Proceso de regularización de personal temporal en el Sector Público. Si no lo tienes claro, Público te lo (des)aclara

Proceso de regularización de personal temporal en el Sector Público. Si no lo tienes claro, Público te lo (des)aclara

 

En forma de publirreportaje a modo de preguntas y respuestas, el diario Público se hace el lío tratando de desentrañar los misterios del proceso de regularización del personal temporal en el sector público.

De entrada, la noticia cuyo título de cabecera es “Así se pueden convertir en fijos los interinos que lleven más de cinco años trabajando en la Administración” comienza con este párrafo:

“No, el pacto alcanzado la semana pasada por el Gobierno con ERC y PNV para atajar el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas no contempla ninguna regularización masiva de interinos en sus plazas actuales ni el pase a fijo sin superar una oposición de los que lleven más de cinco años ocupando el mismo puesto”.

A partir de ahí, la maraña en forma de información concluye -contra todo lo suscrito, publicado y anunciado- asegurando la inexistencia de un concurso de méritos (sin oposición) para regularizar la situación. 

Así, según Público, las plazas ocupadas durante más de 5 años se ofertarán en un  concurso-oposición donde los méritos computarán un máximo del  40 %  del total de la puntuación.

Las dos “FAQ” fundamentales de la noticia son las siguientes:

¿Son dos procedimientos distintos?

Sí. Las plazas que llevan casi seis años ocupadas, no necesariamente por la misma persona, se adjudicarán en un procedimiento que incluye un concurso de valoración de méritos de los aspirantes, algo que en principio da ventaja a quienes han pasado por esos empleos, y una fase de oposición en la que deben superar pruebas teóricas y/o prácticas. Los puestos ocupados desde enero de 2018 se cubrirán directamente por exámenes.

¿Qué características tendrán los concursos?

La valoración de los méritos, que podrá suponer hasta un 40% de la puntuación total, "tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate" ese puesto, mientras que los ejercicios de la fase de oposición podrán "no ser eliminatorios". No se trata, en cualquier caso, de concursos restringidos sino abiertos.

"La ley introduce un elemento innovador como es la utilización del concurso para estabilizar el empleo. Ese es un camino que nunca se había recorrido", indica Paco García, portavoz del Área Pública de CCOO.

Una de dos; o el periodista que escribió la noticia no se ha enterado de nada,  o se está lanzando un globo-sonda rectificando el tiro.

En todo caso, revelador de la chapuza -en cuanto a transparencia e información- en la gestión del histórico proceso de selección de personal más importante del Sector Público se va a emprender en España y que podría afectar directamente a cerca de un millón de empleados públicos e indirectamente a todos los ciudadanos y donde todos los actores (en sentido literal de la palabra) parece que actualmente se miran unos a otros sin saber muy bien qué hacer ni decir ante la avalancha que se les avecina.

Mientras tanto se arroja tinta de calamar aguardando la puntilla final, la  labor político-legislativa,  que podría aún enmarañar más el asunto si es que ello cabe. 

Continuamos a la espera...

Noticia completa aquí: 

https://www.publico.es/economia/convertir-fijos-interinos-lleven-cinco-anos-trabajando-administracion.html

La CNMC hace chistes

La CNMC hace chistes

FCC ha sido imputada, como persona jurídica, por la Audiencia Nacional acusada de pagar 82 millones de euros en sobornos para conseguir adjudicaciones en Panamá.

Cuatro exdirectivos de  OHL están imputados, igualmente por la Audiencia Nacional, siendo acusados de pagar comisiones ilegales para obtener adjudicaciones de obra pública por toda España.

También, en el sumario del Caso Lezo se investiga a una filial de OHL por pago de sobornos.

El BBVA ha sido imputado, como persona jurídica,  por la comisión de supuestos delitos de cohecho, descubrimiento revelación de secretos y corrupción, en relación con supuestos pagos al comisario Villarejo. Su expresidente Francisco González también ha sido imputado por la presunta comisión de diversos delitos en relación con actividades de Villarejo, quien también está en otra salsa ya que El Confidencial publicó recientemente que IBERDROLA –con fichajes tan significativos como una hija de José Bono o el que fue Secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa,  con Luis de Guindos en el ministerio-  había contratado al excomisario para espiar a miembros de ACS con el objeto de evitar su entrada en el consejo de administración de la compañía.

65 exdirectivos y exconsejeros de CAJA MADRID, ahora denominada BANKIA , entre los que se encuentra Rodrigo Rato –exministro de España y exgerente del FMI- han sido condenados por uso fraudulento de tarjetas -tarjetas black- expedidas por la entidad bancaria.

