EL PAÍS-EDITORIAL 19/07/2018
Engaño y falta de control
La exigencia de responsabilidades no debe limitarse a quienes han engañado y se han lucrado con el fraude de iDental
El cierre de las 25 clínicas de la cadena iDental ha hecho emerger un
fraude a gran escala que venía operando desde 2014 sin que se hubieran
activado los mecanismos de control que deben garantizar tanto los
derechos de los pacientes como la calidad de las prestaciones
sanitarias. El hecho de que la salud bucodental solo esté mínimamente
cubierta en las prestaciones de la Seguridad Social ha hecho que muchas
personas con pocos recursos económicos fueran víctimas de una publicidad
engañosa que presentaba a iDental casi como una ONG — Dentistas con corazónera su eslogan—, lo que hace más abominable el fraude.
En apenas cuatro años estas clínicas han atendido a más de 200.000
pacientes. Se desconoce cuántos de ellos han sido víctimas del engaño y
de las malas prácticas, pero de momento son ya más de 8.500 las
reclamaciones presentadas en las oficinas de consumo de las comunidades
autónomas. La fiscalía instará la persecución penal, pero la exigencia
de responsabilidades no debe limitarse a quienes han engañado y se han
lucrado con este sistema de franquicias combinado con un negocio de
créditos al consumo. La estafa y los daños no hubieran alcanzado este
volumen si las administraciones implicadas no hubieran fallado en su
misión de vigilancia y control.
Hacía tiempo que se venían presentando reclamaciones por malas
prácticas, falta de esterilización de los instrumentos y engaño, a pesar
de lo cual las clínicas siguieron operando. Esta falta de diligencia in vigilando
podría dar lugar ahora a reclamaciones por responsabilidad patrimonial
del Estado. El cierre de las clínicas ha dejado a miles de pacientes con
secuelas graves y tratamientos inacabados, sin poder disponer siquiera
de sus historias clínicas. Es preciso que las nuevas autoridades
sanitarias y de consumo extremen la vigilancia de las cadenas de
servicios sanitarios y se pongan a disposición de los afectados para
apoyarles en sus reclamaciones.
Fuente: El País
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