miércoles, 13 de abril de 2011

Ni Verdes, ni Liberales, ni Conservadores, ni Socialdemócratas han podido con el pueblo: Islandia dice otra vez NO al suicidio financiero al que le conminaba la Unión Europea

Autor:  Michael Hudson 
Fuente: Sinpermiso

"…para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías."

"Votando NO en el referéndum del 9 de abril lo que la población islandesa dice a los negociadores financieros de Europa es: '¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros'."

Ayer, 9 de abril de 2011, el pueblo islandés ha vuelto a decir "No" en un referédum de la mayor importancia, no sólo para los destinos de la economía y aun de la nación septentrional, sino para el futuro de la democracia y de la economía del continente europeo. El pueblo islandés tenía que votar sobre el frívolo y poco meditado acuerdo al que el gobierno verde y socialdemócrata había llegado con la UE para hacerse cargo de las enormes deudas contraídas con clientes privados británicos y holandeses por el banco privado Icesave. Asombra el espectáculo, común a toda Europa, de unos Parlamentos más y más divorciados de la opinión pública y el creciente descrédito de lo que ha dado en llamarse la "clase política". En este artículo, escrito con su lucidez y perspicacia habituales dos días antes de que se celebrara el referéndum y a propósito del mismo, Michael Hudson analiza lo que anda en juego en la economía y en la política europeas de nuestros días.

Un combate epocal se desarrolla este fin de semana en Islandia. El sábado, 9 de abril, los islandeses votan en referéndum si someten o no a su econonomía a décadas de miseria, bancarrota y emigración forzosa de su fuerza laboral. Al menos, ese es el programa defendido por la actual coalición gobernante de Verdes y Socialdemócratas, que urgen a votar Sí al rescate del banco Icesave. Su política de rendición financiera se traga el cabildeo del Banco Central Europeo a favor de una desregulación neoliberal que llevó a la burbuja inmobiliaria y al endeudamiento apalancado, presentándola como si de una historia de éxitos se tratara, y no, como es el caso, de un proceso que ha terminado por llevar a Islandia a la servidumbre por deuda. La verdad es que se trató de un gigantesco fraude bancario, de una orgía de ventajistas que jugaban con información interna privilegiada: los ejecutivos bancarios se prestaban el dinero a sí mismos, dejando una cáscara vacía: así, decían, funcionan los "mercados libres". Se recomendaba el endeudamiento como vía para hacerse rico. El precio que pagó Islandia fue un desplome del 70% del valor de sus viviendas (en un país en el que [como en España] los deudores hipotecarios son personalmente responsables de su deuda, cualquiera que llegue a ser el valor de la vivienda), un PIB en caída libre, un creciente desempleo, quiebras y desahucios. 

Para poner el voto del sábado 9 en perspectiva, vale la pena ver qué cosas parecidas han ido pasando en el último año en toda Europa. Para no iniciados, durante ese año se ha popularizado un nuevo acrónimo, PIIGS, para referirse a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Grecia

La erupción comenzó en Grecia. Una de las herencias del régimen de los coroneles fue la evasión fiscal de los ricos. Eso llevó a déficits presupuestarios, y los bancos de Wall Street ayudaron al gobierno [conservador griego] a esconder su deuda pública en una contabilidad basura de "libre empresa". Luego, los acreedores alemanes y franceses hicieron una fortuna elevando las tasas de interés que Grecia tenía que pagar por su acrecido riesgo crediticio.

Se le dijo a Grecia que tenía que levantar los ingresos fiscales con impuestos a los trabajadores y haciendo pagar más por los servicios públicos. Eso aumenta el coste de la vida y el coste de hacer negocios, quitando competitividad a la economía. La respuesta de manual neoliberal es ésta: hay que convertir a la economía toda en una enorme colección de puestos de peaje. La idea es atacar el empleo público rebajando los salarios de los funcionarios, a fin de presionar a la baja los salarios del sector privado, al tiempo que se recortan servicios sociales básicos y se eleva el coste de la vida introduciendo cargos de peaje en las autiovías y en otras infraestructuras básicas. 

Los Tigres Bálticos fueron pioneros en eso, y deberían ser una advertencia para el resto de Europa. Letonia batió todas las marcas en 2008-09 cuando, plegándose a los dictados del Comisario europeo de economía y moneda, Joaquín Almunia, destruyó un 25% de su PIB y recortó los salarios públicos en un 30%. Letonia no recuperará los niveles precrisis de PIB que tenía en 2007 hasta por lo menos 2016: toda una década perdida, despilfarrada en una penitencia financiera resultante de haber creído en las fantasías neoliberales de que su burbuja inmobiliaria era una proceso prometedor de rebosante éxitos.

En otoño de 2009, el primer ministro socialista George Papandreu prometió en una cumbre de la UE que Grecia no quebraría por causa de un volumen de deuda de 298 mil millones de euros, pero advirtió: "Nosotros no hemos llegado al poder para desmantelar el Estado social. No serán los trabajadores asalariados quienes paguen por esta situación: ni congelaremos salarios ni, mucho menos, los recortaremos". Sin embargo, para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías.

El programa de la UE y del FMI inspira la versión actual de los desórdenes inducidos por el FMI" en América Latina en los 70 y 80 del siglo pasado. Almunia, el verdugo de la economía letona, exigió unas "reformas" que pasaban por recortes en la asistencia sanitaria, en las pensiones y en el empleo público, "reformas" acompañadas de una proliferación de impuestos, gravámenes y peajes de carretera y en otras infraestructuras básicas. 

La palabra "reforma" se ha convertido en un eufemismo para hablar de la jibarización del sector público y de la privatización de activos públicos, liquidados a precio de ganga en beneficio de los acreedores. Esa política inspiró en Grecia una rebelión de desobediencia civil –"yo no pago"— que terminó por convertirse en "un movimiento antiausteridad de alcance nacional. Los partidarios de ese movimiento se niegan a pagar los peajes de las autopistas; en Atenas, se suben sin billete al metro y a los autobuses para protestar contra un 'injusto' aumento del 40% en los viajes". (Kerin Hope, "Greeks adopt 'won't pay' attitude," Financial Times, 10 marzo 2011.) Ni que decir tiene, los policías simpatizan lo bastante con el movimiento, como para abstenerse de poner multas.  

