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| Fuente de la viñeta: La Nueva España |
Fuente: Fundación Renovables
La propuesta de
Modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad que el
pasado día 11 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la
Comisión Nacional de la Energía para su preceptivo informe es un nuevo
disparate de la errática política energética con el agravante de
que, en esta ocasión, la supeditación a los intereses electorales del PP es
flagrante.
Para la Fundación
Renovables es inadmisible que en marzo el Gobierno afirmara en el
preámbulo del RDL 13/2012 que la sobrecapacidad del sistema hacía innecesarios
los pagos por interrumpibilidad y que ahora para ayudar a las tres grandes
empresas consumidoras de energía, una de ellas con plantas en Galicia que
amenazaba con cerrar, proponga un incremento del 75% de dichos pagos
por un servicio que no va a requerirse en los próximos años.
En cualquier
caso, esta iniciativa como la decisión de no “castigar” las importaciones de
biocombustibles de Argentina en contra de lo anunciado hace meses y como tantas
otras, ponen en evidencia que la política energética se aleja cada
día más de los retos que tiene planteados nuestro país y aumenta en cada paso
la inseguridad jurídica.
En efecto, en la memoria de modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad para incrementar en un 75% los pagos a los grandes consumidores de energía se copia literalmente el mismo argumento que se puede leer en el preámbulo del RDL 13/2012 para rebajar dichos pagos en un 10%.
En efecto, en la memoria de modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad para incrementar en un 75% los pagos a los grandes consumidores de energía se copia literalmente el mismo argumento que se puede leer en el preámbulo del RDL 13/2012 para rebajar dichos pagos en un 10%.
En aquel
preámbulo se decía que dada la situación de baja demanda y de sobrecapacidad
del sistema y su poca utilización nada justificaba mantener los pagos por
interrumpibilidad. Siete meses después, copiando el mismo argumento, dichos
pagos se incrementan. De marzo a octubre, según la CNE, ha seguido bajando el
consumo de electricidad y aumentado las importaciones de gas, es decir,
creciendo la sobrecapacidad del sistema.
La decisión
incongruente del Gobierno solo se explica por la supeditación de
las decisiones energéticas a intereses electorales y la consecuencia
es la pérdida de credibilidad y mayor desconfianza en la política energética.
La decisión de
cargar 700 millones al recibo de la luz significa un desprecio
absoluto a los consumidores eléctricos. La decisión
supondrá un incremento de los costes regulados que se trasladarán en futuras
subidas de la luz, más inflación y más déficit tarifario, justo todo lo
contrario de lo que propuso el Ministro Soria.
Si en el
proyecto de ley de fiscalidad energética descubríamos las exenciones fiscales
en el impuesto de hidrocarburos a la generación con gas, fuel y gasóleo,
verdaderas subvenciones a los combustibles fósiles nunca declaradas, ahora se
aprueba una nueva subvención a las grandes industrias que se cargará a los
consumidores. Ahora se puede entender mejor la insistencia en cargarse las
renovables para mantener tantas subvenciones encubiertas. La tarifa de la luz
se sigue rigiendo por un criterio político y ese es el origen de todos los
problemas energéticos.
Esta
forma de actuar acrecienta la inseguridad jurídica en todas las actividades
energéticas. Si los cambios regulatorios se hacen con ese nivel de
arbitrariedad y con tanta frecuencia en tan poco tiempo, nadie puede estar
seguro de sucesivos cambios en el futuro. Un buen ejemplo está sucediendo estos
mismos días con los biocarburantes: en el mismo periodo de tiempo el Gobierno
ha pasado de defender la industria nacional de biocarburantes a arruinarla
poniendo la protección a los consumidores como justificación.
¿Dónde quedan
las duras críticas a Argentina y la defensa de la seguridad jurídica para las
empresas españolas? O las críticas del Ministro Soria a las petroleras por sus
elevados márgenes. Pueden estar tranquilas las petroleras porque queda poco
tiempo para que pasen las elecciones gallegas y, además, el Gobierno ha
decidido suprimir los organismos reguladores, como la CNE y la CNC, que tantos
quebraderos les están dando.
Para ello se
siguen utilizando mecanismos del pasado: mantener el método de conformación de
precios de la energía, incremento injustificado de los costes regulados,
destrucción del sector renovable y anulación de todas las políticas de ahorro y
eficiencia energética para mantener el más elevado grado de importaciones de
gas y de petróleo.
La Fundación
Renovables recuerda una vez más que dentro de la crisis económica se está
gestando otra crisis energética cuyos elementos, paradójicamente, se han
descrito en el preámbulo del RDL 13/2012 y que definen los impactos que para la
economía española representa el elevado grado de dependencia de las
importaciones de combustibles fósiles.
Si se saben las
causas no hay razón para insistir en el error de mantener el actual modelo
energético, ni para mantener las subvenciones al consumo de combustibles
fósiles, ni para utilizar las renovables como cortina de humo, ni para engañar
a los consumidores reiteradamente.
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