Fuente: La Voz de Asturias
El pasado 15 de febrero componentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes detuvieron a seis personas como supuestos autores de varios delitos de extorsión y estafa mediante revisiones fraudulentas del suministro de gas. Según la Guardia Civil, existen más de 700 perjudicados por hechos similares en Asturias, Lugo, León y Cantabria y no se descartan nuevas detenciones.
Los detenidos son D.G.H. de 23 años y vecino de Gijón; T.C.M., de 34 y vecino de Oviedo; I.A.Z., de 34 y vecino de Avilés; J.R.N. de 45 años; D.R.S., de 25 años y A.M.G.C., de 31, todos ellos residentes en Oviedo.
Según informaron fuentes de la Benemérita, el 29 de octubre de 2010 una vecina de Llanes denunció ante la Guardia Civil que tres individuos se habían personado en su domicilio identificándose como operarios de una empresa de instalaciones de gas.
A pesar de que la moradora de la vivienda informó que dicha revisión había sido llevada a cabo durante el verano, los operarios adujeron cambio de la legislación, motivo por el cual la víctima accedió a dicha revisión, por la que le facturaron cerca de 900 euros.
Dado lo elevado de la cantidad y tras alegar la víctima que no tenía ese dinero en su domicilio, los operarios se ofrecieron a acompañarla hasta una entidad bancaria y así poder cobrar la totalidad del importe de la factura.
Posteriormente, el Juzgado de Instrucción de Llanes ordenó al Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes que se llevase a cabo una investigación de los hechos denunciados.
La investigación pudo establecer la actuación de un grupo de personas, que como operarios y en representación de una empresa de instalación de gas autorizada en ámbito nacional, se presentaban en domicilios situados en el entorno rural de la zona oriental de Asturias, conminando a los moradores, siempre de avanzada edad, a realizar contratos de mantenimiento anual y revisiones en la instalación de gas butano, cuyos importes oscilaban entre 260 y 900 euros.
Los detenidos utilizaban para sus desplazamientos turismos y furgonetas de alquiler, con las que de desplazaban desde la sede de la empresa en Oviedo hasta el oriente asturiano, en grupos de 2 o 3.
Su acción se centraba en núcleos rurales aislados, habitados por personas de entre 73 y 92 años, que normalmente residen solas en viviendas dispersas y de cierta antigüedad. La selección de las víctimas se realizaba de forma aleatoria tras merodear por las viviendas y comprobar que se encontraban solas.
Los operarios que realizaban las tareas de revisión no eran instaladores autorizados, si no que intimidaban y amenazaban con la posibilidad de cortar el suministro o arriesgarse a una sanción económica. Así, realizaban o simulaban cambio de elementos como reguladores, gomas o tuberías que se encontraban en perfecto estado.
La investigación desveló un total de seis hechos muy similares en el término municipal de Llanes. Con el objetivo de que las víctimas creyeran la versión dada por los operarios, tanto en los presupuestos como en las facturas incluían además del nombre de la empresa y la sede, el número de teléfono para que pudieran comprobar mediante llamada que todo estaba en regla.
Además, en algún caso la pérdida económica se veía incrementada al tener que contratar posteriormente a instaladores autorizados para subsanaran fugas de gas detectadas tras las manipulaciones que llevaban a cabo los operarios detenidos.
Según desvelaron las investigaciones, los detenidos iniciaban su trabajo en Oviedo a las 9.00 horas y posteriormente se trasladaban a la zona oriental, de donde regresaban a las 17.00 horas. La recaudación era entregada en la oficina y de cada factura se les entregaba una comisión que oscilaba entre el 33 y 39 por ciento de lo obtenido sin IVA.
Los detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración con la obligación de personarse ante la titular del Juzgado de Instrucción de Llanes cuando fuera requeridos.
El pasado 4 de marzo los componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes registraron las oficinas de la empresa y se incautaron de diversa documentación, carnés de especialistas y un ordenador. Asimismo, se procedió a la imputación de la empleada administrativa de la empresa, quien tras prestar declaración, fue puesta en libertad.
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