Un artículo aparecido en [el rotatiivo parisino] Le Monde acusó al plan de la UE y el FMI de "cabalgar por encima de las más elementales reglas de la democracia. De ponerse por obra ese plan, resultaría en un colpaso de la economía y de los ingresos de la gente sin precedentes en Europa desde los años 30. Salta igualmente a la vista la colusión entre los mercados, los bancos centrales y los gobiernos para hacer pagar a los pueblos la factura del capricho arbitrario del sistema".

Irlanda

Irlanda es la economía más golpeada de la Eurozona. El partido inveteradamente gobernante, el liberal Fianna Fail [en coalición con Los Verdes] aceptó en su día incorporar las pérdidas bancarias a la contabilidad pública, imponiendo lo que tiene el aspecto de convertirse en décadas de austeridad (y en la mayor emigración forzosa desde la Hambruna de la Patata, a mediados del siglo XIX). Los votantes respondieron echando del gobierno al partido liberal –que perdió dos tercios de sus escaños en el Parlamento— y haciendo desaparecer del panorama político al Partido Verde, mientras el principal partido opositor, el democristiano Fine Gael, prometía a finales del pasado noviembre renegociar un préstamo de rescate de la UE y el FMI por un montante de 115 mil millones de dólares y el correspondiente programa de austeridad. 

Un editorial del Financial Times se refirió al paquete de rescate –un eufemismo para la destrucción financiera— como la degradación de una nación a la condición de "esclavitud escriturada". Los euroburócratas "pretenden que el contribuyente irlandés eche más dinero en los agujeros abiertos por los bancos privados. Como parte del rescate, Dublín tendrá que ir consumiendo un fondo de pensiones creado en los días en que Berlín y París estaban violando las reglas de Mastricht (…) mientras se sacraliza a los tenedores de bonos y las apresuradas liquidaciones de activos aumentan el riesgo de que pérdidas aún mayores sean cargadas sobre las espaldas del contribuyente". Lo único que auguran las promesas de la UE de renegociar el acuerdo son concesiones engañosas que no lograrán rescatar a los trabajadores y a la industria irlandeses de tener que pagar la factura de los préstamos temerariamente concedidos por la banca privada nacional. Las opciones de Irlanda, así pues, se reducen o a rechazar o a aceptar las exigencias de la Comisión Europea de "salvar la integridad de los banqueros" a expensas del trabajo y de la industria. La cosa recuerda la célebre sentencia de William Nassau Senior –el que sucedió a Malthus en la cátedra del East India College— cuando, informado de que en la Hambruna de la Patata habían muerto en Irlanda un millón de personas, repuso impertérrito: "No son suficientes". Ya se ve que la teoría económica basura de los neoliberales goza de un largo pedigrí.

Se ha alterado radicalmente la idea de la soberanía nacional, y aun el supuesto básico subyacente a toda la teoría política: la premisa de que los gobiernos actúan conforme al interés nacional.

Se calcula que los intereses servidos por el gobierno irlandés –por un monto de 10 mil millones de euros— absorverán el 80% de los ingresos fiscales recaudados por el gobierno en 2010. Eso está más allá de la capacidad de supervivencia de cualquier Estado o de cualquier economía. Significa que todo el crecimiento va a ir a parar, como tributo, a la UE por haber rescatado a temerarios banqueros alemanes, y de otros países, que ni siquiera se percataron del hecho aparantemente palmario de que las deudas que no se pueden pagar, nunca se pagan. El problema es que, mientras van percatándose de eso, las economíaas serán destruidas, los activos, aventados, el capital, esquilmado, y el trabajo, obligado a emigrar. Letonia es el emblema de todo eso, con un tercio de su población entre 20 y 40 años que ya ha emigrado o planea hacerlo en los próximos años. 

La argentinización de Europa

La pesadilla de la UE es que los votantes puedan despertar como terminaron despertando los argentinos cuando se les anunció oficialmente que los consejos neoliberales que les habían venido dando los asesores estadounidenses y del FMI habían destruido la economíaa argentina. El pago de la deuda era imposible. Y llegados a ese punto, no tuvo Argentina demasuiadas dificultades para depreciar en un 70% el valor de la deuda contraida con acreedores extranjeros. Su economía está ahora en auge, precisamente porque, emancipada de sus cuervos financieros, vuelve a ser digna de crédito. 

Algo muy parecido ocurrió en América Latina y otros países del Tercer Mundo luego de que México anunciara que no podría pagar su deuda exterior en 1982. Se produjo una oleada de quiebras, lo que generó negociaciones para la depreciación de la deuda, culminando con los bonos Brady. Los EEUU y otros acreedores calcularon con realismo lo que los deudores estaban en condiciones de pagar. Y substituyeron los viejos créditos bancarios, irresponsablemente concedidos, por nuevos bonos. Los EEUU y otros miembros del FMI consideraron todo un éxito esas depreciaciones.

Pero a Irlanda, Grecia e Islandia se les cuentan ahora historias terroríficas sobre lo que podría ocurrir, si sus gobiernos se negaran a cometer suicidio financiero. Se teme, claro, la rebelión de los deudores, lo que llevaría a la Eurozona a desmembrarse por la resistencia a que las economías financiarizadas entreguen durante años y años todo su excedente a los acreedores, sometiéndose a las exigencias bancarias de sacrificar toda una generación a la austeridad, el encogimiento y la emigración. 

El referedum islandés y la pesadilla de la Comisión europea: la rebelión de los deudores

Y ese es el asunto que se dirime este sábado [9 de abril de 2011] en el referéndum islandés. Es la cuestión a la que se enfrenta el conjunto de los votantes europeos: ¿tienen las economías de nuestros días que sujetarse a los bancos y rescatarlos con recursos públicos de préstamos temerariamente concedidos? ¿O hay que purgar al sistema financiero para que, al revés, sirva a la economía y contribuya a elevar los niveles de vida, en vez de imponer austeridad?.

Parece una ironía que los partidos socialistas (España, Grecia), el Partido Laborista británico y varios partidos socialdemócratas se hayan desplazado hacia el extremo probanquero derechista del espectro político, comprometiéndose a imponer una austeridad hostil al mundo del trabajo, no sólo en Europa, sino también en Nueva Zelanda (el emblema de las privatizaciones thatcheritas en los 90) y aun Australia. La política de reducción de los servicios sociales públicos y de apostar por las privatizaciones es diametralmente opuesta a sus posiciones de hace un siglo. ¿Cómo llegaron a divorciarse a tal punto de los trabajadores, sus originarios votantes? Diríase que su función actual es la de imponer cualesquiera políticas derechistas que los partidos conservadores no se avilantan a desarrollar: un poco como Obama, neutralizador de posibles alternativas del Partido Demócrata al cabiledeo Republicano a favor de políticas económicas à la Rubin [el célebre alto ejecutivo del banco privado Goldman Sachs que, como secreterio del Tesoro norteamericano, determinó toda la política económica de los gobiernos de Bill Clinton; T.].

