Ley de mutuas: criminaliza al enfermo, concediendo más poder a la patronal para dualizar y privatizar la sanidad, de Jesús Uzkudun

 

Tras la intensa campaña realizada durante años por la patronal CEOE contra el "absentismo fraudulento de los trabajadores y la negligencia de los médicos de los Servicios Públicos de Salud en la concesión de bajas por enfermedad común" - que ha sido apoyada con incentivos económicos por los Gobiernos del PSOE y el PP para que las empresas concierten con las Mutuas la gestión de la enfermedad común- el Gobierno Rajoy les concede un nuevo regalo de Navidad: ha aprobado la Ley de Mutuas, que les concede mayores competencias. Al mismo tiempo anuncia un ahorro anual de 511 millones de euros mediante la reducción del absentismo laboral. Lo que no cuentan es el perjuicio que soportaran los más débiles, es decir, los enfermos.

La campaña de las Mutuas y la CEOE, apenas ha tenido respuesta desde los sindicatos y los comités de empresa (salvo limitadas campañas en Euskadi), ni tampoco por los médicos de atención primaria ni las Plataformas de defensa de la sanidad publica.

La aprobación del proyecto ley de Mutuas se produce con el desprecio absoluto a las reivindicaciones sindicales. Sobre todo, cuando se generaliza el "Presentismo", es decir, la practica de acudir enfermo al trabajo, para evitar ser despedido u obligado por las dificultades económicas, tras desaparecer con la baja por enfermedad muchos de los complementos salariales recogidos en los convenios.

Ley de mutuas

Con el objetivo de reforzar la lucha contra "el absentismo laboral injustificado" y conseguir "mejorar la competividad de las empresas", el Gobierno del PP aprobó el proyecto Ley de Mutuas, mediante el cual dejarán de denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), para pasar a ser Mutuas de la Seguridad Social, después de asumir competencias más amplias que la cobertura de los accidente de trabajo y las enfermedades profesionales.

A partir de la ley, las Mutuas Patronales asumen el control desde el primer día de todas las bajas de los trabajadores enfermos, incluida la enfermedad común, la maternidad o el accidente no laboral, en los supuestos que la Mutua haya concertado con el empresario la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común.

Las Mutuas tendrán la competencia de denegar, suspender o anular la prestación económica, sin perjuicio de los partes de alta o baja emitidos por los médicos de la sanidad publica. Cuando las Mutuas, en su función de control y seguimiento de la incapacidad temporal, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, realizaran propuestas motivadas de alta a través de sus médicos, dirigidas al facultativo de la sanidad publica que emitió la baja y la Inspección Medica dispondrá de 5 días, para comunicarle el alta o la confirmación de la baja con un informe justificativo. Transcurrido el plazo de cinco días, si la Mutua no recibe la confirmación de la baja (como probablemente sucederá), está adoptara la decisión de extinguir la prestación económica. Los enfermos y las Mutuas, podrán impugnar dichas resoluciones ante el Instituto de la Seguridad Social, incluso judicialmente, aunque la opinión y las resoluciones de las Mutuas salen reforzadas en el procedimiento en la nueva Ley. Igualmente, las Mutuas anularán la prestación económica, en el supuesto de incomparecencia del enfermo a la cita de control de Incapacidad Temporal en sus instalaciones.

Asimismo, la Ley obliga a eliminar en su totalidad la participación de las Mutuas en las Sociedades de Prevención, creadas a finales de los años 90 por dichas entidades. A lo largo de 2014, deberán vender o cerrar dichos servicios de prevención ajenos: privatización absoluta.

¿Qué son las mutuas?

Con la Ley de Accidentes de Trabajo promulgada en el año 1900, las Mutuas se constituyen como asociaciones de empresarios para asegurar los posibles daños de sus trabajadores ocasionados por los accidentes de trabajo. Su papel inicial era asegurar las prestaciones económicas, pero mas tarde asumirán actividades rehabilitadoras o curativas y de control de seguridad e higiene en las empresas asociadas.

Con la creación de la Seguridad Social, a mediados de los años 60, en plena Dictadura, las Mutuas logran consolidar un sistema dual: 1) La protección de los accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores, cubiertos mediante cuotas de la Seguridad Social, que será gestionada por las Mutuas patronales, como entidades "sin animo de lucro" colaboradoras de la Seguridad Social; 2) El Servicio Nacional de Salud, universal y financiado vía impuestos, cuya gestión será trasferida más tarde a las Comunidades Autónomas.

En la actualidad, tras un proceso de fusión, existen 20 Mutuas, con diferentes tamaños e implantación territorial, siendo previsibles nuevas fusiones o absorciones, que serán bendecidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estas Mutuas son: Fremap, Asepeyo, Universal, Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Umivale, Maz, Activa, Mutualia, Unimat, Gallega, Balear, Egasart, Montañesa, Intercomarcal, Mac, Cesma, Navarra y Solimat, que en su conjunto obtienen unos ingresos anuales de 10.189.467.670,25 euros, por cotizaciones de las empresas, disponiendo de una plantilla de 20.730 empleados.

