La Amnistía Fiscal es el penúltimo episodio de un rosario de medidas que no apuntan a establecer responsabilidades sino a poner parches a la crisis.
NASSER KHOURY / Economista
Fuente: Diagonalperiódico Número 172
Los actuales Presupuestos Generales (PGE) del Estado para el 2012 hundirán el crecimiento y aumentará el numero de desempleados para este año. Los PGE 2013 harán lo mismo y así sucesivamente hasta que se alcance el bendito equilibrio presupuestario, y, de esta forma, un primero de enero de algún año nos levantaremos y los bancos volverán a dar crédito, las empresas invertirán, se generará empleo y todo se habrá acabado. Dejando a un lado esta cadena de consecuencias económicas que nos han forzado a aprender, parémonos en la competitividad y no digo productividad.
Nos guste más o menos, estamos organizados en un sistema capitalista de mercado y crecimiento, cuya ley básica para sobrevivir en unos mercados globales es la competitividad, cierto que tiende a ser más sucia que limpia. Pero si nos fijamos en aspectos fundamentales que toma el World Economic Forum para medirla y los emparejamos con los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo: Infraestructuras (-22% en 2012 y 31% en 2011), educación (-21%), innovación (-25%), lo preocupante no sólo es la proyección de crecimiento para el futuro, sino la desventaja competitiva que se está y se irá adquiriendo, así como el tipo de especialización en la que se está intensificando el país. El crecimiento podrá venir en el futuro, pero la forma de cómo y en qué contiene otras opciones.
Sobre la amnistía fiscal
El Ministerio de Hacienda, que acoge a la Agencia Estatal de Administración Tributaria e incluye la lucha contra el fraude, ha sido otra partida que ha sufrido una reducción de recursos en casi un 30%. Y además aparece una amnistía fiscal que facilitará regularizar la situación de los defraudadores, –que en un 72% responde a grandes fortunas y corporaciones–, sin exigir intereses ni recargos, simplemente se pagará una “multa” de un 10% de lo regularizado y un 8% para los capitales que retornen de paraísos fiscales, cifra muy inferior a lo que se debiera gravar, un 52% en IRPF.
Los colectivos de técnicos del Ministerio de Hacienda ya han puesto el grito en el cielo, denunciando su inconstitucionalidad por desigualdad tributaria, ya que constituye un “agravio comparativo” con todos los contribuyentes e incentiva el fraude.
Todo ello, según el Gobierno, para obtener una recaudación de 2.500 millones de euros, que sin ir muy lejos y sin necesidad de este perdón, la Agencia Tributaria recaudó por regularizaciones voluntarias en 2011, cerca de mil millones y en 2010, 1.544 millones. Pero ésta no ha sido la primera sino la cuarta amnistía fiscal de la democracia que hace obtener ingresos aflorando dinero de actividades sumergidas, e incluso podridas. Era un opción, sin entrar en su contenido ético, como era otra opción no disminuir los recursos para Agencia Tributaria aumentando la disposición en inspectores de hacienda, puesto que en España hay alrededor de un inspector por cada 1.600 habitantes mientras en Alemania se ronda un técnico por cada 700 habitantes.
Otra de las medidas estrella ha sido la reforma laboral, con el ojo puesto en un mercado de trabajo más flexible, que dote de mayor competitividad a la economía española. Este objetivo contrasta con la realidad, a sabiendas de que en los años de elevado crecimiento anteriores a la crisis, España fue el país donde se creó más empleo de entre todos los países que conforman la OCDE, al igual que ha sido otro campeón nacional al ser el país que más empleo ha destruido y sigue haciéndolo en la actualidad. Por tanto, para definir flexibilidad del mercado laboral había otras opciones.
La reforma para el saneamiento del sistema financiero, cuyo objetivo pretende sanear los balances bancarios, lograr la reducción de los precios de la vivienda y activar la recuperación del crédito, también pretende forzar las fusiones bancarias, que reduce la cuantía de entidades que participan en el mercado, concentra el poder del sector financiero y reduce la competencia y las opciones de los consumidores. Pero para aclarar a qué se debe el saneamiento del sistema bancario, hay que detenerse en la morosidad que “sufre” el sector.
De los impagos que están ayudando a complicar el crédito bancario, por la desconfianza que genera, los impagos de hipotecas al cierre del año representaban solamente el 3% de la morosidad total de las entidades bancarias, siendo en mayoría constructores y “promotores” de la especulación. Para sanear el sistema bancario había otras opciones, y se pueden nombrar claramente con nombres y apellidos.
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