Reanudación de plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad de derechos y acciones

REANUDACIÓN DE PLAZOS PROCESALES, ADMINISTRATIVOS Y DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE DERECHOS Y ACCIONES










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Sobre una falsa disyuntiva: ¿Salvar vidas o salvar la economía?, artículo de Juan Ramón Rallo

Laissez faire

JUAN RAMÓN RALLO

¿Salvar vidas o salvar la economía?

Un confinamiento domiciliario total permitiría salvar muchas vidas pero colapsaría la actividad económica. No obstante, medidas muy laxas maximizarían el número de fallecidos

¿Salvar vidas o salvar la economía? Desde el comienzo de la aplicación de medidas de distanciamiento físico, se nos ha trasladado que existe una disyuntiva entre el objetivo de salvar vidas humanas y el de preservar la actividad económica.

Medidas muy drásticas de distanciamiento físico permitirían salvar muchas vidas pero, al mismo tiempo, colapsarían la actividad económica; por el contrario, medidas muy laxas de distanciamiento físico conseguirían mantener en funcionamiento la economía pero, en contrapartida, maximizarían el número de fallecidos. Gráficos como el siguiente se han de convertir en herramientas habituales para resumir estos objetivos en conflicto:

Trade off vidas-PIB.

Y aunque no pretendo negar que ciertamente existan, en el margen, disyuntivas de este estilo ante determinadas decisiones tácticas, en la estrategia no existe necesariamente una incompatibilidad radical entre ambos objetivos: salvar vidas —incluyendo en esta expresión la protección de la salud de los ciudadanos— es también salvar la economía y, a su vez, salvar la economía es salvar vidas. En esencia, por dos razones.

Primero, porque el objetivo último de todo sistema económico es, o debería ser, el de maximizar la generación de medios para que los individuos satisfagan la mayor cantidad posible de sus fines personales. En la medida en que quepa presuponer —y parece una hipótesis harto razonable— que la inmensa mayoría de personas valoran de un modo extremo su supervivencia, salvar la economía a través de una elevadísima mortalidad constituiría en cierto modo una contradicción en los términos: el sistema económico estaría fracasando a la hora de proporcionar los medios para satisfacer uno de los fines más valorados por cualquier persona (su propia vida). 

Incluso desde una perspectiva irrespetuosamente utilitarista, el valor económico de las vidas previsiblemente perdidas en ausencia de medidas de distanciamiento físico sería superior al de las pérdidas de producción material vinculadas a un confinamiento que durara todo un año: el Gobierno estadounidense estima que el coste de una vida humana perdida ronda los 9,3 millones de dólares, de modo que si 500.000 estadounidenses fallecieran a causa del coronavirus, la pérdida económica ascendería a 4,6 billones de dólares, monto superior a la contracción del PIB esperada por mantener la economía hibernando todo un año (4,2 billones de dólares).

Segundo, porque vidas y economía son interdependientes. Por un lado, y como ya se han encargado muchos de recordarnos, porque una economía colapsada incrementará la pobreza y esa pobreza provocará muertes —especialmente, en los países menos desarrollados—. Por otro, porque una pandemia que campe libremente a sus anchas también provocaría el colapso de la economía: si una parte de la población enferma y durante varias semanas se siente incapacitada para acudir a su puesto de trabajo (baja laboral), habrá sectores económicos que o no podrán mantenerse en funcionamiento o solo se mantendrán en funcionamiento de un modo muy parcial.

En este último caso, la oferta de muchas mercancías se vería transitoriamente estrangulada y, en la medida en que esas mercancías constituyan los 'inputs' de otras industrias (esto es, sean bienes intermedios), esas otras industrias también se verían forzadas a suspender su actividad por culpa de esos cuellos de botella. ¿Cuán grave puede ser este fenómeno? De acuerdo con la estimación recientemente elaborada por tres economistas de Cambridge, las pérdidas de PIB podrían resultar superiores a las derivadas de paralizar la actividad de ciertos sectores no esenciales (como bares, restaurantes, grandes eventos…) para proteger de la infección a los trabajadores en sectores esenciales (esto es, las medidas de distanciamiento físico 'minimizarían' la caída del PIB). 

En definitiva, es una engañosa ilusión pensar que podríamos haber pasado por esta pandemia sin pérdidas económicas despreocupándonos de las vidas de muchos conciudadanos. Para salvar la economía, hay que salvar a sus ciudadanos y, hasta que aparezca una vacuna (si es que aparece) o hasta que generemos inmunidad de grupo, la única forma de salvar a los ciudadanos de un virus tan contagioso como este es mediante medidas de distanciamiento físico: sin esas medidas, no solo habrían muerto centenares de miles de personas sino que la actividad económica habría colapsado igualmente por la inactividad de muchos trabajadores esenciales.

