viernes, 1 de febrero de 2013

El precio de la vivienda en España. Pero, ¿cuánto vale realmente mi casa?. Reportaje de Cristina Galindo, en El País





En el mercado inmobiliario existe una máxima: el precio de una vivienda es el que alguien está dispuesto a pagar por ella. Pero esta regla no sirve de gran ayuda a los ciudadanos que, en tiempos de crisis, están pensando en vender su piso porque tienen dificultades para pagar la hipoteca o los que quieren destinar sus ahorros a la compra de una ganga. Desde que estalló la burbuja, entre 2007 y 2008, la vivienda ha perdido de media un tercio de su valor y la mayoría de los expertos coincide en que habrá más caídas este año. Pocos se atreven a pronosticar hasta dónde llegará el desplome.

La incertidumbre paraliza el mercado. “Nadie sabe realmente cuánto vale una vivienda y ese es el problema”, advierte José García-Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “Un piso vale lo que una persona pague por él”, responde Julio Gil, socio director de la consultora inmobiliaria Horizone.

Oficialmente, el precio de la vivienda libre se situó a finales de 2012 en 1.531 euros el metro cuadrado, un 27% menos que el pico del primer trimestre de 2008, cuando pinchó la gigantesca burbuja gestada desde finales de los noventa, según el Ministerio de Fomento. Los expertos aseguran que la caída ha sido mayor, de entre el 30% y el 47%, según la fuente. Pero el mercado residencial es tan heterogéneo que en el fondo esa media tiene una validez relativa. “Es un mercado muy diverso; las estadísticas son medias y tienen la validez que tienen”, advierte Raúl García, director del área comercial de Tinsa, una de las grandes tasadoras. “En algunos barrios, las caídas habrán llegado a ser del 60 %”, añade.


También ha perdido peso una de las referencias clave para determinar los precios. El mercado, atenazado por la falta de financiación y la escasa demanda derivadas de la crisis económica y un desempleo histórico, cada vez registra menos operaciones con las que comparar el valor de un inmueble: las compraventas se han desplomado de las 900.000 cerradas en 2004 a las 300.000 en 2011. “Compradores y vendedores tienen percepciones absurdas: los primeros exigen descuentos que a veces son imposibles y los segundos no quieren arriesgarse a perder dinero; todo esto contribuye a dificultar que se llegue a acuerdos”, añade García-Montalvo.

Pero el gran problema es la falta de liquidez, según señala el economista Ricardo Vergés: “Eso es lo que hace que este mercado funcione y por eso el ajuste está siendo más lento que en otros países, como Irlanda”.

Por si no hubiera ya bastante confusión, a las dudas presentes se añaden las futuras. La gran pregunta es cuánto más van a caer los precios. Los promotores prefieren no dar porcentajes sobre la evolución en 2013. “La media puede ir a la baja, pero todo no va a caer”, asegura José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Con más concreción, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el banco malo creado para engullir el ladrillo tóxico, prevé que el precio comience a subir en 2017 de forma sostenida a un ritmo medio del 3% anual, aunque hasta entonces espera dos años más de caídas y otros dos de estancamiento. 

Las tasadoras coinciden en que la tendencia será a la baja, pero sin dar cifras. “Dependerá de cómo evolucione la situación económica, sobre todo el empleo y el crédito”, opina Raúl García, de Tinsa. Juan Fernández-Aceytuno, director General de Sociedad de Tasación, calcula que el precio caerá hasta 2015. 

La agencia Standard & Poor’s prevé que España sea el país europeo en el que más caigan los precios este año, un 7,8%, y prevé otro descenso del 6% en 2014, dado el gran número de activos sin vender. “Todo nos hace pensar que el mercado se seguirá corrigiendo en 2013, porque sigue dominado por un entorno de recesión dura y prolongada”, opina Ángel Serrano, director general de negocio de Aguirre Newman.

