El Gobierno asturiano ha abierto 17 expedientes por la
comercialización de hipotecas con cláusulas suelo a seis entidades. Los
bancos Liberbank, Popular, SabadellHerrero, Pastor y las cajas rurales
de Gijón y Asturias se enfrentan de este modo a sanciones que oscilan
entre los 3.600 y los 18.000 euros. El portavoz del Ejecutivo regional,
Guillermo Martínez, quien apeló ayer a la Ley de Consumo de 2002 y al
fallo del Supremo que considera estas cláusulas abusivas, defendió que
«la actuación del Principado está perfectamente reglada» y especificó
que los expedientes sancionadores aún no están concluidos.
A estos podrían sumarse muchos más, ya que la Dirección
General de Consumo ha recibido 363 denuncias, 300 de ellas desde la
Unión de Consumidores (UCE) de Asturias. Su presidente, Dacio Alonso,
recordó ayer que las cláusulas suelo afectan a unas 30.000 familias en
la región, que pagan cada mes entre 120 y 200 euros más -de 1.440 a
2.500 euros al año- de lo que les correspondería si pudiesen
beneficiarse sin límites de la bajada del Euribor.
La intención de la Unión de Consumidores es que los
afectados sepan que pueden reclamar el importe de sus cláusulas suelo
sin ir a juicio, llevando a sus oficinas una fotocopia de la escritura
de la hipoteca y el último recibo pagado o presentando la denuncia,
directamente, en la Dirección General de Consumo. Los objetivos de la
campaña están más que claros: que esta práctica «les cueste dinero a los
bancos, que les cueste reputación ante la mala fe de su actuación y que
les cueste, también, clientes, por el engaño al que les sometió».
Por otra parte, Alonso incidió en que actuar contra estos
abusos es competencia de las comunidades autónomas y no del Banco de
España -tal y como informó su jefe de servicio, Fernando Tejada-, por lo
que espera que otros gobiernos regionales sigan pronto el ejemplo del
asturiano y cumplan con «su obligación legal». Ya hay otras comunidades
que han puesto en marcha medidas parecidas, pero casi siempre a través
de procesos colectivos y no individuales como en el caso del Principado.
«El problema es que los bancos estaban acostumbrados a que las
sanciones les saliesen muy rentables. Pero en este caso, al abrirse un
expediente sancionador por cada contrato, les va a costar mucho dinero y
tendrán que estudiar si quieren pagar 18.000 euros a cada cliente o
retirarle la cláusula, devolverle el dinero pagado desde la suscripción
del contrato y pagar la sanción mínima de 3.601 euros».
De no atender al expediente abierto por la Dirección
General de Consumo, advirtió Alonso, estas entidades incurrirían en una
falta de calificación 'muy grave', que contempla multas de hasta 400.000
euros. «Si ayer ya estaban preocupados porque habíamos comenzado a
desgranar este abuso, hoy lo están mucho más», aseveró. Aún así, la
intención de la UCE no es que todas las entidades con cláusulas suelo
lleguen a pagar estas multas, sino que «las eliminen cuanto antes y
devuelvan el dinero». En este sentido, informó de que varias entidades
ya se habían puesto en contacto con la asociación para alcanzar un
acuerdo.
Fue el Tribunal Supremo quien el 9 de mayo abrió la puerta a
este tipo de actuaciones con una sentencia que condenaba a BBVA,
Cajamar y Novacaixagalicia a eliminar de sus contratos hipotecarios las
cláusulas suelo -que afectan a 4 millones de familias en España- por
falta de transparencia en su comercialización. Alonso criticó ayer al
Ministerio de Economía y al Banco de España por no obligar entonces al
resto de entidades a seguir el mismo camino. «Obligaron a los bancos a
revisar y evaluar el impacto de estas cláusulas, pero nunca más se
supo», lamentó.
Fuente: El Comercio
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