Las empresas con ERTE podrán despedir a los trabajadores no incluidos en ellos
El BOE publica el decreto que mantiene las regulaciones temporales de empleo y las prestaciones extraordinarias hasta el próximo 30 de junio
El País
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el decreto-ley que desvincula los ERTE por fuerza mayor de la declaración del Estado de alarma y pone como fecha límite para su vigencia el 30 de junio. En él se aclara que la exigencia de las empresas que se han acogido a estas regulaciones temporales de mantener el empleo durante seis meses se acota a los trabajadores afectados y no a toda la plantilla. También delimita la restricción para los despidos individuales y colectivos por causas objetivas provocadas que se incluyó a finales de marzo por el coronavirus hasta el 30 de junio.
Llegado
el 30 de junio también decaen las prestaciones extraordinarias que
cobran los trabajadores afectados, tanto los que están en un ERTE por
fuerza mayor como los que lo están en uno por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción provocadas por el coronavirus.
Hay una excepción los trabajadores fijos discontinuos, que mantendrán
las ayudas extra hasta el 31 de diciembre. No obstante, siempre hay que
tener en cuenta que la fecha del 30 de junio puede ser prorrogada por el
Consejo de Ministros tanto para los expedientes como para las
prestaciones tras negociarse en la comisión tripartita que crea el
decreto-ley y en la que estarán presentes el Gobierno, los sindicatos y
los empresarios.
Hasta
ahora la duración de los ERTE por fuerza mayor estaba vinculada al
estado de alarma. Desde este miércoles tienen fecha de caducidad en el
30 de junio, aunque pueden prolongarse de forma selectiva por más tiempo
por el Consejo de Ministros previa consulta con los agentes sociales.
La duración de los otros, en cambio, está determinada por el pacto al
que haya llegado la empresa con los trabajadores o solo por ella si no
ha habido pacto. Los primeros, que afectan ahora a unos tres millones de
personas (más del 90% del total a finales de abril), cuentan con
importantes exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social; los
otros, que afectan a más de 300.000 personas, no tienen esas
exoneraciones. Menos diferencias hay en las prestaciones que llevan
aparejadas. En ambos casos son extraordinarias, es decir, los
trabajadores que las cobran no consumen su derecho a percibir una
prestación contributiva por desempleo si fueran despedidos después o la
perciben igualmente aunque no hayan cotizado lo suficiente para tener
ese derecho. Lo que sucede es que los ERTE que no son por fuerza mayor
pueden haberse pactado por un periodo de tiempo que vaya más allá del 30
de junio. En este caso, los trabajadores afectados pasarán a consumir
la prestación ordinaria si tuvieran derecho a ella o dejarán de
percibirla si no hubieran cotizado el tiempo necesario.
La
exigencia para las empresas que han implantado ERTE por fuerza mayor de
no despedir a ningún trabajador durante medio año so pena de tener que
devolver las cotizaciones exoneradas fue uno de los escollos de la
negociación. Las patronales CEOE y Cepyme lo han rechazado desde que se
aprobó la primera regulación, ya en marzo. Y ahora reclamaron su
eliminación o reducción. No lo consiguieron. El Ministerio de Trabajo no
estaba dispuesto a renunciar a él, pero sí introdujo matices que
reducen la magnitud del compromiso. Uno de ellos es que las empresas que
demuestren que están en riesgo de caer en el concurso de acreedores no
están obligadas a cumplir el compromiso.
Otra
excepción incluida atañe a las empresas con “alta variabilidad o
estacionalidad en el empleo”. No obstante, la redacción de este punto
deja muy abierta la interpretación sobre qué quiere decir eso a la
Administración y a las empresas. Esta cláusula ya estaba en alguno de
los decretos extraordinarios sobre ERTE aprobados durante la crisis del
coronavirus y fuentes de la negociación apuntan que se ha vuelto a
incluir para introducir un criterio de “ponderación” en lo que supone
mantener el empleo. Desde el Ministerio de Trabajo se advierte que la
Inspección estará vigilante para que no dé pie al fraude.
Además,
el decreto también aclara que el reloj para contar los seis meses
empezará a correr cuando la empresa comience a recuperar su actividad.
Es decir, desde el primer trabajador que rescata y no el último. Todos
estos matices fueron claves para que la CEOE firmara el pacto el lunes.
El
decreto publicado este miércoles también explica cómo deben actuar los
empresarios para recuperar a los trabajadores afectados por ERTE.
Tendrán que comunicárselo al Servicio Público de Empleo Estatal para que
este deje de pagar las prestaciones y también a la Tesorería de la
Seguridad Social para que esta adapte las exoneraciones de cotizaciones.
Para esto último, bastará una declaración responsable del empresario.
Las
exenciones de cotizaciones serán, a partir de ahora, de dos tipos. Para
las empresas que no puedan recuperar la actividad ni siquiera
parcialmente, sigue vigente la reducción al 100% para las empresas de
menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tengan 50 o más.
Para
las que puedan abrir, la exoneración es más compleja: para los
empleados que ya hayan vuelto al trabajo, su cotización empresarial
correspondiente se reduce un 85% en mayo y un 70% en junio para las
sociedades más pequeñas (menos de 50 empleados), y un 60% y un 45%,
respectivamente, para los demás compañías. En cambio, para los
trabajadores que sigan afectados por el ERTE la rebaja en la cotización
será menor: 60% en mayo y 45% en junio para las empresas más pequeñas y
el 45% y el 35%, respectivamente, en el resto.
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