Disminuye en un 22,6 % la dación en pago. Sólo 2.188 familias se acogieron a la dación en pago en 2015.

Un total de 2.188 personas se acogieron a la dación en pago —la entrega de la vivienda para cancelar la deuda hipotecaria— dentro del programa del código de buenas prácticas de la banca (CBP), lo que supone un descenso del 22,6% respecto al año anterior, según datos publicados por el Ministerio de Economía.

De esta forma se produce un descenso de las familias que pudieron acogerse a la dación en pago a pesar de que la banca se había comprometido a facilitarlas. Esta evolución favorecida con una mejora del clima económico coincide con una disminución de los desahucios de un 1,1%. Además, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas durante el año pasado, el primer paso para proceder a un desahucio, se redujeron casi un 16% durante el año pasado, según datos difundidos hace un par de semanas por el Poder Judicial.

Y eso a pesar de que las entidades financieras solo han aceptado una de cada dos (el 54%) de las solicitudes para acogerse a este “código antidesahucios”.

El código de buenas prácticas de la banca se puso en marcha en marzo de 2012 para tratar de facilitar la reestructuración de las deudas hipotecarias de familias que tienen dificultades para atender los pagos. Casi un centenar de bancos y cajas se acogieron a regañadientes a este nuevo marco para fomentar la dación en pago impulsado por el Gobierno.

El balance del año pasado revela que un total de 14.441 familias se beneficiaron del código de buenas prácticas de los bancos para tratar de alcanzar un acuerdo que alivie la pesada carga de la hipoteca, lo que supone un descenso del 14,8% respecto al año precedente.

La tendencia es que los bancos traten de agotar todas las vías para facilitar la reestructuración de la deuda antes de permitir una dación en pago. Por eso, 12.252 de las familias beneficiadas por el CBP acabaron con un cambio más favorable de las condiciones hipotecarias, lo que supone un 26% más que en 2014. Las reestructuraciones de la deuda hipotecaria consisten básicamente en que los bancos otorgan más plazo para pagarlas, periodos de carencia o en los casos más extremos una quita de esa deuda. Los bancos también proponen en ocasiones comprar la vivienda y ofrecer un alquiler al antiguo propietario.

"Las Comunidades Autónomas en las que más solicitudes se reciben siguen siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Por ciudades, en Barcelona y Sevilla se siguen registrando el mayor número de solicitudes, seguida en esta ocasión por Madrid", señala la nota difundida por el Ministerio de Economía. 

Fondo Social de Viviendas 

El ministerio, además, anunció ayer la prórroga hasta enero de 2017 del Fondo Social de Viviendas (FSV), que consiste en un parque de inmuebles que la banca pone a disposición de las familias más necesitadas a cambio de un alquiler de entre 150 y 400 euros. Desde su creación en 2013, únicamente 6.108 familias se han beneficiado de estos alquileres baratos de pisos que los bancos no han podido desprenderse por estar generalmente en zonas poco atractivas.

Fuente: El País 

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Vivienda y deshaucios: el Gobierno impone de tapadillo un mes de plazo a los deudores hipotecarios que se opongan a perder su casa, a través de un real decreto sobre medidas urgentes en materia concursal

Los abogados se movilizan para informar  a sus clientes que el 8 de octubre finaliza el plazo si quieren apelar contra una ejecución hipotecaria basándose en la existencia de cláusulas abusivas. Los autónomos están excluidos.

El Gobierno aprobó el sábado un decreto que ha provocado la indignación entre los abogados: fija en un mes el plazo para recurrir a quienes estén inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria y que quieran oponerse a perder la casa basándose en una cláusula abusiva del contrato que firmaron con el banco.

La medida fue publicada por el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado 6 de septiembre, el mismo día que entró en vigor.  Está incrustada en forma de disposición transitoria dentro del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal".

El decreto se centra en el ámbito mercantil, pero su disposición adicional cuarta entra de lleno en los derechos los consumidores. Y, así, limita a un mes el plazo para que un consumidor pueda oponerse a perder su casa en una ejecución hipotecaria en marcha basándose en una cláusula abusiva del contrato que firmó con su banco o caja.

