Las últimas reformas laborales han menguado la cuantía de las indemnizaciones por despido. El resultado es que hoy el colchón financiero de miles de familias se ha hundido
La recesión de 2020 tiene muchas diferencias respecto de la anterior, pero entre las que destacan se encuentra la cuantía del despido en caso de que una empresa se vea en la necesidad de hacer un ajuste de plantilla. Si en 2008 la cuantía media de la indemnización se situaba en 36.492 euros por trabajador, los últimos datos, que corresponden al primer cuatrimestre de este año, sitúan el coste del despido en 21.017 euros, en ambos casos con avenencia. Marcando una bajada del 42%. Es decir, una considerable diferencia que reduce el colchón financiero de las familias para enfrentarse a la crisis y al paro en un contexto difícil para encontrar un nuevo empleo.
Ahora bien, con una enorme distancia entre comunidades autónomas. Mientras el coste medio de despedir en Madrid se sitúa en 38.094 euros —o 32.096 en Aragón—, en Castilla y León apenas llega a los 5.923 euros. Es decir, seis veces menos. En Asturias llega a 13.206 euros y en Ceuta y Melilla y La Rioja, igualmente, el coste de despedir se sitúa por debajo de los 10.000 euros.
La cuantía de la indemnización por despido ha polarizado, históricamente, el debate sobre la legislación del mercado de trabajo, pero en esta ocasión esa polémica es inexistente. Precisamente, porque su cuantía ha descendido de forma dramática debido a las últimas reformas laborales, que han operado en dos direcciones. Por un lado, rebajando de forma significativa la cuantía de la indemnización, de 45 a 33 días en caso de ser declarado improcedente, y, por otro, suavizando ante los tribunales sus causas objetivas —económicas, técnicas, organizativas o de producción—, lo que hace que muchas empresas se puedan acoger al despido procedente, que lleva aparejado una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades.
La indemnización por despido, como ha demostrado la literatura económica, juega un papel fundamental en la posición financiera de los hogares cuando se produce una crisis, ya que permite, al margen de la cobertura de desempleo, hacer frente a una serie de gastos fijos comprometidos anteriormente, y que, en muchos casos, son de carácter estructural. Por lo tanto, en la medida en que el coste del despido sea menor, las dificultades para afrontar esos gastos serán mayores.
Mayor vulnerabilidad
Lo que también se sabe es que las indemnizaciones por despido más bajas se concentran, precisamente, en los sectores productivos más vulnerables a la pandemia. En particular, turismo, hostelería o comercio. Básicamente, porque sus salarios son también más reducidos.
La Encuesta de Coste Laboral, por ejemplo, acaba de revelar que el coste-empresa de un trabajador de la hostelería, que es el más bajo de todas las actividades, se situó el año pasado en 19.422 euros, mientras que en el comercio fue equivalente a 28.006. En ambos casos, por debajo de la media (31.834 euros).
Eso quiere decir que esos trabajadores no solo son los más vulnerables a la pandemia, sino que, además, su colchón financiero, que en la mayoría de los casos se limita a la indemnización por despido porque su capacidad de ahorro es muy pequeña, es también sensiblemente más reducido.
Un reciente estudio del Banco de España lo acaba de poner negro sobre blanco. Tres de sus economistas, Pilar Alvargonzález, Myroslav Pidkuyko y Ernesto Villanueva han estimado que a la luz de la última Encuesta Financiera de las Familias un 28% de los trabajadores de las industrias sociales —las que no tienen alternativa en el teletrabajo— viven en hogares cuyos activos financieros representan menos de un mes de renta, y alrededor de un 8% tenían deudas bancarias cuyos pagos excedían el 40% de la renta bruta del hogar.
Por tanto, sostiene el informe, la renta laboral y la situación patrimonial de los hogares de los trabajadores de las industrias sociales —comercio, hostelería o turismo— es "más frágil que la de los ocupados de las industrias regulares". Pero ahora con el agravante de que al ser más baja la cuantía de los despidos también su colchón financiero es más pequeño.
El Banco de España recuerda que los empleados de la hostelería y el comercio residen en hogares con niveles de endeudamiento elevados. En concreto, uno de cada ocho empleados de la hostelería y uno de cada diez ocupados en el comercio viven en un hogar que dedica más del 40% de su renta al pago de deudas.
Industrias sociales
Esto afecta, sobre todo, a la morosidad, ya que las deudas hay que pagarlas independientemente de la situación laboral del deudor. Y lo que dice el Banco de España es que la mitad de los trabajadores de las industrias sociales vivían en hogares que dedicaban más del 16% de su renta anual antes de impuestos al pago de estas deudas.
Pero es que, si se consideran todos los empleados, es decir, también los que residen en hogares sin deudas, uno de cada doce trabajadores de las industrias sociales (el 8%) residía en 2017 —último año en el que se publicó la Encuesta— en una familia para la que los pagos de deuda representaban más del 40% de su renta antes de impuestos. Este porcentaje, por el contrario, era de alrededor del 5% en el caso de los trabajadores de las industrias regulares.
La indemnización por despido cumple un papel fundamental a la hora de afrontar la pérdida de un empleo, y, de hecho, en ocasiones es el único ahorro disponible para los hogares, junto con la percepción del desempleo, que tiene una duración máxima de dos años antes de poder acceder al subsidio. Su impacto en el coste salarial de la empresa es, sin embargo, residual. Según Estadística, el coste bruto de un trabajador medio se sitúa en los 31.834 euros al año, pero la indemnización por despido apenas alcanza los 167,58 euros.
Para los trabajadores afectados, sin embargo, esos ingresos procedentes de una indemnización son muy relevantes para afrontar una severa caída de rentas como supone el despido, y de ahí la importancia de los servicios públicos para agilizar su pago. Algo que no siempre sucede.
Recientemente, un grupo de abogados y expertos en relaciones laborales se congregó ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid (SMAC) para protestar por la falta de medios para resolver una situación angustiosa para muchos trabajadores, que se ven claramente perjudicados por el no señalamiento de fechas para celebrar actos de conciliación, que son de carácter previo ante de acudir a la vía judicial.
Esa situación, según la Asociación Libre de Abogados (ALA) supone una "vulneración de los derechos" de los trabajadores que reclaman una solución a demandas que afectan a despidos, reclamaciones de cantidad, sanciones disciplinarias o protección de los derechos sindicales. Según sus datos, durante el estado de alarma se presentaron ante la dirección general de Empleo de la Comunidad de Madrid 12.000 papeletas de conciliación, pero todavía 4.000 no han sido tramitadas. Es decir, la indemnización no solo es más baja, sino que, además, se cobra más tarde por la ineficiencia de los servicios públicos de empleo.
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