Justicia abordará el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo

 

Foto de Luis Pérez Barbón. Álbum "Olvido"

Justicia abordará el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo

El ministro quiere implantar mecanismos de conciliación que eviten costes innecesarios y transformen la relación Administración-ciudadanía

Noticia publicada en El Confidencial

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha trasladado el firme compromiso del Gobierno por avanzar en la implantación de mecanismos de solución amistosa de controversias para mejorar la capacidad de respuesta desde la justicia ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el previsible aumento de la litigiosidad.

Para ello, el departamento que dirige Campo trabaja ya en el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo, un planteamiento que se sumará a lo que ya viene contemplándose en el anteproyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas sobre medios adecuados de solución de litigios para los órdenes jurisdiccionales civil y social. 

“La preparación del anteproyecto está siendo un proceso presidido por la colaboración, la participación y el diálogo con los distintos sectores de la justicia, pero también con la sociedad civil. Nuestro objetivo es lograr un instrumento legislativo que sea útil a nuestra sociedad”, ha asegurado el ministro que recuerda que este instrumento normativo es uno de los tres ejes del plan Justicia 2030 para lograr una Justicia Sostenible, junto al Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 y a los planes de reactivación en las distintas jurisdicciones.

Campo reconoce a la mediación como un indicador de calidad en la prestación del servicio público y comparte el compromiso manifestado también por el CGPJ en su Plan de choque hacia esta nueva forma de tutela a través del diálogo y el acuerdo.

“De forma paralela o previa a acudir a los tribunales, vamos a promover una nueva forma de resolver las diferencias de forma amistosa, desde el diálogo y el convencimiento mutuo en la solución alcanzada, trasladando el máximo protagonismo a las partes y evitando costes innecesarios tanto para los intervinientes como para el conjunto de los contribuyentes”, ha señalado.

Para dar una idea del volumen de actividad, el ministro ha recordado las estimaciones sobre el incremento en la entrada de asuntos próximos al 140% en la jurisdicción social, del 145% en la jurisdicción civil y del 125% en contencioso administrativo.

Y en retrospectiva, ha apuntado los datos que recoge la memoria 2019 del Consejo General del Poder Judicial el año 2018, según la cual, ingresaron 208.374 asuntos en esta jurisdicción, con una duración media de los procesos que alcanza un periodo de entre 10 y 14 meses y un total de 126.849 sentencias dictadas en los diferentes órganos de esta jurisdicción.

Campo ha reivindicado por tanto la importancia de estos mecanismos de solución de controversias que son reclamados no sólo por el sector Justicia sino también por las empresas, y en ese sentido, ha apuntado que “desde hace muchos años, el mundo empresarial a través de las Cámaras de Comercio, ha promovido la mediación o el arbitraje para resolver de forma consensuada las diferencias en relación con las PYMES, los autónomos o las grandes empresas”.

Para acometer esta tarea, Campo ha resaltado, asimismo, el papel imprescindible de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, como actores fundamentales en el proceso de implantación de mecanismos como la conciliación o la mediación administrativa.

El ministro comparte con el Consejo de Estado la complejidad que entraña la mediación administrativa ya que el principio de libre disposición es mucho más reducido en el ámbito público, siendo consciente de que la Administración tiene limitada la capacidad negociadora, lo que aconseja a futuro una iniciativa normativa diferenciada.

Del mismo modo, las políticas públicas que emprenda Justicia en esta materia van a ser cohonestadas con el Ministerio de Administración Territorial y Función Pública, en lo concerniente a la modificación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el Ministerio de Hacienda en lo que se refiere a la Ley General Tributaria, Ley General Presupuestaria y Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, entre otras normas.

“La implantación de las soluciones amistosas de diferencias en el ámbito administrativo implica transformar la relación Administración-ciudadano de unidireccional a bidireccional a través del diálogo y desde la flexibilidad”, ha abundado el ministro, mostrando su voluntad para “ponderar y equilibrar el interés general y el reconocimiento del interés particular y legítimo de los ciudadanos en una Administración integradora y democrática, como reflejo de una buena gobernanza".