De asegurar inicialmente los daños sufridos por los trabajadores accidentados, las Mutuas han logrado ampliar sus funciones y competencias, gracias a la apuesta y convicción de los Directores Generales y gestores políticos de la Seguridad Social que, independientemente de que el gobierno fuese del PSOE o del PP, han venido afirmando, con poca vergüenza que "la gestión privada es más eficaz que la publica".

Veamos algunas de las funciones de las Mutuas:

1. La gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación de las contingencias profesionales, es decir de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
2. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por enfermedad común, tras acuerdo con el empresario.
3. La gestión de la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o lactancia.
4. La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
5. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Las Juntas Directivas de las Mutuas estarán compuestas por diez o quince empresarios, de los cuales el 30%, corresponderá a aquellas empresas con mayor numero de trabajadores, garantizándose la participación de un representante de los trabajadores de la Mutua. No podrá ostentar el cargo de Director-Gerente, aquellas personas que desarrollen actividad remunerada en cualquier empresa asociada. Pero, curiosamente, no existe obstáculo alguno para que el Director Gerente de MUTUALIA, la mutua de mayor implantación en Euskadi, sea a su vez Presidente de CONFEBASK (la patronal vasca) o que directivos de las Mutuas representen a la CEOE en diferentes mesas de negociación.

Se continúa manteniendo los órganos de participación: 1) las Comisiones de Control y Seguimiento, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales, incorporando por primera vez un representante de las asociaciones de trabajadores autónomos; 2) así como la Comisión de Prestaciones Especiales, con similar participación, con fondos destinados a ayudar a las victimas.

Resulta ilusorio soñar con el control sindical de estas instituciones, mediante la participación trimestral en las reuniones de forma gratuita. Pero puede ser útil si es acompañada de una acción sindical perseverante contra el despotismo de la Mutuas, realizando "escraches" u otras movilizaciones de respuesta.

Consecuencias de la Ley de Mutuas

No cabe duda que, con las nuevas competencias, las Mutuas reducirán el absentismo mediante la presión y el maltrato a los enfermos. Los Inspectores de Sanidad y los médicos de atención de primaria se verán desbordados y mayoritariamente desistirán de realizar contrainformes de respuesta a los criterios de la Mutua. Por esta razón terminarán imponiéndose los criterios economicistas, salvo que se reactive la respuesta y la movilización social. Las Mutuas presionaran al enfermo para forzar el alta, especialmente en el caso de enfermedades psicológicas o músculo esqueléticas, incluidas las embarazadas, con el agravante de que las Mutuas no disponen de especialistas en dichas patologías.

Aumentará el control con detectives sobre la vida privada del enfermo. No es casualidad, que sean las Mutuas quienes mas demandas de investigación solicitan a estás Agencias. Quien conozca su práctica no tendrá dudas del aumento automático del "presentismo" por parte de los trabajadores enfermos, ante el riesgo de ser despedido o declarado "NO APTO" en las empresas.

Las Mutuas lograrán alterar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, favoreciendo al trabajador de baja para su rápida incorporación laboral, mientras eternizaran la espera de los desempleados o pensionistas con similar lesión. Igualmente, presionaran a los trabajadores que han sido despedidos por causar baja para que cojan el alta y así eludir el pago de las prestaciones, que irán a cargo del desempleo. El carácter universal de la sanidad publica será cuestionado por los criterios economicistas y aumentará la desigualdad.

Aunque el control de la Incapacidad Temporal tiene que realizarse en las instalaciones y por profesionales de las Mutuas, la Ley les permite realizar conciertos con otros centros privados para acelerar diagnósticos, favoreciendo el negocio privado de la sanidad. No cabe duda que el control de la Incapacidad Temporal por las Mutuas favorecerá su estrategia de ocultar el origen profesional de las enfermedades, eludiendo así sus repercusiones, incluso para las empresas. Los costes del tratamiento de dichas enfermedades coadyuvarán a deteriorar los presupuestos de la sanidad pública, hasta hacerlos insostenibles.

La reducción de las cifras de enfermedad profesional reconocidas a partir del año 2006, cuando las Mutuas asumieron su gestión, evitó que tuvieran repercusión  tras la ampliación del listado de enfermedades. Es decir, dejo en evidencia las consecuencias de "poner al zorro al cuidado de las gallinas".