¿Incauta credulidad? Puede que ése haya sido el caso en Rusia, cuyos dirigentes parecían tener poca idea de cómo defenderse de los destructivos consejos de los chicos de Harvard y de Jeffery Sachs. Pero hay algo menos incauto y más intencional en la política del Partido Laborista británico de pasar a Thatcher por la derecha en punto a privatización de ferrocarriles y otras infraestructuras económicas clave a través de su "Sociedad Público-Privado". Es la actitud que llevó a a Gordon Brown a esgrimir la amenaza de bloquear la entrada de Islandia en la UE, si los votantes islandeses se oponían a rescatar lo que no era sino el fracaso de la neoliberal agencia británica aseguradora de bancos a la hora de prevenir que los báncsters saquearan Icesave. El pasado fin de semana, medio millón de ciudadanos británicos marcharon por las calles de Londres protestando contra los anunciados recortes de servicios sociales, educación y transporte, así como contra los aumentos de impuestos destinados a pagar los rescates de Gordon Brown de bancos privados como el Northern Rock y el Royal Bank of Scottland. La carga la soportarán los trabajadores y la industria, no la clase financiera británica. El Daily Express, un diario de tirada nacional siempre dispuesto a lanzar campañas, está ahora desarrollando una ruidosa campaña para que el Reino Unido abandone la UE aduciendo sobre poco más o menos las mismas razones por las que hasta ahora se ha abstenido el país de entrar en la Eurozona monetaria. 

¿Qué podrían razonablemente esperar Islandia y otros países deudores de pagar su deuda, especialmente en los tiempos que corren? El acuerdo propuesto daría a Gran Bretaña y a Holanda más de lo que les darían las directrices de la UE. Islandia tiene robustos argumentos jurídicos para plantarse. Las advertencias de los socialdemócratas y los verdes islandeses sobre la UE son tan exageradas, que le llevan a uno a maliciar si los diputados del Althing [el parlamento islandés] no estarán simplemente buscando evitar una investigación sobre lo que realmente ocurrió con los depósitos del Landbanki Icesave. La Oficina de Fraude británica se ha puesto últimamente más seria en la investigación de lo que ocurrió con el dinero, y ha empezado a detener a exdirectores. Vivimos tiempos realmente extraños, con un gobierno islandés [¡socialdemócrata y verde!] resignado a cargar la mala deuda de bancos privados en la contabilidad pública islandesa. 

El problema es que, cuanto más encoja la economía de Islandia, tanto más imposible le resultará pagar la deuda externa. El gobierno islandés mendiga con desesperación la entrada en la UE, sin preguntarse siquiera qué coste tiene eso. El coste: se desplomaría la tasa de cambio de la corona islandesa, encogería la economíaa islandesa y los trabajadores jóvenes islandeses se verían forzados a emigrar en busca de puestos de trabajo y para evitar las quiebras y los desahucios resultantes de la sujeción a políticas de austeridad.

Nadie conoce realmente la profundidad del agujero. El gobierno islandés ni siquiera ha intentado realizar un análsis serio de riesgos. Lo que está claro es que la UE y el FMI han sido irresponsablemente optimistas. Cada informe estadístico nuevo resulta "sorprendente" e "inesperado". Sobre la base de las hipótesis de trabajo del FMI acerca de la evolución de la tasa de cambio de la corona islandesa hasta finales de 2009, por ejemplo, el personal del FMI hizo proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB. Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcazar el 249% del PIB, un nivel que consideraba "claramente insostenible". Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda de Icesave que el gobierno quiere asumir.

Los acreedores nada pierden impartiendo los consejos de la teoría económica basura. Se han mostrado muy dispuestos a alentar a las economías a destruirse a sí propias en el proceso de tratar de pagar: algo así como aplaudir a los trabajadores de las plantas nucleares por ir a apagar un incendio en medio de radiaciones. En el caso de Irlanda, la UE conminó a su gobierno [verdi-liberal] a responsabilizarse de préstamos bancarios privados que, al final, resultaron valer sólo un 30% (sí, un 30%: no es un erratum mecanográfico) del precio de mercado estimado. Dijo que eso podía hacerse ·fácilmente". El gobierno verdi-liberal aceptó. Consecuencia: la práctica desaparición del Partido Verde irlandés y, lo que es mucho más importante, la condena de la economía irlandesa a por lo menos dos décadas de miseria, emigración y bancarrota. 

Lo que empeora el problema es que la deuda contraída en moneda extranjera no se paga a partir del PIB (cuyas transacciones se realizan en moneda nacional), sino a partir de los beneficios de la exportación más las ganancias resultantes de la liquidación de activos públicos comprados por inversores extranjeros. Para Islandia, la cuestión sería qué volumen de productos y servicios –y de recursos naturales y empresas— nacionales comprarían británicos y holandeses.

Se supone que es responsabilidad de los acreedores colaborar con los deudores y negociar los pagos en exportaciones. En vez de eso, los actuales acreedores se limitan a exigir a los gobiernos que vendan a precios de liquidación tierras, recursos minerales, infraestructuras básicas y monopolios naturales para pagar a los acreedores extranjeros. Esos activos resultan confiscados en lo que, en efecto, es un procedimiento pre-bancarrota. Los nuevos compradores, entonces, convierten la economía toda en una red de puestos de peaje, elevando las cargas de acceso al transporte, al servicio telefónico y a otros servicios privatizados.

Uno estaría tentado a pensar que la respuesta normal de un gobierno en estos casos de negociación de la deuda externa sería nombrar una comisión de expertos que evaluara la posición de la economía, a fin de ponderar la capacidad de pago de las deudas contraídas en el extranjero y de formular los términos de un acuerdo conforme a la propia capacidad de pago. Pero no ha habido tal cosa. El Althing [parlamento islandés] se ha limitado simplemente a aceptar las exigencias del Reino Unido y de Holanda sin la menor negociación. Ni siquiera ha levantado protesta por el hecho de que británicos y holandeses sigan adelantando las manijas del reloj de los intereses en las cargas que están exigiendo.

Votando NO en el referéndum del 9 de abril, lo que la población islandesa va a decir a los negociadores financieros de Europa es: "¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros".

