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miércoles, 28 de octubre de 2015

Sobre la privatización de los servicios públicos. La estafa de las privatizaciones



LA ESTAFA DE LAS PRIVATIZACIONES

Javier Álvarez Villa / Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias y miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.


La transferencia masiva de la gestión de servicios públicos hacia empresas privadas se ha sustentado en un gran engaño argumental. La clase política institucionalizada dio por supuesto, con el apoyo incondicional de los altavoces mediáticos del poder económico, que la gestión privada resultaba más barata que la pública y que era más eficiente, ágil y de mejor calidad, frente a la supuesta lentitud y desidia de las estructuras burocratizadas.

Dos premisas rotundamente falsas que, sin embargo, fueron calando como lluvia fina en la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas a los que se halagaba con el cortés tratamiento comercial de clientes.

El menor coste de la gestión privada de los servicios públicos en ningún caso se justificó con informes solventes que sirvieran de motivación para los procesos de contratación. Pero los estudios “a posteriori”, realizados después de que se consumara la mercantilización de lo público, vinieron a desvelar la impostura. Así, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas de 28 de noviembre de 2013, sobre la fiscalización del sector público local del  ejercicio de 2011, concluye que la gestión privada de la limpieza viaria, del abastecimiento de agua potable y de la recogida de residuos sólidos tiene un coste medio superior a la gestión directa realizada con medios propios de los Ayuntamientos.

El servicio de limpieza viaria de los municipios tiene un coste medio de 18,01 euros por habitante, 16,23 euros si lo gestiona directamente el municipio y 27,83 euros –un  71% más– si el servicio lo presta una empresa a través de una concesión o concierto con la Administración; el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83 euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está privatizado; y el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tiene un coste medio por habitante de 48,76 euros, 42,55 euros en los casos en los que se presta con personal y medios de titularidad municipal y 53,90 en los municipios en los que se presta por empresas privadas.

Por lo que se refiere a la deficiente calidad de la gestión directa de los servicios públicos, utilizada como coartada privatizadora, casi siempre fue generada adrede por los gestores políticos, reduciendo las plantillas de personal mediante la congelación de las ofertas de empleo público y cerrando el grifo de las inversiones. En los últimos cuatro años asistimos a un caso dramático de degradación intencionada de la sanidad pública, cuyo presupuesto se redujo en 10.000 millones de euros entre los años 2009 y 2013 (el 16,3 %), mientras crecían exponencialmente las listas de espera en los hospitales. Los datos aparecen en un  informe del Ministerio de Hacienda, hecho público a comienzos del presente año 2015, conforme al cual el gasto sanitario de las Administraciones Públicas fue en 2013 de 63.006 millones de euros, 9.933 menos que en el año 2009. En términos de PIB, 0,8 puntos porcentuales menos.

Los procesos de privatización de los servicios públicos han encarecido el coste para las arcas públicas, empeorando la calidad de muchas prestaciones y deteriorando las garantías jurídicas de los usuarios. Además, son un grave foco de corrupción y clientelismo laboral.

La privatización de los servicios municipales de abastecimiento de agua, por poner un ejemplo muy significativo, ha caído en poder del duopolio formado por Agbar, controlada por el grupo francés Suez Environnement SA y la constructora FCC, cuyo accionista mayoritario es el mexicano Carlos Slim, la primera fortuna del mundo. FCC ha diversificado su oferta de prestaciones de servicios públicos y, así, en el concejo de Oviedo es concesionaria, además del agua (bajo la marca comercial Aqualia), de la limpieza, la recogida de basuras y del servicio de la grúa.

Agbar figura como el principal donante de la fundaciónde Convergencia Democrática de Cataluña implicada en un proceso judicial de corrupción a gran escala por la financiación ilícita del partido a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Y FCC aparece en los papeles de Bárcenas como donante de generosas sumas ilegalmente trasferidas al Partido Popular.