Las Mutuas lograrán en estas condiciones, si no se reactiva la respuesta sindical, una gestión "rentable", reduciendo el absentismo: aumentará la practica de usar mano de obra sana y tirarla cuando deja de ser productiva, al posibilitar mayores recursos económicos, que serán utilizados para subvencionar a las empresas, vía incentivos tipo "bonos" por inversiones preventivas, o se reducirán las cuotas empresariales, como exige la CEOE y las fuerzas de la derecha política.

Necesidad de un cambio en la orientación sindical

Los sueños de grandeza de algunos dirigentes sindicales, que veían con envidia la cogestión de las Mutuas alemanas, olvidándose del contexto y correlación de fuerzas, les llevó a volcar sus esfuerzos en tratar de convencer a las direcciones de la Seguridad Social y la CEOE de las ventajas del modelo alemán, olvidando mientras tanto la imprescindible respuesta a las agresiones cotidianas de las Mutuas y al aumento de sus competencias en la enfermedad común, cuya principal consecuencia fue que ganó terreno la perspectiva de dualizar la sanidad.

En el colmo de la herencia "fidalguista", las direcciones confedérales de CCOO y UGT, llegaron a firmar Acuerdos con la patronal recogiendo "perlas" como estas: "Desarrollar un programa especifico para la eficaz gestión de la Incapacidad Temporal, basado en: La mejora de la colaboración de las Mutuas con la Administración de la Seguridad Social y los servicios públicos de salud, para el control de los procesos y el acortamiento del tiempo de recuperación de la salud, con el consiguiente efecto derivado sobre los costes empresariales y el gasto en prestaciones de Seguridad Social" o "Mantener la naturaleza jurídica de las Mutuas, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios…" o "Con el objetivo de eliminar el absentismo injustificado se elaborara trimestralmente un ratio de evaluación de su comportamiento…etc."  

Afortunadamente, la actual dirección confederal de CCOO ha rechazado con firmeza el proyecto de ley de Mutuas, en el que las reivindicaciones mas elementales - como la co-decisión, es decir, que el concierto con una u otra Mutua en las empresas sea acordada de forma conjunta por el empresario y la representación de los trabajadores, o lograr una representación directa en las Juntas Directivas -, han sido arrojadas con desprecio a la papelera.

Activar la respuesta conjunta

Urge activar la respuesta sindical a las agresiones e intromisiones de las Mutuas en la enfermedad común. Las amenazas y recortes de prestaciones a los enfermos no pueden abordarse como un problema individual: urge la respuesta colectiva en defensa de la salud y la defensa de la sanidad publica.

Algunas experiencias, como las realizadas por CCOO de Euskadi, pueden orientarnos en la respuesta:

·       Las concentraciones de delegados frente ASEPEYO, UNIVERSAL y MC MUTUAL, en respuesta a la extinción de la prestación económica a trabajadores enfermos lograron modificar la resolución de la Mutua; en algún caso bastó con el simple aviso a la prensa de la concentración para que cambiase la resolución de la Mutua.

·       Es posible impedir en la empresa que la Mutua intervenga en la gestión de la enfermedad común, introduciendo cláusulas en los convenios que rechacen el concierto de la empresa con la Mutua. El ámbito de la empresa permite conocer mejor los motivos de las bajas, quien realiza fraude o las tiene justificadas. Contra dicho concierto de las empresas con las Mutuas se han producido huelgas en alguna empresa siderúrgica, pues afortunadamente existe una posición común en el sindicalismo vasco. Así, el convenio de los empleados públicos del Gobierno Vasco y otras empresas importantes, como la Papelera de Errenteria, tienen cláusulas que impiden la actuación de las Mutuas en la enfermedad común.

·       La actividad sindical realizada para visualizar las enfermedades profesionales, logrando indemnización por miles de euros de hipoacusias, lesiones de muñeca, silicosis y cánceres derivados del amianto, entre otras enfermedades, permite ganar apoyos en la respuesta a las Mutuas. Igualmente urge que los médicos de atención primaria pregunten al enfermo acerca de su actividad laboral y no solo por sus hábitos de vida, asumiendo la obligación de comunicar la sospecha del origen profesional de las enfermedades que diagnostiquen.

Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, en ausencia de una acción perseverante, el problema se individualiza, resultando siempre perdedores los  enfermos.

Finalmente, no cabe duda, la solución más barata y socialmente más rentable contra el absentismo es investigar las causas de las enfermedades y promover medidas preventivas. Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud, los trastornos músculo esquelético, derivados de los movimientos repetitivos, sobreesfuerzos e intensos ritmos de trabajo, junto al estrés y los riesgos psicosociales, son las principales causas del absentismo laboral en el Reino de España: su prevención laboral es posible, rentable y necesaria.

Las Mutuas, la CEOE y el PP lo saben, pero no les importa. Su interés y objetivo es hacer negocio mediante la dualización y la privatización de la sanidad. Si permitimos que avancen por ese camino, lo lamentaremos. Por ello, urge la respuesta desde la empresa, los sectores o territorios, promoviendo una amplia alianza en defensa de la salud y la sanidad pública.