La compra de DIA por el multimillonario rujo Mijail Fridman también está siendo investigada por la Audiencia Nacional a causa de una denuncia por un supuesto delito de delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Mientras tanto, el organismo regulador -la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia- recomienda que las sociedades cotizadas en el IBEX impidan o reduzcan al máximo “la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular” y que “informen de los casos de corrupción”.

La CNMC hace chistes sin proponérselo.

Nota: El País todavía usa la antigua denominación (CNMV) para referirse al organismo regulador

El PSdeG propone que Galicia regule por ley la información "sin letra pequeña" en contratos hipotecarios

El PSdeG propone que Galicia regule por ley la información "sin letra pequeña" en contratos hipotecarios

Demanda que los usuarios reciban atención "personalizada, transparente y vinculante

El PSdeG defenderá una iniciativa en el Parlamento gallego para que Galicia regule por ley la información que deben recibir los usuarios en la firma de contratos hipotecarios, para evitar la "letra pequeña" y garantizar que la atención sea "personalizada, transparente y vinculante".

Así lo ha expuesto la portavoz de Facenda del Grupo Parlamentario del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, quien ha visto "fundamental" esta propuesta para la protección y defensa de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, para que dispongan de "toda la información obligada".

Durante la presentación de la iniciativa, una proposición de ley que ya ha sido registrada en la Cámara, la socialista ha asegurado que esta norma es "fundamental" también para garantizar la "transparencia" que debe existir "en toda actividad pública y privada".

En su opinión, así se podrían "evitar casos como los que han sucedido en estos últimos años", en referencia a los desalojos de viviendas habituales y a las cláusulas suelo.

Respecto a la normativa que ampara la proposición, Rodríguez ha explicado que "la legislación actual otorga a las comunidades autónomas la defensa de los consumidores e usuarios". En este sentido, ha recordado que el artículo 51 de la Constitución Española y el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Galicia "también recogen esta defensa".

Asimismo, ha apuntado también al convenio "más reciente" sobre esta materia, el decreto de 2016 por el que se creó el Instituto Galego de Consumo e da Competencia, con unos estatutos que recogen que debe "velar para que los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios incorporen la información y los niveles de seguridad legalmente exigibles".

Además, añade la garantía de "realizar campañas de control en los diferentes sectores del mercado gallego, de manera especial en las dirigidas a evitar el fraude, la publicidad engañosa y la utilización de cláusulas suelo".

De este modo, la diputada ha señalado que, "si Galicia se ciñe simplemente a este mandato, se puede ver que la Comunidad gallega debe dar un paso más" y "regular a través de una ley los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos hipotecarios".

Además, ha asegurado que el objetivo de la iniciativa "es doble", debido a que, por un lado, pretende "garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias"; y, por otro, "regular la transparencia y acceso a la información que se le debe garantizar a todas las personas en la suscripción de préstamos hipotecarios".

CÓMO OTORGAR INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES

La portavoz de Facenda del PSdeG ha apuntado que se trata de una proposición de ley "pequeña", que cuenta con 20 artículos, cinco disposiciones adicionales --una de ellas transitoria-- y cinco disposiciones finales.

Así, ha incidido en que, pese a tener varios apartados y estar compuesto por cuatro títulos, lo "fundamental" es que incluye "la información detallada" y "el cómo se debe otorgar esta información a los usuarios y consumidores".

Al respecto, Rodríguez ha explicado que uno de sus "principios fundamentales" habla de explicaciones "adecuadas, sencillas y comprensibles".

En esta línea, ha destacado que debe haber una "información precontractual genérica para cualquier persona que entre en una entidad prestamista"; seguida de "una atención personalizada cuando el usuario demande información"; y, finalmente, "una vinculante que ya debe estar redactada, fechada y firmada, tanto por la parte que facilita la documentación como por la de quién la recibe".

Asimismo, ha indicado que es "importante" que la información sea "verbal y siempre por escrito, las dos". Además, ha subrayado que esta aclaración "no solo debe darse en las oficinas abiertas al público de manera clara y visible para todo el mundo", sino también "en la web y en un apartado visible que pueda ser consultado por toda persona que se acerque a través de este medio a la búsqueda de información".

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN COMERCIAL

Por otra parte, la portavoz de Facenda ha asegurado que la proposición dispone "varios retos fundamentales" para la difusión comercial y la publicidad de los prestamistas, como el "no generar falsas expectativas" y "facilitar una serie de información básica fundamental".