Una de las filiales del grupo Agbar, Aquagest, protagoniza la llamada “trama del agua”, una tupida red para la obtención de contratos por medio de sobornos, tráfico de influencias, regalos y viajes a personas con poder de decisión en numerosos Ayuntamientos de Galicia y de Asturias, que actualmente investiga la Audiencia Nacional. 

Clientelismo laboral 

Seguramente, una de las consecuencias más graves de la privatización masiva de servicios públicos, si no la peor, ha sido la pérdida del control público de los procesos de selección de los trabajadores vinculados a dichos servicios.

Los Estados Democráticos de Derecho han reconocido como un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los puestos del sector público en condiciones de igualdad, siguiendo procedimientos en los que solo se tenga en cuenta el mérito y la capacidad de los aspirantes. El reconocimiento de este derecho fundamental distingue a los Estados modernos, no solo del Antiguo Régimen, donde los puestos públicos se obtenían por herencia, se compraban o eran un privilegio estamental, sino también del Estado liberal decimonónico, en el que el partido gobernante elegía a sus propios empleados públicos, que cesaban en masa cuando entraba a gobernar el partido alternante (sistema de botín).

Pero, además, el acceso a los puestos públicos mediante procedimientos libres que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad constituye la principal garantía de la actuación imparcial de la Administración Pública y del sometimiento de la misma al interés general. Esta forma de acceso y la fijeza en el empleo constituyen el baluarte que protege a los trabajadores públicos de las presiones internas del poder político y de las externas del poder económico.

La privatización de los servicios públicos, en la medida en la que convierte en privados también a los puestos de trabajo asociados al servicio, recorta y restringe el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los puestos del sector público y compromete gravemente las condiciones para que se preste de manera imparcial, pues desprotege a los trabajadores de las principales garantías para ello: deber el puesto exclusivamente a su propio mérito y la fijeza del empleo.

Junto a las grandes concesiones de servicios públicos, ha proliferado también la adjudicación de contratos de servicios a empresas bien relacionadas con consejeros, alcaldes o concejales, para la prestación de actividades a las Administraciones Públicas, en muchos casos, superfluas, innecesarias o ficticias. Una de las consecuencias más graves de esta red clientelar es el acceso de trabajadores de estas empresas a la condición de empleados públicos mediante el mecanismo fraudulento de la cesión ilegal.

El Ayuntamiento de Oviedo es un buen ejemplo de esta política clientelista de contratación. En los últimos años al menos 70 trabajadores han accedido a la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento siguiendo el mismo proceso fraudulento: adjudicación de un contrato de servicios a una empresa privada cuyos trabajadores se instalan en oficinas municipales, quedando bajo el control y la dirección de funcionarios públicos del Ayuntamiento, demanda ante los Juzgados de lo Social instando el reconocimiento de la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento, comparecencia en el juicio de los concejales y funcionarios que promovieron el contrato para testificar a favor del trabajador y confirmar la cesión ilegal, y sentencia favorable a aquél.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo admitió a trámite en el mes de diciembre de 2014 una querella presentada por el grupo municipal de Foro Asturias por cesión ilegal de trabajadores de la empresa Asac Comunicaciones, imputando al jefe de Gabinete del Alcalde, al jefe del Servicio de Modernización del Ayuntamiento y al consejero delegado de la empresa.

El clientelismo laboral no es solo un privilegio para el trabajador que entra en la Administración por la puerta falsa. Se trata, fundamentalmente, de un agravio comparativo para todos los ciudadanos y ciudadanas que tenían derecho a acceder a ese puesto en igualdad de condiciones.

La regeneración democrática que hoy exige de forma mayoritaria la ciudadanía pasa inexcusablemente por poner fin a la gran estafa de las privatizaciones de los servicios públicos esenciales, volviendo a la gestión directa de los mismos. Los partidos políticos que se han comprometido a liberar la política del control del poder económico tienen aquí su principal piedra de toque. El proceso no será fácil porque los capataces políticos del capital han dejado un terreno minado.