Ante tal caos, no es de extrañar que el potencial comprador o vendedor se sienta como si estuviera pisando tierras movedizas. Promotores e inmobiliarias, que acumulan más de 650.000 viviendas nuevas sin vender, animan a los particulares a comprar y prometen suculentos descuentos. “Es el momento de comprar y, a todas luces, ahora no es buen momento para vender”, asegura José Manuel Galindo. En este sentido, Manuel Gandarias, director del gabinete de estudios de pisos.com, considera que “siempre es un buen momento para comprar si se cuenta con capacidad económica y se encuentra una vivienda que encaje con lo que estamos buscando; se pueden encontrar muy buenas oportunidades”.

Bastante más escéptico se muestra Borja Mateo, autor de La verdad sobre el mercado inmobiliario. “Comprar ahora sería de locos. Hasta 2015-2017 será muy mal momento, porque los precios van a bajar más”. Este experto afirma que entre el precio que se ve en el escaparate de una agencia inmobiliaria y el real de venta hay un desfase de entre un 15% y un 30%. Además, Mateo propone una fórmula personalizada para calcular el precio de una vivienda: averiguar cuánto costaría el alquiler anual y multiplicarlo por 18. “Con una renta de 11.000 euros al año, el precio rondaría los 180.000 euros”, calcula. 

Una vez superado el trámite de conseguir financiación, que no es precisamente pan comido, el descuento que se consiga marcará, a juicio de la mayoría de los expertos consultados, si se debe comprar o no. “Para comprar buscaría oportunidades por debajo del precio del mercado, pero verdaderas oportunidades, porque una rebaja del 50% sobre el precio de 2007 no es tal”, asegura Julio Gil, que recuerda al comprador que tiene en sus manos “todo el poder”. 

“Ahora se ofrecen supuestos descuentos increíbles sobre viviendas que nunca se han vendido antes; los descuentos a veces son cuentos”, advierte el director de Sociedad de Tasación. Pero Fernández-Aceytuno prefiere evitar los mensajes generalizadores: “Cada casa es un mundo y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones; podemos decir que no es el mejor momento para comprar, pero eso no quiere decir que una familia con tres hijos no encuentre su oportunidad en un piso que les gusta y pueden pagar”. Este experto considera que con el ajuste de precios que ha habido hasta ahora, el mercado se ha comido la mitad de la revalorización de los activos registrada desde el inicio del boom, es decir, que hemos vuelto al nivel de 2003. “Considero que los precios de ahora son más sostenibles y, si a partir de ahí, se consigue comprar con un descuento adicional del 30%, sería difícil equivocarse”, concluye.

Si la decisión de comprar es difícil, más puede serlo la de vender. Por paradójico que parezca, con un mercado a la baja, Borja Mateo aconseja a los que tengan que vender su piso que lo hagan cuanto antes. En la misma línea, Ángel Serrano, de Aguirre Newman, añade: “Si se tiene la necesidad, mejor vender en enero de 2013 que en enero de 2014”.

A la espera de que las cosas vayan mejor, muchos compradores y vendedores optan por el alquiler, donde los precios también van a la baja. En unos años, el porcentaje de pisos en alquiler podría pasar del 12% actual al 25%, según los cálculos del catedrático García-Montalvo.

A los particulares que, pese a este complicado panorama, estén decididos a salir a buscar piso para comprar les puede interesar dónde encontrar más ofertas. Los descensos han sido mayores en la vivienda usada: comprar ahora un piso de segunda mano cuesta de media un 53% menos que en el primer semestre de 2007. “Mientras en la vivienda nueva, el descenso de los precios ha sido más tenue por el empeño de los bancos y los promotores de mantener los precios de tasación, en la vivienda de segunda mano la caída ha sido más rápida debido a que las transacciones son generalmente entre particulares puestos en contacto por inmobiliarias de barrio”, explica Ricardo Vergés.