Son miles los afectados por esta medida oscura, publicada un sábado tras las vacaciones de verano y que traslada una reciente sentencia europea que sacaba los colores a España por vulnerar los derechos fundamentales de sus consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 17 de julio una sentencia que obligaba a España a modificar la reforma realizada un año atrás en esta materia.

El Parlamento aprobó en 2013 que un banco podía recurrir cuando el juez apreciara una cláusula abusiva en una ejecución hipotecaria. Sin embargo, el consumidor no podía hacer lo mismo en caso contrario. Esta desigualdad suponía una vulneración de los derechos fundamentales, según resolvió el TJUE el pasado julio.

La solución del Gobierno consiste en permitir esa apelación al consumidor, pero incurre en un parche de consecuencias imprevisibles que pueden provocar numerosas cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por los jueces de primera instancia, que se enteraron por el BOE del sábado que desde ese mismo sábado tenían que aplicar la medida.

La medida está escondida en un decreto que nada tiene que ver con los consumidores, y el plazo de un mes es un tiempo muy breve para las miles de personas inmersas en una ejecución y que desconocen sólo disponen de cuatro semanas para ejercer sus derechos. De ahí la alerta desatada entre los abogados y sus colegios profesionales.

 

Es más. El mismo viernes 5 de septiembre, mientras el Consejo de Ministros aprobaba el decretazo, los jueces de la Audiencia de Barcelona estaban reunidos en una junta informal para estudiar si podían unificar criterios ante el vacío legal surgido con la sentencia de julio del TJUE. Ni siquiera sabían que iba a aprobarse el decreto.

Lo esperable es que los jueces de primera instancia sean más permisivos con ese plazo, para evitar una medida que puede causar indefensión al consumidor y evitar así las cuestiones de inconstitucionalidad". Quien así se expresa es José María Fernández Seijo, juez de lo Mercantil 3 de Barcelona. Seijo fue quien planteó la cuestión prejudicial ante el TJUE el caso de Mohamed Aziz y cuya sentencia del 14 de marzo de 2013 permitió al juez español estudiar de oficio los contratos hipotecarios para valorar si había cláusulas abusivas (sentencia en el asunto C-415/2011). 

Hasta mayo de 2013 el Parlamento no aprobó una reforma para adaptar la norma a la jurisprudencia del TJUE. Fue la Ley 1/2013, que inundó los juzgados de demandas y se interpusieron numerosas cuestiones prejudiciales porque provocaba un desequilibrio entre la entidad financiera y sus clientes, al permitir la apelación para la primera pero no para los segundos.

Precisamente, han sido unas cuestiones prejudiciales elevadas por la Audiencia Provincial de Castellón las que han dado origen a la sentencia de julio. La Audiencia de Castellón se dirigió al TJUE porque consideraba que la Ley 1/2013 vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva y la Directiva de 1993 en materia de cláusulas abusivas en los contratos de consumidores (Directiva 93/13).

El TJUE resolvió el pasado julio que España vulnera los derechos del consumidor con la Ley 1/2013. Es la sentencia en el asunto C-169, Sánchez Morcillo/Abril García contra el BBVA, de 17 de julio.

La medida aprobada este sábado por el Gobierno supone, para Seijo, "precipitada, bastante clandestina e incompleta", ya que es una reforma parcial que no extiende el derecho a recurrir a un profesional autónomo, por ejemplo, en caso de ejecución hipotecaria.

El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, alerta en su blog a sus colegas que tengan Ojo al plazo camuflado, y activos profesores de Derechos Civil como Verónica del Carpio denuncian el recurso al decreto como arma de poder. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el decreto al término del Consejo de Ministros. Estas fueron sus breves palabras:

"... Lo que hacemos en este Real Decreto Ley es que también damos cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo en relación con los temas hipotecarios, de ejecución hipotecaria --es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, que lo que hace es recoger estrictamente la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que viene a decir, fundamentalmente, que tanto acreedor como deudor deben tener, en el supuesto de apelación ante cláusulas abusivas, las mismas posibilidades desde el punto de vista de apelación y que no haya ningún tipo de asimetría".

