IU de Asturias defenderá en el parlamento asturiano una Proposición No de Ley que de a una realidad preocupante: la de muchos ciudadanos que, como consecuencia de la crisis, están viendo como peligra su vivienda porque no pueden pagar la amortización de sus hipotecas.
Jesús Iglesias, candidato de IU a la presidencia de Asturias y portavoz parlamentario de IU-BA-Verdes explicó que este paquete de medidas está destinado a los deudores de buena fe -es decir, a aquellos, que suscribieron créditos hipotecarios para adquirir una vivienda confiando que los podían pagar y que han perdido su puesto trabajo, han caído enfermos o se encuentran en una causa de divorcio y no pueden afrontarlo-. Entre las medidas destaca que las hipotecas queden saldadas con la entrega de la vivienda.
Iglesias subrayó que esta situación se produce por una doble responsabilidad: la de las entidades financieras y la de los organismos supervisores. “Las entidades crediticias animaron a endeudarse por encima de sus posibilidades a los ciudadanos y dieron crédito no sólo por el 80% del inmueble sino del 100% o ofrecían meter en el mismo crédito un coche o el coste de amueblar, propiciando que el ciudadano se endeudase por encima 100%”, aseguró Iglesias. En su opinión, también son responsables el Gobierno y el Banco España que consintieron esta practica.
La iniciativa presentada se divide en tres bloques:
El primero pretende impedir que las personas que han actuado de buena fe pierdan su vivienda por el impago de hipotecas. Por ello, se insta al Gobierno de la Nación a:
1. Crear mecanismos públicos de supervisión, control y regulación de las entidades financieras que imposibiliten la sobrevaloración de las tasaciones de los bienes de garantía hipotecaria.
2. Crear un Fondo de Garantía Hipotecaria para frenar los embargos por parte de entidades financieras de las viviendas habituales de familias en especiales dificultades económicas, en el que estarán representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las asociaciones de consumidores y organizaciones empresariales del sector financiero, y los sindicatos.
3. Regular un Seguro de Garantía de pago hipotecario para primera vivienda familiar, de carácter obligatorio, para atender la situación acreditada de insolvencia personal del deudor.
El segundo bloque aspira a proteger especialmente a los trabajadores en desempleo que no pueden pagar sus hipotecas. Para ello, se insta al Gobierno de la Nación a:
1. Suspensión inmediata de la ejecución de todos los embargos de la vivienda habitual que afecten a los trabajadores en situación de desempleo como consecuencia del impago de hipoteca de la citada vivienda.
2. Reconocimiento de la subsistencia del derecho de uso a la vivienda habitual por un periodo mínimo de 5 años, en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y mediante un alquiler pactado entre las partes que no podrá ser superior a un tercio de los ingresos de la unidad familiar que reside en la vivienda.
3. Habilitación de un período mínimo de un mes en los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda personarse alegando las condiciones abusivas o en fraude de ley que, en su caso, puedan existir en las cláusulas de sus contratos de crédito hipotecario.
4. Incorporación al procedimiento judicial de embargo del análisis de los riesgos existentes en el momento de la concesión del crédito, de acuerdo con las garantías reales que podría ofrecer el deudor, de la gestión de riegos aplicada por la entidad financiera en el crédito y limitación de la responsabilidad a esas garantías.
5. Establecimiento de un equipo de asesoramiento y arbitraje en las Administraciones de Consumo de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para garantizar la adecuada información sobre las cláusulas de los créditos hipotecarios y arbitrar en la fijación de acuerdos para la moratoria de las deudas hipotecarias o para la fijación de los alquileres compensatorios del ejercicio del derecho de uso.
El tercer bloque de propuestas pretende un cambio normativo que permita la dación pago.
Por ello se insta al Gobierno de la Nación a:
1. Llevar a cabo con urgencia las medidas que permitan la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda hipotecaria cuando se trate de la única vivienda familiar y deudores de buena fe.
2. Elaborar un Proyecto de Ley de modificación el Decreto de 8 febrero 1946, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar la posibilidad de negociación que pueda conducir a la condonación parcial de la deuda, cuando se trate de deudores de buena fe y la posibilidad de la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda.
3. Introducir como requisito para el futuro concurso de adjudicación del proveedor o proveedores de crédito del ICO para su prestación de préstamos directos, que dichas entidades financieras consideren la dación de la vivienda como pago de las deudas de sus clientes.
4. Vincular la concesión de ayudas públicas a las entidades financieras de manera que éstas acepten condonar la deuda de aquellas familias que ya sufrieron el actual procedimiento de ejecución hipotecaria con la consiguiente pérdida de vivienda.
Fuente: www.izquierdaxunida.com
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Me parece estupenda tal iniciativa. No debemos olvidar que como dice muy bien la viñeta de Forges, los que crearon la crisis son "ellos", los especuladores, y los que tenemos que pagar somos "nosotros", los trabajadores, para que "ellos" sigan enriqueciéndose a costa de la desgracia de los demas.
ResponderEliminarY como siempre, muchas gracias al mantenedor del blog por mantener tan interesante nivel cívico en el mismo