Sobre esta "información básica fundamental", ha apuntado al conocimiento del tipo de interés --variable o fijo--, de las cláusulas limitativas de su variación --como las techo y suelo--, del importe total, la duración e importe de las cuotas y las condiciones en las que se ofertan los préstamos --vinculados a productos accesorios, como seguros de vida o tarjetas de crédito--.

En este sentido, ha explicado que el consumidor debe "saber si estos productos accesorios conforman un paquete integral o si se puede diferenciar", es decir, "si la persona que contrate el servicio puede contratar de forma independiente los seguros de vida y las tarjetas en una entidad diferente de la prestamista". En este caso, saber "cómo aumenta el tipo de interés" con la entidad.

COMISIONES Y EJEMPLOS

Además, Begoña Rodríguez ha señalado la necesidad de que la persona que contrate este tipo de productos sepa cuáles son sus comisiones y gastos derivados del contrato.

Al respecto, ha apuntado que el consumidor debe saber qué sucedería en caso de que "no pudiese atender al pago del préstamo hipotecario que contrata", para saber si este hecho puede conllevar la "pérdida de la vivienda habitual, la dación en pago o el riesgo de perder patrimonio".

Frente a la falta de comprensión de los consumidores, esta proposición socialista, tal y como ha indicado Rodríguez, "exige un ejemplo representativo que facilite la comprensión en función de los datos oficiales o de estadísticas hipotecarias de Galicia".

Asimismo, ha asegurado que es "importante" que la información complementaria ofrecida "no tenga una letra más pequeña respecto al resto de la información" facilitada por parte de las entidades bancarias.

COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA

También en este proyecto de ley, la portavoz de Facenda ha destacado el derecho de la persona que va a contratar un préstamo hipotecario a "recibir una copia de la escritura pública en el despacho de la notaría en la que se va a efectuar la firma del contrato, por lo menos tres días hábiles antes de la rúbrica, para poder examinarlo".

Por otro lado, Rodríguez ha señalado el "deber" de la persona titular de la notaría de "examinar el contenido de la oferta vinculante e informar sobre la posible discrepancia, si la hubiese, entre la oferta vinculante y el documento que ambas partes van a firmar".

En esta línea, ha explicado que la proposición pretende "garantizar el derecho a que las personas titulares de la notaría aconsejen, asesoren e informen de forma gratuita e imparcial" a los consumidores.

Fuente: La Vanguardia

Contaminación del aire en el Paraiso Natural. El domingo por la noche (02/04/2018) se incrementó en un 2000 % la contaminación por partículas en Gijón

Es dejar de llover y se vuelve a disparar por la noche la contaminación por partículas en Gijón alcanzando valores espectaculares , tal y como sucedió este domingo  en varias estaciones del concejo de Gijón en el que se constaron incrementos del 2.000% de acuerdo a los datos que  facilita el Gobierno de Asturias  en su web y a la obligación de comunicación diaria de contaminación atmosférica y calidad del aire en aplicación de la Directiva 2008/50/CE y el R.D 102/2011, cosa que no hace con las estaciones privadas de forma intencionada ya que el Principado no facilita los datos en continuo de estas estaciones que están monitorizadas porque son peores datos que las de las públicas, en una demostración continua de falta de trasparencia.

La estación del Lauredal alcanzó picos de 553 µg/m3 de Pm10  a las 22 de la noche, con una media las últimas 24 horas de  129 µg/m3  de Pm10 esta mañana, lo que idea de la gravedad de la situación y la contaminación que sufren los vecinos y que pretenden esconder el Principado y las empresas responsables.

A la misma hora que se disparaba en el Lauredal también subían los datos en otras estaciones, aunque sin llegar a estos valores tan exagerados. En la Arena se llegó a los 95 µg/m3 de PM10

A día de hoy los picos de contaminación de Pm10 no están regulados en Asturias a pesar de los anuncios del Principado de su regulación.  

Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud  recomendó unos valores límite para partículas  de 20 µg/m³ de medía anual para las Pm10 y un valor de alerta con una media diaria de 50 µg/m³ para las Pm10, la tolerante normativa español está 40 µg/m³ de medía anual  y de 50 µg/m para  las 24 horas para las Pm10.

