Una Ley aprobada en el 2007 y publicada ayer. El Gobierno Vasco apostó por la Defensa de los Consumidores creando el Instituto Vasco de Consumo, Organismo Autónomo con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus objetivos.

Extrañamente -ya han pasado más de cuatro años desde su aprobación- en el BOE de ayer apareció publicada la Ley 9/2007, de 29 de junio, de creación de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, en cuya Exposición de Motivos se explican las razones del Gobierno Vasco para crear este organismo aútónomo:

"Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo supondrá un incremento en la autonomía del área encargada dentro del Gobierno Vasco de planificar y ejecutar la política de consumo en la Comunidad Autónoma, de manera que se potencia su capacidad de maniobra, así como sus posibilidades de autoorganización, dotándole de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Esto conlleva que, tanto de cara al propio Gobierno Vasco como hacia la sociedad, Kontsumobide se va a visualizar claramente como el organismo encargado de proteger y de informar y formar a las personas consumidoras con un nivel de intensidad y eficacia mayor al actual.

Por otra parte, la diversidad de temáticas a abordar a través de consumo (banca, telecomunicaciones, transportes, servicios a domicilio, vivienda, productos de toda índice, etcétera) aconseja también la creación de un organismo propio alejado de los departamentos del Gobierno Vasco. La vinculación del consumo, por su carácter transversal, con todas las áreas de la Administración autonómica justifica de manera especial su carácter independiente con respecto a las áreas del Gobierno, si bien queda plenamente garantizada la coordinación con las que guarda mayor nivel de relación a través de su representación en el Consejo de Dirección de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo va a reunir en su máximo órgano de gobierno (Consejo de Dirección) a la totalidad de los agentes sociales que intervienen en la adquisición de productos y servicios: administraciones públicas implicadas, asociaciones de consumidores, empresarios, etcétera. De este modo se logra que en su propio seno convivan las diferentes sensibilidades existentes para planificar las líneas maestras de la política de consumo".

No está de más tener en cuenta este texto, ya que la apuesta mantenida por el Pais Vasco se contrapone a las actuaciones emprendidas por otras Comunidades Autónomas, cuyo órgano autonómico encargado de la defensa de los consumidores no sólo no se potencia, sino que se devalúa dependiendo de una Dirección General con múltiples competencias sobre materias sectoriales que pueden colisionar, además, con el necesario rigor con el que se debe defender los derechos e intereses de los consumidores sancionando las conductas infractoras en la materia.