Bancos: abusos en masa, soluciones colectivas

Bancos: abusos en masa, soluciones colectivas 

Fernando Zunzunegui.-Abogado especializado en regulación financiera y sectores regulados

Ilustración: Pedro Strukelj

• Las entidades financieras españolas están a la cabeza en casos de abusos a los consumidores y número de contenciosos
• Judicializar las malas prácticas que afectan a millones de consumidores no es una buena solución. Hay fórmulas alternativas que podrían ser más efectivas
• Está en marcha la creación de un organismo de resolución alternativa de conflictos especializado en el sector financiero. Sus decisiones deberían ser vinculantes
• El modelo actual no funciona, pues los bancos desatienden la mayor parte de las resoluciones del Banco de España favorables al cliente 

Vivimos en una economía en red cada vez más centralizada. Grandes empresas tecnológicas y financieras dominan el mercado. Los clientes se convierten en usuarios. La protección del consumidor se debilita. Cada vez son más frecuentes los abusos en masa. A su vez, los usuarios se organizan en grupos de afectados y denuncian los fraudes. Así se desvela el cobro de comisiones abusivas, la existencia de contadores falseados y el traslado al consumidor de riesgos no advertidos. Se descubren las malas prácticas, pero no se repara al consumidor ni se cambia la conducta infractora. Se deja de compensar a los viajeros con vuelos cancelados, se manipulan los motores diésel sin ofrecer alternativas y se incluyen suelos abusivos en los préstamos hipotecarios que garantizan un margen de negocio a los bancos.

Millones de personas se ven afectadas por estas malas prácticas. Hay una sensación de impunidad. El sector que está a la cabeza del abuso al consumidor es el financiero y, en este sector, el país con mayor número de contenciosos es España.

El Parlamento Europeo ha estudiado la situación y ha realizado propuestas. Los expertos coinciden en la necesidad de crear autoridades protectoras del consumidor financiero que puedan servir de ejemplo para otros sectores. Desde la Comisión Europea se proponen acciones colectivas y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En España, se crean juzgados especiales para tramitar demandas individuales que nacieron atascados y que ya están dejando de señalar vistas. 

En cualquier caso, el objetivo es asegurar una indemnización efectiva que repare al consumidor y que suponga un incentivo para que las empresas cambien su conducta. Tan importante es reparar a los afectados como lograr disuadir a las grandes empresas de sus actuaciones desleales. Son abusos en masa que requieren soluciones colectivas.

Las demandas individuales atascan los juzgados, se prolongan en el tiempo y no aseguran una compensación total a los afectados. Tampoco las demandas colectivas están funcionando. El modelo de las class actions americanas crea una tensión innecesaria entre empresas y consumidores, permitiendo acciones temerarias. Se convierten en un negocio muy rentable en el que los intermediarios llegan a quedarse con dos terceras partes de la compensación.

Con estos antecedentes, la Comisión Europea reacciona proponiendo acciones colectivas que prescinden de los abogados. Propone que sean entidades habilitadas, sin ánimo de lucro, registradas en cada Estado miembro las que puedan representar a los consumidores afectados por fraudes en masa de importancia sistémica, nuevos sujetos con poder de mercado quienes tendrían el monopolio para representar a los consumidores en pleitos millonarios. Es un peligro que habría que controlar. 

