La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cerca a Iberdrola por inflar el precio de la luz con el cierre de embalses

La UCO cerca a Iberdrola por inflar el precio de la luz con el cierre de embalses

• Dos informes remitidos a la Audiencia Nacional prueban que el mercado esperaba precios muy inferiores a los que se alcanzaron en 2013 por las prácticas bajo sospecha de Iberdrola 

Autor: José María del Olmo
Fuente: El Confidencial

La investigación penal contra Iberdrola por haber manipulado presuntamente el mercado eléctrico en 2013 para provocar un alza estratosférico del precio de la luz ha experimentado un enorme avance en las últimas semanas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado dos nuevos informes a petición judicial que refuerzan la acusación contra la eléctrica por un delito contra los consumidores por el supuesto cierre intencionado de sus embalses en el otoño de ese año (uno de los más lluviosos de las últimas dos décadas) para bloquear la producción de energía hidráulica, la más barata de todas, y generar así un incremento de las tarifas por la necesaria entrada en el 'pool' de otras fuentes más caras.

Según los informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que el nivel que alcanzaron los precios durante las tres semanas en las que se concentraron las presuntas prácticas irregulares de Iberdrola —entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013— carecía de la lógica más elemental. Los investigadores han comprobado que la mayoría del casi centenar de comercializadoras eléctricas con licencia para operar en España barajaba para esas fechas expectativas de precio muy inferiores, teniendo en cuenta los antecedentes del mercado y las condiciones ambientales que se registraron esos días. Es decir, que el sector considera casi unánimemente que no concurrieron elementos objetivos para que la tarifa se disparara. Solo una adulteración del sistema explicaría que la luz tocara máximos.

Los informes también revelan que el presunto fraude de Iberdrola no solo ocasionó un agujero en el bolsillo de los consumidores, como ya había acreditado la UCO en informes anteriores incorporados a la causa. Las nuevas diligencias probarían ahora que el perjuicio afectó igualmente a las empresas comercializadoras. Sobre todo, a aquellas que no pudieron repercutir la subida a sus clientes porque, en base a sus previsiones, habían pactado con antelación un precio muy inferior al que finalmente marcó el mercado. No obstante, todas las que iban cortas en esas tres semanas (habían comprado menos electricidad de la que demandaron sus clientes) perdieron dinero o ganaron menos de lo que esperaban.

Según los cálculos que los intermediarios han trasladado a la UCO en los últimos meses, sus pérdidas como consecuencia de las supuestas maniobras de Iberdrola superaron los 31 millones de euros. La empresa más afectada sería el gigante suizo del 'trading' eléctrico Axpo Iberia, que cosechó un perjuicio de 28 millones de euros. Ocupa la segunda posición Nexus Energía, que ha denunciado pérdidas de 1,8 millones. Por debajo de esa cantidad se situarían ya casi medio centenar de operadores. Geotlander SL, por ejemplo, comunicó un impacto negativo de 902.000 euros. Y Enercoluz Energía perdió 370.000.

La investigación, supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y en la que está personada Facua como acusación popular, gira sobre el récord que alcanzó el precio de la luz el 18 de diciembre de 2013, justo el día antes de la subasta en la que se debía fijar la tarifa que pagarían los pequeños consumidores durante los siguientes tres meses. Esa jornada, el coste llegó a los 91,89 euros por megavatio hora (Mwh), una cifra desconocida hasta el momento que suponía una subida del 126% sobre los 40,65 euros por Mwh del 25 de noviembre previo, solo tres semanas antes. El escándalo alcanzó tal dimensión que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta e intervenir el precio. Dos años después, en noviembre de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó que Iberdrola había recortado intencionadamente la producción de energía hidráulica y que esa maniobra le había ocasionado un beneficio de 21,5 millones de euros. Por contra, los usuarios habían sufrido pérdidas por valor de 105 millones.

Sede de Iberdrola en Madrid. (Reuters)

El expediente de la CNMC discurre por la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. El juez Ismael Moreno se centra en las posibles consecuencias penales en que habrían incurrido Iberdrola y sus directivos por ese supuesto cierre intencionado de los embalses. Cuatro altos cargos de la tercera compañía del Ibex 35 por capitalización tuvieron que acudir hace dos semanas a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigados, según han confirmado a este diario fuentes próximas al procedimiento. El caso apenas ha tenido trascendencia en los medios, pero sigue avanzando a paso firme, en gran medida, por la abundante información que encontró la UCO durante el registro de las oficinas de Iberdrola Generación en Madrid y Bilbao en mayo de 2017.

Como ya adelantó este diario, los agentes localizaron correos electrónicos, comunicaciones internas y archivos de Excel que demostraban que la compañía había planificado para diciembre de 2013 más producción de energía hidráulica que en el mes anterior. Sin embargo, sus embalses produjeron en diciembre mucha menos energía que en noviembre. Esa documentación interna demostró que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes, a pesar de que en 2013 sus cálculos internos y los factores ambientales arrojaban cifras muy superiores a las de otros ejercicios.