Tanto en vivienda nueva como en usada, la localización es determinante. Tinsa calcula que las zonas en las que más han caído los precios, con descensos medios del 40% desde finales de 2007, son las que se encuentran en los municipios de la costa mediterránea, donde hay mucha segunda residencia. “Le siguen las grandes ciudades y las capitales de provincia, con una caída del 37% y las islas, con un descenso del 27%”, cuenta Raúl García.

En pisos.com también han calculado cuánto han caído los precios según la tipología del inmueble. “Se han depreciado más los pisos tipo de clase media”, según Manuel Gandarias, director del gabinete de estudios de la web inmobiliaria. “En segundo lugar están los chalets, y por último, los pisos urbanos de alto standing. En cuanto al porcentaje, es difícil estimarlo, ya que dependerá irremediablemente de dónde se encuentren”, añade.

Este año, además, ha supuesto el fin del IVA superreducido para la compra de vivienda y de las deducciones fiscales, aunque muchos expertos afirman que los promotores descontaban el efecto de las ventajas fiscales del precio de venta, con lo que el alivio para el comprador era un espejismo.

Otro factor determinante es qué política comercial seguirá el banco malo y si esta empujará a la baja los precios. “Creo que su estrategia va ser más importante a largo plazo que a corto plazo”, considera el director de Sociedad de Tasación, que lanza una última advertencia con vistas al futuro: “Espero equivocarme, pero la gente volverá a picar y comprará pisos por encima de lo razonable. La vivienda es así. Lo he visto en otros ciclos”.

jueves, 31 de enero de 2013

La implantación de la ley antitabaco ha reducido un 11 % el número de infartos agudos de miocardio


Investigadores del estudio REGICOR (REgistro de Girona del CORazón), en el que participan el IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas) de Barcelona, el Hospital Josep Trueta, Hospital de Blanes y el IDIAP (Instituto de Investigación en Atención Primaria) Jordi Gol de Girona, han realizado un estudio para evaluar el impacto de la ley antitabaco del año 2006 sobre la incidencia de infarto agudo de miocardio en la provincia de Girona y han observado que se ha reducido en un 11%. Este descenso se ha observado sobre todo en mujeres, en la población de 65 a 74 años y en no fumadores.


Los investigadores han analizado datos de 3.703 infartos que ocurrieron en Girona entre los años 2002 y 2008, y han analizado si el número de infartos se había reducido en el periodo 2006-2008 (después de la implantación de la ley) comparado con el periodo 2002-2004 (antes de la ley). Según Irene Roman, investigadora del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del IMIM y una de los dos primeros firmantes del artículo “los datos del estudio indican que el número total de infartos que se producen en la población (lleguen o no a ser atendidos en un hospital) se ha reducido en un 11% en el periodo posterior a la ley (2006-2008).

Otro dato muy importante es que esta reducción se ha observado fundamentalmente en el grupo de no fumadores (-15%) y en los mayores de 65 años (-18%), lo que sugiere según Roberto Elosua, coordinador del grupo de investigación en epidemiología y genética cardiovascular del IMIM “que el grupo de población que más se ha beneficiado de la ley de 2006 ha sido el grupo de no fumadores, que han reducido su exposición pasiva al humo del tabaco”.

La cardiopatía isquémica, es una enfermedad que se produce porque no llega suficiente sangre al corazón para alimentar las células musculares que lo forman y es la principal causa de muerte en los países industrializados. En España las estadísticas más recientes indican que esta enfermedad causó 35.268 muertes (9,2% del total) y un total de 52.725 pacientes ingresaron con un infarto agudo de miocardio en 2011, una de las consecuencias más graves de la cardiopatía isquémica. Además del impacto que supone para la salud de cada individuo, el infarto agudo de miocardio tiene un gran impacto a nivel económico para la sociedad, estimándose que el coste anual en España supone unos 1.460 millones de euros.

