Bruselas plantea un sistema de acción judicial colectiva para fraudes como el ‘dieselgate’
Los consumidores serán indemnizados y las multas podrán alcanzar el 4% de la facturación de las empresas
El País
Europa presume de tener las mejores normas de protección al consumidor, pero los castigos por incumplirlas flaquean. El escándalo de las emisiones contaminantes en automóviles con motores diésel evidenció esas carencias. Mientras los consumidores estadounidenses recibían indemnizaciones por los coches trucados, Volkswagen, la compañía alemana responsable del fraude,
rehusó ofrecer compensaciones en la UE porque no existía obligación
legal. Para evitar ese vacío, Bruselas propone un mecanismo de acción
judicial colectiva que permita indemnizar a los clientes afectados por
este tipo de casos.
Cada vez que Bruselas pedía explicaciones a Volkswagen por haber falsificado los niveles que contaminación
que emitían sus coches, superiores a lo permitido, el gigante
automovilístico se escudaba en lo mismo: no hay nada ilegal frente al
consumidor. "No me sentí bien al ver que los ciudadanos estadounidenses
recibían compensacion inmediata mientras los europeos no tenían derecho.
Fui criticada por Volkswagen, que me acusaba de ir más allá de mis
competencias", ha argumentado este miércoles la comisaria europea de
Justicia, Vera Jourová. La comisaria propone crear un sistema similar al
estadounidense en el que los consumidores puedan agruparse en una única
demanda colectiva que agilice todo el proceso y sirva de referencia
para otras demandas individuales.
Aunque Bruselas invoca el llamado dieselgate
como origen de esta norma, las novedades no tendrán efectos
retroactivos. Solo podrán aplicarse a casos conocidos a partir de que
entre en vigor. El Ejecutivo comunitario espera que sirva para atajar
abusos de la banca, las empresas de telecomunicaciones o para reparar
daños a la salud pública o al medioambiente, entre otros casos.
Pese a que el objetivo es acercarse a la lógica de compensación que aplica Estados Unidos,
la UE quiere evitar algunos excesos de litigación que se dan en
Norteamérica. Por eso solo permitirá a las llamadas entidades
cualificadas (organizaciones sin ánimo de lucro, como asociaciones de
consumidores o entidades públicas independientes) representar a los
clientes en estos procesos. El juzgado deberá autorizar el inicio de la
demanda colectiva y podrá vetar a cualquier entidad sospechosa de buscar
solo un beneficio propio (las organizaciones que litiguen deberán
informar sobre quién las financia). Se trata de evitar que prolifere una
industria del litigio al estilo estadounidense.
Aun con todas las cautelas, la norma ha generado un intenso
debate en el seno de la Comisión y amenaza con incomodar a las grandes
industrias europeas, recelosas de tener que enfrentarse a compensaciones
millonarias a los consumidores en la UE. Está por ver que la redacción
final no estreche las condiciones de esta nueva vía.
Además del mecanismo judicial colectivo —inexistente en
algunos países europeos y con muchas limitaciones en la mayoría— el
Ejecutivo comunitario pretende reforzar las sanciones que pueden imponer
las Administraciones en caso de fraude. Los Estados deberán penalizar a
las compañías que violen los derechos del consumidor con hasta un 4% de
su facturación anual, un porcentaje inspirado en la nueva norma sobre
protección de datos que entrará en vigor en mayo y que también fija esas
multas para las firmas incumplidoras.
Cláusulas suelo en España
El principal ejemplo de acción colectiva en España se produjo con las cláusulas suelo
que aplicaba la banca a las hipotecas a tipo variable y que resultaron
abusivas cuando los tipos de interés empezaron a caer. Las asociaciones
de consumidores llevaron el caso a los tribunales y lograron la nulidad
de las cláusulas. Pero las compensaciones no fueron automáticas; los
consumidores tuvieron que reclamarlas posteriormente, sin garantías de
obtenerlas, y se han aplicado con cuentagotas.
Bajo la nueva norma, un solo proceso colectivo cubriría los dos
ámbitos: determinar si hubo fraude al consumidor y fijar la
indemnización correspondiente.
Bruselas confía en que la directiva pueda estar aprobada
antes de que acabe el mandato europeo, en mayo de 2019. El Parlamento
Europeo y el Consejo deberán ahora pactar los detalles.