Cuestión distinta, eso sí, es el diseño y la intensidad adecuada de esas medidas de distanciamiento físico: es cierto que, en el margen, sí puede haber una disyuntiva entre la seguridad total frente al virus y el hundimiento económico (por ejemplo, si decretáramos dos años de confinamiento domiciliario total, el virus desaparecería, pero la economía también); asimismo, no todas las medidas de distanciamiento físico tienen por qué ser en todo momento igual de eficaces (en un principio, el confinamiento domiciliario podría ser la única herramienta válida para detener el 'shock', pero después puede ser más inteligente combinar mascarillas, test y rastreos generalizados para permitir que la sociedad reanude de manera segura gran parte de sus actividades).

De ahí que resulte necesaria una muy superior descentralización en las estrategias de desescalada que aquella que estamos permitiendo hoy (posibilitando así que diversas jurisdicciones prueben, en un contexto de muy alta incertidumbre, qué medidas funcionan mejor y cuáles peor para que el resto podamos emularlas). Pero en cuanto al objetivo estratégico último, tal disyuntiva es falsa: el virus nos ha golpeado con dureza —en parte, porque nuestros gobernantes fallaron a la hora de adoptar medidas tempranas que evitaran su penetración en nuestras sociedades— y el empobrecimiento económico habría sido inevitable bajo cualquier escenario. El distanciamiento físico no es el precio que pagamos para salvar vidas, sino también para minimizar la magnitud del colapso económico.

Las empresas con ERTE podrán despedir a los trabajadores no incluidos en ellos

Las empresas con ERTE podrán despedir a los trabajadores no incluidos en ellos 

El BOE publica el decreto que mantiene las regulaciones temporales de empleo y las prestaciones extraordinarias hasta el próximo 30 de junio

 

El País

Manuel V. Gómez

 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el decreto-ley que desvincula los ERTE por fuerza mayor de la declaración del Estado de alarma y pone como fecha límite para su vigencia el 30 de junio. En él se aclara que la exigencia de las empresas que se han acogido a estas regulaciones temporales de mantener el empleo durante seis meses se acota a los trabajadores afectados y no a toda la plantilla. También delimita la restricción para los despidos individuales y colectivos por causas objetivas provocadas que se incluyó a finales de marzo por el coronavirus hasta el 30 de junio.

Llegado el 30 de junio también decaen las prestaciones extraordinarias que cobran los trabajadores afectados, tanto los que están en un ERTE por fuerza mayor como los que lo están en uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción provocadas por el coronavirus. Hay una excepción los trabajadores fijos discontinuos, que mantendrán las ayudas extra hasta el 31 de diciembre. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que la fecha del 30 de junio puede ser prorrogada por el Consejo de Ministros tanto para los expedientes como para las prestaciones tras negociarse en la comisión tripartita que crea el decreto-ley y en la que estarán presentes el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

Hasta ahora la duración de los ERTE por fuerza mayor estaba vinculada al estado de alarma. Desde este miércoles tienen fecha de caducidad en el 30 de junio, aunque pueden prolongarse de forma selectiva por más tiempo por el Consejo de Ministros previa consulta con los agentes sociales. La duración de los otros, en cambio, está determinada por el pacto al que haya llegado la empresa con los trabajadores o solo por ella si no ha habido pacto. Los primeros, que afectan ahora a unos tres millones de personas (más del 90% del total a finales de abril), cuentan con importantes exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social; los otros, que afectan a más de 300.000 personas, no tienen esas exoneraciones. Menos diferencias hay en las prestaciones que llevan aparejadas. En ambos casos son extraordinarias, es decir, los trabajadores que las cobran no consumen su derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo si fueran despedidos después o la perciben igualmente aunque no hayan cotizado lo suficiente para tener ese derecho. Lo que sucede es que los ERTE que no son por fuerza mayor pueden haberse pactado por un periodo de tiempo que vaya más allá del 30 de junio. En este caso, los trabajadores afectados pasarán a consumir la prestación ordinaria si tuvieran derecho a ella o dejarán de percibirla si no hubieran cotizado el tiempo necesario.

La exigencia para las empresas que han implantado ERTE por fuerza mayor de no despedir a ningún trabajador durante medio año so pena de tener que devolver las cotizaciones exoneradas fue uno de los escollos de la negociación. Las patronales CEOE y Cepyme lo han rechazado desde que se aprobó la primera regulación, ya en marzo. Y ahora reclamaron su eliminación o reducción. No lo consiguieron. El Ministerio de Trabajo no estaba dispuesto a renunciar a él, pero sí introdujo matices que reducen la magnitud del compromiso. Uno de ellos es que las empresas que demuestren que están en riesgo de caer en el concurso de acreedores no están obligadas a cumplir el compromiso.

