Inscribir nacimientos y defunciones seguirá siendo gratis; otras gestiones podrían pagar tasa
Jueces por la Democracia denuncia que el cambio supone una "privatización" del servicio
El Registro Civil, que desde el siglo XIX está
adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada
registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones,
matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000
registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los
registradores se les encomendó ya el pasado
junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.
Un portavoz del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón garantizó que “la
gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites
“obligatorios” para todos los ciudadanos —básicamente la inscripción del
nacimiento y de la defunción— seguirán siendo gratuitos. Pero queda en el aire
si por otras gestiones como la inscripción de matrimonios, divorcios, petición
de nacionalidad o cambio de apellidos el Gobierno fijará el pago de una tarifa.
La asociación Jueces por la Democracia denunció que
ese cambio de gestores, recogido en un borrador de la futura Ley de Reforma
Integral de los Registros, supone la “privatización” del Registro Civil, que
“dejará de ser un servicio público y pasará a depender de los registradores de
la propiedad y de los registradores mercantiles”. “Con esta reforma los
ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de
nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil”, auguró el
portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.
Los trámites “habituales”, gratis
El ministerio replicó en una nota que “los actos
habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la
inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos
para los ciudadanos”, y que los registradores tampoco recibirán una
“contraprestación económica” del Gobierno por hacer ese trabajo. Un portavoz sí
admitió, sin embargo, que se está “estudiando” que cobren una tarifa por el
resto de trámites que ahora realiza el Registro gratuitamente, aunque subrayó
que los registradores, como los notarios, son “funcionarios públicos” (con
estatus autónomo), y que los aranceles que cobran “los fija el Gobierno”.
Fuente:
Será un pago (en especie) al lobby de los registradores de la propiedad; no olvidemos que nuestro ínclito presidente es uno de ellos (si bien en excedencia... o casi).
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