Fuente: Público

Información relacionada: La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, también vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores

La ONU recoge las denuncias de la PAH y condena duramente la política de vivienda aplicada en España

Fuente: afectadosporlahipoteca 

A través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha hecho público el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de octubre en Nueva York. 

El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que “El paradigma que consideraba la propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España” (pág. 11).

Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que “se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones financieras” (pág. 12).

El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que “se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos” (pág. 24). Para ello “los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad” a través de “viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual”, así como “promover una combinación de sistemas de tenencia, incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados  y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social” (pág. 25). También “deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler”.

Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.

Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH’s (ver video). 

Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la problemática. 

Podéis leer el informe completo en el siguiente enlace : Informe Relatora ONU oct2012

Noticia relacionada: "La ONU alerta del daño social que han causado las hipotecas"

Dación en pago. El Gobierno establece reglas para los desalojos que incluyen la dación en pago

Íñigo de Barrón / Luis Doncel

• Los bancos protestan porque se les está pidiendo que hagan labores sociales
• Las familias en el umbral de exclusión podrán dar la casa si no pueden refinanciar la deuda 
• Tras la dación podrán quedarse dos años en la vivienda en régimen de alquiler

Las quejas de los bancos contra el Gobierno van subiendo de tono. Primero por exigirles subir las provisiones contra la morosidad al mismo tiempo que en el extranjero se les pide más capital. Después por obligarles a pagar la reestructuración de las cajas con el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y desde este viernes por tener que aceptar la dación en pago como última posibilidad para los que no puedan hacer frente a los créditos hipotecarios.

Pero están resignados. Sienten que han perdido capacidad de influencia y que no pueden parar a un Gobierno que ha decidido compensar las amargas medidas sociales con la dureza en las exigencias a la banca.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, presentó este viernes el código de buenas prácticas para flexibilizar la situación de los que estando en el umbral de exclusión, no pueden pagar las hipotecas. El objetivo último es evitar los desahucios al aceptar la dación en pago, es decir, devolver la casa al banco como pago del crédito pendiente.

Como aclaró la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros, el código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

Según fuentes judiciales, hay 300.000 procesos abiertos y unos 150.000 desahucios realizados. El Gobierno espera que la mayoría del sector financiero se acoja a este código, “porque todos tenemos que hacer esfuerzos en este momento difícil”, según Sáenz de Santamaría. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una “obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno, que es el que manda”, comentaron fuentes del sector que pidieron el anonimato.

Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000 euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 habitantes. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo. “Los actuales eran exagerados”, recalcó la vicepresidenta.

Esto son normas obligatorias para todas las entidades. Además, si se acogen al código tendrán otras medidas de obligado cumplimiento. Si no lo hacen, tendrán responsabilidades judiciales.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si este plan no es suficiente se aplicará el segundo que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. “La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler”, dijo la vicepresidenta. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente. Es decir, si deben 100.000 euros, el alquiler será de 250 euros mensuales.

Santamaría dijo que la acogida del sector había sido “buena”. Pero no fue así, al menos entre los bancos. Las cajas sí se mostraron más favorables, aunque la procesión va por dentro. La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó: “Las entidades bancarias están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones públicas”. La patronal recordó que los bancos ya flexibilizan las hipotecas de los clientes más apurados y añadieron que “una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos”. Las cajas destacaron su vocación social, aunque evitaron valorar la norma “hasta la publicación del texto definitivo”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la norma porque “la mayoría de las ejecuciones se inician para deudas superiores a 200.000 euros”. También añadieron que los bancos aceptan las daciones en pago cuando la deuda es inferior al precio de las viviendas.