Jesús Uzkudun Illarramendi, es activista en defensa de la Salud Laboral. Exsecretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-Euskadi (1996-2012)

Fuente:  Revista electrónica sinpermiso

Sobre la anulación de la subasta eléctrica que pretendía un incremento del 11 % en el precio. "Disparate para corregir el atropello"

Jesús Mota 

El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según la cual procede “no validar” la subasta eléctrica del jueves es un ejemplo perfecto de cómo un Gobierno puede sustituir la incapacidad de muchos años para cambiar un sistema de precios absurdo por un disparate atropellado, cometido además con alevosía y nocturnidad. La Comisión ha puesto en bandeja al Ministerio de Industria el pretexto para anular la subasta, pero ahora tendrá que explicar, con todo detalle y con argumentos jurídicos fundados, cuáles son esas “circunstancias atípicas” que soportan la anulación. Y tendrá que hacerlo porque en este caso no se enfrenta solo a consumidores españoles indignados y con los bolsillos exhaustos, sino al mercado de Londres, donde se cruzan operaciones con la electricidad española.

En los mercados serios no se suspende una subasta sin razones poderosas; y cuando se suspende es porque los participantes han cometido algún delito. Como este no es el caso, al menos de momento, cabe deducir que la Marca España está a punto de caer, una vez más, en el ridículo.

Quizá el ministro no esté enterado, pero el Gobierno solo puede anular una subasta cuando en ella se advierten claros indicios de conducta contraria a la competencia. Así lo establece la Orden Ministerial de 2009 que regula el procedimiento. En un plazo inferior a 24 horas, un supervisor puede examinar e investigar muy pocos parámetros de la subasta; como mucho, el índice de concentración de las ofertas y el equilibrio entre oferta y demanda en las sucesivas rondas operativas que conducen al precio final. Con ambos indicadores es imposible descubrir colusión o delito. Lo dice además el sentido común: si durante 25 subastas no se ha podido demostrar esa conducta contraria a la competencia era poco probable que en una tarde y una madrugada pudiera hacerlo una Comisión de nuevo cuño, agobiada además por la presión ambiental.

A la subasta van las comercializadoras que son filiales de las eléctricas

Porque sabemos que no se hacen esas cosas, que si no podría sospecharse que el ministro ha llamado al presidente de la CNMC y le ha pedido que dictamine esa simpleza de las “circunstancias atípicas” con la confianza de que ya se apañarán después las razones a gusto del anulador. Eso sí, de las demandas y querellas por abuso legal no se va a librar el ministerio, y sus consecuencias acabará por pagarlas la tarifa eléctrica, es decir, el consumidor.

Como el llamado equipo energético no parece enterarse, habrá que repetir que el problema no es la subasta en sí —y por tanto no cabe eliminarla sin disponer de un método o procedimiento para fijar el precio en enero, precio que ahora queda sometido a la más negra incertidumbre—, sino el mecanismo total de fijación de precios, perpetrado por el PP en tiempos de Aznar. Una de tantas herencias envenenadas (como las autopistas radiales) que no suele mencionar Rajoy en su catálogo de denuestos contra los socialistas ni figuran en el catecismo del PP.

Industria deberá explicar ahora los fundamentos jurídicos

Para fijar el precio de la electricidad se suman dos factores: el resultado de una subasta, llamada Cesur, y los llamados peajes (costes de transporte, distribución, etcétera), que evolucionan en la práctica a discreción (limitada) del Gobierno. El enredo está y siempre ha estado en la subasta. A ella concurren las empresas comercializadoras, que son filiales de las eléctricas, y, como vendedores, intermediarios financieros (bancos comerciales, de inversión o mesas de trading de las compañías). 

Esta composición explica que el intercambio de ofertas y demandas que se produce en la subasta no es industrial, sino financiero. Es decir, el precio resultante de la electricidad incorpora, añade, una ganancia financiera.Con independencia de que el mercado esté condicionado o manipulado, el absurdo principal es que un cruce de operaciones financieras no puede ni debe determinar el precio de la tarifa doméstica. Es un dislate —como el de anular la subasta por las bravas— que solo se le podía ocurrir a los genios de perra chica de los Gobiernos aznaríes. Parece más propio, natural o adecuado fijar referencias como el precio medio al que se cruza la oferta y demanda eléctrica real en el pool (antes de la distribución).