El incalificable papel jugado por las agencias de calificación del riesgo

Las agencias de calificación crediticia han tratado de apoyar los esfuerzos del Althing por amedrentar a la población islandesa para que vote "Sí". El pasado 23 de febrero, Moody's amenazaba: "si se rechaza el acuerdo, lo más probable es que rebajemos la calificación de Islandia hasta Ba1, o menos". Si los votantes aprobaran el acuerdo, en cambio, "lo más probable es que cambiáramos la actual calificación del gobierno en Baa3, de negativa a estable", a la vista de un probable "recorte en los restantes 1.100 millones de dólares comprometidos por los otros países nórdicos y probablemente también de un aplazamiento del programa del FMI para Islandia".

Tal vez no muchos islandeses se percatan de que las agencias de calificación son, en la práctica, lobistas de sus clientes, el sector financiero. Uno pensaría que perdieron definitivamente su reputación de honradez –no digamos de competencia— cuando calificaron con una triple AAA las hipotecas basura que desencadenaron la actual catástrofe financiera global. La explicación es que lo hicieron todo por dinero. No son más honradas que Arthur Andersen, la desaparecida compañía auditora que aprobó, como se recordará, la contabilidad basura de Enron. 
   
La idea que yo me he forjado de las agencias de calificación la debo en no pequeña medida a la historia que me contó Dennis Kucinich de cuando era alcalde de Cleveland, Ohio. Los bancos y algunos de los principales clientes de éstos habían puesto los ojos en la privatización de la empresa pública de electricidad. Los privatizadores querían comprarla a crédito (con unos intereses fiscalmente deducibles, que privaban al gobierno de recaudar los correspondientes ingresos fiscales) y aumentar drásticamente los precios para poder pagar exorbitantes remuneraciones a sus ejecutivos, ultrajantes honorarios de suscripción del crédito a los bancos y unas bonitas compensaciones a las agencias de calificación. Los bancos le pidieron al alcalde Kucinich que les vendiera el banco municipal, prometiendo ayudarle a ser gobernador si traicionaba a su electorado. 

Kucinich dijo "No". Asi que los bancos recurrieron a sus perros de presa, las agencias de calificación. Amenazaron éstas con degradar la calificación de Cleveland para que no pudiera mantener el equilibrio en los empréstitos normales que tenía con los bancos. Llegaron a decirle: "Suéltenos su compañía energética o le arruinaremos las finanzas de la ciudad". 

Kuzinich volvió a negarse. Y los bancos cumplieron sus amenazas, pero el alcalde había salvado a la ciudad de ver esquilmados sus ingresos con cargas de privatización predatoria. A su debido tiempo, los votantes llevaron a Kucinich al Congreso, y terminó siendo un canditado a la presidencia.

Volviendo al problema de las agencias de calificación crediticia, ¿cómo puede llegar a creer nadie que aceptar pagar una deuda de monto impagable mejorará la calificación crediticia de Islandia? Los inversores han aprendido a depender de su propio sentido común al perder centenares de miles de millones de dólares por causa de las temerarias estimaciones de las agencias de calificación. Las agencias de calificación han conseguido eludir la persecución penal alegando que en la letra pequeña de sus contratos se dice que no hacen sino dar una "opinión", no un análisis realista en el que pudieran fundarse honradas responsabilidades profesionales.

La experiencia argentina debería servir aquí de modelo, al ilustrar cómo la significativa  depreciación de la deuda exterior puede contribuir a aumentar, no a disminuir, la credibilidad de una economía. Y en lo atinente a posibles pleitos judiciales, recuérdese que uno de los axiomas básicos del Derecho Internacional Público es que ningún país soberano puede ser obligado a cometer suicidio financiero con medidas de austeridad financiera que lo pongan al borde del abismo de la emigración forzosa de sus trabajadores y el retroceso demográfico. Las naciones son entidades soberanas.

Islandia y Portugal, otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos

De modo que, tanto jurídica como moalmente, estaría mal que los ciudadanos islandeses tuvieran que emplear el resto de sus vidas en pagar unas deudas que, lejos de ser asunto suyo, deberían ser un asunto para dirimido entre la Oficina Británica del Fraude Financiero Grave y las agencias británicas de seguros bancarios. Lo que deciden los votos en el referédum islandés del 9 de abril es qué precio está dispuesta a pagar Islandia para entrar en la UE. En la práctica, y en la medida en que la Eurozona se enfrenta a una crisis generada por los deudores PIIGS, la cuestión es: ¿qué tipo de UE va a salir del actual conflicto entre acreedores y deudores? Hay miedo de que la Eurozona se desmembre en cualquier caso. Así que el actual gobierno socialdemócrata y verde islandés puede que esté buscando entrar  como miembro de una realidad ilusoria, una realidad en proceso de desmembración, al menos si se mantiene en su actual extremismo neoliberal. Precisamente ayer (jueves, 7 de abril), un editorial del Financial Times comentaba esto que sigue a propósito de la prematura rendición de Portugal a las exigencias de la UE:

"Otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos. A comienzos de esta semana, los bancos portugueses amenazaban con una ralentización de la compra de bonos, a menos que el gobierno custodio buscara ayudas financieras en otros países de la Unión Europea (…) Lisboa debería haberse mantenido firme en su posición (…) debería haberse resistido a las exigencias de los bancos: buscar un crédito-puente inmediato. (…) Al hacerlo tan fácil y prontamente, el gobierno se arriesga a aliernarse por entero a unos mercados alarmados. Y eso podria perjudicar el resultado de negociaciones persuasorias a más largo plazo".

"El gobierno custodio carece de la autoridad moral y de la autoridad política para determinar de esta forma el futuro de Portugal. No debería abandonar los mercados con tanta precipitación. Porque lo que eso podría significar en los meses venideros son intereses más altos en las emisiones de deuda pública, más altos, en cualquier caso, de lo que podría haber sido el caso si el gobierno no hubiera metido la mano tan pronto… El momento adecuado para optar a un rescate externo debería haber sido al final de un debate nacional."

Lo mismo debería valer para Islandia. Si observamos lo ocurrido durante el pasado año, diríase que la nación islandesa ha sido usada a modo de (cruel) experimento piscológico y político para ver cuánto está dispuesta a pagar una población, sin merecérselo, por lo que banqueros ventajistas han robado o se han prestado a sí mismos.