Soluciones alternativas 

Hay soluciones alternativas que podrían ser más efectivas. Judicializar los abusos que afectan a millones de consumidores no es una buena solución. Se pueden crear mecanismos de resolución alternativa de conflictos a cargo de entidades denominadas por sus siglas en inglés ADR (Alternative Dispute Resolution). Son mecanismos rápidos que permiten identificar a los perjudicados, de libre acceso y sin coste para los consumidores. Aseguran la compensación total del daño causado. Como novedad más importante, las resoluciones de estas entidades serían vinculantes. Así está previsto en una directiva comunitaria ya incorporada al ordenamiento interno. La Junta Arbitral Nacional de Consumo y las juntas arbitrales de diversas comunidades autónomas ya han sido acreditadas como ADR. Esperemos que por esta vía se resuelvan los abusos en masa a los consumidores. 

La solución del ADR también vale para el sector financiero. No obstante, en España está prevista la creación de un único ADR financiero cuyas resoluciones pueden ser no vinculantes.

Es decir, como excepción se permite que en los abusos bancarios las resoluciones del ADR carezcan de fuerza vinculante. Sería un grave error. Estaríamos reproduciendo el modelo actual de reclamaciones ante los supervisores que no funciona, en el que los bancos desatienden la mayor parte de las resoluciones del Banco de España favorables al cliente.

Para superar esta rebeldía de los bancos sería necesario establecer que las resoluciones de la nueva entidad fueran vinculantes. Con esta medida, se aseguraría al mismo tiempo la reparación al consumidor y el efecto disuasorio para los bancos.

Como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España debe ser más proactivo en la defensa del consumidor financiero. Debe dar una repuesta efectiva a la conflictividad surgida por los suelos y gastos hipotecarios, eventos de riesgo sistémico por afectar a la solvencia de la banca. Lo puede hacer promoviendo un mecanismo alternativo cuyas resoluciones sean vinculantes y, al mismo tiempo, haciendo uso del poder sancionador. Cuando de las reclamaciones presentadas por los clientes queda acreditada la conducta infractora, el Banco de España tiene el poder y el deber de incoar expediente sancionador.

La colaboración entre el ADR único del sector financiero con el Banco de España debe ser intensa. El mecanismo alternativo se refuerza con el poder disuasorio del Banco de España. Bien podría condicionarse la apertura de los expedientes sancionadores al compromiso de los bancos a la devolución de las cantidades cobradas de más por suelos y de demás abusos hipotecarios.

Pero lo más importante es que la banca asuma la necesidad de cambiar su cultura. Como recoge MiFID II, solo se deben diseñar productos que satisfagan las necesidades de los clientes y no se pueden distribuir entre clientes que no los necesitan. Más allá de las obligaciones de información, la adecuación del producto a las necesidades de los clientes pasa a ocupar el centro de la escena. 

Fernando Zunzunegui es profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III.

Fuente:  Alternativas Económicas

Cómo la enfermedad de un Presidente de los Estados Unidos contribuyó a la creación de la vacuna contra la polio

Cómo la enfermedad de un presidente de Estados Unidos llevó a la creación de la vacuna contra la polio

Redacción BBC Mundo

Roosevelt era la epítome de la salud antes de contraer el virus de la polio, a los 39 años, y su alto perfil y activismo contribuirían enormemente al desarrollo de la vacuna.

"Una noticia alegre para uno entrado en años como yo. Estoy casi totalmente fuera de servicio en cuanto a mis piernas, pero los médicos dicen que no hay dudas de que recuperaré su uso nuevamente, aunque esto signifique varios meses de tratamiento en Nueva York". Franklin D. Roosevelt tenía 39 años cuando escribió esta carta.

Proveniente de una familia privilegiada, había sido subsecretario de la Armada de Estados Unidos y acababa de ser nominado por la Convención Demócrata como su candidato a vicepresidente del país en las próximas elecciones. Era un hombre que estaba en el centro de la vida pública y tenía un estado físico envidiable.

Pero una tarde en agosto de 1921, sus hijos lo desafiaron a una carrera de natación y a la mañana siguiente se dio cuenta de que no podía mover bien su pierna izquierda. Esa noche tenía fiebre y dolores terribles en sus piernas y espalda. Al final de la semana, Roosevelt había perdido toda sensibilidad de la cintura para abajo. Tras consultar con médicos locales, su familia decidió llamar a un profesor de la Universidad de Harvard, Robert Lovett, autor del libro "El tratamiento de la parálisis infantil".