Reestructuración, quita y, si todo falla, dación en pago

- Las entidades financieras que se adhieran al código de buenas prácticas tendrán un mes para presentar un plan de reestructuración a las familias hipotecadas en riesgo de exclusión. Este programa incluye cuatro años en los que solo pagarán los intereses, no el capital; una reducción del tipo de interés al euríbor + 0,25 puntos; y un alargamiento del plazo de devolución a 40 años.

- Si la reestructuración no basta para que el cliente pueda dedicar menos del 60% de los ingresos a la hipoteca, el banco ofrecerá una quita. Se ofrecerán tres fórmulas alternativas y excluyentes: que la rebaja ascienda al 25% del capital pendiente de pago; que la quita sea mayor cuanto mayor sea la diferencia entre el dinero devuelto a la entidad y la parte del principal amortizada; y otro mecanismo que penaliza a las entidades que asumieron más riesgos en la tasación de la vivienda y ofrecieron un préstamo superior al 80% del valor del inmueble.

- Si ha pasado un año desde la solicitud de reestructuración y la deuda sigue siendo inviable, el cliente podrá exigir la dación en pago, es decir, que con la vivienda baste para saldar la deuda. Podrá seguir en el piso dos años por un alquiler del 3% del capital pendiente de amortización.

- Las entidades que hayan firmado el código estarán obligadas, al menos durante dos años, a ofrecer a los clientes que cumplan los requisitos la refinanciación y, tras un año, la dación en pago. No será forzosa para la banca, en cambio, la quita.

- El decreto del Gobierno podrá aliviar la situación de las personas que están inmersas en un proceso de ejecución. Pero no ayudará a las cerca de 150.000 familias desahuciadas desde el inicio de la crisis. Fuentes del Ministerio de Economía apuntan que el plan afectará en los casos en los que llegue antes del anuncio de la subasta pública del procedimiento de ejecución. Para el resto, la iniciativa llega demasiado tarde.

- En España hay 1,5 millones de familias con todos los miembros en paro; pero los beneficiados necesitan más requisitos: precio de la vivienda inferior a 200.000 0 120.000 euros, según los casos; más del 60% de los ingresos para la hipoteca. En Economía creen que el plan afectará a “centenares de miles” de familias.

Fuente: El País

El Congreso da luz verde a la iniciativa popular de la dación en pago. Un partido ligado a un promotor inmobiliario frenaba la tramitación

Fuente: Público

P. Rusiñol. Madrid 16/09/2011

El culebrón de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago una de las demandas emblemáticas del 15-M empieza a desenredarse: la Mesa del Congreso ha dado finalmente luz verde a la tramitación de la ILP impulsada por organizaciones sociales con capacidad real para recoger las 500.000 firmas que exige la ley. Ahora ya sólo queda el visto bueno del Senado para que el proceso se ponga en marcha.

La iniciativa para forzar un debate en la Cámara hasta ahora vetado por el PSOE y el PP sobre la dación en pago es decir, que la entrega del piso salde la deuda con el banco, como sucede en varios estados de EEUU estaba bloqueada desde que el 30 de marzo llegó al Congreso con la firma de CCOO, UGT, la Organización de Consumidores y Usuarios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otras entidades.

Pese a que el proyecto unitario de las organizaciones sociales se había anunciado meses atrás, un minúsculo partido llamado Los Verdes Ecopacifistas se había adelantado dos semanas al registrar una iniciativa análoga que cerraba por tanto el paso a la de la plataforma porque la ley impide la presentación de dos ILP sobre el mismo asunto en la misma legislatura. 

La propuesta emblemática del 15-M llevaba seis meses bloqueada 

El riesgo de bloqueo se extendía también al próximo mandato hasta finales de 2015 porque este tipo de iniciativas no mueren al convocarse las elecciones y son heredadas por la nueva Cámara.