Otra excepción incluida atañe a las empresas con “alta variabilidad o estacionalidad en el empleo”. No obstante, la redacción de este punto deja muy abierta la interpretación sobre qué quiere decir eso a la Administración y a las empresas. Esta cláusula ya estaba en alguno de los decretos extraordinarios sobre ERTE aprobados durante la crisis del coronavirus y fuentes de la negociación apuntan que se ha vuelto a incluir para introducir un criterio de “ponderación” en lo que supone mantener el empleo. Desde el Ministerio de Trabajo se advierte que la Inspección estará vigilante para que no dé pie al fraude.

Además, el decreto también aclara que el reloj para contar los seis meses empezará a correr cuando la empresa comience a recuperar su actividad. Es decir, desde el primer trabajador que rescata y no el último. Todos estos matices fueron claves para que la CEOE firmara el pacto el lunes.

El decreto publicado este miércoles también explica cómo deben actuar los empresarios para recuperar a los trabajadores afectados por ERTE. Tendrán que comunicárselo al Servicio Público de Empleo Estatal para que este deje de pagar las prestaciones y también a la Tesorería de la Seguridad Social para que esta adapte las exoneraciones de cotizaciones. Para esto último, bastará una declaración responsable del empresario.

Las exenciones de cotizaciones serán, a partir de ahora, de dos tipos. Para las empresas que no puedan recuperar la actividad ni siquiera parcialmente, sigue vigente la reducción al 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tengan 50 o más.

Para las que puedan abrir, la exoneración es más compleja: para los empleados que ya hayan vuelto al trabajo, su cotización empresarial correspondiente se reduce un 85% en mayo y un 70% en junio para las sociedades más pequeñas (menos de 50 empleados), y un 60% y un 45%, respectivamente, para los demás compañías. En cambio, para los trabajadores que sigan afectados por el ERTE la rebaja en la cotización será menor: 60% en mayo y 45% en junio para las empresas más pequeñas y el 45% y el 35%, respectivamente, en el resto.

Información de interés:

ERTE: Guía práctica para empresarios y trabajadores

Deportistas y paseantes bajo sospecha

Deportistas y paseantes bajo sospecha

En el BOE del pasado sábado se publicó la orden ministerial que reguló los detalles sobre la fase 1 de la denominada desescalada permitiendo, entre otras actividades, la libre circulación dentro de la provincia -en nuestro caso, Comunidad Autónoma- y acudir a comercios y terrazas de hostelería en horario de apertura. Esto es, a partir de hoy los ciudadanos podrán circular libremente por el territorio para utilizar los servicios autorizados, pudiendo reunirse en las terrazas de los locales de hostelería grupos de hasta 10 personas, sin que les afecte límite horario específico, ni franja de edad. Nada habría que objetar a ello si esta decisión se basase en criterios estrictamente sanitarios.

Sin embargo, ello no resiste un mínimo análisis basado en el sentido común al mantener los límites horarios y de franja de edad para los paseos y actividades deportivas.

Es, sencillamente, absurdo.

Dejando al lado la surrealista distinción entre "paseos" (limitados a un kilómetro de distancia desde el domicilio y una hora de duración) y práctica deportiva individual (como si un paseo para muchas personas no fuesen práctica deportiva, y viveversa) no sujeta al limite de hora ni de distancia, ¿qué sentido, desde el punto de vista sanitario, posee mantener franjas horarias para el paseo y el deporte, y no para acudir a terrazas de bares y cafeterías? ¿No era más importante la salud que la economía? ¿Es coherente limitar el paseo a 1 kilómetro desde el domicilio y no limitar la circulación por cualquier medio -a pie, en bicicleta, en automóvil- para acudir a una terraza o a un comercio? ¿Es, sanitariamente aceptable y coherente que en un episodio pandémico se puedan reunir 10 personas en la terraza de un bar y no puedan correr juntas dos personas en una zona aislada? 

La permisión de la libre circulación y apertura de comercios y terrazas de hostelería va a suponer"de facto", la supresión de las intensísimas limitaciones hasta ahora impuestas a la población; esto es, la supresión del confinamiento domiciliario. Ello, tal como está legislado, es una realidad reconocida con la boca pequeña cuando, reconociendo a su vez estas contradicciones, se apela por parte de los gestores políticos a la "responsabilidad social e individual". 