La UCO pidió a Iberdrola que aclarara estas incongruencias, que habrían sido suficientes para forzar la entrada en funcionamiento de sus centrales de ciclo combinado con la misión de suplir la escasez de energía hidráulica. Ante las preguntas de los agentes, los directivos de la eléctrica admitieron que las tarifas se fijaban utilizando un método tan rudimentario y poco transparente como el de las órdenes verbales. La Guardia Civil ni siquiera encontró las actas de las reuniones en las que supuestamente se habían fijado los precios. Asimismo, según los informes incorporados a la causa, Iberdrola tampoco disponía en ese momento de un protocolo interno que aclarara qué nivel jerárquico de su estructura debía participar exactamente en el proceso de formación de las tarifas, ni qué parámetros eran los que tenían en cuenta sus responsables para calcularlas. 

Esos informes demostraron que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes 

Iberdrola ha restado valor a las pérdidas declaradas por los intermediarios. “En el proceso de instrucción, se ha solicitado información a las comercializadoras en posición compradora en las fechas objeto de investigación, pero de momento no hay ninguna personada ni hay nada que acredite que el posible perjuicio a las compañías comercializadoras se pueda atribuir a Iberdrola”, ha asegurado a este diario a través de una portavoz.

“Iberdrola ha mantenido siempre que en ningún momento realizó una manipulación fraudulenta de los precios en las ofertas de producción hidroeléctrica en este periodo. Iberdrola Generación no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado. Es decir, no solo no tenía capacidad para hacerlo, sino que además el incremento del precio del mercado le perjudicaba, como así fue”, sostiene la compañía. “El precio del mercado en aquellas fechas subió por la confluencia de circunstancias ajenas a la compañía, entre ellas, una alta demanda, una producción eólica baja, la indisponibilidad de centrales nucleares y los precios altos de gas en los mercados internacionales. Iberdrola Generación actuó como un gestor prudente, ofertando la totalidad de la producción y reflejando en sus ofertas de producción hidroeléctrica el incremento de valor que tenía el agua en ese escenario de escasez, como ha quedado probado por varios informes de expertos cualificados independientes”

El futuro de los combustibles. Antonio Turiel : "Nos estafan con el diésel: la excusa es que contamina, pero en realidad se acaba"

ANTONIO TURIEL, CIENTÍFICO DEL CSIC 

 

"Nos estafan con el diésel: la excusa es que contamina, pero en realidad se acaba" 

 

El investigador sostiene que nos encontramos a las puertas del 'petrocalipsis' y que los vehículos eléctricos no podrán sustituir las prestaciones de los actuales

Antonio Turiel, científico del CSIC. (Informativos.net)

El Confidencial

Autor

Alfredo Pascual

Algo pasa con el diésel. Durante el último año, y solo en español, se han publicado más de 600.000 noticias que contienen las palabras 'diésel' y 'contaminación'. El combustible estrella desde los noventa —recuerden aquel "diésel gustazo" de Salas y Summers— se ha transformado, a partir del 'dieselgate', en una catástrofe medioambiental contra la que hay que tomar medidas inmediatamente.

Europa, la misma que impulsó las rebajas fiscales al diésel desde finales de los noventa, ahora abronca a España por no equipararlo fiscalmente a la gasolina. Incluso Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, adelantó el pasado verano la muerte del combustible: "Durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida". En consecuencia, España registró en febrero la tasa de matriculación de este tipo de vehículos más baja en 22 años, y desde 2011 ha perdido un 29% de presencia en el parque móvil. Mientras, varios de los principales fabricantes de automóviles ya han anunciado que dejarán de fabricar motores gasóleo a corto plazo. El diésel está sentenciado, al menos en Europa.

Sin embargo, no hay motivos ecológicos que justifiquen la urgente desaparición de este tipo de motores. No, al menos, en comparación con sus versiones gasolina e incluso híbrida, que muestran tasas de contaminación superiores a las de las últimas generaciones diésel. "Nos están engañando. Nos cuentan la milonga de que el diésel es muy contaminante para no decirnos la verdad: que el gasóleo se está acabando y que todos, tanto la industria como los consumidores, tenemos que hacer una transición forzada que no tenemos tiempo suficiente para acometer". 

El científico autor de la frase anterior lleva advirtiendo desde 2012 en su 'blog', Oil Crash, del agotamiento de los combustibles fósiles

El autor de la frase es Antonio Turiel (León, 1970), físico, matemático, doctor en Física Teórica e investigador del CSIC. También es una de las voces más respetadas en materia de aprovechamiento de los recuros naturales. El científico lleva advirtiendo desde 2012 en su 'blog', Oil Crash, del agotamiento de los combustibles fósiles, de los cuales el diésel sería la punta de lanza. Tenía razón. Seis años después, con los precios disparados y la producción de gasóleo en una recesión histórica, Turiel considera que hemos llegado al final de la movilidad tal y como la conocemos.

PREGUNTA. ¿Qué pasa con el diésel? 

RESPUESTA. Que se está agotando. Como reconoció la Agencia Internacional de la Energía, el petróleo convencional llegó a su máximo en 2005, y desde entonces no ha dejado de caer. Lo hemos intentado compensar con el uso de petróleo no convencional, pero nos hemos encontrado con varios problemas: el primero, que es mucho más caro de extraer; el segundo, que no se puede hacer crecer la producción fácilmente, y el tercero, que no sirve para refinar diésel. Por eso su producción de gasóleo ha estado cuatro años estancada y ahora está en decrecimiento, no por la contaminación.

Datos: Jodi-Oil. Elaboración: Antonio Turiel.