O, como se hace en otros países, establecer un precio ex ante durante un periodo de tiempo y corregirlo en función de la evolución del mercado. Los procedimientos son múltiples y agotarían varios tomos de apretada lectura que ni este Gobierno ni sus supervisores de cámara están en disposición de leer. Basta un esquema general como resumen de lo que pueden y deben hacer: sustituir la reforma eléctrica actual, fiambre desde que Montoro retiró la aportación presupuestaria (¡gran hallazgo ese de trasladar el pago del déficit de tarifa de los consumidores a los contribuyentes!) y sustituirla por una ley que reordene el mercado eléctrico. En los siguientes términos: la producción eléctrica por tecnologías similares (gas, combustibles) que opere en el mercado; las tecnologías renovables, que operen en subasta; y las tecnologías amortizadas (nuclear, hidráulica) que operen en contratos bilaterales con la gran industria (así conseguirían, quizá, bajar los precios).

Pero afinar y concretar un plan de esta envergadura requiere cierto talento administrativo e independencia política, cualidades ausentes en este Gobierno. Los esfuerzos de Rajoy, Montoro y Soria por salir del lío en el que se han metido en la última semana pueden describirse con aquella frase de H. G. Wells sobre el estilo de Henry James: “Es como ver a un hipopótamo intentando coger un guisante”.

Fuente: El País

Sobre el precio de la electricidad. "Y así el kilovatio se hizo de oro"

EL TARIFAZO ELÉCTRICO

Y así el kilovatio se hizo de oro

Una década de fallos regulatorios y empresariales lleva la electricidad a un precio inasumible


Las pujas de brókers y fondos de inversión marcan el recibo

Jerónimo Andreu

El radiador eléctrico pasó el invierno agazapado, espiándolos como un enemigo. A pesar de los seis grados de media a los que hiberna Madrid, en el apartamento de Juan Presa no quisieron ni olerlo. El frío lo taparon con mantas, y el calentador se reservó para un par de noches muy duras. Con Juan, de 62 años, viven su esposa y sus tres hijos. Ninguno tiene trabajo. Juan, que era cerrajero, lo perdió hace dos años. Sus únicos ingresos son 426 euros de la renta mínima. Los entre 60 y 80 euros mensuales de la factura eléctrica se comen una quinta parte del presupuesto.

El concepto de pobreza energética resume la situación de cuatro millones de españoles que sufren para pagar la electricidad, según el recientemente desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad. Cruz Roja ya ha avisado de que el 40% de las familias que recurren a su ayuda, ciudadanos hasta hace poco con renta media, no puede mantener la casa a una temperatura adecuada. La preocupación crece. Las eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas en 2012 y el PP ha vetado esta semana en el Congreso una iniciativa de ICV para que en invierno no haya cortes por impago.

La familia Presa es una más de las que no entiende por qué España tiene la tercera luz más cara de Europa (según Eurostat, tras una subida del 60% entre 2006 y 2012, solo Chipre e Irlanda, dos islas, pagan más) mientras que los consumidores acumulan una deuda de 30.000 millones con las eléctricas.

El estupor ciudadano creció con las subidas de tarifa en agosto y octubre, y rebosó con la subasta del jueves que concluyó con el incremento del 11% previsto para enero en el recibo y que el Gobierno anuló horas después. La pregunta que recorre el país parece sencilla: ¿en qué punto de su cadena de producción el kilovatio se convirtió en oro?

La electricidad se genera en una central, salta a la red de alta tensión, de ahí pasa a las de media y baja, y termina su ciclo en casas que pueden estar en una gran ciudad, en el campo o una isla. Todos esos pasos cuestan dinero. Pero la cadena de gastos tiene más eslabones: impuestos, deudas, especuladores, intereses empresariales, primas a sistemas de producción de energía que son más limpias (renovables) o imprescindibles para garantizar el sistema (los ciclos combinados de gas).

A ojos del Gobierno está claro dónde se encuentra la fuga que hay que taponar: en esa deuda millonaria con las eléctricas, equivalente al 8% del recibo de la luz, y que representa los gastos que se les han reconocido a las compañías pero que no se les han abonado. Para enjugarla diseñó la gran reforma eléctrica de la legislatura: un paquete de 15 normas con medidas tan polémicas como gravar más al consumidor en los costes fijos de la luz (los que se pagan por tener suministro, independientemente de lo que se consuma) o la cruzada contra el autoconsumo. La reforma fracasó antes de nacer. Iba a acabar con el déficit de tarifa este año pero a última hora Hacienda retiró los 3.600 millones que había comprometido para abonar su parte del déficit. 

La del déficit es una historia poco edificante. La figura la creó en 2002 Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía del PP, cuando estableció que la luz nunca subiría más del 2% al año. Como los costes de producir la electricidad eran mayores, optó por embalsar esa diferencia emulando al tendero que apunta las latas de atún fiadas. Las razones para mantener el precio artificialmente bajo eran diversas: desde el controlar la inflación, al electoralismo y la mejora de la competitividad industrial.

La solución nació como temporal, pero luego ningún Gobierno se vio con fuerza para explicarle al votante que debía pagar más. Durante una década los españoles han vivido en una ilusión. La industria y los ciudadanos consumían satisfechos mientras las eléctricas facturaban como nunca.