Pese a no disponer de capacidad logística para recoger las 500.000 firmas en los nueve meses que exige la ley al contar con apenas 300 militantes, Los Verdes Ecopacifistas habían presentado iniciativas clónicas y simultáneas en todos los parlamentos autonómicos, además del Congreso. Y lo hicieron inmediatamente después de que trascendiera que la patronal bancaria había remitido una misiva al Ejecutivo expresando su preocupación por el auge social de la exigencia de la dación en pago.

Promotor inmobiliario

Todas las ILP de Los Verdes Ecopacifistas fueron presentadas por Alejandro Escribano, promotor inmobiliario que entonces ejercía de portavoz del partido y primo del redactor del Plan General de Ordenación Urbanístico (PGOU) de Valencia, cuyo despacho se ha convertido en una referencia para la Administración del PP en el País Valencià.

En julio, tras revelar Público el bloqueo,  Los Verdes Ecopacifistas aceptaron retirar su iniciativa ante el revuelo generado y la Mesa encargó varios estudios jurídicos para dilucidar si se podía dar el visto bueno a la propuesta de la plataforma de las organizaciones sociales. Al final, la respuesta ha llegado pasado el verano, el martes: sí.

La decisión del Congreso no implica sin embargo que los promotores puedan empezar a recoger ya las firmas porque queda todavía el trámite formal de la consulta al Senado para asegurarse de que no existe ninguna iniciativa en marcha para implantar la dación en pago en la Cámara Alta. Aparentemente, se trata de un mero formalismo legal para autorizar la iniciativa, pero puede retrasar el inicio de la recogida de firmas si no se completa antes del día 26, cuando se disuelven las Cortes. Si la ILP no se remite formalmente a la Junta Electoral antes de esta fecha, ya quedará para la siguiente legislatura.

Preocupación

Los promotores de la ILP mostraron ayer su satisfacción por el visto bueno de la Mesa del Congreso, pero mostraron también "preocupación" ante la posibilidad "de que el proceso se dilate todavía más con trámites burocráticos".

"Sabíamos que, aunque se buscaran todo tipo de excusas, la Mesa tenía que aceptar la tramitación porque cumple todos los requisitos. ¡Ya era hora!", exclama Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organización que ayer difundió una nota: "No nos cabe la menor duda de que ha sido la presión social lo que ha hecho posible esta otra pequeña gran victoria: desbloquear una iniciativa legislativa, bautizada con el nombre de ILP de la Vergüenza, que se encontraba secuestrada en el Congreso desde finales de marzo".

"Ahora sería intolerable que después de tantos meses de espera tuviéramos que permanecer cruzados de brazos hasta después de las elecciones", insiste Colau.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha convocado manifestaciones en toda España para el 25 de septiembre, el día antes de la disolución de las Cámaras, a favor de la dación en pago y por el derecho a la vivienda. Las movilizaciones están previstas desde antes del verano y las promueven junto a asambleas del 15-M y Democracia Real Ya. De momento, ya se han adherido grupos en 32 ciudades y los organizadores confían en poder empezar entonces la recogida de firmas. Pero todo depende aún del Senado.

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INICIATIVA LEGISLATIVA PARA RECONOCER EL DERECHO DE SALDAR LA DEUDA HIPOTECARIA FAMILIAR, A TRAVÉS DE LA DACIÓN EN PAGO DE LA VIVIENDA HIPOTECADA

IU de Asturias defenderá en el parlamento asturiano una Proposición No de Ley que de a una realidad preocupante: la de muchos ciudadanos que, como consecuencia de la crisis, están  viendo como peligra su vivienda porque no pueden pagar la amortización de sus hipotecas.

Jesús Iglesias, candidato de IU a la presidencia de Asturias y portavoz parlamentario de IU-BA-Verdes explicó que este paquete de medidas está destinado a los deudores de buena fe -es decir, a  aquellos, que suscribieron créditos hipotecarios para adquirir una vivienda confiando que los podían pagar y que han perdido su puesto trabajo, han  caído enfermos o se encuentran en una causa de divorcio y no pueden afrontarlo-. Entre las medidas destaca que las hipotecas queden saldadas con la entrega de la vivienda.