Lovett le diagnosticó polio y le dijo que si bien no era de los casos más severos, no había manera de asegurar que podría volver a caminar.

Roosevelt basó su rehabilitación en la natación y creó el centro Warm Springs, en Georgia, que sigue atendiendo a personas con discapacidades.

Roosevelt lo tomó de manera optimista, e hizo todo lo que estaba a su alcance para recobrar el uso de sus piernas. En 1922 bromeó con un amigo sobre el corsé que debía usar para ayudarlo a caminar. "Cuando me siento me corta en dos. Nunca fui tan feliz de no pertenecer al sexo opuesto", escribió.

Pero a pesar de hacer todos los ejercicios que le recomendaban sus médicos, con el tiempo se vio confinado a una silla de ruedas hasta el final de sus días. Muchos historiadores han destacado la enfermedad de Roosevelt como un importante punto de inflexión en su vida como político -hablan de dos Roosevelt: el arrogante antes de contraer polio y el accesible, después-.

Pero este episodio también es considerado como un momento crucial que cambió la actitud de los estadounidenses hacia las enfermedades y la salud pública.

Y en particular hacia la polio, ya que fue la enorme preocupación popular que se generó en torno a este mal la que llevó a que se desarrollara en EE.UU. una vacuna para prevenir esta enfermedad.

Los distintos brotes de polio causaron parálisis infantil en miles de niños en los siglos XIX y XX.

Poliomielitis

Si bien se cree que existía desde hacía siglos, la polio como enfermedad no llamó la atención de la comunidad médica hasta el siglo XIX, cuando la medicina comenzó a dividirse en especialidades.

En la segunda mitad de ese siglo comenzaron a surgir hospitales y clínicas dedicados a estas especialidades como la ortopedia, la neurología o la pediatría.

Fue en este contexto que empezaron a llamar la atención los enfermos de polio. En particular las casos de parálisis infantil que afectaban a niños menores de 6 años, sobre todo a varones.

Muchos de ellos empezaban a mostrar síntomas de manera repentina: en la noche iban a dormir perfectamente sanos, luego tenían fiebre y por la mañana se despertaban sin poder sentir sus piernas.

En la mayoría de los casos la parálisis era irreversible y el niño no volvía a recuperar el uso de sus piernas.

El mal fue categorizado como un problema neurológico, que afectaba a los nervios de la espina dorsal. Y la parálisis infantil —también conocida como parálisis matinal— adquirió un nombre oficial: poliomielitis.

La palabra, de origen griego, significa una inflamación de la materia gris -o polio- de la médula espinal.

La prensa estadounidense la apodó simplemente "polio".

En el siglo XIX la máxima experta en polio en EE.UU. fue Mary Putnam.

 Mary Putnam

Llamativamente, en el siglo XIX la mayor eminencia en todo EE.UU. sobre la polio fue una mujer: Mary Putnam, la primera persona de sexo femenino en graduarse como médica en París (en 1871).

En Francia se especializó en neurología y, luego, en 1873, se casó con otro médico, Abraham Jacobi, que fue el primer profesor en todo el mundo de pediatría.

Fue así, combinando ambos campos, que Putnam se convirtió en la mayor experta en polio en todo EE.UU. Ella descubrió que la parálisis que provoca la enfermedad es incurable porque destruye las células nerviosas que controlan los músculos.

En 1907 hubo una gran epidemia de polio en Nueva York, que luego se esparció por el resto del país y llegó incluso a Canadá. A partir de entonces, cada año había miles de casos de parálisis infantil en EE.UU., lo que causó pánico en la población. Ciudades enteras fueron puestas en cuarentena cada vez que había un brote, con policías vigilando las calles. Irónicamente, aunque por lo general se considera que los países con peores niveles sanitarios están más expuestos a las enfermedades virales como la polio, en este caso la famosa pulcritud estadounidense —un país que se orgullecía de tener más baños que cualquier otro y de ser el más limpio del mundo— jugó en contra.

