Así, al menos, opinan los inspectores de Hacienda, que algo deben saber de esto.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, asociación profesional que agrupa a la mayoría de estos profesionales, ha presentado en su congreso anual celebrado el pasado jueves el documento denominado “Propuestas en época de crisis. Necesidad de un Plan Especial de la Administración Tributaria”.
Los inspectores estiman en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que el fraude fiscal español que reflejan diversos informes se sitúa entre el 20 y el 25 por 100 del Producto Interior Bruto español.
Con las medidas propuestas, según este colectivo, se posibilitaría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), que es aproximadamente diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales, y que repercutirá en los contribuyentes que ya está pagando.
Entre las medidas que se proponen, están las siguientes:
-La reorientación de los efectivos de la inspección desde el sector inmobiliario, donde se encuentra el 40% del personal, hasta sectores en donde está instalada la economía sumergida y el fraude organizado.
-Tipificar como infracción el ofrecimiento de servicios sin factura o sin incluir el IVA.
-Aumentar las sanciones por no aportar información.
-Elevar de cuatro a seis años la pena de prisión por delito fiscal. Aumentar de cinco a diez años el plazo de prescripción del mismo.
-Crear una policía fiscal contra el fraude organizado.
-Fijar un gravamen del 24% sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales, prohibiéndose que la banca mantenga filiales en dichos territorios. A su vez, no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el comercio español.
-Reconocer la competencia inspectora de la Agencia Tributaria sobre las SICAV, actualmente en manos de la CNMV.
-Acortar los plazos previstos para recuperar deuda pendiente de pago.
-Desarrollar un plan especial de facturas falsas y testaferros contra la economía sumergida.
-Fijar una declaración sobre bienes, derechos y deudas, a presentar junto con la del IRPF, que compense los efectos de la supresión del impuesto sobre el patrimonio.
-Reforzar la figura de la denuncia pública.
-Reconocer la inmediata ejecutividad de las infracciones muy graves, para acelerar su cobro.
-Aprobar un régimen especial para determinados defraudadores que permita prohibirles operar con la banca cuando se declaran insolventes y tienen deudas con Hacienda.
Sin duda es necesario adoptar todas las medidas para que los que no paguen sus tributos, se vean obligados a ello y que los que hayan cometido alguna infracción sean sancionados y no investidos con mantos de impunidad legal y social.
Con ello no sólo se incrementan los ingresos a corto plazo sino que también se incrementaría la seguridad de que el sistema fiscal es serio, justo y equitativo, no dando la sensación de que el que paga impuestos en este país… es que no tiene modo de escabullirse.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, asociación profesional que agrupa a la mayoría de estos profesionales, ha presentado en su congreso anual celebrado el pasado jueves el documento denominado “Propuestas en época de crisis. Necesidad de un Plan Especial de la Administración Tributaria”.
Los inspectores estiman en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que el fraude fiscal español que reflejan diversos informes se sitúa entre el 20 y el 25 por 100 del Producto Interior Bruto español.
Con las medidas propuestas, según este colectivo, se posibilitaría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), que es aproximadamente diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales, y que repercutirá en los contribuyentes que ya está pagando.
Entre las medidas que se proponen, están las siguientes:
-La reorientación de los efectivos de la inspección desde el sector inmobiliario, donde se encuentra el 40% del personal, hasta sectores en donde está instalada la economía sumergida y el fraude organizado.
-Tipificar como infracción el ofrecimiento de servicios sin factura o sin incluir el IVA.
-Aumentar las sanciones por no aportar información.
-Elevar de cuatro a seis años la pena de prisión por delito fiscal. Aumentar de cinco a diez años el plazo de prescripción del mismo.
-Crear una policía fiscal contra el fraude organizado.
-Fijar un gravamen del 24% sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales, prohibiéndose que la banca mantenga filiales en dichos territorios. A su vez, no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el comercio español.
-Reconocer la competencia inspectora de la Agencia Tributaria sobre las SICAV, actualmente en manos de la CNMV.
-Acortar los plazos previstos para recuperar deuda pendiente de pago.
-Desarrollar un plan especial de facturas falsas y testaferros contra la economía sumergida.
-Fijar una declaración sobre bienes, derechos y deudas, a presentar junto con la del IRPF, que compense los efectos de la supresión del impuesto sobre el patrimonio.
-Reforzar la figura de la denuncia pública.
-Reconocer la inmediata ejecutividad de las infracciones muy graves, para acelerar su cobro.
-Aprobar un régimen especial para determinados defraudadores que permita prohibirles operar con la banca cuando se declaran insolventes y tienen deudas con Hacienda.
Sin duda es necesario adoptar todas las medidas para que los que no paguen sus tributos, se vean obligados a ello y que los que hayan cometido alguna infracción sean sancionados y no investidos con mantos de impunidad legal y social.
Con ello no sólo se incrementan los ingresos a corto plazo sino que también se incrementaría la seguridad de que el sistema fiscal es serio, justo y equitativo, no dando la sensación de que el que paga impuestos en este país… es que no tiene modo de escabullirse.
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