A veces lo barato puede salir caro, al menos en sorpresas desagradables o incomodidad.
El caso es que la compañía aeronáutica de bajo coste Ryanair, compañía que fue denunciada por cobrar por la emisión de la tarjeta de embarque (40 euros e aeropuerto y "sólo" 5 euros si se utiliza su página web) y por lucrarse a través de las reclamaciones y consultas de sus clientes, toda vez que utiliza para tal fin números de teléfono de tarificación adicional, riza el rizo y pretende ahora que determinados viajeros puedan ir de pie.
La situación parece que ha hecho saltar la alarma, forzando al Ministerio de Sanidad y Política Social a pedir a Irlanda actuaciones contra dicha compañía, con sede social en dicho país.
La duda que tengo es, ¿y por qué aquí no se le sanciona, si se considera que comete infracciones contra los usuarios que formalizan su contrato en España?. ¿Las infracciones son cometidas fuera de territorio español, no poseyendo competencia territorial?. ¿O será que no existe ningún órgano estatal que pueda o quiera asumir la tramitación de esas denuncias?. Curiosa situación.
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