El actual gobierno socialdemócrata y verde islandés parece haberse desacoplado de lo que es bueno para los votantes y para la supervivencia misma de la economía de Islandia. Por eso desafía el axioma básico de toda ciencia social y de toda teoría económica, y es a saber: que las naciones actúan en su mejor interés propio. También es el axioma de la democracia: los electores se percatan de sus intereses y votan en consecuencia para elegir a representantes que apliquen políticas conformes a esos intereses. Para el politólogo, esto es toda una anomalía. ¿Cómo explicar que un parlamento nacional actúe en interés de acreedores británicos y holandeses, antes que en interés de su propio país, acusado de tener deudas que los votantes de otros países se han sacado de encima derribando precisamente a gobiernos dispuestos a hacerlas suyas?.


Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

martes, 12 de abril de 2011

De crisis, titulización y remuneraciones pagadas por las entidades financieras (a propósito de la Ley 6/2011)


Uno de los hechos más sangrantes en el contexto de la situación económica crítica que dicen experimentar las entidades financieras y que los ciudadanos contemplan estupefacción es la paradoja de primar a los grandes ejecutivos de estas entidades con millonarias remuneraciones -no entremos en la trampa de discutir su calificación formal: si son sueldos, “bonus”, incentivos, dietas por asistencias, mamandurrias o canonjías…al fin y al cabo de dinero hablamos- mientras que las entidades que les pagan “atraviesan una difícil situación” (¿cuántas veces oímos esta frase?) seguramente causada por su incompetencia y codicia.

¿Quiénes fueron los que diseñaron el proceso de titulización hipotecaria?. ¿Quiénes vendieron a otras entidades paquetes de títulos insolventes -caballos de Troya infectos- como productos financieros seguros?. ¿Quiénes incentivaron a sus empleados a colocar entre los clientes de las entidades financieras esos títulos?. Aún más. ¿Quiénes están contribuyendo a sostener la situación actual de crisis diseñando la estrategia de acaparar patrimonio inmobiliario pagando el 50 por 100 de valor de tasación -gracias a las generosas Leyes Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil españolas- con ocasión de las ejecuciones hipotecarias a familias a las que se les concedió préstamos superando el 80 por 100 del valor de tasación de sus viviendas?.

Lejos de imperar la ley del mercado y de sufrir sus dramáticas consecuencias, los responsables de la gigantesca pifia llamada crisis no sólo no se encuentran castigados, sino que mantienen sus millonarias retribuciones mientras que las entidades que les pagan van a pique no teniendo más remedio que fusionarse, acudir a la ayuda de los Estados o ambas cosas a la vez.

Los mismos personajes son los defensores a ultranza de una economía “libre” o "de mercado", en el que no intervenga el Estado -salvo para pagar los platos rotos quebrados por sus acciones, bajo el permanente chantaje del caos total-, no parando de proclamar con mayor intensidad y sin el menor atisbo de sonrojo la necesidad de ejecutar “medidas dolorosas, pero necesarias” (otra vez la manida frase) que restrinjan el gasto público sobre todo en los tres sectores claves en el denominado Estado de Bienestar y sin los cuales los ciudadanos carecerían de un sistema básico de igualdad de oportunidades: educación, sanidad y servicios sociales.

Precisamente de esta situación nos habla, claro está en otros términos, la Ley 6/2011, de 11 de abril, “por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas”, y en cuyo preámbulo podemos leer estas inofensivas y candorosas palabras:

“En el origen de la crisis financiera se encuentra la inversión en complejas estructuras de titulización, cuyo riesgo resultaba a menudo difícil de evaluar para los inversores.

La titulización es importante para el buen funcionamiento del sistema financiero ya que permite obtener importantes cantidades de financiación mediante el mecanismo de distribución del riesgo entre numerosos inversores.

No obstante, existe un problema de información asimétrica entre originador o patrocinador, más informado sobre las características de la estructura que pretende titulizar y, el inversor, mucho menos informado.

Ello generaría un perjuicio si los incentivos de ambos estuvieran alineados, pero, de hecho, no es así, ya que, mientras que el originador pretende transferir el riesgo al inversor, éste último pretende obtener la máxima rentabilidad posible con el mínimo riesgo. Con las modificaciones introducidas por la presente Ley a la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y a la Ley 24/1988, de 28 de julio, en el artículo primero.uno y segundo.uno, respectivamente, se pretende la alineación de ambos incentivos introduciendo la obligación a las entidades de cumplir con determinados requisitos que se desarrollarán mediante reglamento para permitir la exposición a posiciones de titulización y para iniciar una titulización”.

No menos candorosos son los preceptos de esta Ley dedicados a publicitar y supervisar las remuneraciones e incentivos pagados por las entidades financieras (entidades de crédito y empresas de servicios de inversión) a “aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo”.

Veámoslos:

“Artículo primero. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

Uno. (…)

Dos (…)

Tres. El apartado 1 del artículo décimo bis (de la Ley 13/1985, de 25 de mayo de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros) queda redactado como sigue:

«1. Corresponderá al Banco de España, en su condición de autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos consolidables:

a) Revisar los sistemas, sean acuerdos, estrategias, procedimientos o mecanismos de cualquier tipo, aplicados para dar cumplimiento a la normativa de solvencia contenida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. Dicha revisión incluirá a las políticas y prácticas de remuneración a que se refiere el apartado 1 bis del artículo 30 bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.

b) Evaluar los riesgos a los cuales están o pueden estar expuestos.

c) A partir de la revisión y evaluación mencionadas en las letras precedentes, determinar si los sistemas mencionados en la letra a) y los fondos propios mantenidos garantizan una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos.

d) Exigir a cada entidad de crédito que posea normas de gobierno que incluyan políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva para dar cumplimiento a la normativa sobre políticas y prácticas de remuneración que reglamentariamente se establezca.

e) Elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considera adecuados para favorecer una adecuada evaluación de los riesgos a que están o puedan estar expuestos así como el mejor cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina de los sujetos supervisados. Dichas guías podrán incluir los criterios que el propio Banco de España seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.

f) Elaborar y publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, prácticas o procedimientos, que considera adecuados para garantizar que las prácticas de remuneración derivan en unos incentivos de asunción de riesgos compatibles con una adecuada gestión del riesgo. Dichas guías podrán incluir los criterios que el propio Banco de España seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.

g) Utilizar la información recopilada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en el apartado 1 del artículo 10 ter para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración. El Banco de España facilitará a la Autoridad Bancaria Europea dicha información.

h) Recopilar información sobre el número de personas, en cada entidad de crédito, con remuneraciones de al menos 1 millón de euros, incluido el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. Esta información se transmitirá a la Autoridad Bancaria Europea.

