El pasado 29 de septiembre ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados una moción para atajar las situaciones de fraude producidas a través del funcionamiento de determinadas líneas 905, cuya reciente regulación ya ha sido aquí comentada.Resulta que el sistema de protección a los usuarios no funciona, ya que existen multitud de denuncias por facturaciones por llamadas -a números de teléfono con prefijo 905- que nunca se efectuaron.
En este contexto, se aprueba por parte del Congreso de los Diputados una moción ya presentada en el pasado mes de mayo en la que la solución consiste en instar al Gobierno a “cuantificar el número de usuarios afectados y el volumen de la facturación de las llamadas falsas a líneas 905”, a “adoptar las medidas de carácter administrativo y jurisdiccional que sean precisas contra las facturaciones indebidas”, a que “a través del Instituto Nacional del Consumo, se coordinen las actuaciones por parte de las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo” y a “adoptar las medidas que sean necesarias para que los usuarios afectados no se vean obligados a pagar las cantidades que se les reclama por parte de las operadoras telefónicas”.
Medidas tan eficaces y perspicaces como las aprobadas, sin duda resolverán este problema. Confiemos en nuestros líderes.
La únicas dudas que tengo es porqué existiendo una legislación (civil, penal, administrativa y, hasta si me apuran, canónica) que prohíbe estas prácticas; existiendo órganos sectoriales en materia de telecomunicaciones (SETSI, por ejemplo) que deben intervenir; habiendo, como hay, múltiples administraciones y órganos competentes en materia de defensa del consumidor (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, INC) que pueden también actuar, y funcionando órganos judiciales que, a instancias de las fiscalías o por las propias denuncias de asociaciones de consumidores, también pueden atajar estas conductas, hemos llegado a esta vergonzosa situación en la que se constatan fraudes masivos y en la que la solución para evitarlos consiste en instar al Gobierno a que gobierne.
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