P. Pero sí es contaminante.

 R. Todos los combustibles fósiles con contaminantes, incluso los no derivados del petróleo. Y es cierto que el diésel tiene unas emisiones de partículas severamente contaminantes, pero esto lo sabemos desde hace 20 años, y lo cierto es que algunos motores nuevos, como el Euro6, contaminan 10 veces menos que los primeros diésel. Se está creando una cortina de humo para ocultar el problema real, que es que no hay diésel y que la industria se va a venir abajo. Nos hablan de transición, pero no hay tiempo, con los plazos estipulados, para hacer ninguna transición. 

P. Una transición en el Titanic, en un escenario de sálvese quien pueda. 

R. La Agencia Internacional de la Energía alertó en un informe reciente de que, de continuarse el ritmo de desinversiones en petróleo que llevan ahora mismo las petroleras, podríamos encontrarnos en 2025 con un desabastecimiento del 37% del mercado, con un 14% en el escenario más optimista, siempre con varios picos de precio en el proceso. Esto es bastante grave: si se cumple, lo pasaremos mal.

Informe de la Agencia Internacional de la Energía.

P. ¿Y la gasolina?

R. La gasolina viene detrás, dentro de unos tres o cuatro años. 

P. ¿Qué hay de los motores híbridos, el modelo de transición? 

R. Hay un desconocimiento total en este asunto. Los motores híbridos, en general, contaminan más que los nuevos diésel. Es más, los híbridos están entre los vehículos que más contaminan del mercado, solo hay que echarle un ojo a las tablas. Pero esto el consumidor nunca lo va a comprobar, si le dicen que es poco contaminante, pues ya está. 

P. Entonces avanzamos a toda velocidad hacia la extinción de los hidrocarburos. 

R. ¡No! Vamos más rápido porque consumimos cada vez más energía, pero el pico del petróleo es un proceso que conocemos hace décadas, lo que pasa es que ahora hemos comenzado el declive y no tenemos nada planficado. Su efecto será diferente según los países, porque unos tendrán acceso a más cuota y otros a menos, la pregunta es dónde se situará España. 

R. Si yo me compro un coche diésel mañana, ¿usted cree que me están estafando? 

R. Absolutamente, porque no le están diciendo toda la verdad, como por ejemplo que al final de la vida del coche no va a poder circular por ningún sitio. Pero es que tampoco con un gasolina ni con un híbrido: la Ley de Cambio Climático, que está en tramitación, establece que solo los vehículos eléctricos podrán entrar en el centro de las poblaciones con más de 50.000 habitantes dentro de cuatro años. La obsesión de ahora con los coches es porque está empezando a faltar combustible. 

P. ¿Por qué cree que los gobiernos están engañando a la sociedad? 

R. Porque este es un problema muy difícil de gestionar desde el libre mercado. Si admites que tienes un problema de acceso a un bien, lo que tienes es un problema de racionamiento, que es la antítesis del libre mercado. Es más sencillo venderlo como una regulación del mercado, aunque obviamente es un problema estructural. 

P. Desde luego, las desinversiones de las petroleras están señalando algo. 

R. Esto es público y notorio. Hace poco, Antonio Brufau, presidente de Repsol, dijo que ya no van a invertir en más yacimientos de petróleo porque no es rentable, ahora están comprando centrales eléctricas. Es un fenómeno global, excepto en Estados Unidos, donde Trump se ha empeñado en apuntalar el 'fracking' a costa de acumular una deuda mastodóntica. Las petroleras están perdiendo dinero a manta. Se estima que las 127 compañías de hidrocarburos más grandes del mundo, durante el periodo 2011-2014, el de mayores beneficios, perdían conjuntamente más de 110.000 millones de dólares al año. No me quiero ni imaginar lo que se estarán dejando ahora. 

P. ¿Es el 'fracking' una burbuja? 

R. Hay burbujas especulativas en muchas de las materias primas, pero el 'fracking' es un caso particularmente sangrante. Cuando esa burbuja estalle, lo de 2008 nos va a parecer pequeño. 

R. También sostiene que la industria del automóvil, que supone el 10% del PIB nacional, se viene abajo. 

R. Me consta que algunas compañías de coches están valorando un escenario en el que tengan que reducir en un 95% su producción. La patronal, por su parte, estima que se perderán muchos empleos, ya que la mecánica y el mantenimiento del vehículo eléctrico es mucho más sencillo. Se moverán las líneas de producción a otros lugares y los trabajadores de las plantas acabarán en la calle. A los mecánicos les harán reciclarse e invertir en nueva maquinaria solo para descubrir que habrá menos coches en general y que, los que haya, se estropearán menos. Y los que tengan una estación de servicio que no se dejen engañar, si no les subvencionan la instalación, acabarán perdiendo dinero. Aquí la clave es que vendan menos de cinco millones de litros al año... o que vendan muchísimos más. 

R. Entiendo que esto repercutiría en muchos otros sectores. 

R. Agricultores, constructores, transportistas... e incluso ciudadanos de a pie, que tienen que mentalizarse de esto, de que van a ser peatones de ahora en adelante.