Habrá que elaborar, con paciencia y rigor, un programa de “remunicipalizaciones” y tomar medidas que pueden resultar incómodas, porque nadie puede suponer que gobernar para desmontar un régimen clientelar sea una tarea fácil. Una de ellas, entre las fundamentales, recuperar para el empleo público los puestos de trabajo ahora privatizados, seleccionando a los trabajadores (funcionarios y personal laboral) a base de estrictos principios de igualdad, mérito y capacidad, porque el proceso de recuperación de lo público, si se quiere que sea legítimo, no puede admitir atajos.

domingo, 19 de abril de 2015

Un jubilado contra la 'gran estafa' de las eléctricas


   

  • Lo despidieron hace 21 años tras negarse a participar en un reparto ilegal del mercado 

  • Desde entonces denuncia que 'estafan' con el alquiler de los contadores de la luz 

  • Ya van 11.224 millones de euros, alerta el ingeniero de Sevilla Antonio Moreno Alfaro 

  • Estima que sus denuncias han ahorrado a los consumidores unos 600 millones de euros 

  • Endesa intentó sin éxito el cierre judicial de su web, que atiende a miles de consumidores

Están los antiguos contadores electromecánicos y los modernos contadores electrónicos telegestionables, pero el más resistente contador de la luz es humano: un ingeniero industrial jubilado de 71 años de edad. Antonio Moreno Alfaro lleva desde 1994 ejerciendo en solitario desde su mesa de trabajo en el noveno de un bloque de Sevilla como guardián de los consumidores frente a los abusos, irregularidades y «estafas amparadas por la Ley» de las compañías eléctricas. 

Desde que lo despidieron cuando tenía 51 años del fabricante suizo de contadores donde trabajaba en Sevilla, Landis & Gyrs, no volvió a ejercer su oficio, pero a cambio ha dedicado decenas de miles de horas a denunciar y corregir un sector esencial. Desde su sitio, www.estafaluz.com, enseña cómo reclamar. «Paso delante del ordenador diez o doce horas diarias. El domingo es el único día en que salgo a dar un paseo con mi mujer. Estoy atado a la pata de la mesa», dice el colegiado 598 del Colegio de Ingenieros Industriales de Sevilla. 

Subraya que no habría podido sin el apoyo de su mujer, Ana Gómez, médica hematóloga que con su trabajo ayudó a mantener el hogar donde él cobraba sólo la ayuda para parados mayores de 52 años, y de sus cuatro hijos. Los dos varones, Antonio y Pablo, diseñador industrial uno e ingeniero electrónico y de telecomunicaciones el otro, le montaron la web y le enseñaron a programar con lenguaje html; Ana y Beatriz son psicóloga y estudiante de Pediatría.

Dice que la energía la saca de la indignación por su despido. Cuenta que lo echaron bajo la acusación de robar documentos, pero señala que esa carpeta que efectivamente se llevó el día que lo despidieron se la entregó al juez para denunciar que los fabricantes de contadores, reunidos en el «grupo clandestino Contact», se estaban repartiendo ilegalmente el mercado. Asevera que la causa real de su despido fue que se negó a participar en esas reuniones y lo reveló. 

Miles de denuncias de consumidores

Endesa pidió que cerraran su página por calumnias pero el juez dictaminó que le ampara la libertad de expresión. Destaca que cada denuncia que publica se basa en documentos oficiales y en los casos que le envían los consumidores. Como el de una mujer de Cádiz cuya factura pasó de 30 euros a más de mil

Enseña su bandeja de correo, estafaluz@gmail.com, con 6.994 mensajes recibidos desde que cambió a gmail hace cuatro años. Ha respondido a 5.400 y dice con apuro que debe contestar al resto. Las misivas han aumentado desde que hace unos días elconfidencial.com le hizo una entrevista que ha reverdecido su proyección de hace unos años. De IU son los únicos políticos que le han apoyado, antes Antonio Romero y ahora José Luis Centella.