Sin embargo, algo falla. No se compagina bien esta apelación a la "responsabilidad social e individual", con la desconfianza absoluta que se ha mantenido con la ciudadanía hasta el momento, presentándonos a portavoces uniformados recordándonos las llamas del infierno sancionador que nos aguardaban en caso de incumplir el estricto encierro domiciliario impuesto ¿Por qué no se invocó antes esa "responsabilidad social e individual" para aliviar por ejemplo el estricto confinamiento padecido por los niños? ¿Por qué se confía de esta forma tan pintoresca en la ciudadanía ahora?

Y hablando de responsabilidad social e individual ¿Por qué los paseantes y deportistas son, cara a la norma, ciudadanos de segunda, sospechosos y a los que se tiene que limitar su libertad y, sin embargo los clientes de las terrazas y comercios, no, presumiendo en ellos el ejercicio de la responsabilidad individual y social reclamada? ¿Los deportistas y paseantes tienen menos responsabilidad social e individual que el resto de la ciudananía o será que el correr y pasear son, a diferencia del comercio y de la hostelería,  actividades no lucrativas? ¿Qué formas son estas de anteponer la salud a la economía? La conclusión que se extrae es que los paseantes y deportistas son administrativamente sospechosos, pese a que las prohibiciones se establezcan siendo eficaces no para quienes cumplen las leyes -a éstos no les hará falta- sino, precisamente, para quienes las incumplan...Y si hay algún principio que -salvo excepciones- se respete en el deporte es el juego limpio...¡Tan difícil de entender para algunos!

No, no se han prohibido los despidos durante el estado de alarma

No, no se han prohibido los despidos durante el estado de alarma

Se han restringido los despidos por causas objetivas que aleguen el estado de alarma como causa, pero nada impide a las empresas acudir a otras modalidades de despido

Daniel Amelang

Abogado de Red Jurídica

https://www.elsaltodiario.com/laboral

Tras la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, todos los medios de comunicación se apresuraron a anunciar que se prohibían o restringían los despidos mientras dure el estado de alarma. “No es necesario despedir a nadie en nuestro país“, insistió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede utilizar el Covid-19 para despedir”.

Sin embargo, si leemos la letra pequeña del Real Decreto-Ley 9/2020, descubrimos que lo anunciado por los medios (muchos de los cuales han modificado sus titulares en las últimas horas) no es del todo cierto: únicamente se han prohibido los despidos objetivos en los que se alegue la crisis del coronavirus como causa de extinción del contrato. Esto supone que, en principio, estas rescisiones de contratos serían improcedentes y, por tanto, se tendrían que indemnizar con 33 días por año trabajado.

Para explicar de forma más clara las implicaciones de esta medida debemos, en primer lugar, distinguir entre los distintos tipos de despido. 

Tipos de despido

En un primer lugar, se encuentran los despidos procedentes. Pueden subdividirse entre los despidos disciplinarios, motivados por un incumplimiento grave y culpable (no fortuito) de la trabajador, y los despidos por causas objetivas, que se dan cuando la economía de la empresa presenta pérdidas o disminución de ingresos, cuando existen cambios organizativos en la empresa por la que el trabajo que presta la persona despedida no es necesario, o cuando existen cambios en la producción de la empresa.

Estos despidos por causas objetivas son los que se han vetado mientras dure el estado de alarma, siempre y cuando se alegue el estado de alarma como causa.

En el caso de los despidos disciplinarios el trabajador no percibirá ningún tipo de compensación, mientras que en los despidos por causas objetivas la indemnización será de 20 días de salario por cada año trabajado. Por supuesto, el cálculo es proporcional al tiempo trabajado, por lo que no es necesario haber trabajado durante años completos.

Por otro lado, tenemos los despidos improcedentes, la modalidad más común de extinción de contrato. Es el que se da cuando no existe causa de despido alguna o cuando éstas no se pueden acreditar.

En estos supuestos, la empresa es condenada a abonar una indemnización de 33 días por año trabajado (45 días por los años trabajados con anterioridad al mes de febrero de 2012, momento en que entró en vigor la Reforma Laboral).

Por último, los despidos pueden considerarse nulos si se demuestra que se aprobaron por razones de discriminación (como puede ser por motivaciones racistas, sexistas, etc.) o con vulneración de derechos fundamentales (despido por rechazar los avances del empleador, por estar embarazada, por ejercer el derecho de huelga, etc.).

En caso de que se logre acreditar la nulidad de un despido, la empresa se encuentra obligada a readmitir al trabajador, abonando los salarios de tramitación que debería haber percibido desde la fecha del despido hasta la readmisión. 