Madrid es líder en matriculación de coches eléctricos. (EFE)

"El coche eléctrico no sustituirá al actual"

P. Tampoco le convence el vehículo eléctrico, nuestra gran salvación. 

R. Es que nunca podrá ser un vehículo de masas. Sus prestaciones, por motivos simples, termodinámicos, nunca, nunca van a ser comparables a las de un motor de combustión interna. Además, siempre va a ser caro de adquirir, porque tiene una electrónica de control mucho más compleja, y plantea dificultades a la hora de cargarlo. Si haces cargas rápidas, que llevan en torno a 20 minutos, disminuirás drásticamente la vida de la batería. Es la entropía, física básica, no creo que eso vaya a cambiar fácilmente. 

P. Pero el coche eléctrico aún está en pañales, se mejorará la tecnología. 

R. Eso es un error común en la sociedad. El coche eléctrico lleva investigándose desde hace casi 100 años, a ver si nos pensamos que los 'rover' que se han enviado a otros planetas funcionan con gasolina. En el caso de la tecnología de las baterías son dos siglos de estudio, desde tiempos de Alessandro Volta. Hemos estudiado sus usos industriales, comerciales... Es un desarrollo que tiene muchísimas décadas y que conocemos a fondo. En este campo cuesta mucho conseguir un avance en términos de rendimiento. Por eso a veces te promocionan el grafeno u otros materiales, pero pocas veces llegan a plasmarse en un modelo comercial. También creemos esto con las energías renovables, que estamos empezando, sin reparar en que los primeros aerogeneradores son de hace 40 años. Son industrias que han entrado en rendimientos decrecientes. 

P. Usted lo explica en su 'blog' aludiendo a un tráiler. 

R. Sí. Si calculas la capacidad de tracción de un tráiler y la densidad de energía que entra por cada kilo, te das cuenta de que un camión que transporte 15 o 20 toneladas va a tener que dedicar el 80% del peso a la batería eléctrica. El motor eléctrico es inviable para vehículos grandes o que necesiten mucha potencia. Y lo peor es que, cuanto más pese el vehículo, el problema se agrava. 

P. Justo al contrario que sucede con las baterías de los móviles. 

R. Claro, pero es que los móviles no son móviles, sino movibles. Su peso lo transportas tú.

Turiel, en su despacho del Institut de Ciències del Mar, en Barcelona. (A. T.)

P. ¿Adónde nos lleva todo esto? 

R. En estos momentos se están penalizando desde los gobiernos los motores de hidrocarburos sin desplegar una alternativa real. De modo que esto nos puede llevar a una disminución importante del transporte privado tal y como lo conocemos en favor de pequeños vehículos eléctricos, como los patinetes y las bicicletas. Nos están peatonalizando en masa. 

P. Recuerda, más o menos, a Madrid Central.  

R. Todos estos cierres del centro de las ciudades responden a normativas europeas impulsadas desde Bruselas. Allí me consta que saben perfectamente al problema que se enfrentan. Ni Madrid ni España van a ser las únicas en adoptar estas medidas en los próximos años, a medida que el problema de la escasez de hidrocarburos vaya haciéndose más y más patente. Madrid Central es una medida bienintencionada que solo sirve para aplazar el problema de la contaminación unos cinco años: después tendremos que plantearnos qué hacer con la maquinaria industrial, los taxis, los aviones y los barcos, que son vehículos que no se pueden electrificar. 

P. ¿Usted qué haría para evitar la debacle energética que anuncia? 

R. Es un problema muy serio, porque yo creo que es indispensable la limitación de los combustibles fósiles, y esto implica el racionamiento, que es un término siempre muy desagradable. Limitar la producción no será compatible con el crecimiento, de forma que tendríamos que adaptarnos a una economía del decrecimiento. En cuanto a medidas concretas, lo que yo haría es alimentar los vehículos indispensables (de reparación, de emergencias...) con biocombustibles, de forma que pudieran mantener el motor de combustión interna. Y para la movilidad personal, transporte público y vehículo eléctrico, aquí sí veo un margen de crecimiento importante. Lo importante es alcanzar un acuerdo internacional para establecer cómo y cuándo vamos a hacer la transición... Pero eso requiere una visión a largo plazo, que no es el fuerte de los políticos.

Sobre el "impuesto al Sol". Así será la batalla qeu se va a librar en Europa este año

Así será la batalla por el 'impuesto al sol' que se va a librar en Europa este año

Los partidarios de poner impuestos al autoconsumo y los que no ya han puesto sus cartas sobre la mesa. A partir de ahora, viene una negociación a tres bandas sin un claro vencedor

Todas las fuerzas políticas menos PP y UPN se han puesto de acuerdo para impulsar el autoconsumo.

Autor

Juan Cruz Peña. Estrasburgo 

Fuente

El Confidencial

La opinión del Parlamento Europeo conocida esta semana en Estrasburgo era la tercera pata de un banco al que se tendrán que sentar también la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que antes de que finalice 2018 todos los ciudadanos del Viejo Continente gocen de unas pautas en materia energética. De esta manera, tendrán la guía que les marque el camino a seguir hacia el objetivo comprometido por todos en 2015: cumplir con el Acuerdo de París de descarbonización total en 2050 que revierta el cambio climático.

