No sólo desahuciados, también estafados. La Guardia Civil desmantela una red de delincuentes que estafaba a personas que no podían pagar la hipoteca

Comentario

La noticia, publicada en El País, reveladora de nuestra peculiar ideosincrasia, desvela la existencia de tramas criminales llevadas a cabo por profesionales ligados al ámbito jurídico y bancario que se aprovechaban de la deficiente regulación del sistema de ejecución judicial de deudas aplicables a los deshaucios de viviendas.

Los delincuentes utilizando información privilegiada, y vulnerando elementales reglas de transparencia que han de ser observadas en las subastas judiciales, conseguían adquirir a precio de saldo viviendas de deshauciados que posteriormente se vendían a un precio muy superior al pujado.

Nos llama la atención el modo tan burdo y chusquero que, al parecer, seguían funcionarios judiciales implicados en estos hechos, ya el modo de ocultar viviendas para que muy pocos se enterasen de su subasta era, simplemente, retirar los anuncios expuestos en tablones de los juzgados, y nos preguntamos si esos anuncios tampoco se publicaron en el Boletín Oficial correspondiente o en Internet sin que nadie se enterase -ni controlase- esa omisión.

 

Desmantelada una red que estafaba a personas que no podían pagar la hipoteca 

• La red desmantelada se quedaba con las propiedades de las víctimas
• Los participantes detenidos en esta trama son abogados, funcionarios judiciales, procuradores, administradores de empresas y subasteros 

 

Abogados, funcionarios judiciales, procuradores, administradores de empresas y subasteros, 35 en total, han sido detenidos o imputados por la Guardia Civil por haberse puesto de acuerdo para aprovecharse de personas que no podían acabar de pagar sus hipotecas y quedarse las casas en subasta pública a bajo precio. El Grupo de Delitos Económicos de Girona ha desmantelado una red que operaba en las provincias de Girona y Barcelona. En total han detenido a 3 personas e imputado a otras 32 por diferentes delitos, como estafa, falsedad documental y alteración del precio concurso público. En total calculan que hay 13 víctimas y una decena de propiedades afectadas.

Esta operación, que se inició en el 2009, se ha hecho en dos fases. En la primera, los investigadores descubrieron que empleados de Cajamadrid, ahora Bankia, y del Banco Popular, utilizando información privilegiada y escondiéndose tras empresas que controlaban, adquirían viviendas, dos de ellas de lujo, a las que les quedaba muy poca hipoteca, pero que por culpa de la crisis sus dueños no le podían hacer frente. Después, cedían o revendían la deuda hipotecaria o crédito a un precio más elevado a un subastero, lo que les permitía obtener un beneficio.

En la segunda fase, la operación se centró en la figura de los subasteros, principalmente de la provincia de Barcelona. Los agentes descubrieron que, con uno de ellos como cabecilla, un grupo de una quincena se habían puesto en connivencia para llevarse las casas con el precio más bajo posible. Pero no actuaban solos, su conspiración era posible gracias a abogados, procuradores y a los avisos de funcionarios judiciales, que retiraban o escondían las casas interesantes de los tablones de anuncios de los juzgados, para evitar que los subasteros que no formaban parte de la trama las localizaran.

El subastero, incrementaba la deuda a los propietarios de las casas escogidas, y como no podían pagar, las casas iban a subasta. Entre ellos pactaban que ninguno pujara, por lo que se adjudicaban la casa el mismo que la subastaba y luego la revendía a un precio más elevado del que se la habían adquirido al banco. Finalizada cada operación, se daba una comisión a los demás de la trama.

El subteniente, Jose Antonio Fernández Roig ha explicado como en una de las intervenciones constataron el engaño al que se sometió a una pareja de avanzada edad de Girona, a la cual, aprovechando su precaria situación económica y anímica, se pretendía desposeer de su vivienda. En este caso, dos subasteros de Girona y Barcelona, junto con un procurador y un abogado, se pusieron en contacto con el matrimonio que debía 13.000 de los 400.000 euros de la hipoteca de su casa y les dijeron que ellos se quedarían la vivienda y se la venderían por una cantidad menor. Evidentemente, la actuación no iba en favor del matrimonio, al que pretendían dejar en la calle, “pero llegamos a tiempo y conseguimos vía judicial anular tanto la subasta como el lanzamiento”, ha indicado el subteniente.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Blanes, se ha saldado con 3 detenidos, todos ellos de Girona, y 32 imputados entre los que hay 4 empleados de banca, 4 abogados, un funcionario judicial, y 2 administradores de empresas y un procurador, además de subasteros.