Este déficit fue asumible hasta que en 2005 los costes se dispararon por la subida del petróleo que arrancó con la inestabilidad en Irak. La tendencia se agravó en 2008 con las nuevas primas a las las renovables, y la crisis hizo que la componenda terminara de estallar.

Para pagar se han ido probando sistemas. El último consistía en emitir lo debido en paquetes y colocarlos en el mercado de valores (la llamada titulización). Las eléctricas ya han cobrado ese déficit y ahora los españoles se lo deben a bancos de inversión en buena parte extranjeros.

España tiene 25.000 megavatios de potencia, pero 6.000 no son necesarios

Los más críticos con esta estrategia de dilación de los problemas aseguran que esa deuda nunca se ha auditado públicamente. Y algunos, como Jorge Fabra, llegan más lejos. Fabra es un economista con aire de profesor tiernogalvanesco, jersey de pico sobre la corbata y pelo peinado hacia atrás. Ha sido consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y ahora una de sus preocupaciones es convencer a la opinión pública de que no hay un déficit acumulado de tarifa, sino superávit en las retribuciones. Es decir, que no es que las eléctricas cobren de menos, sino que los consumidores les pagan de más.

No todos los kilovatios son iguales aunque al encender la lámpara lo parezcan. Cada partícula lumínica se produce de una forma diferente y a un precio diferente. Al pulsar el interruptor, todas se materializan después de haber viajado a la velocidad de la luz desde su central de generación pero, mientras una unidad eléctrica procede del viento, otra lo hace de una presa construida hace 70 años, y una tercera de una central que funciona con un gas cuyo precio depende de mil conflictos internacionales. Y, sin embargo, toda esa energía la paga el ciudadano al mismo precio. Esta disfunción es consecuencia de un sistema de venta peculiar. Fabra la explica delante de una pantalla con un Power Point. “Atento a la exposición, que no es fácil”, avisa.

En un operador de mercado electrónico llamado OMIE, las generadoras van ofertando cada mañana la energía que producirán cada una de las horas del día al precio que les parece más cercano a sus costes. Primero se venden las que tienen los costos variables más bajos (renovables —su fuente es gratuita—, hidroeléctricas y nucleares —el coste de construcción de las centrales ya se recuperó—) y, cuando estas se acaban, se venden las que los tiene más altos (carbón y gas, por el precio del combustible). Para que a todos los actores les interese participar, al final se les abona el mismo precio: el de la producción más cara del día.

Los kilovatios se producen a precios diversos, pero todos se pagan igual: al más alto

La paradoja de este mercado, creado en 1997 con la liberalización del sistema eléctrico, es que pagaríamos lo mismo en nuestra factura si, en lugar de mezclar fuentes baratas y caras, toda la energía se produjera al precio de las costosísimas centrales de gas. “Es como si en una lonja pagas la merluza al mismo precio que la sardina”, explica Fabra. Sé que resulta contraintuitivo decir que la culpa del alto precio de la energía la tienen las más baratas; pero es así, porque lo que las eléctricas ahorran en producción no repercute en precios bajos, sino en que sus ganancias sean mayores. La hidroeléctrica tiene beneficios del 700%, y la nuclear del 200%”, calcula. “Si se les pagara lo que les cuesta la energía, el sistema se equilibraría. El déficit es en realidad esa ganancia excesiva que se embolsan”.

¿Y por qué se diseñó este mercado así? Fabra considera que por un componente ideológico a finales de los noventa, cuando comenzó la liberalización de un sector que hasta entonces estaba controlado por el Estado. Otros entrevistados apuntan que fue para favorecer la diversificación de fuentes de potencia y reducir la dependencia de las energías fósiles. En cualquier caso, Fabra insiste, “parece evidente que un sistema creado en 1997, cuando las tecnologías eran muy distintas, no tiene sentido ahora”.

Pero esto es solo la teoría. Comprender cómo funciona el mercado precisa de una visita a los encargados de vender y comprar el pescado. Axpo es una filial de una compañía suiza que opera en España con una facturación anual de 600 millones. Su sala de control la preside un mapa informático de la Península sembrado de puntos y cifras con sus clientes: parques eólicos en Galicia, fotovoltaicas en Murcia...

Las renovables dicen que sus primas son solo responsables del 22% del agujero

Los técnicos están conectados 24 horas con Red Eléctrica de España (REE, la compañía encargada del transporte por alta tensión y del equilibrio del suministro), pendientes de las necesidades del sistema. Ante las fluctuaciones en la demanda, responden regulando la producción de sus clientes y enviando a la red la energía necesaria. La sincronía tiene que ser perfecta porque si la electricidad no entrara y saliera al mismo tiempo de las centrales de REE las turbinas se ralentizarían y podría ocasionarse un apagón.

