15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¿Hay algo que celebrar?.

Las diversas celebraciones del Día Mundial de  los Derechos del Consumidor han de servirnos para reflexionar sobre la falta de una verdadera conciencia consumerista, no sólo de los poderes públicos cuyos derechos en nuestro país tienen el deber constitucional de proteger sino, lo que resulta más relevante, de la propia ciudadanía que en muchas ocasiones únicamente contempla el acto de consumir no como un medio para satisfacer verdaderas necesidades, sino como un goce en sí mismo obviando las consecuencias políticas, económicas, ecológicas o sociales que posee.  

Los consumidores actuales, pese a la ingente amalgama normativa que teóricamente se dicta para “proteger” nuestros intereses, no podemos sentirnos amparados, siendo reiteradamente pisoteados nuestros derechos por una publicidad cada vez más engañosa e intensiva, por unas prácticas comerciales cada vez menos transparentes y más abusivas, por una información poco clara y detallada y por un sistema, en definitiva que, guiado por las orejeras de la productividad y la rentabilidad a corto plazo sólo intenta lograr el objetivo de producir cada vez más y cada vez más barato, sin ocuparse demasiado de las implicaciones sociales y medioambientales anejas al proceso productivo y de comercialización de bienes y servicios.

En nuestro país, por ejemplo, se ha promulgado el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  como norma que refunde diversas normas cabecera del sistema de protección de los consumidores. A su vez cada Comunidad Autónoma tiene su Estatuto del Consumidor o Ley análoga.

Por su parte todo Ayuntamiento o entidad local que se precie posee su ordenanza en la materia y lleva a cabo funciones de supervisión del mercado a través del correspondiente servicio local de consumo.

Esta situación, a mayor escala, se produce también en la Unión Europea en la que abundan Reglamentos y Directivas reguladoras de infinidad de aspectos relacionados con el consumidor.

No nos podemos quejar por ello de la carencia de todo un arsenal legislativo y administrativo que protege sobre el papel nuestros intereses como consumidores.

Pese a ello, la disciplina del mercado brilla por su ausencia y aunque tenemos un mercado en el que entran y salen servicios y mercancías traspasando las fronteras de cada país, somos incapaces en garantizar un estándar que recoja un verdadero estatuto del consumidor europeo y, sobre todo, mecanismos efectivos para que se respeten los derechos de los consumidores, sancionando las conductas y actuaciones que los vulneren. Sirven de paradigma las reclamaciones en sectores de consumo de servicios básicos y estratégicos nuestra sociedad como las telecomunicaciones en las que a la vez que se multiplican las denuncias, las Administraciones se enorgullecen de resolver éstas a través de soluciones mediadoras o arbitrales que satisfacen únicamente a las propias compañías por una doble vía: por una parte convirtiendo a las Administraciones en verdaderos centro de atención de reclamaciones de sus clientes, y por otra evitando un sistema de control que reprima duramente estas conductas irrespetuosas con los derechos de los consumidores a través de la imposición de sanciones ejemplarizantes. Ello se repite también, desgraciadamente, en muchos casos de servicios públicos privatizados u objeto de desregulación creciente: el suministro de energía eléctrica o los servicios de transporte, también pueden servir de ejemplo.

Tenemos un mercado europeo para consumir, con grandes empresas operadoras que se mueven como pez en el agua a través de los diversos países, pero no somos capaces de controlar eficazmente este mercado pareciendo una lucha desigual de enanos (administraciones locales y autonómicas en las que recae el peso de la potestad sancionadora e inspección) contra gigantes (empresas multinacionales, con capacidad de influir a través de lobbies en grandes instituciones).

El panorama, no resulta halagüeño y no cambiará hasta que los ciudadanos no exijamos a las Administraciones e Instituciones que se tomen en serio nuestros derechos y que tengamos en cuenta que los principales protagonistas en la defensa de éstos somos, precisamente, nosotros. Por eso resulta imprescindible apremiar a todas las organizaciones políticas y sociales a incrementar una mejor actuación en defensa de los consumidores. Es nuestro derecho y su obligación.