Mientras que en países más "sucios" los niños solían infectarse de pequeños y así generaban inmunidad de por vida —con solo pocos casos desarrollando parálisis— en las naciones más desarrolladas —y más limpias— la gente era más vulnerable cuando el virus aparecía.

Roosevelt

Tras asumir la presidencia, en 1933, Roosevelt creó una comisión para la investigación de la parálisis infantil, que organizó un famoso baile benéfico para recaudar fondos. El primer evento -que usó el lema "Baila para que otros puedan caminar"- recaudó más de 700.000 dólares.

En 1938 esa comisión se convirtió en la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil (NFIP, por sus siglas en inglés), cuyas campañas de concientización llevaron a que la polio fuera considerada la amenaza número uno para la salud de los estadounidenses.

La NFIP recibió enormes donaciones y pudo financiar muchas investigaciones para hallar una vacuna contra la enfermedad. Pero la idea de infectar a niños con este virus tan peligroso, con la intención de inocularlos, fue considerada extremadamente controvertida y se tardó 30 años en encontrar una solución. Después de la Segunda Guerra Mundial, los expertos se debatían entre usar virus muertos o vivos —aunque atenuados— para crear la vacuna.

El virólogo polaco nacionalizado estadounidense Albert Sabin creía que usar virus muertos no generaría los anticuerpos necesarios para proteger de por vida contra el mal. Las pruebas en monos habían resultado un éxito pero el problema mayor era probar la vacuna en humanos, en especial tratándose de niños.

Jonas Salk, el creador de la primera vacuna contra la poliomielitis. Hoy en casi todo el mundo se usa la vacuna oral creada por Albert Sabin.

"El mayor experimento del mundo"

En 1952, EE.UU. padeció el peor brote de polio de su historia y la NFIP se vio bajo muchísima presión para producir una vacuna. Ese mismo año Jonas Salk desarrolló una vacuna a base de virus muertos, con financiación de la NFIP, y quiso probarlo en niños.

Se decidió —no sin controversia— usar como sujetos de prueba a niños de un instituto psiquiátrico de Pensilvania. Las pruebas fueron exitosas.

El paso siguiente era hacer una prueba más numerosa. La NFIP contactó con cientos de miles de familias para reclutar voluntarios. El 90% de los consultados dieron su autorización para que sus hijos fueran "pioneros" de la vacuna. Se lo llamó "el mayor experimento de salud pública de todos los tiempos" e involucró a 1.5 millones de niños.

Un año después, desde la Universidad de Michigan, se anunció que los resultados de la prueba habían sido un éxito y que la vacuna era segura y efectiva. "Es un día maravilloso para el mundo. Un día en el que se ha hecho historia", anunció la portavoz del Departamento de Salud.

En una entrevista con el famoso periodista de la cadena CBS Ed Murrow, Salk destacó que su vacuna había sido en realidad un logro colectivo. Consultado sobre a quién pertenecía la patente de la vacuna respondió: "Yo diría que a la gente. No hay patente. ¿Podrías patentar el Sol?".

Contratación pública. Propuesta para incorporar cláusulas sociales en favor de trabajadores y consumidores

IU reclama que la nueva ley de contratación pública incorpore más cláusulas sociales

Cargos públicos de la formación de izquierdas abanderarán la extensión de dichas cláusulas

Los ayuntamientos gobernados por IULV-CA así como los grupos municipales que estén en la oposición deberán "abanderar" la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones e ir "más allá" en la defensa de las mismas.