La evidencia científica no sugiere ningún umbral por debajo del cual no se prevean efectos adversos en salud tras la exposición a los contaminantes. Aún por debajo de los niveles de calidad de aire considerados como seguros por la legislación ambiental, los contaminantes se asocian con efectos nocivos sobre la salud, por lo que la OMS recomienda lograr las concentraciones de contaminantes más bajas posibles. Recomendación que el Principado incumple de forma significativa.  Los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias por enfermedades respiratorias de acuerdo a un estudio epidemiológico realizado por la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias y presentado el año 2016.

 Hay que recordar que de acuerdo a los datos oficiales el pasado año 2017 volvió a subir la contaminación en gran parte de Gijón y eso que las estaciones están escondidas, por lo que es necesario que se acometan sin demora más inversiones para paliar la peligrosa contaminación del aire que padecen los vecinos desde hace décadas.

Fuente: Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

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Sobre la privatización de la sanidad pública. Modelo Alzira, crónica de un fracaso

 

Modelo Alzira (Hospital de la Ribera), crónica de un fracaso anunciado

El modelo Alzira ha fracasado, pero todavía quedan numerosas concesiones por nuestro país que se mantienen apoyadas por gobiernos que no creen en el modelo público de gestión y que permiten que se mercantilice la sanidad. 

nuevatribuna.es | Pedro Lorente García

Este 1 de abril se materializará la reversión al sistema sanitario público del primer hospital de gestión privada, el hospital de Alzira que pasará a ser gestionado directamente por la Consellería Sanitat Universal y Salud Pública. Son momentos históricos para “el derecho a la protección de la salud” incluido en el artículo 43 de la Constitución Española. Vale la pena parar, reflexionar y aprender sobre las consecuencias que este modelo de gestión privada ha supuesto para la sanidad pública. 

En 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad, inspirada en el modelo Beveridge que dio origen al Sistema Nacional de Salud en diferentes países como Reino Unido, países nórdicos y España entre otros. La financiación de la sanidad pública en estos sistemas de salud, procedía directamente de los impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, con una asistencia sanitaria prestada en condiciones de universalidad, equidad y gratuidad. En España este modelo sustituía al modelo franquista de sanidad fundamentado en una sanidad para los asegurados. La rápida mejoría de los resultados de salud de la población a un coste social aceptable demostró la eficiencia del sistema nacional de salud español, aumentó la esperanza de vida de los ciudadanos y consolidó el denominado “Estado de bienestar”.

Sin embargo el Sistema Nacional de Salud Español, desde sus comienzos, manifestó una contradicción: un sistema público de salud financiado a través del esfuerzo colectivo de una sociedad, pero al mismo tiempo rodeado de un sistema capitalista de libre mercado que lo observaba como una oportunidad de negocio. Esta problemática afectó también a los sistemas sanitarios europeos públicos, provocando en la década de los 80-90 su mayor liberalización (véase Holanda, Reino Unido, Alemania..). Las tensiones fueron en aumento y la mercantilización de la sanidad española también. En 1991, con el PSOE en el gobierno, en un informe redactado por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell y presentado en el Congreso de los Diputados (Informe Abril), se marcó la hoja de ruta para privatizar la Sanidad Pública. Este informe fue muy criticado por lo que fue relegado a un aparente olvido alejado de la opinión pública, pero sus medidas se han ido aplicando en las últimas décadas. Ejemplo de ello son las normativas privatizadoras como la “Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud “(VI legislatura del gobierno del PP), que abrió las puertas a la participación privada en la gestión de la asistencia sanitaria. Estas normativas debilitaron los principios de la Ley general de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud y tuvieron su culminación en el “RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que supone el fin de la universalidad al volver al modelo de asegurado y legitima el inefectivo impuesto a la enfermedad también llamado “copago”.

Por supuesto, durante todo este tiempo, a los ciudadanos les llegaban innumerables mensajes de justificación de las bondades de las normas que enmascaraban la mercantilización y el negocio de la salud. No era el único engaño que vivimos, con los años también pudimos descubrir que la financiación irregular y la corrupción se habían convertido en un problema político para este país, que junto la crisis económica y las políticas de recortes debilitaron más nuestro sistema sanitario público. La respuesta a esta situación fue organizándose progresivamente, encontrando en las Asociaciones de Defensa de la Sanidad Publica una valiosa herramienta para desenmascarar el engaño y combatir el desconocimiento que sustenta el desmantelamiento del modelo sanitario público. El esfuerzo durante estos años ha permitido que la sociedad comprenda que la sanidad no es un negocio, sino un derecho fundamental por encima de los intereses del mercado. 

