- Los bancos protestan porque se les está pidiendo que hagan labores sociales
- Las familias en el umbral de exclusión podrán dar la casa si no pueden refinanciar la deuda
- Tras la dación podrán quedarse dos años en la vivienda en régimen de alquiler
Las quejas de los bancos contra el Gobierno van
subiendo de tono. Primero por exigirles subir las provisiones contra la
morosidad al mismo tiempo que en el extranjero se les pide más capital. Después
por obligarles a pagar la reestructuración de las cajas con el dinero del Fondo
de Garantía de Depósitos (FGD), y desde este viernes por tener que aceptar la
dación en pago como última posibilidad para los que no puedan hacer frente a
los créditos hipotecarios.
Pero están resignados. Sienten que han perdido
capacidad de influencia y que no pueden parar a un Gobierno que ha decidido
compensar las amargas medidas sociales con la dureza en las exigencias a la
banca.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del
Gobierno, presentó este viernes el código de buenas prácticas para flexibilizar
la situación de los que estando en el umbral de exclusión, no pueden pagar las
hipotecas. El objetivo último es evitar los desahucios al aceptar la dación en
pago, es decir, devolver la casa al banco como pago del crédito pendiente.
Como aclaró la vicepresidenta al término del
Consejo de Ministros, el código de buenas prácticas tendrá carácter
retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a
firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales
procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se
encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.
Según fuentes judiciales, hay 300.000 procesos
abiertos y unos 150.000 desahucios realizados. El Gobierno espera que la
mayoría del sector financiero se acoja a este código, “porque todos tenemos que
hacer esfuerzos en este momento difícil”, según Sáenz de Santamaría. Las
entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que
la supuesta “voluntariedad” es en realidad una “obligatoriedad, porque nadie se
puede oponer al Gobierno, que es el que manda”, comentaron fuentes del sector
que pidieron el anonimato.
Las condiciones para estar incluido en este plan
de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige
que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las
cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se
posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000
euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las
poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos
de 100.000 habitantes. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de
actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5
puntos sobre el tipo aplicado al préstamo. “Los actuales eran exagerados”, recalcó
la vicepresidenta.
Esto son normas obligatorias para todas las
entidades. Además, si se acogen al código tendrán otras medidas de obligado
cumplimiento. Si no lo hacen, tendrán responsabilidades judiciales.
Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente
proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los
que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar
la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no
superará los 0,25 puntos sobre el habitual.
Si este plan no es suficiente se aplicará el
segundo que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago
del préstamo se aplicará la dación en pago. “La familia afectada podrá seguir
dos años más, prorrogable, en alquiler”, dijo la vicepresidenta. El precio del
alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente. Es decir, si deben 100.000 euros,
el alquiler será de 250 euros mensuales.
Santamaría dijo que la acogida del sector había
sido “buena”. Pero no fue así, al menos entre los bancos. Las cajas sí se
mostraron más favorables, aunque la procesión va por dentro. La Asociación Española
de Banca (AEB) afirmó: “Las entidades bancarias están teniendo que asumir
funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones
públicas”. La patronal recordó que los bancos ya flexibilizan las hipotecas de
los clientes más apurados y añadieron que “una política eficaz para combatir la
exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos”.
Las cajas destacaron su vocación social, aunque evitaron valorar la norma
“hasta la publicación del texto definitivo”.
La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la norma
porque “la mayoría de las ejecuciones se inician para deudas superiores a
200.000 euros”. También añadieron que los bancos aceptan las daciones en pago
cuando la deuda es inferior al precio de las viviendas.
Reestructuración, quita y, si todo falla, dación en pago
- Las entidades
financieras que se adhieran al código de buenas prácticas tendrán un
mes para presentar un plan de reestructuración a las familias hipotecadas en
riesgo de exclusión. Este programa incluye cuatro años en los que solo pagarán
los intereses, no el capital; una reducción del tipo de interés al euríbor + 0,25
puntos; y un alargamiento del plazo de devolución a 40 años.
- Si la
reestructuración no basta para que el cliente pueda dedicar menos del
60% de los ingresos a la hipoteca, el banco ofrecerá una quita. Se ofrecerán
tres fórmulas alternativas y excluyentes: que la rebaja ascienda al 25% del
capital pendiente de pago; que la quita sea mayor cuanto mayor sea la
diferencia entre el dinero devuelto a la entidad y la parte del principal
amortizada; y otro mecanismo que penaliza a las entidades que asumieron más
riesgos en la tasación de la vivienda y ofrecieron un préstamo superior al 80%
del valor del inmueble.
- Si ha pasado un
año desde la solicitud de reestructuración y la deuda sigue siendo
inviable, el cliente podrá exigir la dación en pago, es decir, que con la
vivienda baste para saldar la deuda. Podrá seguir en el piso dos años por un
alquiler del 3% del capital pendiente de amortización.
- Las entidades
que hayan firmado el código estarán obligadas, al menos durante dos
años, a ofrecer a los clientes que cumplan los requisitos la refinanciación y,
tras un año, la dación en pago. No será forzosa para la banca, en cambio, la
quita.
- El decreto del
Gobierno podrá aliviar la situación de las personas que están inmersas
en un proceso de ejecución. Pero no ayudará a las cerca de 150.000 familias
desahuciadas desde el inicio de la crisis. Fuentes del Ministerio de Economía
apuntan que el plan afectará en los casos en los que llegue antes del anuncio
de la subasta pública del procedimiento de ejecución. Para el resto, la
iniciativa llega demasiado tarde.
- En España hay
1,5 millones de familias con todos los miembros en paro; pero los
beneficiados necesitan más requisitos: precio de la vivienda inferior a 200.000
0 120.000 euros, según los casos; más del 60% de los ingresos para la hipoteca.
En Economía creen que el plan afectará a “centenares de miles” de familias.
Fuente: El País
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