conocer ayer por Alonso y que carga los costes procesales a los demandantes. El juez entiende que la patronal no cuenta con «legitimación activa» para instar a la anulación de los estatutos de la UCE, porque ni pertenece a esta asociación ni le ocasionan perjuicio alguno. En el auto no se entra a valorar si, como estima la patronal para pedir su nulidad, la parte demandada no ha actualizado sus estatutos a las exigencias de democratización que marca la ley que regula el derecho de asociación. No obstante, Alonso precisó que los colectivos de consumidores -como los partidos políticos, las agrupaciones eclesiásticas o las federaciones deportivas- no se rigen por esa legislación.

El auto rechaza el argumento de los constructores de que las campañas publicitarias del colectivo de consumidores, como la de las plusvalías, incluyan calumnias o descalificaciones contra empresas promotoras o integradas en CAC-Asprocon, al incluir expresiones tales como «cláusulas abusivas» o «les obligaron a pagar». «Las actuaciones de la UCE Asturias no constituyen descalificaciones (ni mucho menos hechos tipificados penalmente como calumnias o vejaciones) sino lícitas y legítimas expresiones de su actuación asociativa e incluso del derecho de libertad de expresión», se lee textualmente en el auto judicial. Y no solo eso. El juez añade: «Son la propia legislación y la jurisprudencia las que tildan como abusiva toda conducta que no se ha negociado individualmente con el consumidor sino que le resulta impuesta». Además, precisa que si la Confederación Asturiana de la Construcción «se consideraba agraviada por el contenido de estas noticias (en relación a la unión de consumidores) podría haber ejercitado sus derechos de protección del honor o la propia imagen, totalmente al margen de la impugnación de los estatutos de una asociación ajena».

Dacio Alonso celebró ayer la decisión judicial y, al tiempo, anunció que la UCE va a emprender una segunda campaña informativa en torno a la reclamación de la plusvalía, garantizando que seguirá enfrentándose a los «abusos» de los constructores y de los promotores, «pese a las presiones y a las dificultades». El presidente del colectivo de consumidores reconoce que el sector pasa por un momento de crisis, pero aseguró que «también se enriqueció mucho en los tiempos de bonanza y, en ocasiones, de manera ilícita». Además, citó expresamente a la empresa Comansa, que, según indicó, «se allana en las reclamaciones judiciales pero, después, en lugar de consignar el dinero para los afectados, nos obliga a ejecutar la sentencia, facilitando hasta un listado de sus bienes y posesiones para que elijamos». La patronal de la construcción no se pronunció sobre el auto judicial.


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