Iglesias subrayó que esta situación se produce por una doble responsabilidad: la de las entidades financieras y la de los organismos supervisores. “Las entidades crediticias animaron a endeudarse por encima de sus posibilidades a los ciudadanos y dieron crédito no sólo por el 80% del inmueble sino del 100% o ofrecían meter en el mismo crédito un coche o el coste de amueblar, propiciando que el ciudadano se endeudase por encima 100%”, aseguró Iglesias.  En su opinión, también son responsables  el Gobierno  y el  Banco España que consintieron esta practica.

La iniciativa presentada se divide en tres bloques:

El primero pretende impedir que las personas que han actuado de buena fe pierdan su vivienda por el impago de hipotecas. Por ello, se insta al Gobierno de la Nación a:

   1. Crear mecanismos públicos de supervisión, control y regulación de las entidades financieras que imposibiliten la sobrevaloración de las tasaciones de los bienes de garantía hipotecaria.

   2. Crear un Fondo de Garantía Hipotecaria para frenar los embargos por parte de entidades financieras de las viviendas habituales de familias en especiales dificultades económicas, en el que estarán representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las asociaciones de consumidores y organizaciones empresariales del sector financiero, y los sindicatos.

   3. Regular un Seguro de Garantía de pago hipotecario para primera vivienda familiar, de carácter obligatorio, para atender la situación acreditada de insolvencia personal del deudor.

El segundo bloque aspira a proteger especialmente a los trabajadores en desempleo que no pueden pagar sus hipotecas. Para ello, se insta al Gobierno de la Nación a:

   1. Suspensión inmediata de la ejecución de todos los embargos de la vivienda habitual que afecten a los trabajadores en situación de desempleo como consecuencia del impago de hipoteca de la citada vivienda. 

   2. Reconocimiento de la subsistencia del derecho de uso a la vivienda habitual por un periodo mínimo de 5 años, en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y mediante un alquiler pactado entre las partes que no podrá ser superior a un tercio de los ingresos de la unidad familiar que reside en la vivienda.

   3. Habilitación de un período mínimo de un mes en los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda personarse alegando las condiciones abusivas o en fraude de ley que, en su caso, puedan existir en las cláusulas de sus contratos de crédito hipotecario.

   4. Incorporación al procedimiento judicial de embargo del análisis de los riesgos existentes en el momento de la concesión del crédito, de acuerdo con las garantías reales que podría ofrecer el deudor, de la gestión de riegos aplicada por la entidad financiera en el crédito y limitación de la responsabilidad a esas garantías.

   5. Establecimiento de un equipo de asesoramiento y arbitraje en las Administraciones de Consumo de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para garantizar la adecuada información sobre las cláusulas de los créditos hipotecarios y arbitrar en la fijación de acuerdos para la moratoria de las deudas hipotecarias o para la fijación de los alquileres compensatorios del ejercicio del derecho de uso.

El tercer bloque de propuestas pretende un cambio normativo que permita la dación pago.

Por ello se insta al Gobierno de la Nación a:

   1. Llevar a cabo con urgencia las medidas que permitan la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda hipotecaria cuando se trate de la única vivienda familiar y deudores de buena fe.

   2. Elaborar un Proyecto de Ley de modificación el Decreto de 8 febrero 1946, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar la posibilidad de negociación que pueda conducir a la condonación parcial de la deuda, cuando se trate de deudores de buena fe y la posibilidad de la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda.

   3. Introducir como requisito para el futuro concurso de adjudicación del proveedor o proveedores de crédito del ICO para su prestación de préstamos directos, que dichas entidades financieras consideren la dación de la vivienda como pago de las deudas de sus clientes.

   4. Vincular la concesión de ayudas públicas a las entidades financieras de manera que éstas acepten condonar la deuda de aquellas familias que ya sufrieron el actual procedimiento de ejecución hipotecaria con la consiguiente pérdida de vivienda.

Fuente: www.izquierdaxunida.com 

Nota: este blog es neutralmente político. 

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