Uno de los factores de riesgo más importantes que causan el infarto agudo de miocardio es el consumo de tabaco. En España, aproximadamente el 30% de la población adulta se declara fumadora y aunque esta cifra ha disminuido ligeramente, continua siendo alta y teniendo un gran impacto en la salud cardiovascular. Se estima que el consumo de tabaco es responsable del 20% de la carga de enfermedad cardiovascular que se presenta en los países europeos, y que la exposición pasiva al humo del tabaco causa unas 2.500 de las muertes por cardiopatía isquémica (7%) en España.

España ha implementado dos legislaciones antitabaco: una en diciembre de 2005 (Ley 28/2005) en vigor desde el 1 de enero de 2006 y otra en diciembre de 2010 (Ley 42/2010) en vigor desde el 1 de enero de 2011. La primera de ellas, se consideró una ley parcial ya que además de regular la venta y la publicidad del tabaco, prohibía fumar en lugares de trabajo y en establecimientos de hostelería de más de 100 metros cuadrados (a no ser que habilitaran una zona específica para fumadores), mientras que en aquellos de menos de 100 metros cuadrados la decisión se delegaba al propietario del local. En la ley de 2011 se prohibió el consumo de tabaco en todos los locales públicos.

Actualmente queda todavía pendiente analizar el efecto de la ley antitabaco que entró en vigor el año 2011 pero, según los investigadores, los resultados observados con la prohibición parcial de fumar en lugares públicos apoyan ya la eficacia de este tipo de legislación para reducir la carga de enfermedad que existe en la población.



Artículo de referencia 

Impact of a partial smoke-free legislation on myocardial infarction incidence mortality and case-fatality in a population-based registry: the REGICOR Study”. Fernando Agüero, Irene Roman Dégano et al. PlosOne (http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0053722).


martes, 29 de enero de 2013

¿Sólo los vehículos importan?. Denuncian daños por corrosión en 200 vehículos, tras el encendido de un alto horno de Arcelor


Parece una noticia sobre un hecho acaecido en el Tercer Mundo, pero no. Sucedió aquí, en España.

Lo que más preocupa es que no constan, al menos no se saben si existen, diligencias que investiguen la comisión de algún delito contra la salud de las personas relacionado con estos hechos, a los que se da una trascendencia relativa, relacionándolo con daños materiales....¡¡Por corrosión en las carrocerías de coches!! 

En Asturias presumimos de "Paraíso Natural". Sin embargo, la situación ambiental en el área central -concretamente en cuanto a calidad del aire- dista de ser paradisiaca, cabiendo también recordar que Asturias es la comunidad autónoma con mayor tasa de enfermedad pulmonar obstrutiva crónica (EPOC) del país, con el 16 % de la población afectada, patologia que está asociada tanto al tabaquismo como a la contaminación ambiental. 

Así aparece reflejado hoy este suceso, en El Comercio de Gijón.


Doscientos vehículos dañados tras el encendido del horno de Arcelor

Unos 200 vehículos afectados en Tremañes, Pumarín, La Calzada, Porceyo y Nuevo Gijón. La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía ha recibido en los últimos días un aluvión de denuncias debido a los daños ocasionados por partículas corrosivas en la madrugada del 18 de enero, la misma en la que se procedió al encendido del horno ‘B’ de ArcelorMittal después de siete meses detenido. 

Según los investigadores, las partículas emanadas por la chimenea de la factoría de Veriña, arrastradas por la intensa lluvia, generaron una combinación corrosiva que motivó que al menos dos centenares de vehículos que se encontraban estacionados en la calle en los barrios y parroquias próximos hayan empezado a oxidarse.

Pero no son sólo turismos los perjudicados. También los están ventanas, farolas, persianas de establecimientos, techos metálicos... Los efectos podrían haber llegado a notarse a más de cinco kilómetros de distancia de la compañía.

