Ello lo ha propuesto UCE-Murcia, asociación que exige que se destinen los fondos recaudados de las importantes sanciones impuestas a empresas infractoras de la normativa de defensa del consumidor, a resolver los problemas de los consumidores.
Dicha asociación ha criticado que "si se paraliza la política de educación y defensa de los intereses económicos de los Consumidores y Usuarios con la crisis económica como excusa, se nos aboca a una dinámica de economía bananera".
En su opinión la defensa del consumidor ha de ser un instrumento de lucha contra la crisis toda vez que “las malas prácticas en forma de abuso, estafas, incumplimientos, engaños, entre otras cosas, retrae al consumidor".
Esta situación "le hace sentir desconfianza en el sistema económico con el decaimiento de disciplinas de mercado y la mala inversión en los niños para educar al futuro consumidor, exigente, crítico, ahorrativo, entre otras cosas, contribuiría a una desolación consumista".
En este sentido, UCE-RM considera "injusto que se desmantele en la práctica de protección al Consumidor y Usuario y mientras tanto se estén destinando fondos recaudados como consecuencia de prácticas ilícitas y sus consecuentes sanciones económicas, a otros fines", constatando que el número de denuncias en materia de consumo "se ha incrementado seriamente desde que se inició la profunda crisis económica y aumenta año a año".
"Las familias, el consumidor, son una empresa, un agente económico de mercado, sus derechos e intereses son una garantía de economía ágil, moderna, segura", y el Sistema Arbitral de Consumo, la inspección de Consumo, las Asociaciones de Consumidores, los Ayuntamientos, y otros agentes, "contribuyen juntamente a ello".
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