¿Se han prohibido los despidos durante el estado de alarma?

La respuesta es que no. Lo que se ha restringido son los despidos que aleguen el estado de alarma como causa, pues el artículo 2 del Real Decreto-Ley aprobado ayer (que entra en vigor hoy) no permite que se lleven a cabo despidos por causas objetivas basados en este tipo de explicaciones. La razón que subyace tras esto es que las empresas que se encuentren atravesando dificultades económicas pueden acogerse a un ERTE y suspender los contratos de sus empleadas, sin coste alguno, sin necesidad de extinguirlos.

Sin embargo, nada impide a la empresa llevar a cabo un despido improcedente (pagando una indemnización de 33 días por año trabajado, en lugar de 20 días) para echar a algún trabajador.

La efectividad de la medida, por tanto, es bastante limitada. Únicamente protegerá a los trabajadores con mucha antigüedad a las que algún empresario avispado podría intentar despedir en estas fechas, intentando ahorrarse 13 días por año trabajado de indemnización. En el caso de trabajadores con poca antigüedad (una figura que, por desgracia, se está convirtiendo en la norma), la diferencia en el importe de una indemnización por despido improcedente (33 días por año) varía tan poco de la de un despido por causas objetivas (20 días por año), que la protección resulta casi inexistente.

De hecho, la medida incluso puede llegar a ser contraproducente para algunas trabajadores. Si las empresas se esfuerzan por alegar una ineptitud sobrevenida de sus empleadas, o una falta de adaptación de alguna de ellas, se irán a casa con un despido disciplinario (cero euros) en vez de los 20 días por año trabajado del despido por causas objetivas. Por supuesto, en casos así, las trabajadores podrían demandar a la empresa, alegar que ese despido es fraudulento y reclamar un despido improcedente (con su indemnización de 33 días por año), pero ello requerirá que se movilicen, se busquen una abogada, demanden a la empresa (cosa que no hace todo el mundo), esperen a que llegue la fecha de juicio (teniendo en cuenta que ahora mismo se encuentran paralizados todos los plazos administrativos y procesales, por lo que el señalamiento puede tardar) y a que ganen el juicio contra una empresa que, esperemos, no haya quebrado para entonces. 

La necesaria contrarreforma laboral: recuperar los salarios de tramitación

La forma más efectiva de evitar los despidos con causas inventadas o inciertas y de recibir desde el principio la indemnización que corresponda pasa por revertir los efectos más dañinos de la Reforma Laboral de 2012. Es decir, por recuperar los salarios de tramitación para despidos improcedentes.

Como dice la compañera Esther Comas en un artículo publicado en este medio, “con anterioridad a 2012, el empresario estaba obligado a abonar los salarios de tramitación en aquellos casos en los que el trabajador impugnara su despido y este fuera señalado como nulo o improcedente, es decir, sin justa causa. De ser así, como decíamos, la empresa debía abonar en su totalidad los salarios dejados de percibir por el trabajador despedido desde el momento en el que la extinción se hizo efectiva y hasta que el despido fue declarado improcedente o nulo mediante sentencia judicial”. Desde la reforma del 2012, el despido únicamente conllevara el pago de los salarios de tramitación al trabajador si éste es declarado nulo (así como en algunos otros casos anecdóticos que no son necesarios mencionar en este breve artículo).

Concluye Comas, con gran acierto, lo siguiente: “Como es fácil apreciar, la reforma de 2012 en lo que respecta a los salarios de tramitación desactiva en buena medida uno de los principales factores disuasorios frente a las prácticas empresariales abusivas relativas a la extinción sin causa de la relación laboral. La cuestión es fácil de apreciar. Imaginemos una empresa que decide despedir a un integrante de su plantilla sin que existan razones objetivas o disciplinarias para ello, tal y como sucede con un porcentaje importante de los despidos que se accionan a diario. En el peor de los casos, el trabajador afectado se verá obligado a acudir a los tribunales e interponer la correspondiente demanda alegando que, sencillamente, su despido no responde a la causa que la empresa alega. De ser así, el empresario no asume más riesgo que el hecho de que la futura sentencia lo acredite en este sentido y se vea obligado a abonar la indemnización que desde el principio ya sabía que le correspondía. En cambio, si el trabajador no demanda o la sentencia le es favorable, se habrá ahorrado una parte del importe indemnizatorio que hubiera pertocado”.

Es por ello que, en mi opinión, la prioridad del Ministerio de Trabajo debe ser la de recuperar los salarios de tramitación como medida de penalización a las empresas que no abonen el importe de indemnización correcto a sus trabajadores desde el primer momento.