(…)”
 
“Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo décimo ter (se está refiriendo nuevamente a la Ley 13/1985, de 25 de mayo de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros) , que queda redactado como sigue:

«1. Los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no integradas en uno de estos grupos consolidables harán pública, tan pronto como sea viable, al menos con periodicidad anual y debidamente integrada en un solo documento denominado Información con relevancia prudencial, información concreta sobre aquellos datos de su situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener interés con el fin de evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación al objeto de dar cumplimiento a las exigencias mínimas de recursos propios previstas en esta Ley.

También se publicará la siguiente información relativa a las prácticas y políticas de remuneración de las entidades de crédito para aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo:

a) Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de remuneración.

b) Información sobre las características fundamentales del sistema de remuneración, en especial en relación con los componentes que tengan carácter variable o prevean la entrega de acciones o derechos sobre ellas;

c) Información respecto a la relación entre remuneración, funciones desarrolladas, su efectivo desempeño y los riesgos de la entidad;

d) Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por ámbito de actividad;

El Banco de España determinará la información mínima que deberá ser objeto de publicación con arreglo a los párrafos anteriores. En todo caso, las entidades podrán omitir las informaciones que no tengan importancia relativa y, con la oportuna advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales; también podrán determinar el medio, lugar y modo de divulgación del citado documento.

Se exceptúa de las obligaciones previstas en este artículo a los grupos o entidades de crédito individuales controlados por otras entidades de crédito o sociedades financieras de cartera autorizadas o constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando entre ellas se encuentre una entidad de crédito importante, sea de acuerdo con el criterio que la autoridad responsable de supervisión consolidada del grupo haya comunicado al Banco de España, sea en criterio de este último, en atención a su actividad en España o a su importancia relativa dentro del grupo.

A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptarán una política formal para el cumplimiento de dichos requisitos de divulgación, la verificación de la suficiencia y exactitud de los datos divulgados y de la frecuencia de su divulgación, y dispondrán de procedimientos que permitan evaluar la adecuación de dicha política. (…)”.

Parecidas previsiones se repiten respecto a las empresas de servicios de inversión objeto de supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así el artículo segundo, de la Ley 6/2011 establece:


“Artículo segundo. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

Uno. (…)

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 70 bis, que queda redactado como sigue:

«1. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos consolidables, deberán hacer pública, en cuanto sea posible y al menos con periodicidad anual, debidamente integrada en un solo documento denominado Información sobre solvencia, información concreta sobre aquellos datos de su situación financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener interés de cara a evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organización interna y su situación en orden al cumplimiento de las exigencias mínimas de recursos propios previstas en esta Ley.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores determinará la información mínima que deberá ser objeto de publicación con arreglo al párrafo anterior. En todo caso, las entidades podrán omitir las informaciones que no tengan importancia relativa y, con la oportuna advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales; también podrán determinar el medio, lugar y modo de divulgación del citado documento.

También se publicará la siguiente información relativa a las prácticas y políticas de remuneración de los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión, así como de las empresas de servicios de inversión no integradas en uno de estos grupos consolidables, para aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo:

a) Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de remuneración;

b) Información sobre las características fundamentales del sistema de remuneración, en especial en relación con los componentes que tengan carácter variable o prevean la entrega de acciones o derechos sobre ellas;

c) Información de la relación entre remuneración, funciones desarrolladas, su efectivo desempeño y los riesgos de la entidad;

d) Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por ámbito de actividad.

A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptarán una política formal para el cumplimiento de dichos requisitos de divulgación y para la verificación de la suficiencia y exactitud de los datos divulgados y de la frecuencia de su divulgación, y dispondrán de procedimientos que les permitan evaluar la adecuación de dicha política.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, para dar cumplimiento a la normativa sobre políticas y prácticas de remuneración que reglamentariamente se establezca, podrá requerir a los grupos y entidades a los que se refiere este apartado que dispongan de políticas y prácticas remunerativas que sean compatibles con una gestión adecuada y eficaz del riesgo y la promuevan y que limiten las remuneraciones variables cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital.
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores utilizará la información recopilada de conformidad con los criterios de divulgación establecidos en esta Ley para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneración. La Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará dicha información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores recopilará información sobre el número de personas, en cada empresa de servicios de inversión, con remuneraciones de al menos 1 millón de euros, incluido el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. Esta información se transmitirá a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.»


Una duda final: los miembros de los consejos de administración, consejos rectores y órganos similares ¿formarán parte de lo que la Ley denomina “categorías de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo”?. Obsérvese que estos miembros pueden no ser empleados. La respuesta a la pregunta determinará el grado de ridiculez de una normativa ineficiente, mojigata y tardía ya que si la interpretación de los preceptos citados ocasionase la exclusión de aquéllos, estaríamos ante un monumento legal a la estupidez o, lo que es aún más grave, a la connivencia.

sábado, 9 de abril de 2011

“El yugo de la tarifa eléctrica”, artículo de Jesús Mota. “Si no saben comprar, vender, ni competir… ¿cómo piden liberalización?”

 


Fuente: El País

Durante dos legislaturas, el Gobierno ha renunciado a reformar la delirante regulación que determina los precios en el mercado eléctrico; la consecuencia es un encarecimiento desmedido del precio de la luz.

La capacidad de gestión de un Gobierno se mide por la rapidez con que identifica los problemas reales de un sistema económico y la presteza en resolverlos. La última subida de las tarifas eléctricas (9,8%), aplicada desde enero de 2011 como respuesta a la subida del precio de la electricidad en la llamada subasta CESUR (la subasta de Compra de Energía para el Suministro de Último Recurso, tótem inapelable que determina cuánto pagan los comercializadores por la electricidad y, en consecuencia, los ciudadanos de a pie) expone ante los consumidores la incapacidad del Ministerio de Industria para identificar las contradicciones de la regulación eléctrica y la indecisión de los servidores públicos para poner fin a un sistema de fijación de tarifas escandalosamente inclinado hacia los ingresos de las compañías eléctricas. Si el equipo energético de Industria hubiera mostrado una capacidad mínima de respuesta ante la presión de las empresas (las que acampan en el lobby tradicional, como Endesa o Iberdrola, pioneras en prácticas de garduña como los planes de pensiones que garantizan el caviar a la familia hasta la quinta generación, o los nuevos grupos de presión de las renovables), hubiera aceptado el encarecimiento del recibo eléctrico, desde luego, porque el procedimiento legal así lo exige y conviene respetar el principio de que los precios deben reflejar todos los costes; pero en el mismo momento de tan dolorosa aceptación (obligada por principios, podría decirse), tendría que haber anunciado su voluntad de desmontar el sistema actual de cálculo de las tarifas y sustituirlo por otro que refleje mejor la evolución de los precios de las materias primas energéticas en los mercados internacionales.