Los 50 empleados de Axpo regulan la producción de muchos clientes y la venden en los mercados. Unos traders operan con seis pantallas a la vez; también hay informáticos, comerciales... todos jóvenes. “Yo soy el mayor de aquí”, bromea el presidente de la firma, Ignacio Soneira, un hombre con cuerpo pequeño y empacado de triatleta, como promociona en su perfil de Twitter.

Vender en el OMIE es muy complejo. Aparte del mercado diario —al que acuden los productores, intermediarios y grandes consumidores—, existe la subasta trimestral del CESUR —a partir de la que se fija el precio para el cliente doméstico que se beneficia de la TUR, la tarifa protegida—. Luego están los mercados intradiarios y de servicios complementarios, en los que se efectúan operaciones a velocidad vertiginosa para ajustarse a la demanda al segundo.

La CESUR suscita recelos. La CNE lo ha investigado ante la sospecha de que los precios se calienten a propósito, y en la madrugada del viernes pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha engullido a la CNE, suspendió por primera vez una subasta. El precio de la energía vendida había subido el 26,5% respecto a la subasta de octubre, y la CNMC detectó “la ocurrencia de circunstancias atípicas”. Desde que hace dos semanas el Gobierno retiró sus 3.600 millones de la reforma eléctrica, el mercado estaba disparado. Aunque hay un 20% más agua en los embalses que hace un año, las eléctricas apenas ofertaban electricidad de origen hidráulico (la más barata). Dos apagones en nucleares terminaron de elevar el precio.

En la CESUR participan las cinco grandes eléctricas y agentes financieros (bancos de inversión y comerciales) que realmente no negocian con la electricidad, sino con el precio que creen que tendrá el trimestre que viene. Estos intermediarios aportan un componente especulativo, pero también ofrecen estabilidad al sistema. Si la energía se vende a 100 y en el mercado internacional sube de repente a 110, o si en un día muy frío se dispara el precio, el cliente doméstico mantiene la tarifa inicial.

Cualquier bróker puede comprar y vender en este mercado, confiando en que el viento o el precio del carbón le concedan un pequeño beneficio. Ofrecen un precio a las comercializadoras por un paquete de energía y, una vez que ganan la puja, van comprando hora a hora la energía en el mercado diario. Para un extraño al sistema, el sobrecoste que introduce esta intermediación parece aberrante, pero Alberto Carbajo explica que es solo “grasilla”: “Puede tratarse de 1.000 millones de beneficios”.

Alberto Carbajo es ingeniero, ejerció de director general de Operación de REE y considera que los problemas más urgentes del sistema son la mala planificación y la sobreproducción. En un día de lluvia espera en la puerta de una cafetería madrileña. Con los ojos muy celestes y una gabardina se asemeja a un espía de Le Carré. Su diagnóstico es rotundo: “Faltan ingresos en el sector, por la caída de la demanda, para el volumen de las inversiones que se han efectuado”.

España acumula 25.000 megavatios de potencia, pero unos 6.000 no son necesarios. Algunas centrales de ciclo combinado se usan solo cuatro horas al día. “Tenemos un exceso de capacidad de generación de más del 30% con costes muy elevados y estancamiento económico”, resume Carbajo. “Y ese exceso, junto a la penetración de renovables con subvenciones muy generosas, ha provocado una pérdida de competitividad”.

Cuando el ladrillo marcaba el paso y la demanda eléctrica crecía desbocada al 3%, el Gobierno y las eléctricas se lanzaron a aumentar el parque energético. “Ha habido cierta miopía acerca de la duración del ciclo económico y de los escenarios financieros que facilitaban el endeudamiento. Se ha metido mucha potencia cara, como las renovables, que habría que haber incorporado solo a medida que fuera madurando. Al mismo tiempo, las empresas han construido demasiados ciclos combinados para hacerse la competencia, y esas centrales enormes están infrautilizadas”.

El problema se podría resumir en un símbolo, la nueva central de gas en ciclo combinado en San Roque (Cádiz). Con una potencia de 800 megavatios, costó 400 millones y se inauguró en 2011, cuando el consumo ya desplomado. Ahora la demanda está en niveles de 2005 por el parón de la industria.

En un panorama en el que han fallado las planificaciones de las empresas y del Estado, parece difícil señalar a un solo culpable. Sin embargo, en la guerra eléctrica todos sus actores son especialistas en acusarse unos a otros. Las grandes eléctricas achacan el boquete a las renovables. Estas sostienen que las primas que reciben son únicamente responsable del 22% del agujero y que las eléctricas quieren distraer de que sus ganancias son excesivas.