Una de las zonas más perjudicadas es la parroquia de Tremañes, donde la asociación de vecinos prevé presentar una demanda conjunta. Hasta el momento, han sido los propios afectados los que desde hace diez días se encuentran inmersos en un periplo para reclamar los daños.

Leer la noticia completa aquí

viernes, 25 de enero de 2013

El mundo, al revés. Novagalicia denuncia a varios clientes afectados por las preferentes por amenazas






Novagalicia Banco ha presentado diversas denuncias por amenazas y coacciones contra clientes que suscribieron participaciones preferentes con la entidad y cuyos ahorros se han esfumado.

Afectados por las preferentes de Novagalicia Banco han protagonizado en las últimas semanas diversos actos de protesta dentro y fuera de las oficinas de la entidad en la Comunidad gallega.

Algunos de ellos llevaron sus reivindicaciones al interior de la oficina central de Novagalicia Banco en Compostela, ubicada en la Plaza de Galicia, y al menos tres de ellos han sido denunciados por "supuestas amenazas y coacciones" a los empleados, según informa la plataforma de afectados por las preferentes de Santiago.

Según las mismas fuentes, la asesoría jurídica de la entidad comunicó la pasada semana por carta a dichas personas que las ha denunciado y que "desiste de la vía arbitraje" en sus casos.

"La carta parece intimidatoria a personas que protestaron en la oficina reclamando sus ahorros", sostienen desde la plataforma de afectados.

Al hilo de ello, han apuntado la paradoja de que la entidad presente denuncias supuestamente en defensa de sus empleados, "los mismos a los que va a aplicar un ERE y va a despedir".

miércoles, 23 de enero de 2013

El Gobierno cambiará la ley para que condenados puedan dirigir entidades


El Banco de España juzgará si alguien, pese a estar condenado penalmente por delitos dolosos, cumple los requisitos de honorabilidad

El Ministerio de Economía puso ayer a consulta un real decreto en el que se suaviza los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno de la banca. Y a buen seguro que será polémico. El Banco de España será el responsable de juzgar si alguien cumple o no estas condiciones, que se abren ahora a una cierta discrecionalidad.

Por primera vez, la condición de condenado por delitos dolosos no será motivo suficiente para impedir que un ejecutivo sea banquero. El texto legal establece que tienen honorabilidad para ser banquero “quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad”.

Si alguno de los candidatos está incurso en proceso penal, se debe analizar “si la condena o sanción es o no firme; la gravedad de la condena o sanción impuesta y la tipificación de los hechos que motivaron la condena”. El texto reclama atención especial si se tratara de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o infracciones de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria.

El cuarto condicionante hace referencia a si los hechos que motivaron la condena se realizaron “en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada”. Otro elemento a tener en cuenta es “el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos”, así como si existieron “circunstancias atenuantes, la posible extinción de la responsabilidad penal y la conducta posterior” desde la comisión del delito. Por último, se debe considerar “la reiteración de condenas o sanciones por faltas o infracciones”.

La norma también establece que para juzgar al posible banquero se considere “la existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como el administrativo”.

Fuentes del Ministerio de Economía comentaron que se han seguido las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para realizar estas modificaciones.

Fuentes jurídicas apuntaron que esta reforma legal puede beneficiar a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, en el caso de que prosperase el actual recurso contra su indulto. Hasta el momento, el Banco de España no ha puesto reparos contra Sáenz (condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación y denuncia falsa) ya que considera que el indulto limpia su expediente.