La subasta CESUR no es sino una convención de empresas que juegan a subirse los precios durante las fechas y plazos prefijados para calcular el precio final.

El sistema que regula las subidas del recibo de la electricidad en España incluye como pieza fundamental la mencionada subasta CESUR, que en resumen no es sino una convención de empresas que juegan a subirse los precios durante las fechas y plazos prefijados para calcular el precio final. No se trata de una subasta de verdad, una a la que acuden productores por una parte y compradores por otra, sino que las propias empresas y sus filiales compran, venden y encharcan los precios hasta modular a conveniencia las subidas. Algo parecido a la ruleta de la fortuna en el Far West que el mañoso crupier frenaba o aceleraba mediante un mecanismo pedestre para desplumar a los incautos. Esta subasta de marras es un producto tardío del sucedáneo de mercado eléctrico o rastrillo del kilovatio, ese cacharro manipulable que dejó en herencia el PP tras dos legislaturas de pingües concesiones a las eléctricas y que el PSOE ha sido incapaz de desmontar en dos legislaturas. Las promesas de liberalización han resonado durante dos lustros sin que se haya podido conseguir algo tan simple como la separación de la propiedad entre generación y comercialización, la condición cardinal, sobre la que debería pivotar cualquier hálito de liberalización.

Desde 1988 la única tarea de las empresas reguladas ha sido acumular derechos reconocidos de retribución y hostigar a la Administración para que se titulicen esos derechos al precio que sea.

Desde 1998 la única tarea de las empresas reguladas ha sido acumular derechos reconocidos de retribución (cuyas consecuencias se conocen como déficit de tarifa) y hostigar a la Administración (Industria, Hacienda, Economía) para que se titulicen esos derechos al precio que sea, con la seguridad de que los sobrecostes y gabelas financieras caerán como un rayo sobre los bolsillos de los consumidores. El truco para esculpir tales derechos en el recibo de la luz se esconde detrás de la confusión entre costes reconocidos (montados sobre una ficción de precio de mercado, es decir, del mencionado rastrillo y de la campanuda subasta CESUR) y costes realmente incurridos. Las compañías eléctricas tienen en su mano elevar los costes o precios reconocidos. Pero lo que debería contar son los costes realmente incurridos, desconocidos por la opinión pública y (es de temer) por el Gobierno. Por esa razón la trivial proclama del consejero delegado de Endesa, Borja Prado, pronunciada con enfática seriedad, de que el Gobierno tiene que subir los precios de la electricidad para acabar con el déficit de tarifa, se merece como respuesta que la mejor manera de acabar con el déficit es que las empresas dejen de fabricarse e inflarse derechos reconocidos utilizando las grietas de la regulación. O que el Gobierno se lo impida, algo de lo que, al parecer, es incapaz. De la misma manera, la petición de que los precios de la electricidad sean liberalizados que repite el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, merece una precisión: ¿esa liberalización debe hacerse antes o después de que el agua que utiliza Iberdrola para producir la electricidad sea pagada por la compañía a precio de subasta pública, en beneficio de los españoles que son propietarios del recurso, y no en régimen de concesión benéfica de la Administración a la empresa, como hasta ahora? Si no saben comprar, vender ni competir, ¿cómo piden liberalización?

El déficit de tarifa es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas.

Unos sencillos cálculos demostrarán además que el déficit de tarifa, esa inflación de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas. Veamos qué sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el año pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10%.

Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación perversa que debería haberse dinamitado en 2004. Por no mencionar el caos de las concesiones autonómicas de plantas eólicas, fotovoltaicas o solares, cuya desordenada aplicación en el sistema ha desplazado a los ciclos combinados sin que los consumidores tengan la electricidad más barata y perjudica la recuperación financiera de las plantas, calculada sobre una producción anual de 6.000 horas, cuando en realidad solo operaron el año pasado durante algo menos de 3.000 horas.

La responsabilidad política del desorden energético post PP (que fue quien lo creó) tiene nombres. En vanguardia, José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián, ministros del ramo, sin interés, sin capacidad o sin poder político para reformar el mercado eléctrico. En cuanto a los secretarios de la Energía, figuran como réplicas de los morlocks de Wells (en particular Pedro Marín y Fabrizio Hernández), puesto que ni salieron ni salen a la luz pública para explicar la política energética, si es que existe. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), amueblada con un Consejo sin capacidad política y huérfanos los más de sus consejeros de la debida cualificación económica o técnica, también ha cultivado el dolce far niente de que tocar la regulación es fatigoso (sobre todo cuando no se sabe cómo hacerlo) y genera enemistades entre los regulados, más agresivos en España que los reguladores.

Estaba en manos de los Gobiernos de Zapatero reformar la regulación eléctrica, liquidar el déficit de tarifa y drenar esos beneficios indebidos en la producción nuclear e hidroeléctrica para entregarlos en la Hacienda pública o evitar el encarecimiento de la luz, que todo viene a ser lo mismo. Si el PP llega a gobernar en marzo de 2012, bastará con que imponga una tasa de 2.500 millones a la producción hidroeléctrica y a la nuclear para superar la gestión del PSOE. El Ministerio de Industria, que debería haberse planteado como un Ministerio de Energía, parece hoy una sombra indecisa y claudicante. Presenta una patología sin precedentes de ridículo administrativo durante dos legislaturas.

viernes, 8 de abril de 2011

El orden contencioso-administrativo, y no el civil, es el competente para resolver sobre reclamaciones de responsabilidad por daños sufridos por los usuarios de los servicios postales, cuando los servicios prestados tengan la consideración o sean sometidos a obligaciones de servicio público.


Así lo determina la interesante sentencia dictada el pasado 8 de marzo por el Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 4ª, ponente D. Segundo Menéndez Pérez)  resolviendo un recurso de casación, y cuyo fundamento de derecho quinto se reproduce a continuación.

« QUINTO.- Como hemos anunciado, aquellos dos primeros motivos de casación deben ser estimados.