La opacidad legislativa impide que los consumidores entiendan cómo funciona el sistema, y esta falta de claridad llega a la propia factura de la luz, imposible de descifrar. Fuentes de las grandes eléctricas, las principales acusadas de este régimen de oscuridad, comparten que se han ido poniendo demasiados parches: “En lugar de una reforma integral hay 300 normas que nadie comprende. Eso tampoco nos interesa”.

Las eléctricas han cobrado el déficit de tarifa gracias a la ‘titulización’

El caso de las renovables es paradigmático. El Gobierno de Zapatero creó una serie de primas reguladas para ayudar a estas tecnologías en sus inicios. Pero incluso los productores reconocen que el sistema ha terminado suponiendo una piedra en el cuello del sector eléctrico. “Estoy de acuerdo en que se fue la mano con la fotovoltaica”, asume Jorge Morales, experto en energía y empresario fotovoltaico, “pero eso es solo una línea en un libro lleno de torpezas y escándalos”.

Instituciones científicas fijaron las remuneraciones razonables (CNE, IDAE, Ciemat…) pero la redacción de la ley fue tan deficiente que permitió que se establecieran en España 2.900 megavatios de potencia fotovoltaica en lugar de los 400 a los que el país aspiraba. El texto dejaba rendijas para la picaresca que permitieron que, además de miles de inversores honrados, en la aventura se implicaran especuladores que escapaban del ladrillo. El resultado fue sobrepotencia de una tecnología cara.

Y para culminar la falta de planificación regulatoria, ahora llega una reacción drástica: un frenazo total a un sector que ha costado miles de millones al contribuyente. “Lo que plantea la reforma es esquizofrénico”, se indigna Morales: “Por una falta de planificación regulatoria se permitió una inversión descontrolada en tecnologías como las fotovoltaicas en un momento en que aún estaban inmaduras, y ahora que están listas para competir con las energías tradicionales se las deja caer”. En su opinión el problema se podría resolver con negociación y una planificación más razonable.“A veces el fotovoltaico ha sido muy talibán pidiendo que no hubiera ninguna modificación de la norma que lo amparaba, pero se podría arreglar el bloqueo con diálogo, comenzando a aplicar las rebajas a las instalaciones a medida que vayan amortizando inversiones”.

La bola de la energía ha llegado demasiado lejos sin que ningún Gobierno pusiera algo más que parches. El sistema está lleno de flecos que suponen millones perdidos en ineficiencias, como los 2.000 de ayudas al carbón o los Costes de Transición a la Competencia (CTC), unas compensaciones que se otorgaron a las eléctricas al liberalizar el sector. Según Fabra, por errores de cálculo se retribuyeron 3.000 millones extra a las compañías por este concepto.

Los inversores defienden que sus pujas aportan estabilidad al sistema

Para salir de este callejón sin salida los expertos aseguran que hay soluciones, todas tan ambiciosas como merece un sector que se vanagloria de su complejidad. De ellas, la más lejana parece un pacto de Estado para fijar una política energética a medio plazo. Las regulaciones más ambiciosas también chocan con la puerta giratoria a través de la que decenas de exministros, secretarios de Estado y altos funcionarios de la Administración de todos los colores han entrado en los consejos de las cinco grandes eléctricas y de compañías con gran peso en las renovables. “Las ganancias son multimillonarias, y las presiones que ejercen los actores más poderosos resultan insoportables: verdaderos chantajes”, explica un ex alto cargo que no quiere dar su nombre. Las eléctricas siempre han jugado fuerte. Hace unas semanas una delegación de las 10 más importantes en Europa visitó al comisario de Energía, Günther Oettinger. Los invitados no pudieron resistirse a deslizar frente a su anfitrión que el continente podría sufrir apagones si sus retribuciones siguen cayendo.

Algunos analistas, como Fabra, sugieren la necesidad de fragmentar los mercados según tecnología para fomentar la pugna técnica y recompensar a los productores más competitivos. Alberto Carbajo considera que, a corto plazo, lo único posible es apretar los dientes y esperar que aumente la demanda para que el sistema deje de ser un pesado reloj al que mover las manecillas le cuesta miles de millones; y por ello es imprescindible acometeruna reforma que vaya más allá de combatir el déficit, consecuencia y no causa del problema.

La patronal eléctrica, Unesa, insiste mientras tanto en que la solución pasa por desregular completamente un mercado que considera que está demasiado intervenido, y eliminar campanas protectoras como la tarifa TUR (llamada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor desde la modificación legislativa), en función de la cual el Gobierno fija las cantidades que deben pagar los consumidores que tiene contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios. Que estos consumidores salieran al mercado libre lo haría mucho más atractivo, asegura la patronal.

El debate se perpetúa en los despachos. Mientras, el invierno regresa a la calle. La factura de la luz continuará siendo un jeroglífico este año. Uno cada vez más difícil de resolver para muchas familias.

Fuente: El País

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/21/actualidad/1387660747_259803.html

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