Fuente: El País




domingo, 20 de enero de 2013

El jefe de la asesoría jurídica de La Caixa, nombrado magistrado del TS de la Sala que juzgará preferentes y swaps



El día 29 de noviembre de 2012, el pleno del CGPJ acordó por mayoría nombrar al abogado Sebastián Sastre como nuevo magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el turno de juristas de reconocida competencia. Parece en principio una noticia de carácter exclusivamente judicial, un nuevo magistrado que cubre una vacante.  Ahora bien, si se añade el dato de que el nombrado es el jefe de los servicios jurídicos de La Caixa y lo ha sido durante 25 años, y que la sala de lo civil es la que tiene que conocer de asuntos como las preferentes, los swaps, los productos estructurados o del posible carácter abusivo de ciertos intereses de demora o de la cláusula suelo en las hipotecas, pasa de ser una noticia meramente judicial o serlo también desde el punto de vista del consumidor y de las entidades financieras. Estos son los datos:

Sebastián Sastre es abogado y desde 1969 trabaja para entidades financieras: Banco Atlántico, Banco de Europa y desde 1985 y durante más de 25 años, director ejecutivo de la asesoría jurídica de La Caixa y secretario del Consejo de Administración  de distintas empresas del grupo “La Caixa”.

Durante su etapa como jefe de la asesoría jurídica en La Caixa, y en el desempeño de sus funciones, figura como responsable del contenido, en nombre de la caja, de los productos financieros la misma que ofrece, como éste de renta fija y deuda subordinada.

En este mismo desempeño, ha defendido a la entidad con los correspondientes documentos y argumentaciones frente a las reclamaciones de los consumidores clientes de la misma, por ejemplo en este escrito respecto de una reclamación por un swap ante el Banco de España, fechado en 2010, en el que se alega que este producto era adecuado para el reclamante, cliente minorista de la caja (enlace obtenido desde este blog).

Tiene una posición doctrinal de cierto prestigio en su ámbito jurídico, pero claramente escorada hacia la posición de los bancos frente a los clientes. Pasa por ser el introductor en España del pagaré en blanco como garantía de cumplimiento de un contrato de préstamo mercantil, el cual, prescindiendo de detalles técnicos, es un mecanismo que ofrece enormes ventajas a los bancos frente y en perjuicio de sus clientes, parte débil, y que el autor de este artículo, en sus conclusiones, considera que es una figura en fraude de ley y claramente abusiva.

Se da la circunstancia de que todos los candidatos finalistas para el puesto, excepto el elegido, eran catedráticos; el nuevo magistrado tiene la categoría de profesor titular.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es también la competente para conocer de los asuntos de  Derecho Mercantil, y ello incluye todos los polémicos asuntos acerca de comercialización de productos financieros a consumidores, como preferentes, swaps y estructurados: Y también temas como la determinación del carácter abusivo o no de la cláusula suelo en las hipotecas o de los a veces muy elevados intereses moratorios.

No voy a prejuzgar ni criticar algo que no se ha producido, como es la posición que adoptará el nuevo magistrado en estos asuntos o en otros en los que puedan estar implicados entidades financieras y consumidores. Pero con los datos que ya tenemos sí se pueden hacer algunas consideraciones y preguntas, tanto de presente como de futuro. Juzgar es una actividad compleja y sutil que exige del juzgador un análisis y un discurso racionales que le permitan valorar el caso concreto para ofrecer una solución justa y conforme al ordenamiento jurídico. En este interesante artículo se analizan lo que se denominan sesgos cognitivos  en el ámbito judicial, es decir procedimientos mentales de simplificación que tienden a reducir la complejidad de la información recibida de modo que sea posible tomar decisiones de forma eficiente. Uno de ellos es el llamado sesgo de confirmación“Este proceso mental se caracteriza por la tendencia del sujeto a filtrar una información que recibe, de manera que, de forma inconsciente, busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su propia posición inicial, e ignora y no valora las pruebas y argumentos que no respaldan la misma. El sesgo de confirmación es una tendencia irracional a buscar, interpretar o recordar información de una manera tal que confirme alguna de nuestras concepciones iniciales o hipótesis. La evidencia de que el juez instructor se ve afectado por este sesgo ha llevado al legislador separar las funciones instructora y decisoria, de manera que, el Juez que instruye una causa, no puede fallar sobre la misma.

