Ningún gobierno ni parlamento ha reformado la ley
para que no prescriba una reclamación de daños en casos extraordinarios,
como las malformaciones creadas con la talidomida.
El laboratorio jamás
ha sido condenado en ningún país por esta catástrofe.
JULIA PÉREZ
MADRID.- La empresa farmacéutica alemana que comercializó la talidomida y causó malformaciones físicas a miles de recién nacidos en la década de los años 60 nunca ha sido condenada a indemnizar a sus víctimas en toda su historia.
Todos los intentos por reclamar daños a Grünenthal Pharma, SA en distintos países han sido tumbados, la mayoría de ellos por prescripción.
Los 300 españoles afectados y que aún viven interpusieron su demanda en 2012. Este miércoles, el Supremo falló en su contra porque el plazo para reclamar había prescrito, que en este caso sería de un año a partir de su mayoría de edad.
El Supremo confirma en su fallo la sentencia de la Audiencia de Madrid que sostiene que los afectados pudieron demandar mucho tiempo antes a la farmacéutica por los daños sufridos. Pero no lo hicieron.
Los magistrados no podían mirar para otro lado, debido a que se deben a un principio que rige en todo Estado de Derecho: la seguridad jurídica.
Las críticas se ciñen sobre el Supremo, pero el escándalo ha crecido durante 50 años gracias a la pasividad política.
Las víctimas de la talidomida han visto pasar gobierno y parlamentos sin que ningún partido político haya adoptado una reforma legal sencilla: suprimir los plazos de prescripción del Código Civil para que se puedan reclamar daños en catástrofes extraordinarias. En este caso, sí que hubieran conseguido una sentencia favorable a sus pretensiones.
Los políticos llaman a la puerta
Ahora, tras el fallo del Supremo, los partidos políticos han comenzado a llamar a los perjudicados para recibirlos con urgencia y abordar soluciones en vísperas electorales.
Todos los intentos por reclamar daños a Grünenthal Pharma, SA en distintos países han sido tumbados, la mayoría de ellos por prescripción.
Los 300 españoles afectados y que aún viven interpusieron su demanda en 2012. Este miércoles, el Supremo falló en su contra porque el plazo para reclamar había prescrito, que en este caso sería de un año a partir de su mayoría de edad.
El Supremo confirma en su fallo la sentencia de la Audiencia de Madrid que sostiene que los afectados pudieron demandar mucho tiempo antes a la farmacéutica por los daños sufridos. Pero no lo hicieron.
Los magistrados no podían mirar para otro lado, debido a que se deben a un principio que rige en todo Estado de Derecho: la seguridad jurídica.
Las críticas se ciñen sobre el Supremo, pero el escándalo ha crecido durante 50 años gracias a la pasividad política.
Las víctimas de la talidomida han visto pasar gobierno y parlamentos sin que ningún partido político haya adoptado una reforma legal sencilla: suprimir los plazos de prescripción del Código Civil para que se puedan reclamar daños en catástrofes extraordinarias. En este caso, sí que hubieran conseguido una sentencia favorable a sus pretensiones.
Los políticos llaman a la puerta
Ahora, tras el fallo del Supremo, los partidos políticos han comenzado a llamar a los perjudicados para recibirlos con urgencia y abordar soluciones en vísperas electorales.
La talidomida era un fármaco que se vendió masivamente como inocuo y destinado a prevenir las náuseas matinales de las mujeres gestantes a partir de 1957. En España continuó vendiéndose incluso en 1965, cuando se había sido retirado del mercado alemán en 1961 porque se demostró que producía graves deformaciones en los bebés, como la ausencia de extremidades.
Los afectados calculan que unos 5.000 niños nacieron en nuestro país con deformidades, sordera e invalidez total a causa de este fármaco. Nacieron, crecieron y murieron en su mayoría sufriendo dolores crónicos y sin ayuda.
Los talidomídicos comenzaron a organizarse en 2008, en demanda de un reconocimiento social y de ayudas del Estado, así como para denunciar a los laboratorios. Ese año crearon la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite).
Su presión política se vio recompensada en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dictó un Real Decreto (1006/2010) de ayudas solidarias del Estado a los afectados, que abarca hasta los nacidos en 1965. Las ayudas consisten en un pago único que oscila de 30.000 a 100.000 euros, en función de la discapacidad. Sanidad sólo reconoce 23 casos oficialmente y Avite rechaza los criterios restrictivos para acceder a dichas ayudas.
En Avite hay asociados unas 300 personas, que se aprestan ahora a acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras, activan la presión política en demanda de que el laboratorio alemán afronte los daños causados.
Exigen la receta y el frasco
La farmacéutica consiguió que el archivo de una querella presentada en Alemania en 1968. El 'caso Contergan' -nombre comercial de la talidomida allí-, fue archivado en 1970 con la aquiescencia de la fiscalía.
A cambio del archivo, en Alemania se creó una fundación para ayudar a las víctimas de este medicamento, que aparentemente no discrimina entre nacionalidades. "Pero las cifras son muy claras: la Fundación Contergan tiene reconocidas ayudas a 3.000 alemanes y sólo a un español", destaca Ignacio Martínez, abogado de los afectados.
La farmacéutica exige una prueba fehaciente, además del informe médico: "Para acceder a las ayudas, las víctimas deben aportar la receta prescrita a sus madres, hace 50 años, o el frasco que tomaron", agregan. Sólo uno de los perjudicados españoles lo ha logrado.
El archivo en Alemania creó un paraguas jurídico que protege a Grünenthal Pharma, SA frente a ulteriores demandas. Todos los intentos por reabrir el caso han fracasado.
Las indemnizaciones de la farmacéutica se han centrado en Alemania y, recientemente, de Australia. Los perjudicados de otros países han recibido ayudas de sus respectivos gobiernos, pero no de la empresa causante de estos daños.
La empresa multiplicó la indemnización para los perjudicados alemanes en el año 2012 al detectar nuevos efectos de la talidomida sobre su salud. Dicho documento es conocido como Informe Heidelberg, que esgrime la asociación de víctimas Avite como otra prueba de que la prescripción no se ha cumplido.
El laboratorio Grünenthal Pharma es una empresa familiar, propiedad en su mayoría deHermann y Michael Wirtz, que figuran en la lista de los 500 alemanes más ricos.
La familia Wirtz es originaria de Stolberg (Renania) y son también accionistas de la industria de cosméticos de Maurer & Wirtz ( 4711, Tosca, Sir Irish Moos, Extase, Tabac, Baldessarini...)
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