Sin embargo, el camino elegido para lograr ese histórico y elevado objetivo común ha sumido a Europa en una batalla política en la que cada país demuestra sus intereses particulares. España, por su parte, también. Pero además, las últimas cumbres comunitarias están aflorando las diferencias internas de España, cuya polémica más evidente es el 'impuesto al sol'. Este gravamen, denominado de forma oficial como 'peaje de respaldo', fue alumbrado en la primera legislatura de Mariano Rajoy. El exministro de Industria, José Manuel Soria, y el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, trazaron esta normativa que añade un recargo a aquellos usuarios que realicen autoconsumo siempre y cuando estén conectados a la red y tengan una potencia instalada de más de 10 KW.

La medida fue duramente criticada desde algunos sectores de la sociedad mientras que las grandes eléctricas y el operador del sistema se mostraron satisfechos. Una normativa que hoy se sostiene gracias al veto de Ciudadanos con el PP en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley que pretendía tumbarlo. El revuelo acabó con denuncias que el Tribunal Supremo ha zanjado desestimando los recursos contra la normativa. La única victoria que lograron los beligerantes del 'impuesto al sol' fue el pasado 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el artículo que prohíbe el autoconsumo compartido, después de que la Generalitat de Cataluña hiciera un recurso contra esta normativa, que también obliga a Industria a que el registro de autoconsumidores sea potestad de las Comunidades Autónomas y no del Ministerio de Energía.

Con este panorama nacional, la batalla se ha elevado a Europa. Ambos bandos, los partidarios del tributo y los que no lo son, centran ahora sus fuerzas en lo que suceda en Bruselas, donde este año tendrá que alumbrarse una directiva sobre energías renovables que también tendrá que discutir este punto. Se trata de la madre de todas las batallas por este asunto, ya que lo que salga adelante deberá ser transpuesto a las legislaciones nacionales, con lo que lo que está en juego tendrá mayor rango legal que todo lo aprobado en el ámbito nacional en España hasta ahora.

A mediados de enero, ya están fijadas las posiciones por parte de los actores que deberán negociar. En primer lugar, está el Consejo Europeo. Se trata del organismo que reúne a los máximos responsables políticos de cada país. En este asunto en concreto, a los 28 ministros de Energía de la Unión Europea. El representante de España, Álvaro Nadal, volvió a finales de diciembre contento de la cumbre comunitaria. Según señaló entonces su ministerio: "Es muy positivo el tratamiento del autoconsumo. España comparte la orientación que ha propuesto el Consejo, que refleja claramente que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no".

La posición del Consejo es muy importante. Los Estados son quienes financian las iniciativas por lo que su voz se tiene muy en cuenta. Algunas fuentes explican que la posición que fijó en diciembre esta institución estuvo marcada por la urgencia de Estonia, el presidente semestral quería cerrar su etapa al frente del Consejo y algunos estados aprovecharon para apurar sus opciones. También Nadal con el impuesto al sol.

El eurodiputado socialista, José Blanco.

Sin embargo, no todo lo decide el Consejo, ahora tendrá que vérselas con el Parlamento en los trílogos, que son las negociaciones a tres bandas entre Eurocámara, Consejo y Comisión. Aquí ha jugado un papel determinante José Blanco, exministro socialista y eurodiputado encargado de fijar la posición del Parlamento en materia de renovables. Una de las líneas rojas marcadas por el gallego tenía que ver precisamente con el 'impuesto al sol'. Su proposición "blinda el autoconsumo como un derecho. Los Estados miembros no podrán gravar el autoconsumo de energía si esta permanece fuera de la red y no podrán establecer ningún tipo de recargo como el llamado 'impuesto al sol'. Esta propuesta es opuesta a la del Consejo.

La votación de las dos enmiendas relativas al autoconsumo dio un resultado contundente: 594 votos a favor, 67 en contra y 20 abstenciones. Además la votación dejó algunos titulares. El Partido Popular Europeo votó a favor de la medida propuesta por el miembro del socialismo europeo José Blanco. Todos excepto los populares españoles y húngaros, que votaron en contra. El tema del 'impuesto al sol' es ignorado más allá de los Pirineos. Los más de cincuenta eurodiputados que intervinieron en el debate previo a la votación de la propuesta de renovables no hicieron ni una sola mención a este asunto.

Pese a que el Consejo optó por la tesis de Nadal respecto al autoconsumo, su victoria no está clara. La voz del Consejo suele tener mayor fuerza que la del Parlamento, pero la amplia mayoría que recibió esta propuesta le pondrá las cosas difíciles. El propio José Blanco ha afirmado en reiteradas ocasiones que él no se levantará de la negociación sin resolver este asunto. Otro hándicap para el consejo, explican algunos expertos, es que estará liderado por Bulgaria, quien tiene la presidencia rotatoria los próximos seis meses. Muchos opinan que se trata de un país con poco peso dentro de la Unión y que no tendrá la fuerza que podría ejercer Francia o Alemania.

Con este panorama, cobra especial relevancia el papel que juegue la tercera pata del banco negociador: la Comisión Europea. Y además, tendrá un marcado acento español porque el responsable en la materia es el comisario de Energía y Acción contra el Cambio Climático Miguel Arias Cañete. La actitud que adoptará en los trílogos puede ser determinante y es una incógnita dados los conflictos internos a los que va a tener que enfrentarse.