De esta manera ha cerrado la responsable de Política Institucional de IU, Teresa Sánchez, la primera Mesa Municipalista que ha celebrado en Málaga la organización de izquierdas y que ha tenido como tema monográfico la nueva Ley de Contratación Pública. A ella han acudido alcaldes y concejales que han conocido más sobre esta nueva ley, "que afecta a la actividad económica de los municipios de muy diversas formas".

Sánchez ha asegurado que pretenden que esta ley "no se quede en el apartado económico, sino que incorpore ventajas con cláusulas sociales de defensa del trabajador y los consumidores".

Entre los ponentes han participado la presidenta de Facua Málaga, Lola García; el secretario de FESP-UGT Málaga, Francisco Martínez Jiménez, y Rafael Rodríguez, abogado experto en la materia.

Rodríguez ha destacado que una de las novedades es considerar la contratación pública como un instrumento esencial, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha destacado que el criterio social y medioambiental se articula a lo largo de toda la norma.

Por su parte, Francisco Martínez, ha advertido de que sin cláusulas sociales "se olvida a los trabajadores", poniendo como ejemplo casos donde la adjudicación del servicio no había tenido en cuenta los costes laborales. Desde UGT, ha añadido, se han lanzado algunas propuestas, como es la discriminación positiva de empresas que tengan siniestralidad cero o que respeten la igualdad de género en contratación y salarios.

La presidenta de Facua ha alertado de que la nueva ley no ha tenido en cuenta a los consumidores pese a que "su inclusión en la misma es fundamental para al defensa de los ciudadanos". Por ello, ha invitado a los cargos públicos de IU a promoverlas.

También ha aportado algunos ejemplos de cómo defender al consumidor en los contratos públicos, premiando, por ejemplo, a las empresas que incluyen elementos de defensa del consumidor, como someterse a la Junta Arbitral de Consumo.

Sánchez ha trasladado a alcaldes y concejales la necesidad de que en sus respectivos municipios se genere un debate participativo sobre la inclusión de las cláusulas sociales en función de las necesidades y en el que estén presentes los vecinos y agentes sociales.

"Estos acuerdos podrían ser refrendados por el pleno y convertirse en la guía de la contratación sostenible de nuestros municipios", ha expuesto la dirigente provincial, quien ha incidido en que la contratación pública "debe entenderse como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, para generar empleo y apoyar sectores con conciencia social, medioambiental y otros ejes de nuestra apuesta política".

IU reclama que la nueva ley de contratación pública incorpore más cláusulas sociales EUROPA PRESS 24.03.2018 MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS) Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ IZQUIERDA UNIDA Los ayuntamientos gobernados por IULV-CA así como los grupos municipales que estén en la oposición deberán "abanderar" la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones e ir "más allá" en la defensa de las mismas. De esta manera ha cerrado la responsable de Política Institucional de IU, Teresa Sánchez, la primera Mesa Municipalista que ha celebrado la organización de izquierdas y que ha tenido como tema monográfico la nueva Ley de Contratación Pública. A ella han acudido alcaldes y concejales que han conocido más sobre esta nueva ley, "que afecta a la actividad económica de los municipios de muy diversas formas". Sánchez ha asegurado que pretenden que esta ley "no se quede en el apartado económico, sino que incorpore ventajas con cláusulas sociales de defensa del trabajador y los consumidores". Entre los ponentes han participado la presidenta de Facua Málaga, Lola García; el secretario de FESP-UGT Málaga, Francisco Martínez Jiménez, y Rafael Rodríguez, abogado experto en la materia. Rodríguez ha destacado que una de las novedades es considerar la contratación pública como un instrumento esencial, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha destacado que el criterio social y medioambiental se articula a lo largo de toda la norma. Por su parte, Francisco Martínez, ha advertido de que sin cláusulas sociales "se olvida a los trabajadores", poniendo como ejemplo casos donde la adjudicación del servicio no había tenido en cuenta los costes laborales. Desde UGT, ha añadido, se han lanzado algunas propuestas, como es la discriminación positiva de empresas que tengan siniestralidad cero o que respeten la igualdad de género en contratación y salarios. La presidenta de Facua ha alertado de que la nueva ley no ha tenido en cuenta a los consumidores pese a que "su inclusión en la misma es fundamental para al defensa de los ciudadanos". Por ello, ha invitado a los cargos públicos de IU a promoverlas. También ha aportado algunos ejemplos de cómo defender al consumidor en los contratos públicos, premiando, por ejemplo, a las empresas que incluyen elementos de defensa del consumidor, como someterse a la Junta Arbitral de Consumo. Sánchez ha trasladado a alcaldes y concejales la necesidad de que en sus respectivos municipios se genere un debate participativo sobre la inclusión de las cláusulas sociales en función de las necesidades y en el que estén presentes los vecinos y agentes sociales. "Estos acuerdos podrían ser refrendados por el pleno y convertirse en la guía de la contratación sostenible de nuestros municipios", ha expuesto la dirigente provincial, quien ha incidido en que la contratación pública "debe entenderse como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, para generar empleo y apoyar sectores con conciencia social, medioambiental y otros ejes de nuestra apuesta política".