Le enseñamos nuestra factura de la luz, con Endesa Energía XXI S.L.U. Y nos aconseja: «Es mejor, sin duda, estar en una de las cinco comercializadoras del mercado regulado, como ésta, que no en las numerosas del mercado libre», en el que aquéllas tienen sus filiales, como Endesa Energía Unipersonal S.A. «En el mercado regulado, reclamar ante la Junta es gratuito; en el mercado libre, hay que ir a los tribunales». Éstas son encima más caras, avisa.

¿En qué se basa para afirmar que las grandes eléctricas llevan estafados 11.224 millones de euros a sus clientes desde diciembre de 1984, y creciendo, «con la complicidad de los gobiernos del PSOE y el PP»? Indica en nuestra factura el concepto Alquiler equipos de medida y control, que con el contador telegestionable, más moderno, vale 0,85 euros al mes, y con el electromecánico, 0,54. No parece una cantidad por la que merezca la pena disgustarse: pero multiplicada por 27 millones de contadores domésticos en España -unos 9 modernos y el resto pendientes de sustituir-, representa millones al mes. Explica que desde 1984 rige una orden del Gobierno que multiplicó por 30 -desde 2,45 pesetas- el precio que las eléctricas podían cobrar por el alquiler del contador a razón de un 1,25% del coste medio del aparato, pero a cambio de que las empresas destinaran el dinero recaudado a costear la verificación de esos contadores. 

Contadores sin verificar

Denuncia que esa verificación no se hace, salvo en contados casos cuando un cliente reclama e interviene Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), organismo de la Junta; de manera que el dinero del alquiler es un beneficio más para las empresas. Teniendo en cuenta que un aparato moderno le cuesta a la empresa unos 25 o 30 euros, en tres años ha amortizado su coste.

Añade que «la estafa ha aumentado» porque la evolución del precio legal por el alquiler no se ha vinculado, como sería lógico, al del coste del aparato, sino al del precio del kilowatio/hora, que no ha dejado de subir. A ese dinero cobrado indebidamente, según sus denuncias, hay que sumar los kilovatios facturados de más por los contadores que no miden bien. Enseña un estudio de la organización de consumidores OCU en el que colaboró, que reveló en el año 2000 que el 80% de los contadores que analizaron contaban de más. OCU calculó una sobrefacturación anual de 8.500-14.800 millones de pesetas. Con el fin de mejorar la medición, desde 2010 se están sustituyendo por los telegestionables, pero Antonio Moreno advierte de que éstos tampoco están exentos de error y que sigue sin haber una verificación sistemática.

Sus denuncias han ahorrado "600 millones de euros"

Aunque la «estafa masiva» seguirá, dice, hasta que el Gobierno fije un protocolo de verificación y baje el alquiler, de momento se felicita por sus victorias. Calcula que sus denuncias le han ahorrado a los consumidores y hecho perder a las empresas, al menos en teoría, unos 600 millones de euros. Unos 300 millones son por la bajada desde 2001 del 10% del alquiler del contador y 300 más por la obligación desde 2010 de que los 11 euros con IVA del derecho de enganche por el cambio del contador lo asuma la empresa. En la práctica, sin embargo, le llegan casos en que la empresa -enseña uno con Endesa- sigue cobrando el cambio de contador y sólo devuelve el dinero tras una engorrosa reclamación. Y, se pregunta, ¿quién pierde días para recuperar once euros? Goliat va así arañando millones.
Bajamos al cuarto de contadores de su bloque, nos enseña el suyo y advierte de otro perjuicio «que pocos conocen». Hay un registro de consumo en hora valle, más barata, y otro para la hora punta, más cara. «Si hay una avería general, el contador se pone en modo punta»

¿Dejará su lucha? «Ni con millones de millones que me dieran me callarían». Este hijo único se lo debe a sus padres -él, repartidor de giros telegráficos- por su apoyo para que fuera ingeniero; y se lo debe a los que le piden ayuda. «Es como el que es médico y ve que a alguien lo atropellan. ¿Cómo no va a ir a ayudarlo?».