Blanco le lanzó esta semana un mensaje directo: "Espero que me ayude a sacar adelante el mandato del Parlamento Europeo, que se ha visto reforzado con una amplia mayoría a favor". Sin embargo, a nadie se le escapa que Arias Cañete es miembro del Partido Popular. Que viene del Gobierno de Rajoy y que fue el presidente quien apoyó su candidatura al Ejecutivo comunitario. Sin embargo, procede del ramo de Agricultura y Medioambiente, que está impulsando todo lo que tiene que ver con la lucha con el cambio climático. No obstante, en Moncloa la ascendencia de Álvaro Nadal, quien fue director de la oficina económica y al frente de la cual está ahora su cuñada Eva Valle (mujer de Alberto Nadal), es muy superior a la de sus compañeros del ministerio de Isabel Tejerina.

Miguel Arias Cañete, saluda a la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina. (EFE)

Fuentes conocedoras de la casuística aseguran que Arias Cañete quiere dejar cerrada la directiva de renovables antes del verano, ya que después se arriesga a que quede en manos de otro. Desde alguna compañía ven a Cañete, dado el puesto que ocupa, como un referente contra el cambio climático tras la abdicación de Barack Obama. Sin embargo, el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, está haciendo todo lo posible por liderar esa causa.

Con el Consejo Europeo a favor del 'impuesto al sol' y el Parlamento comunitario claramente en contra, la clave puede estar en manos de Arias Cañete, que tendrá que lidiar entre las presiones que le lleguen de Madrid y la posibilidad de estampar su firma para la posteridad como el comisario que cerró la directiva más ambiciosa en la lucha contra el Cambio Climático, el gran reto mundial que se dieron los estados en el Acuerdo de París. Y entre medias decidir cómo queda el polémico 'impuesto al sol'.

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En la infografía superior se describe la comparación entre el sistema de autoconsumo eléctrio español, inglés y norteamericano. En España se paga como mínimo 1.500 euros para la tramitación de la instalación; los autoconsumidores deben regalar a las compañías los excedentes de electricidad que generen sus paneles y los gastos impuestos en la factura supone un menor ahorro de, al menos 220 euros. En Gran Bretaña no se paga nada en trámites administrativos y el Estado paga al autoconsumidor una cuota, al igual que en Estados Unidos.

 

Esta es la  comunicación de la sentencia en la página web del CGJP

El Tribunal Supremo avala el Real Decreto de autoconsumo eléctrico y rechaza que exista un "impuesto al sol"

La sentencia considera importante poner de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

En primer término, la sentencia considera importante poner de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada. “No hay por tanto, y frente a la expresión que ha hecho fortuna, "impuesto al sol" propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente”, subraya el Supremo.

El alto tribunal estudia la alegación de la entidad recurrente de que el Real Decreto impugnado, en particular los artículos 17 y 18, vulneran el artículo 9.3 de la Ley del Sector Eléctrico, el cual establece que los autoconsumidores ha de pagar "los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que corresponden a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo". En opinión de los recurrentes, los citados preceptos imputan a los autoconsumidores dos cargos adicionales: cargo variable transitorio y cargo fijo, por la energía consumida y la potencia instalada (en ciertos supuestos). Según las citas y explicación de esa parte, se trata de que los autoconsumidores pagarían más que los restantes sujetos por el ahorro de energía que pudieran alcanzar.

La Sala contesta: “No tiene razón la recurrente cuando afirma que se imponen a los autoconsumidores cargos que no pagan los consumidores ordinarios. La cuestión es que la metodología adoptada para los cargos debidos a los costes del sistema y la función de respaldo del sistema incluye como factor de cálculo la totalidad de la energía consumida, incluyendo por tanto la autoconsumida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley, que prevé la posibilidad de que el Gobierno establezca reglamentariamente reducciones en los peajes, cargos y costes no peninsulares "cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes de dichos sistemas", posibilidad que se reitera en los artículos 17.6 y 18.5 del Reglamento impugnado”.

“En cuanto a la potencia contratada, lo que ocurre es que según las características técnicas del sistema del autoconsumidor, éste podrá contratar o no una potencia (inferior) que no incluya la energía autoconsumida, pero ello depende en último extremo del sistema técnico, en concreto del equipo de medida y del carácter gestionable o no de la instalación de autogeneración que instale el propio sujeto”, agrega la Sala.

Lo anterior -indica la sentencia- evidencia que “no tiene razón la entidad recurrente cuando afirma que los referidos artículos 17 y 18 imponen a los sujetos sometidos a las diversas modalidades de autoconsumo a más cargos que a los usuarios comunes. En efecto, no puede calificarse así el hecho de que la metodología básica aprobada por el Gobierno en dichos preceptos tenga en cuenta como uno los factores de cálculo el total de la energía consumida, incluida por tanto la energía autoconsumida que, como resulta evidente, es un elemento que sólo existe en los usuarios autoconsumidores.

El criterio empleado por el Real Decreto impugnado puede resultar objetable para la Asociación recurrente, pero no supone infracción alguna de la previsión legal del artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico pues no es cierto que el autoconsumo pague más cargas o peajes que el consumidor ordinario”.

El Supremo también descarta que suponga discriminación a los autoconsumidores porque el Gobierno haya eximido de los cargos asociados a los costes del sistema hasta el 31 de diciembre de 2019 los sistemas de cogeneración. “Se trata de usuarios distintos con regímenes diferenciados en función de sus características y que el Gobierno decida por razones de oportunidad o de otro género tal exención, no puede ser objetado como discriminatorio por sujetos de características y problemática distinta”, indican.