El Hospital de la Ribera (o de Alzira ) fue el primer hospital español en régimen de concesión administrativa. Su modelo financiero fue de pago capitativo frente al pago por procesos. El pago capitativo consiste en que la Administración pacta con la empresa una cantidad a pagar por cada habitante del área de salud y por año, tanto el paciente lo utilice o no. Si piensan bien observarán que la tasa de beneficio será mayor para la empresa si no se usa. Reducir al máximo el gasto del paciente ”per capita” y aumentar lo posible el pago por procesos de pacientes de fuera del área de salud se convirtió en una práctica habitual. Además se le concedió la libertad al hospital de atender a ciudadanos de fuera de su área sanitaria para incrementar su facturación. Ejemplo de lo anterior fue que Alzira vivió una oportunidad única en el tema de los partos. El hospital contrató numerosos anestesistas para ofrecer anestesia epidural las 24 horas a las parturientas de otros departamentos cercanos y cobrar así un extra por procesos (más beneficioso). La Conselleria gestionada por el PP, colaboró con la idea y así, durante un tiempo, se redujo la contratación de anestesistas en otros hospitales cercanos (Alcoi, Xàtiva, Gandia y Ontinyent) para desempeñar esta prestación. Las tasas de partos atendidos en Alzira nunca se correspondió ni con el peso de la población adscrita ni con el aumento del número de nacimientos en esa misma población. Mientras que el incremento de alumbramientos atendidos en el resto de hospitales públicos de la Conselleria de Sanitat fue del 0,7%, en Alzira aumentó un 37%.

El modelo Alzira no habría durado tantos años sin la colaboración necesaria de las autoridades sanitarias que aceptaron un aumento de la cantidad “per cápita” pagada y permitieron la facturación por procesos los pacientes de otros departamentos. Por ejemplo, en 1999 la Administración fijó una cantidad de 204€ por habitante y año del área de salud. Posteriormente el Gobierno Valenciano aumentó el censo unos 11.000 habitantes para asegurar su viabilidad, pero el modelo no funcionaba. En los años posteriores, el hospital admitió pérdidas a pesar de que una gran parte de su facturación provenía de la atención de pacientes no adscritos a su área de salud (en los que cobra por procesos), y a pesar que el pago capitativo subió por encima de otras áreas autonómicas con similar población. El modelo se hundía a pesar de los numerosos intentos de la administración de reflotarlo. En 2003 la Consellería de Sanitat rescindió el contrato y preparó un nuevo contrato a medida de la empresa concesionaria, donde se privatizó también la gestión de la atención primaria. Esta decisión supuso que Consellería gastara aproximadamente el 40% del presupuesto para nuevos centros públicos en un único departamento de salud de gestión privada. Además , la Generalitat abonó a la empresa 25 millones de euros adicionales como “indemnización para cubrir el supuesto lucro cesante” por los años aún restantes de concesión, liberando a la empresa de una obligación por no ser rentable y compensándola por el dinero que dejaría de ganar al no seguir con un negocio en quiebra técnica. Es sorprendente que los gestores del modelo Alzira tampoco informen cuando hablan de la rentabilidad del modelo que los gastos per cápita de Salud Pública y de Transporte Sanitario son cubiertos por la Consellería y que su personal sanitario trabaja unas 200 horas más al año por un 15% menos de salario como apuntan numerosas informaciones.

Queda pues suficientemente aclarado que el modelo Alzira ha supuesto un ingente e ineficiente consumo de los recursos sanitarios. Los valiosos recursos que durante estos años se han empleado en la concesión privada se han dejado de emplear en el resto de departamentos, limitando el desarrollo sanitario de los mismos. Esta es la verdadera tragedia que el modelo Alzira ha supuesto para la sanidad valenciana. El modelo Alzira ha fracasado, pero todavía quedan numerosas concesiones por nuestro país y en el extranjero que se mantienen apoyadas por gobiernos que no creen en el modelo público de gestión y que permiten que se mercantilice la sanidad. La reversión del Hospital de Alzira cuestiona y hace tambalear todo el modelo de gestión privada de la Sanidad Publica, muchos servicios sanitarios de otras Comunidades Autónomas y de otros países observan con interés la reversión. Con el fin de esta concesión, la sociedad valenciana ha conseguido transmitir al resto un claro ejemplo de justicia frente a los mercados y de protección de la salud: La sanidad no está en venta.

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Pedro Lorente García | Médico especialista. Miembro de la Asociación Ciudadana de defensa de la Sanidad Pública. ACDESA-PV.