Fuente: El Mundo

viernes, 19 de diciembre de 2014

La Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia que acusaba a Industria de perdonar 3.400 millones de euros a las eléctricas

Redes eléctricas. 



La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético sobre el perdón de 3.000 millones a las eléctricas que llevó a cabo el Ministerio de Industria en 2008, con el PSOE. Lo hace después de interrogar en secreto a una serie de exaltos cargos de ese Ejecutivo. La fiscalía considerar que no aprobar la orden ministerial que habría devuelto a los consumidores lo cobrado de más en los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no supone un delito, según el archivo, fechado el 11 de diciembre.

En julio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció en Anticorrupción que las eléctricas habían cobrado de más a los consumidores y que entre 2008 y 2010 el Gobierno del PSOE dejó que prescribiera la posibilidad de reclamación.

La denuncia no incluía ninguno de los documentos del expediente de los CTC, creados en 1997 como compensación a las eléctricas durante la liberalización. Esos CTC les garantizaban el pago por inversiones que les había obligado a hacer.

En 2006, al ver que las eléctricas estaban cobrando de más, Industria canceló el pago de los CTC pero no realizó una liquidación definitiva para ver si habían cobrado de más. El equipo de Joan Clos, con Ignasi Nieto como secretario general de Energía, pidió a la Abogacía del Estado un dictamen sobre si podía reclamar ese dinero y a la vez comenzó a redactar una orden ministerial con la fórmula para ver a cuánto ascendía, según reconoció el actual ministro, José Manuel Soria, en el Congreso. Aunque nunca se ha calculado cuánto pudieron cobrar de más, Industria estimaba entonces que la cantidad rondaba los 3.000 millones de euros.

Esos documentos, publicados por este diario son algunos de los que el fiscal Luis Rodríguez Sol exhibía ante los cargos que declararon como testigos. Entre ellos estaban el ex director general de Política Energética Jorge Sanz y al ex abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, entre otros.

El fiscal preguntó si habían recibido presiones de las eléctricas y por qué pese a contar con ese dictamen y ese borrador, el equipo de Miguel Sebastián, que entró en 2008, nunca lo publicó. Sebastián ha afirmado que nunca le llegó el borrador de orden ministerial porque nunca se tramitó.

El pasado 11 de diciembre, el fiscal firmó el archivo de las diligencias secretas “tras practicar las investigaciones oportunas para la averiguación de los hechos denunciados, por no desprenderse que pudieran revestir caracteres de delitos”, según explica escuetamente en un folio.

Jorge Morales de Labra, miembro de la plataforma denunciante, afirmó ayer que no comprende el cierre de la investigación: “Con los documentos que han sido publicados consideramos que la reclamación no prescribió en 2010 sino en 2014, por lo que pediremos a la fiscalía que amplíe la investigación al actual Ejecutivo”.

La Plataforma ha llevado el caso a la Comisión Europea, ya que Bruselas autorizó los CTC como ayudas de Estado siempre que no se superara la cantidad inicialmente fijada, algo que el Gobierno español nunca calculó.

Fuente: El País



jueves, 27 de noviembre de 2014

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Industria por "perdonar" 3.000 millones de euros a las eléctricas, según la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

 

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Industria por "perdonar" 3.000 millones de euros a las eléctricas, según la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Fuente: http://www.nuevomodeloenergetico.org 

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el Gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañía eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) percibidos en exceso por estas empresas, según denunció la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en julio del pasado año y publica el diario El País.

Los hechos se remontan al año 1997, cuando las eléctricas y el Gobierno del PP pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.