En esencia, y aunque no sean las únicas que cabría traer a colación, por las siguientes razones:

a) Es el funcionamiento de los servicios públicos, o mejor dicho, que la lesión sea consecuencia de ese funcionamiento, lo que determina la responsabilidad patrimonial de la Administración pública correspondiente, es decir, de aquella que ostenta potestades administrativas sobre el servicio público en cuestión. Así se deriva de lo que dispone el art. 106.2 de la CE y así se establece en el art. 139.1 de la Ley 30/1992.

b) La Ley 24/1998, de 13 julio, de Regulación del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, disponía y dispuso siempre en su art. 1, núm. 2 , inciso final, que "... tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público, los servicios regulados en el Título III ", cuyo enunciado era, precisamente, el de " Obligaciones de servicio público: el servicio postal universal y otros derechos y obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios postales ". Disponiendo el primero de los preceptos de ese Título, art. 14, en su núm. 1, inciso final, tampoco modificado mientras aquella Ley estuvo vigente, que el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal estará sujeto a las obligaciones de servicio público, de acuerdo con lo establecido en este Título; y el mismo precepto, en su núm. 2 , inciso final, con igual continuidad que " En todo caso, corresponde al Ministerio de Fomento el control del cumplimiento de dichas obligaciones ".

c) Aquel art. 58 de la ley 14/2000 subrogó a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, en la condición de operador habilitado para la prestación del servicio postal universal, y su Disposición adicional vigésima primera atribuyó a la misma esa obligación, en los términos y condiciones previstos en el Título III. Disposición adicional vigésima primera que, dedicada precisamente a las modificaciones que introducía en aquella Ley 24/1998 , no modificó el art. 5 de ésta; artículo que tras las sucesivas reformas llevadas a cabo por la Leyes 53/2002 y 23/2007 , era del siguiente tenor literal en su enunciado y contenido:

“Artículo 5. Resolución de controversias.

1. Los usuarios podrán presentar reclamaciones ante los operadores postales en los casos de pérdida, robo, deterioro o incumplimiento de las normas de calidad del servicio, o cualquier otra cuestión relacionada con el régimen de prestación de los servicios postales.

2. Para la tramitación de las reclamaciones de los usuarios, los operadores postales establecerán procedimientos:

a) Transparentes, de modo que en cada punto de atención al usuario sean exhibidas, de forma visible y detallada, las informaciones que permitan tener conocimiento de los trámites a seguir para ejercer el derecho a la reclamación.
b) Sencillos, de modo que sean de fácil comprensión, y
c) Gratuitos.

3. (derogado).

4. Los operadores postales y los usuarios podrán someter las controversias que surjan, en relación con la prestación de los servicios postales, al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, con arreglo a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

5. Cuando se susciten controversias entre los operadores de los servicios postales y los usuarios que no se hayan sometido a las Juntas Arbitrales, será competente para resolverlas el órgano del Ministerio de Fomento que reglamentariamente se determine. La norma reglamentaria establecerá, asimismo, los requisitos para la formulación de la queja por el usuario y el procedimiento a seguir para su tramitación, que estará basado en los principios de celeridad y gratuidad. La resolución que se dicte, podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

6. (derogado).

7. Reglamentariamente, se determinará la responsabilidad en la que incurrirán los operadores postales, en caso de destrucción o extravío de los envíos o incumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios, reconociendo a cualesquiera usuarios, si procediere, el derecho a obtener la oportuna indemnización".

d) En esa misma línea, el recurso contencioso-administrativo como proceso de impugnación jurisdiccional es el expresamente citado en el inciso final del art. 20 del Reglamento aprobado por aquel Real Decreto 1829/1999.

e) Esa Ley 24/1998 ha sido derogada por la Disposición derogatoria única de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre. Ésta, no aplicable al recurso que resolvemos, pero sí constitutiva de un elemento de juicio muy revelador de la decisión que hemos de dar al problema que nos ocupa, no modifica de manera sustancial el régimen antes expresado, ni desde luego el que importa a los efectos de este recurso de casación, pues su art. 10 es del siguiente tenor en su enunciado y contenido:

" Artículo 10 . Derecho de reclamación.

1. Los operadores postales deberán atender las quejas y reclamaciones que les presenten los usuarios en los casos de pérdida, robo, destrucción, deterioro o incumplimiento de las normas de calidad del servicio, o cualquier otro incumplimiento relacionado con la prestación de los servicios postales.

2. Para la tramitación de las reclamaciones de los usuarios, los operadores postales establecerán procedimientos sencillos, gratuitos y no discriminatorios, basados en los principios de proporcionalidad y celeridad. En todo caso, las reclamaciones deberán ser resueltas conforme a derecho y notificadas a los interesados en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su presentación, de la que el prestador del servicio deberá dar siempre recibo al interesado.

En todas las oficinas o puntos de atención al usuario de los prestadores de servicios postales serán exhibidas, de forma visible y detallada, las informaciones que permitan conocer los trámites a seguir para ejercer el derecho a reclamar a que se refiere este artículo.

3. Asimismo, los usuarios podrán someter las controversias que se susciten con los operadores postales, en relación con la prestación de los servicios postales, al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, con arreglo al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

4. La Comisión Nacional del Sector Postal conocerá de las controversias entre los usuarios y los operadores de los servicios postales en el ámbito del servicio postal universal, siempre y cuando no hayan sido sometidas a las Juntas Arbitrales de Consumo. La reclamación podrá efectuarse en el plazo de un mes desde la respuesta del operador o desde la finalización del plazo para responder y deberá resolverse en el plazo máximo de tres meses desde su presentación.

A tal efecto, la Comisión Nacional del Sector Postal pondrá a disposición de los usuarios los formularios adecuados. El procedimiento a seguir para su tramitación estará basado en los principios de celeridad y gratuidad, sin perjuicio de que la Comisión Nacional del Sector Postal pueda repercutir sobre el reclamante los gastos ocasionados en el procedimiento cuando se aprecie mala fe o temeridad en la presentación de la reclamación. Contra la resolución que se dicte podrá interponerse recurso contencioso-administrativo".

f) Cabe por último, aunque ya es innecesario, traer a colación el texto del art. 144 de la Ley 30/1992, tras la redacción dada por la Ley 4/1999, destacando que con la remisión que hace su último inciso a "lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley " se opta, como dice la Exposición de Motivos de la Ley de reforma, " por la unificación del régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración sin discriminar su actuación en régimen de derecho público o privado en concordancia con la unidad de fuero"».

(fuente: www.poderjudicial.es)