El Gobierno intensificará la liberalización del precio del suministro eléctrico reduciendo el número de
consumidores con derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) dejando sin este precio regulado entre 5 millones y 16,2 millones de usuarios dependiendo si el umbral de corte de potencia suministrada sea 5 kilovatios (kW) o 3
kW.
Estos datos han sido conocidos en un informe publicado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se desglosa el número de
clientes por cada tramo de potencia y en el que se indica el porcentaje
de consumidores acogidos a la TUR.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha
indicado que el umbral por encima del cual los clientes deberán ir a
mercado pasará de los 10 kW actuales a un nivel aún por determinar, que
oscilará entre 3 y 5 kW.
En la actualidad hay 26,6 millones de usuarios con potencias
inferiores a 10 kW y, por ello, con derecho a TUR, si bien de esta cifra
5,5 millones, o cerca del 25%, ya contrata el suministro en el mercado
libre, mientras que 20,1 millones de usuarios tienen una tarifa
regulada.
Este recorte del umbral máximo para disfrutar de la Tarifa de Último Recurso ha alertado a las asociaciones de consumidores.
Así, UCE-Asturias denuncia que la desaparición del precio regulado de la tarifa eléctrica supondrá para la mayoría de los consumidores asturianos y españoles entre un 30% y un 35% a partir de enero del próximo año.
En la actualidad, expone UCE, tres compañías (Endesa,
Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) se reparten prácticamente un mercado
eléctrico donde existe poca o ninguna competencia. Por eso, es
muy probable que aprovechen la desaparición del precio regulado de la
electricidad para subir el recibo de la luz a más de 19 millones de
hogares. Algo muy similar a lo que ocurrió con la gasolina, que
no ha dejado de encarecerse desde que el Gobierno dejó en manos de las
petroleras la fijación de su precio. Según han señalado las propias
compañías el fin de la tarifa regulada supondrá un incremento que podría
llegar hasta el 30%, y 35% es decir, de pagar una factura anual de
800€, una familia tendría que hacer frente a cerca de 1.100€ al año.
Las compañías eléctricas sostienen que la "apertura del mercado"
redundará en beneficio del consumidor y que los precios serán más
competitivos. Sin embargo, la UCE estima que "la desaparición del precio regulado supondrá
un duro golpe, otro más, en los bolsillos de millones de familias".
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