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IU reclama que la nueva ley de contratación pública incorpore más cláusulas sociales EUROPA PRESS 24.03.2018 MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS) Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ IZQUIERDA UNIDA Los ayuntamientos gobernados por IULV-CA así como los grupos municipales que estén en la oposición deberán "abanderar" la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones e ir "más allá" en la defensa de las mismas. De esta manera ha cerrado la responsable de Política Institucional de IU, Teresa Sánchez, la primera Mesa Municipalista que ha celebrado la organización de izquierdas y que ha tenido como tema monográfico la nueva Ley de Contratación Pública. A ella han acudido alcaldes y concejales que han conocido más sobre esta nueva ley, "que afecta a la actividad económica de los municipios de muy diversas formas". Sánchez ha asegurado que pretenden que esta ley "no se quede en el apartado económico, sino que incorpore ventajas con cláusulas sociales de defensa del trabajador y los consumidores". Entre los ponentes han participado la presidenta de Facua Málaga, Lola García; el secretario de FESP-UGT Málaga, Francisco Martínez Jiménez, y Rafael Rodríguez, abogado experto en la materia. Rodríguez ha destacado que una de las novedades es considerar la contratación pública como un instrumento esencial, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha destacado que el criterio social y medioambiental se articula a lo largo de toda la norma. Por su parte, Francisco Martínez, ha advertido de que sin cláusulas sociales "se olvida a los trabajadores", poniendo como ejemplo casos donde la adjudicación del servicio no había tenido en cuenta los costes laborales. Desde UGT, ha añadido, se han lanzado algunas propuestas, como es la discriminación positiva de empresas que tengan siniestralidad cero o que respeten la igualdad de género en contratación y salarios. La presidenta de Facua ha alertado de que la nueva ley no ha tenido en cuenta a los consumidores pese a que "su inclusión en la misma es fundamental para al defensa de los ciudadanos". Por ello, ha invitado a los cargos públicos de IU a promoverlas. También ha aportado algunos ejemplos de cómo defender al consumidor en los contratos públicos, premiando, por ejemplo, a las empresas que incluyen elementos de defensa del consumidor, como someterse a la Junta Arbitral de Consumo. Sánchez ha trasladado a alcaldes y concejales la necesidad de que en sus respectivos municipios se genere un debate participativo sobre la inclusión de las cláusulas sociales en función de las necesidades y en el que estén presentes los vecinos y agentes sociales. "Estos acuerdos podrían ser refrendados por el pleno y convertirse en la guía de la contratación sostenible de nuestros municipios", ha expuesto la dirigente provincial, quien ha incidido en que la contratación pública "debe entenderse como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, para generar empleo y apoyar sectores con conciencia social, medioambiental y otros ejes de nuestra apuesta política".

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