La CNMC estima 25.000 cambios anuales sin consentimiento
Imagen: KlausHausmann
Las eléctricas reinciden en el abuso: se eleva el fraude detectado al comercializar la luz
La
CNMC está a punto de incoar alrededor de una docena de expedientes
contra las grandes comercializadoras después de que este año ya
sancionara a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo
Fuente: El Confidencial
Las compañías eléctricas vuelven a estar en el disparadero por cometer abusos en la venta de electricidad a los usuarios. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), encargada de la supervisión del sector, ha detectado alrededor de una docena de fraudes
cometidos por las compañías comercializadoras de luz y está a punto de
incoar expedientes contra las mismas, según fuentes familiarizadas con
la investigación.
Estos excesos, estudiados por la CNMC tras recibir denuncias de particulares víctimas del abuso, se han constatado después de que el propio organismo presidido por José María Marín Quemada incoara siete expedientes sancionadores el pasado mes de marzo contra Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo por clientes que sufrieron un cambio de comercializador sin haber dado su consentimiento. Las nuevas investigaciones revelan que los fraudes comprobados van a más.
La compañía más castigada en su momento por el regulador fue Endesa, con 100.000 euros (cinco multas de 20.000 euros por cuatro expedientes distintos). Iberdrola recibió una multa de 30.000 euros, mientras que a Viesgo y Gas Natural se las sancionó con 15.000 y 10.000 euros,
respectivamente. 155.000 euros en total. Se trata de sanciones
calificadas como leves y cuya cuantía es muy baja en términos
disuasorios, dado el volumen de recursos y facturación de estas
compañías.
25.000 fraudes al año
Estos expedientes son
solo una parte muy pequeña del fraude que se comete en los cambios de
comercializadora. Según las estimaciones de la propia CNMC, alrededor de
25.000 cambios de compañía que vende electricidad se hacen sin el conocimiento del usuario, lo cual supone infracciones de la Ley 24/2013 del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos. Esto supone un 2,5% del millón de cambios de comercializadora que se hacen en España anualmente.
Solo un pequeño porcentaje de las víctimas de estos abusos denuncia,
normalmente a través de organizaciones de consumidores, y solo en un
número aún menor se puede demostrar el fraude, explican agentes del
sector en unas jornadas organizadas por la CNMC sobre la cuestión.
El principal problema es que muchos de los abusos se producen por parte de subcontratas
de las grandes eléctricas que envían comerciales puerta a puerta a los
domicilios de particulares y tratan de convencer a los usuarios con
engaños y mentiras, como ha podido comprobar El Confidencial en varios
casos.
La triquiñuelas suelen buscar llevar al cliente hacia una determinada
compañía comercializadora y que firme un contrato en mercado libre,
fuera de la tarifa regulada. Para ello, se inventan averías técnicas,
optimización en la factura y otro tipo de falsedades. En muchos casos,
se obvia que son ofertas para cambiar de compañía e incluso se simulan
situaciones que acreditan una problemática inventada que empuje al
usuario a firmar un documento.
La mayoría de usuarios ni detecta el engaño, dado el elevado desconocimiento imperante sobre la factura de la luz. Siete de cada 10 españoles no saben
si su tarifa eléctrica está en mercado regulado o libre, ni qué
potencia contratada tienen, según una encuesta publicada recientemente
por la CNMC. Muchos de los usuarios engañados son personas ancianas que caen con más frecuencia en las trampas que tienden los vendedores.
La desigualdad informativa es aprovechada por las comercializadoras para mover a los clientes a mercado libre, donde tienen una mayor capacidad para obtener márgenes más elevados. El regulador también ha detectado que los engaños llegan a consumidores vulnerables, a los que se insta a contratar una factura en mercado libre, según explican fuentes cercanas al supervisor.
Dejar el mercado regulado implica que pierdan el derecho al bono social,
un descuento que tienen que asumir las propias compañías a favor de los
consumidores más desfavorecidos y que endurece las condiciones en un
hipotético corte del suministro por impagos.
Ahora mismo, la propia CNMC estudia la casuística que, si se dan determinadas circunstancias, podría conllevar sanciones graves en lugar de leves, con multas mucho más elevadas. Una de las quejas del regulador es la poca diferenciación entre tarifa regulada y libre que se aprecia en la factura, como muestra el siguiente cuadro:
Por todo lo anterior, la CNMC insta al Gobierno a que prohíba las prácticas comerciales 'puerta a puerta',
en las que los vendedores se presentan físicamente en los domicilios.
Esta forma de vender supone un agujero negro para el fraude, que es
aprovechado por las compañías, ya que los engaños son mucho más difícil
de supervisar y detectar que, por ejemplo, cuando se hace a través de
una llamada telefónica, donde si hay una denuncia, se puede pedir acceso
a la grabación de la misma.
Santiago Caravantes Moreno,
subdirector de Energía Eléctrica adscrito a la Secretaría de Estado de
Energía, señaló que esta posibilidad de prohibir se estudió en alguna
ocasión, pero admite que es difícil hacer un encaje legal,
ya que supone una medida muy agresiva. No obstante, el miembro del
Gobierno sostiene que se está planteando a las empresas la
autorregulación como vía de mejora. Una solución que para el director de
Energía de la CNMC, Fernando Hernández, se queda corta.
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