La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el extraordinario incremento de los precios del mercado eléctrico –en el que, por cierto, tres de las propias eléctricas ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto. Pero el procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.

Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de UNESA, en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más.

Descargar la denuncia aquí

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domingo, 3 de marzo de 2013

Agua: del derecho al negocio. Sobre la venta de la gestión municipal del suministro de agua a empresas privadas

La ONU declaró el agua como un derecho humano en 2010
La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación 

Reportaje de LUCÍA VILLA en Diario Público

Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.

Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.

"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas.

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.

En sus conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.

"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.

Su agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.

Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.

Un valor de mercado

El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.

Gistau defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.

Babiano asegura que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".

Comprobar con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.

Roque Gistau insiste en que se trata de un debate "artificial": "Creo que hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle frente", argumenta.

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.

sábado, 30 de junio de 2012

Incremento en los precios de productos energéticos a partir del domingo, 1 de julio. La bombona de butano sube un 5,92 por 100; la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) un 3,95 por 100 y el gas natural un 2,96 por 100.


GASES LICUADOS DE PETROLEO ENVASADOS (“BOMBONA”)

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg. e inferior a 20 Kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

Desde las cero horas del día 1 de julio de 2012, el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo envasados en recipientes de capacidad igual o superior a 8 kg e inferior a 20 kg de contenido de GLP, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, será de 111,5645 c€/kg.

GAS NATURAL

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

Los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de suministro de gas natural que estarán en vigor desde las cero horas del día 1 de julio de 2012, serán los indicados a continuación:
Tarifa
Término
Fijo
(€/Cliente)/mes
Variable
c€/kWh
TUR.1
Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año
4,35
5,929151

TUR.2
Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000

kWh/año

8,99

5,263951
La tarifa a aplicar a los consumidores de gases manufacturados por canalización situados en territorios insulares, desde las cero horas de 1 de julio de 2012, es la que se indica a continuación:
Tarifa
Término
Fijo
(€/Cliente)/mes
Variable
c€/kWh
T.1
Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año
4,35
5,929151
T.2
Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año
8,99
5,263951
T.3
Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año
58,49
4,664902
T.4
Consumo superior a 100.000 kWh/año
175,92
4,364402

ELECTRICIDAD

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir del 1 de julio de 2012.

Los precios del coste de producción de energía eléctrica que incluirán las tarifas de último recurso a partir de 1 de julio de 2012, fijando sus valores en cada periodo tarifario, expresados en euros/MWh, en los siguientes:

a) Tarifa de último recurso sin discriminación horaria y con discriminación horaria de dos periodos:
CE0 = 80,20 euros/MWh.
CE1 = 84,24 euros/MWh.
CE2 = 64,49 euros/MWh.
b) Tarifa de último recurso con discriminación horaria supervalle:
CE1 = 83,91 euros/MWh.
CE2 = 72,33 euros/MWh.
CE3 = 58,00 euros/MWh.
Los precios del término de potencia y del término de energía activa de las tarifas de último recurso aplicables a partir del 1 de julio 2012, son los siguientes:
− Término de potencia:
TPU = 21,893189 euros/kW y año.
− Término de energía: TEU.
• Modalidad sin discriminación horaria:
TEU0= 0,149198 euros/kWh.
• Modalidad con discriminación horaria de dos periodos:
TEU1= 0,180838 euros/kWh.
TEU2= 0,067940 euros/kWh.
• Modalidad con discriminación horaria supervalle:
TEU1= 0,180508 euros/kWh.
TEU2= 0,077160 euros/kWh.
TEU3= 0,059725 euros/kWh.

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lunes, 2 de abril de 2012

Incremento del precio de suministro eléctrico: FACUA estima que el precio de la electricidad ha subido un 60 por 100 en los últimos cinco años


Fuente: "La tira y afloja" www.lne.es

La luz ha subido más de un 60% en cinco años, según un análisis de FACUA

Si el incremento de abril asciende al 7% anunciado por el Gobierno, el usuario medio pagará 30,58 euros mensuales más que en 2007.