Asimismo, la sentencia desestima que los artículos 17 y 18 del Real Decreto sean arbitrarios o generen inseguridad jurídica, y también que el Real Decreto sea contrario al derecho comunitario en materia de fomento de las energías renovables, el mercado interior de la electricidad o la eficiencia energética.

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Un jubilado contra la 'gran estafa' de las eléctricas

   

• Lo despidieron hace 21 años tras negarse a participar en un reparto ilegal del mercado 

• Desde entonces denuncia que 'estafan' con el alquiler de los contadores de la luz 

• Ya van 11.224 millones de euros, alerta el ingeniero de Sevilla Antonio Moreno Alfaro 

• Estima que sus denuncias han ahorrado a los consumidores unos 600 millones de euros 

• Endesa intentó sin éxito el cierre judicial de su web, que atiende a miles de consumidores

Están los antiguos contadores electromecánicos y los modernos contadores electrónicos telegestionables, pero el más resistente contador de la luz es humano: un ingeniero industrial jubilado de 71 años de edad. Antonio Moreno Alfaro lleva desde 1994 ejerciendo en solitario desde su mesa de trabajo en el noveno de un bloque de Sevilla como guardián de los consumidores frente a los abusos, irregularidades y «estafas amparadas por la Ley» de las compañías eléctricas. 

Desde que lo despidieron cuando tenía 51 años del fabricante suizo de contadores donde trabajaba en Sevilla, Landis & Gyrs, no volvió a ejercer su oficio, pero a cambio ha dedicado decenas de miles de horas a denunciar y corregir un sector esencial. Desde su sitio, www.estafaluz.com, enseña cómo reclamar. «Paso delante del ordenador diez o doce horas diarias. El domingo es el único día en que salgo a dar un paseo con mi mujer. Estoy atado a la pata de la mesa», dice el colegiado 598 del Colegio de Ingenieros Industriales de Sevilla. 

Subraya que no habría podido sin el apoyo de su mujer, Ana Gómez, médica hematóloga que con su trabajo ayudó a mantener el hogar donde él cobraba sólo la ayuda para parados mayores de 52 años, y de sus cuatro hijos. Los dos varones, Antonio y Pablo, diseñador industrial uno e ingeniero electrónico y de telecomunicaciones el otro, le montaron la web y le enseñaron a programar con lenguaje html; Ana y Beatriz son psicóloga y estudiante de Pediatría.

Dice que la energía la saca de la indignación por su despido. Cuenta que lo echaron bajo la acusación de robar documentos, pero señala que esa carpeta que efectivamente se llevó el día que lo despidieron se la entregó al juez para denunciar que los fabricantes de contadores, reunidos en el «grupo clandestino Contact», se estaban repartiendo ilegalmente el mercado. Asevera que la causa real de su despido fue que se negó a participar en esas reuniones y lo reveló. 

Miles de denuncias de consumidores

Endesa pidió que cerraran su página por calumnias pero el juez dictaminó que le ampara la libertad de expresión. Destaca que cada denuncia que publica se basa en documentos oficiales y en los casos que le envían los consumidores. Como el de una mujer de Cádiz cuya factura pasó de 30 euros a más de mil. 

Enseña su bandeja de correo, estafaluz@gmail.com, con 6.994 mensajes recibidos desde que cambió a gmail hace cuatro años. Ha respondido a 5.400 y dice con apuro que debe contestar al resto. Las misivas han aumentado desde que hace unos días elconfidencial.com le hizo una entrevista que ha reverdecido su proyección de hace unos años. De IU son los únicos políticos que le han apoyado, antes Antonio Romero y ahora José Luis Centella.

Le enseñamos nuestra factura de la luz, con Endesa Energía XXI S.L.U. Y nos aconseja: «Es mejor, sin duda, estar en una de las cinco comercializadoras del mercado regulado, como ésta, que no en las numerosas del mercado libre», en el que aquéllas tienen sus filiales, como Endesa Energía Unipersonal S.A. «En el mercado regulado, reclamar ante la Junta es gratuito; en el mercado libre, hay que ir a los tribunales». Éstas son encima más caras, avisa.

¿En qué se basa para afirmar que las grandes eléctricas llevan estafados 11.224 millones de euros a sus clientes desde diciembre de 1984, y creciendo, «con la complicidad de los gobiernos del PSOE y el PP»? Indica en nuestra factura el concepto Alquiler equipos de medida y control, que con el contador telegestionable, más moderno, vale 0,85 euros al mes, y con el electromecánico, 0,54. No parece una cantidad por la que merezca la pena disgustarse: pero multiplicada por 27 millones de contadores domésticos en España -unos 9 modernos y el resto pendientes de sustituir-, representa millones al mes. Explica que desde 1984 rige una orden del Gobierno que multiplicó por 30 -desde 2,45 pesetas- el precio que las eléctricas podían cobrar por el alquiler del contador a razón de un 1,25% del coste medio del aparato, pero a cambio de que las empresas destinaran el dinero recaudado a costear la verificación de esos contadores. 

Contadores sin verificar

Denuncia que esa verificación no se hace, salvo en contados casos cuando un cliente reclama e interviene Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), organismo de la Junta; de manera que el dinero del alquiler es un beneficio más para las empresas. Teniendo en cuenta que un aparato moderno le cuesta a la empresa unos 25 o 30 euros, en tres años ha amortizado su coste.

