El anuncio gubernamental de limitar el pago con dinero en efectivo a partir de cierta cantidad -se baraja entre 1.000 y 3.000 euros- no puede dejar de ser señalado como una buena noticia.
Con esa medida se podrá perseguir el fraude en operaciones de lavado de dinero “sucio” procedente de actividades clandestinas y/o delictivas y, sin duda, también dejará de eludirse el pago de impuestos en múltiples operaciones que hasta ahora no tributaban o tributaban en menor medida que lo que legalmente les correspondía.
Con ello, España imita a otros países como Italia y Francia que ya prohibieron los pagos en metálico en cantidades superiores a 1.000 euros, obligando a empresarios y particulares a efectuar esos pagos a través de transferencias bancarias o tarjetas de crédito.
El objetivo de esta medida es que las operaciones con mayor relevancia económica siempre dejen “un rastro” que pueda seguirse por parte de las autoridades tributarias. En todo caso, limitar el pago en efectivo a empresas supone un obstáculo a la utilización de facturas falsas, típico fraude que consistía en que una empresa que tributaba en el IRPF por el sistema de módulos emitía una factura por un servicio falso, que no había prestado, para que otra compañía pudiera desgravar el un IVA que, en realidad, nunca ha pagado.
Con esto, en realidad, se reconoce que España posee un grave problema en cuanto al fraude fiscal, siendo paradigmático que sea el país de la Unión Europea donde circulan más billetes de 500 euros.
En este blog ya se había recogido hace tiempo un reportaje que propugnaba una medida más radical con los mismos objetivos: la eliminación del dinero físico. El reportaje, escrito por Luis Meyer en El País, se titula “El dinero de plástico, por favor”, merece ser recordado.
Acceder al reportaje “El dinero de plástico, por favor”
Con esa medida se podrá perseguir el fraude en operaciones de lavado de dinero “sucio” procedente de actividades clandestinas y/o delictivas y, sin duda, también dejará de eludirse el pago de impuestos en múltiples operaciones que hasta ahora no tributaban o tributaban en menor medida que lo que legalmente les correspondía.
Con ello, España imita a otros países como Italia y Francia que ya prohibieron los pagos en metálico en cantidades superiores a 1.000 euros, obligando a empresarios y particulares a efectuar esos pagos a través de transferencias bancarias o tarjetas de crédito.
El objetivo de esta medida es que las operaciones con mayor relevancia económica siempre dejen “un rastro” que pueda seguirse por parte de las autoridades tributarias. En todo caso, limitar el pago en efectivo a empresas supone un obstáculo a la utilización de facturas falsas, típico fraude que consistía en que una empresa que tributaba en el IRPF por el sistema de módulos emitía una factura por un servicio falso, que no había prestado, para que otra compañía pudiera desgravar el un IVA que, en realidad, nunca ha pagado.
Con esto, en realidad, se reconoce que España posee un grave problema en cuanto al fraude fiscal, siendo paradigmático que sea el país de la Unión Europea donde circulan más billetes de 500 euros.
En este blog ya se había recogido hace tiempo un reportaje que propugnaba una medida más radical con los mismos objetivos: la eliminación del dinero físico. El reportaje, escrito por Luis Meyer en El País, se titula “El dinero de plástico, por favor”, merece ser recordado.
Acceder al reportaje “El dinero de plástico, por favor”
No hay comentarios:
Publicar un comentario