En abril de 2007, el usuario medio pagaba 48,59 euros al mes (impuestos incluidos) por el recibo de la luz. Hasta el pasado 31 de marzo abonaba 73,99 euros, un 52,3% más (un 49,7% si no se tiene en cuenta la subida del IVA), según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

Y si la subida de abril representase exactamente el 7% anunciado por el Gobierno, pasando el usuario medio a pagar 79,17 euros al mes, el incremento acumulado en 5 años alcanzará nada menos que el 62,9% (60,2% si no se incluye el incremento del IVA de julio de 2010).

El recibo de la luz se habrá encarecido así en 30,58 euros mensuales, nada menos que 366,95 euros al año.

FACUA lamenta que el Gobierno de Mariano Rajoy haya iniciado una política tarifaria similar a la del Ejecutivo anterior, con una brutal subida en abril que representa un ataque injustificado a la economía de las familias, siguiendo el dictado de las compañías eléctricas.

La asociación considera poco creíble la excusa de que se sigue el imperativo de una sentencia del Tribunal Supremo que invalida la congelación de tarifas aprobada por el Gobierno del PSOE en 2011. Y es que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya anunció que la luz subiría en abril antes de que trascendiera la sentencia del Alto Tribunal.

Las tarifas eléctricas en 2002 y en 2007

En la actualidad, un consumidor con 4,4 kW de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kWh (la media en España, según un análisis de FACUA sobre más de 50.000 facturas) paga al mes 73,99 euros (59,6542328 más impuestos indirectos).

En julio de 2011, fecha de la última subida de tarifas antes de la que entrará en vigor este abril, el precio del kWh en la modalidad sin discriminación horaria se fijó, redondeando a dos decimales, en 17,65 céntimos (14,2319 céntimos más el 24,03% que representan los impuestos sobre la electricidad y IVA). Este concepto, el término de energía, representa el 87% del recibo para el usuario medio.

Por su parte, el término de potencia, que supone el 13% de la factura, está en 2,13 euros (1,719427 más impuestos indirectos) por kW.

En abril de 2007, la tarifa vigente era la publicada en el BOE en enero de ese año. Cada kWh se pagaba a 10,96 céntimos (8,9868 más los impuestos indirectos, que entonces representaban el 21,93%). La tarifa por kW de potencia contratada era de 1,93 euros (1,581887 más impuestos).

Así, el usuario medio pagaba hace cinco años 48,59 euros (39,8519908 más impuestos).


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lunes, 19 de marzo de 2012

Gases licuados del petróleo. El precio del término variable aplicable a usuarios finales se incrementará un 10,64 por 100, a partir de mañana.



Hoy aparece en el BOE la Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que contiene un incremento, en cuanto al término variable de los suministros de dicho combustible aplicables a usuarios finales, de un 10,64 por 100.

La anterior tarifa, aprobada mediante la Resolución de 16 de febrero de 2012 de la DGPEM, fijaba el precio del término variable aplicable a usuarios finales en 114,2627 cents./kg., mientras que ahora se establece el precio de aquél en 126,4150 cents./kg.

Reproducimos a continuación la Resolución de 14 de marzo de 2012, que se puede descargar aquí, en formato PDF (fuente: BOE)

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

Primero.

Desde las cero horas del día 20 de marzo de 2012, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:

1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
  • Término fijo: 1,55 euros/mes.
  • Término variable: 126,4150 cents./kg.

2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 112,0484 cents./kg.

Segundo.

Los precios establecidos en el apartado Primero no incluyen los siguientes impuestos vigentes:

  • Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
  • Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.

Tercero. 

Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día de entrada en vigor de la presente resolución.

Cuarto. 

Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha de entrada en vigor de la presente resolución, o en su caso de otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u ordenes aplicables.

Quinto.

Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.

Sexto.

Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Descargar la Resolución completa aquí.