Añade que «la estafa ha aumentado» porque la evolución del precio legal por el alquiler no se ha vinculado, como sería lógico, al del coste del aparato, sino al del precio del kilowatio/hora, que no ha dejado de subir. A ese dinero cobrado indebidamente, según sus denuncias, hay que sumar los kilovatios facturados de más por los contadores que no miden bien. Enseña un estudio de la organización de consumidores OCU en el que colaboró, que reveló en el año 2000 que el 80% de los contadores que analizaron contaban de más. OCU calculó una sobrefacturación anual de 8.500-14.800 millones de pesetas. Con el fin de mejorar la medición, desde 2010 se están sustituyendo por los telegestionables, pero Antonio Moreno advierte de que éstos tampoco están exentos de error y que sigue sin haber una verificación sistemática.

Sus denuncias han ahorrado "600 millones de euros"

Aunque la «estafa masiva» seguirá, dice, hasta que el Gobierno fije un protocolo de verificación y baje el alquiler, de momento se felicita por sus victorias. Calcula que sus denuncias le han ahorrado a los consumidores y hecho perder a las empresas, al menos en teoría, unos 600 millones de euros. Unos 300 millones son por la bajada desde 2001 del 10% del alquiler del contador y 300 más por la obligación desde 2010 de que los 11 euros con IVA del derecho de enganche por el cambio del contador lo asuma la empresa. En la práctica, sin embargo, le llegan casos en que la empresa -enseña uno con Endesa- sigue cobrando el cambio de contador y sólo devuelve el dinero tras una engorrosa reclamación. Y, se pregunta, ¿quién pierde días para recuperar once euros? Goliat va así arañando millones.

Bajamos al cuarto de contadores de su bloque, nos enseña el suyo y advierte de otro perjuicio «que pocos conocen». Hay un registro de consumo en hora valle, más barata, y otro para la hora punta, más cara. «Si hay una avería general, el contador se pone en modo punta». 

¿Dejará su lucha? «Ni con millones de millones que me dieran me callarían». Este hijo único se lo debe a sus padres -él, repartidor de giros telegráficos- por su apoyo para que fuera ingeniero; y se lo debe a los que le piden ayuda. «Es como el que es médico y ve que a alguien lo atropellan. ¿Cómo no va a ir a ayudarlo?».

Fuente: El Mundo

La Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia que acusaba a Industria de perdonar 3.400 millones de euros a las eléctricas

 

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético sobre el perdón de 3.000 millones a las eléctricas que llevó a cabo el Ministerio de Industria en 2008, con el PSOE. Lo hace después de interrogar en secreto a una serie de exaltos cargos de ese Ejecutivo. La fiscalía considerar que no aprobar la orden ministerial que habría devuelto a los consumidores lo cobrado de más en los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no supone un delito, según el archivo, fechado el 11 de diciembre.

En julio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció en Anticorrupción que las eléctricas habían cobrado de más a los consumidores y que entre 2008 y 2010 el Gobierno del PSOE dejó que prescribiera la posibilidad de reclamación.

La denuncia no incluía ninguno de los documentos del expediente de los CTC, creados en 1997 como compensación a las eléctricas durante la liberalización. Esos CTC les garantizaban el pago por inversiones que les había obligado a hacer.

En 2006, al ver que las eléctricas estaban cobrando de más, Industria canceló el pago de los CTC pero no realizó una liquidación definitiva para ver si habían cobrado de más. El equipo de Joan Clos, con Ignasi Nieto como secretario general de Energía, pidió a la Abogacía del Estado un dictamen sobre si podía reclamar ese dinero y a la vez comenzó a redactar una orden ministerial con la fórmula para ver a cuánto ascendía, según reconoció el actual ministro, José Manuel Soria, en el Congreso. Aunque nunca se ha calculado cuánto pudieron cobrar de más, Industria estimaba entonces que la cantidad rondaba los 3.000 millones de euros.

Esos documentos, publicados por este diario son algunos de los que el fiscal Luis Rodríguez Sol exhibía ante los cargos que declararon como testigos. Entre ellos estaban el ex director general de Política Energética Jorge Sanz y al ex abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, entre otros.

El fiscal preguntó si habían recibido presiones de las eléctricas y por qué pese a contar con ese dictamen y ese borrador, el equipo de Miguel Sebastián, que entró en 2008, nunca lo publicó. Sebastián ha afirmado que nunca le llegó el borrador de orden ministerial porque nunca se tramitó.

El pasado 11 de diciembre, el fiscal firmó el archivo de las diligencias secretas “tras practicar las investigaciones oportunas para la averiguación de los hechos denunciados, por no desprenderse que pudieran revestir caracteres de delitos”, según explica escuetamente en un folio.

Jorge Morales de Labra, miembro de la plataforma denunciante, afirmó ayer que no comprende el cierre de la investigación: “Con los documentos que han sido publicados consideramos que la reclamación no prescribió en 2010 sino en 2014, por lo que pediremos a la fiscalía que amplíe la investigación al actual Ejecutivo”.

La Plataforma ha llevado el caso a la Comisión Europea, ya que Bruselas autorizó los CTC como ayudas de Estado siempre que no se superara la cantidad inicialmente fijada, algo que el Gobierno español nunca calculó.

Fuente: El País