Cuando al TS lleguen cuestiones derivadas de enfrentamientos judiciales entre entidades bancarias y consumidores, parece realmente muy complicado que alguien con esta actividad profesional sea capaz de obviar todo su pasado y de evitar este sesgo congnitivo. Ha estado asesorando sobre productos financieros y creando su estructura legal; ha defendido a la entidad con argumentación jurídica en todas las instancias; ha creado líneas de defensa analizando el Derecho desde el punto de vista de la caja y para su beneficio; tiene una posición doctrinal legítima, pero militante en la defensa de los intereses de los bancos (y por tanto en contra del cliente reclamante)… En aquellos asuntos en los que una parte sea un banco y otra un consumidor, aún cuando quisiera librarse del peligro del sesgo de confirmación ¿sería posible abdicar de la perspectiva de toda una vida? El artículo 219.13 LOPJ prevé como causas de abstención o recusación  “haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”. Si llega al TS una reclamación por un swap de La Caixa ¿se abstendría? ¿Y si es de Banco Santander? ¿Y si es de BBVA pero los argumentos empleados provienen inicialmente de La Caixa? ¿Y si los argumentos de una de las partes, la bancaria, son directamente obra intelectual del nuevo magistrado? ¿Y si no son suyos pero sí de compañeros de otras entidades con los que ha hablado e intercambiado ideas sobre estos temas en las reuniones sectoriales? ¿Y si son de Unicaja pero los argumentos que utiliza el consumidor son los mismos que ya ha rebatido en escritos como asesor jurídico de La Caixa?… ¿Es oportuna esta elección? ¿Qué mensaje se está ofreciendo?

Hay una famosa crítica de una obra de teatro de hace unas décadas que simplemente dijo: “Ayer, en el teatro *** se estrenó la obra ***. ¿Por qué?”.

Por qué, efectivamente, ésta es la cuestión. No era el único candidato.

El nombramiento por parte del CGPJ se ha producido por 13 votos a favor en segunda votación.Al respecto caben dos posibilidades. La primera constituye el supuesto ideal: los integrantes del Consejo, de manera independiente, sin aceptar ninguna presión, valorando exclusivamente los méritos de todos los candidatos y su aptitud para servir a la sociedad de manera adecuada en un puesto de tanta responsabilidad, han optado por este candidato. El problema es que hemos llegado a una situación de descreimiento tal que esta primera posibilidad, tal y como la he formulado, si no se aclara que se está proponiendo en serio, parece que se está siendo sarcástico. Nadie sostiene seriamente que el CGPJ, en las decisiones de importancia política, actúe con criterios de bien común, eficacia y excelencia. Por el contrario, como hemos expuesto en muchas ocasiones en este  blog, aquí y aquí por ejemplo, está completamente politizado, esto es, sometido a los intereses de esa élite extractiva que conforman los partidos mayoritarios y sus terminales de la que habla César Molinas.  Pero vamos, tampoco es un secreto, el mismo presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, admite que es un órgano politizado, dándole un sentido positivo a la expresión, pero se olvida de añadir que la política que hace no es la que interesa al Poder Judicial y a la defensa de su independencia, sino la que le dicta el establishment político. 

La segunda posibilidad es, sencillamente, la contraria: el nombramiento no ha sido hecho exclusivamente con criterios técnicos, sino políticos, de conveniencia de los integrantes de la enquistada clase política y económica que tenemos en España, entre los que existe una indiscutible relación de apoyo y defensa mutuos. Y es evidente que así ha sido. Una cosa es no prejuzgar el futuro y otra ser un ingenuo.  Como dijo ayer mismo el coeditor Rodrigo Tena hablando de otro Rodrigo (Rato) en este post, “el conglomerado político financiero que controla este país no responde de nada, ya sean políticos-empresarios o empresarios-políticos. Se indultan unos a otros, se contratan unos a otros, se colocan unos a otros”

Quizá habría que añadir que también se juzgan unos a otros.
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